AC4562-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02990-00


Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciocho Civil Municipal Oral de Barranquilla (Atlántico) y Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, D.C.


ANTECEDENTES


1. El 15 de mayo del año en curso, Abelardo De La Espriella demandó a Guillermo Gómez Romero, a fin de que se declare a éste civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios que ocasionó con el actuar supuestamente injurioso en que incurrió, al presentar el 7 de agosto de 2016 una nota periodística en el programa televisivo Noticias Uno del Canal Uno.


       2. En el libelo introductorio el reclamante no indicó el domicilio del demandado, a pesar de tratarse de un requisito formal de la demanda; sí adujo que este recibía notificaciones en la ciudad de Bogotá; y que la competencia radicaba en la ciudad de Barranquilla por ser el lugar en donde ocurrió el daño.


3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Civil Municipal Oral de Barranquilla, que mediante auto de 7 de junio del año en curso rechazó la demanda, tras considerar competente a su homólogo de Bogotá, de conformidad con el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, por tratarse del domicilio del enjuiciado.


4. A su vez, el Estrado Setenta y Cinco Civil Municipal de la capital de la República declinó el conocimiento del asunto, al exponer que la divulgación fundante de la responsabilidad deprecada se dio a lo largo del territorio nacional, por corresponder a la emisión de un medio de comunicación del mismo orden, lo que habilitaba al promotor para elegir a prevención al funcionario judicial que debía conocer su causa.


CONSIDERACIONES


1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos para dirimirlo es esta Sala de la Corte, de conformidad con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1° del artículo 28 de la norma adjetiva civil, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».


A su vez, el numeral 6º de la referida disposición preceptúa que «en los procesos por responsabilidad civil extracontractual, es también competente el juez del lugar donde sucedió el hecho».


De tales cánones se colige que es competente el juez del domicilio del demandado como también lo es, a elección del accionante, el del lugar en que ocurrió el hecho generador de la responsabilidad extracontractual solicitada, de manera que escogida por el peticionario alguna de dichas opciones, resulta vinculante para la autoridad judicial.


       En efecto, en un caso de contornos similares esta Sala expuso:


(…) el numeral 6°, indica que «[e]n los procesos originados en responsabilidad extracontractual es también competente el juez del lugar en donde sucedió el hecho», en este evento, la regla del factor territorial que establece que el rito debe iniciarse ante el funcionario con jurisdicción en el domicilio del demandante, concurre con otras, para otorgar la potestad al actor de incoar la acción también ante el lugar donde se dieron las situaciones generadoras del insuceso relatado.


Al respecto la Sala ha manifestado que:


El ordenamiento positivo consagra los diversos factores que posibilitan establecer a qué funcionario le concierne tramitar y decidir un caso particular.


El territorial, que es el que aquí corresponde definir, tiene como regla general que la causa deberá surtirse ante el juez de la jurisdicción del domicilio de aquel contra quien se adelante (art. 21-1[actual numeral 1° artículo 28 del Código General del Proceso]); de igual manera, cuando el tema del debate comprende asuntos derivados de la responsabilidad civil extracontractual, también se habilita a la autoridad judicial «donde ocurrió el hecho (art. 23-8 [actual numeral 6° canon 28, del C.G.P.]).


Quiere eso significar que en tratándose de eventos en los que se invoca la culpa aquiliana, la normatividad contempla una competencia concurrente, que faculta adelantar la causa ante el funcionario de la vecindad del llamado a juicio, o al del sitio en el que aconteció el insuceso. (CSJ, AC3588 de 27 ago. 2018, rad. nº 2018-02086, en el mismo sentido AC2087 de 29 may. 2018, rad. nº 2018-00887).


       Ahora, específicamente tratándose de la pretensión edificada en la responsabilidad extracontractual emanada de la emisión de mensajes por un medio masivo de comunicación, el lugar de ocurrencia del hecho es aquel en el cual se recibe la noticia, como quiera que allí se perfecciona el acto de enteramiento dirigido a la comunidad, lo cual traduce que es competente el juzgador de cualquier localidad en donde se reciba tal informe.


       Al desatar un conflicto de competencia similar al de autos, la Sala adoctrinó que:


… la comunicación es una relación humana “consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre”.


Desde luego, el mensaje emitido por un medio masivo de comunicación y la alteración de las relaciones individuales y sociales que de él se siguen, pueden llegar a producir consecuencias positivas o negativas en el conglomerado humano al cual va dirigido y, por ese camino, es posible que tal actividad constituya una fuente de responsabilidad civil extracontractual, cuando la propagación de la información genera perjuicios de orden material y moral a los individuos que de alguna manera se ven afectados por el acto de publicación.

       

Ahora bien, fundamentalmente, todo intercambio comunicativo es un proceso que depende de la presencia de algunos elementos mínimos indispensables: un emisor, que es aquel que produce un mensaje, generalmente de interés, destinado a uno o varios receptores; el mensaje, que es básicamente la información transmitida por el emisor; el canal, que se puede concebir como el soporte material o el elemento físico a través del cual circula el mensaje, y finalmente, un receptor, o sea, el sujeto a quien va dirigido el mensaje.

       

Dada esa cadena de elementos, puede decirse, en línea de principio, que el hecho generador de la responsabilidad en este tipo de eventos, está dado por el suceso capaz de alterar un estado actual de cosas, esto es, el evento con idoneidad para modificar una imagen o una percepción de los receptores y que, por ende, tiene la virtud de afectar la espera personal, familiar y social de un sujeto determinado, sin importar, incluso, donde se halla éste en el preciso momento de la emisión.


Por ende, a juicio de la Corte, ese hecho generador de responsabilidad, por regla general, se produce donde se verifica la recepción del mensaje, porque en dicho lugar, precisamente, el acto de comunicación se perfecciona y, de contera, con el intercambio informativo así generado, es posible que se altere un estado de cosas concreto y particular, con consecuencias dañosas para los individuos afectados.


Por las anteriores razones, considera la Corte que cualquier juez colombiano podría ser elegido para conocer de los procesos de responsabilidad civil extracontractual que tienen como causa las emisiones de un programa televisivo de alcance nacional, toda vez que el mensaje emitido, en esos casos, tiene la potencialidad de ser recepcionado por todas las personas que habitan el territorio patrio, esto es, que al verificarse el acto comunicativo en cualquier lugar del país, el detonante de la responsabilidad sigue la misma suerte y, en esa medida, la atribución de competencia se extiende a los jueces que se hallan en aquellos sitios donde pudo recibirse el mensaje.


Justamente, el alto grado de libertad en el manejo de la información que se otorga a los medios y su posición preeminente en el marco del proceso comunicativo, tiene como correlativo natural una responsabilidad de mayor calado, la cual exige que concurran a responder los reclamos judiciales que se elevan en todos aquellos lugares a los que se extiende su cobertura, porque de no ser así, podría dificultarse el acceso a la administración de justicia de aquellos que se hallan en un lugar diferente a la emisión. Si la información masiva tiene la virtud de transformar realidades en un basto territorio, es de esperar que hasta allí llegue quien la suministra, para responder por los posibles agravios que pueda causar. (CSJ, AC de 20 oct. 2010, rad. nº. 2010-00719).


3. Con base en dichas premisas, en el caso bajo estudio se extracta que el demandante tenía a su alcance incoar la pretensión de responsabilidad genitora del pleito en la ciudad de Barranquilla, como en efecto lo hizo, habida cuenta que el medio masivo de comunicación a través del cual fue difundida la noticia de la cual aduce derivar los actos supuestamente perjudiciales, también se recibe en dicha localidad.


Por ende, la competencia para conocer de la presente controversia reside en los despachos del mencionado distrito especial, industrial y portuario, conforme a la escogencia del demandante en su pliego introductor del litigio, aplicando el foro territorial consagrado en el numeral 6° del artículo 28 del Código General del Proceso, que torna el conocimiento del asunto  en privativo para el funcionario de esa municipalidad.


En ese orden de ideas, no había ninguna razón para que el despacho judicial que inicialmente conoció de la controversia la repudiara, puesto que «el funcionario judicial no está facultado para elegir entre las alternativas de atribución territorial, por cuanto ésta es una potestad únicamente dispensada al demandante». (CSJ. SC. Auto de 8 de julio de 2014, rad. 2014-01122-00 reiterado en AC2018, 11 abr. 2016, rad. 2016-00807-00).


4. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Dieciocho Civil Municipal Oral de Barranquilla, de lo cual se dará aviso al despacho que suscitó el conflicto y al interesado.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:


PRIMERO: Declarar que el Juzgado Dieciocho Civil Municipal Oral de Barranquilla es el competente para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia, con destino al cual se dispone remitir el expediente para lo que corresponda.


SEGUNDO: Comuníquese esta decisión al Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, D.C., mediante el envío de copia del presente proveído. Al demandante se enterará por anotación en estado.


Notifíquese y cúmplase,





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado