AC4536-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02435-00

       

       Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


       

Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí y el Promiscuo Municipal de la Unión – Antioquia, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo propuesto por el apoderado de la sociedad Distribuidora Tropitodo S.A.S. contra el señor Octavio de Jesús Castro Bedoya. 



ANTECEDENTES


1. En la demanda presentada al «Juez Civil Municipal de Oralidad de Itagüí (Reparto)», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento de pago» en contra del señor Octavio de Jesús Castro Bedoya, por la suma de tres millones ciento treinta y un mil quinientos ochenta pesos mcte ($ 3.131.580) por concepto de capital, más los intereses moratorios causados desde el 15 de marzo de 2015 hasta la fecha efectiva del pago, a la tasa máxima legal permitida. 


Asimismo, se indicó en cuanto a la competencia que le concernía a dicha autoridad judicial de Itagüí (Reparto) por ser «el lugar de cumplimiento de la obligación, por el domicilio de la parte accionada y por la cuantía» (fls. 11-14 del cdno 1).


2. El escrito inicial fue asignado al Despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí, su titular, a través de proveído de 5 de abril de 2018, resolvió rechazar la demanda y remitirla por competencia a los Juzgados Promiscuos de la Unión – Antioquia (reparto), por ser el domicilio del demandado (fl. 18 ibídem).


       3. Frente a la anterior determinación, el 9 de abril de 2018, el apoderado de la sociedad demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación argumentando que «conforme a lo previsto en la literalidad del título valor PAGARE allegado con la demanda como título base de recaudo, en este título se indica con toda claridad que el lugar de cumplimiento de la obligación será la sede de la entidad demandante y la competencia territorial en materia de procesos ejecutivos también está dada por el lugar de cumplimiento de la obligación pactada entre las partes o por el mismo obligado cambiario…» (fl. 19 ibidem).


       4. Auto de 12 de abril del corriente año, mediante el cual la autoridad judicial de Itagüí resuelve de manera desfavorable el recurso propuesto bajo los mismos argumentos esgrimidos en la decisión recurrida y niega la apelación por considerarla improcedente para esta clase de procesos.


       5. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión – Antioquia que, en resolución de fecha 23 de julio del año en curso, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que, «el apoderado de la entidad ejecutante interpone la demanda ante los Jueces Civiles Municipales de Itagüí, atendiendo al lugar de cumplimiento de la obligación y a la cuantía que es de mínima, así lo expresa el cuerpo de la demanda en el hecho noveno y el acápite de competencia y cuantía, situación que reiteran el recurso interpuesto contra el auto que rechaza la demanda por competencia y que insiste en escrito allegado al expediente el 22 de junio de 2018» (fl. 23-24 ibídem).

       

6. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Medellín y Antioquia, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.


       2. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


       Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, que involucren «títulos ejecutivos», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).

       

3. Con base en lo anterior y en aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:


       3.1. En primer orden, que el pagaré No. 01 suscrito entre las partes, presentado para recaudar la pretensa obligación en el sub lite, se puede apreciar que el convocado se obliga a efectuar el pago en «las oficinas de DISTRIBUIDORA TROPITODO S.A.S. ubicadas en Cra 42 # 54ª 71 – bodegas espacio sur de Itagüí». 


       3.2. En segundo término, se advierte que el escrito genitor está dirigido al «Juez Civil Municipal de Oralidad de Itagüí (Reparto)», y que de conformidad con lo afirmado por la apoderada de la sociedad en al acápite de la competencia, manifiesta que es por el «lugar de cumplimiento de la obligación…» lo cual, en principio, acorde con el precepto de marras, tornaría válida la escogencia del «juez» por ella efectuada.


       3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.


3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», esto por un lado.


       Y, por otro, comoquiera que en el pagaré suscrito entre las partes, hace referencia a que se pagará la suma adeudada en las la «oficinas… ubicadas en Cra 42 # 54ª-71 – bodegas espacio su de Itagüí», dejándose claramente definido el  lugar de cumplimiento de la obligación de dar. 


       Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda y del título ejecutivo (pagaré) (fls. 11-15 ibídem), donde inequívocamente alude al «lugar de cumplimiento de la obligación» (Itagüí).

       

4. De otra parte, es de esclarecer que una cosa es el lugar donde puede ser notificado el demandado y, otra muy distinta el domicilio de este, es decir, son figuras jurídicas distintas y confundidas constantemente por las autoridades judiciales.  


Al respecto, ha explicado la Corporación:


(…) [n]o es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’» (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).

 

5. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


        PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí.

       

        SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Promiscuo Municipal de La Unión - Antioquia, acompañándole copia de este proveído.


        TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


       CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.


Notifíquese




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada