AC4565-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02082-00
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decídase el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Oralidad de Armenia (Quindío) y el Veintinueve Civil Municipal de Cali (Valle del Cauca), atinente al conocimiento del proceso verbal de María Isabel Álzate Betancourt contra AUTAMA S.A. En liquidación.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda presentada ante el «JUEZ CIVIL MUNCIPAL DE ARMENIA (REPARTO)», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción que «se declare LA CELEBRACIÓN Y EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR, celebrado el día 31 del mes de agosto de 2015, […] por la suma de CUARENTA Y UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($41.390.000.oo), de un vehiculo automotor nuevo marca HYUNDAI, referencia Grand i10, modelo 2016 […]», además, que «SE DECLARE el INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA VENDEDORA, del precipitado CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR, celebrado el día 31 del mes de AGOSTO de 2015, toda vez que dicho vehículo ha presentado un sin número de fallas mecánicas que han afectado de forma representativa a [su] cliente y que no han sido solucionadas de forma efectiva por la empresa vendedora en cumplimiento de la garantía […]», asimismo, que «como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la empresa AUTAMA S.A., cancelar a favor de [su] prohijada […] las sumas de: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.298.346.oo) por concepto de daño emergente», y, a la «vez se ordene pagar por parte de la empresa AUTAMA S.A. los valores correspondientes a las indemnizaciones por los DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODO ORDEN MATERIAL, los cuales les corresponden reclamar en calidad de compradora perjudicada, porque dicho vehículo ha presentado fallas que han impedido la movilización y el uso productivo del mismo. A título de LUCRO CESANTE, en la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000.oo), ya que han transcurrido aproximadamente doce (12) meses desde que el automóvil taxi se encuentra en el taller de AUTAMA S.A., teniendo en cuenta que el vehículo TAXI generaba un ingreso promedio de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)».
Al efecto, aseveró, que «es usted señor Juez competente para conocer de este trámite de conformidad a lo prescrito en el artículo 18 del C.G.P. y por el domicilio de las partes» (Fls. 3 a 12 Cdno. Ppal).
2. El Despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Armenia – Quindío, declaró no ser el que deba conocer el asunto, al considerar que «la disposición del numeral 1 del Artículo 28 del Código General del Proceso, y teniendo en cuenta que el certificado de existencia y representación legal se desprende que la sociedad demandada tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali Valle, y no aparece que en la ciudad de Armenia haya sucursal o agencia de la misma» (Fl. 47 Íbidem).
3. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Cali – Valle, aconteciendo que su titular, el 6 de julio de 2018, lo rechazó.
Ello, tras esgrimir que «en una demanda se pueden presentar una concurrencia de factores que determinen la competencia para su conocimiento en uno u otro juzgado, pues el legislador a (sic) establecido distintos factores para determinar la autoridad judicial encargada de conocer cada asunto, en efecto en el caso sub examine el factor que discute este juzgado judicial es el territorial, pues tal y como se puede notar en la demanda como en varios de sus anexos, el presente asunto se encuentra vinculado a la agencia AUTAMA S.A. de la misma ciudad de Armenia (Quindío), situación que en criterio de este dispensador de justicia motivó al apoderado actor a presentar la demanda en esa ciudad, lo cual nos indica claramente que se está eligiendo como juez natural de este asunto a los jueces civiles de dicha ciudad […]».
Además, manifestó que «en el presente asunto el titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de Armenia (Quindío), no podía desprenderse de la competencia que le correspondió por reparto, toda vez que el conocimiento que tuvo del mismo fue consecuencia de la elección efectuada por el gestor y por tanto se debía respetar su querer […]» (Fl. 52 Íbidem).
4.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1.- Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral quinto (5º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y de esta».
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».
3.- Los despachos judiciales enfrentados, luego de hacer un estudio de las piezas procesales traídas al asunto, llegaron a resultados diferentes. En efecto, el Juez Primero Civil Municipal de Oralidad de Armenia, declaró no ser el competente para conocer del caso, con base en lo regulado por el numeral 1° del Art. 28 del C.G.P., dado que la entidad demandada tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali, en tanto que así lo refrenda el Certificado de Existencia y Representación.
Subsiguientemente, y en consecuencia de lo anterior, el Despacho Veintinueve Civil Municipal de Cali – Valle, resolvió no ser el cognoscente, pues consideró que de acuerdo con el numeral 3° de la norma Íbidem, debía abstenerse de avocar el conocimiento del proceso sub judice, debido a que el demandante, con base en su derecho de elección cuando existen fueros concurrentes, llevó a cabo dicha decisión al presentar el escrito inicial en el municipio de Armenia, ya que «[…] como se puede notar en la demanda como en varios de sus anexos, el presente asunto se encuentra vinculado a la agencia AUTAMA S.A. de la misma ciudad de Armenia (Quindío), situación que en criterio de este dispensador de justicia motivó al apoderado actor a presentar la demanda en esa ciudad […]», y por tanto, a dicho estrado judicial le correspondía respetar la elección del actor.
4.- En ese orden de ideas, es del caso relevar que del examen efectuado a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al libelo genitor y al Certificado de Existencia y Representación de la entidad demandada, cumple afirmar que toda discusión la zanjan los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
Vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge definir a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, congruente al parámetro que le ofrece el numeral quinto (5º) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y de esta». (subrayas por fuera del texto).
Así, emerge de lo aducido en el Certificado de Existencia y Representación de AUTAMA S.A. (Fls. 43 a 45 Ídem), que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Cali (Valle), pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por la norma previamente citada.
5.- Ahora bien, en línea con lo aducido en los instrumentos mencionados, se vislumbra de lo reseñado en el acápite de «competencia» del escrito inicial, que el asunto debía tramitarse en consonancia «a lo prescrito en el artículo 18 (sic) del C.G.P. y por el domicilio de las partes», que en completa armonía con el citado Certificado de Existencia y Representación, determinan con nitidez que el juez cognoscente, itérese, debe ser el de Cali, pues es allí donde se encuentra situado el «domicilio principal» de la entidad demandada.
Aunado a lo anterior, de dicho certificado no se desprende de ninguna manera que AUTAMA tenga «agencias o sucursales» en la ciudad de Armenia, por cuanto, si bien era allí donde se realizaban los arreglos y revisiones del automóvil objeto de la litis, estas oficinas o talleres no se encontraban determinadas bajo las antedichas figuras.
6.- Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Veintinueve Civil Municipal de Cali (Valle del Cauca), a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Cali (Valle del Cauca).
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Despacho Primero Civil Municipal de Oralidad de Armenia (Quindío), acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.
CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada