LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC4574-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-03017-00
Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Medellín, Primero Civil del Circuito de Palmira y Quinto Civil del Circuito de Pereria, para conocer de la acción popular impulsada por Rodolfo Morales Herrera frente a Bancolombia.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. Ordenar la contratación de planta de un profesional intérprete y un guía interprete para ciudadanos sordos o sordociegos.
1.2. Causa Petendi. La entidad financiera convocada no cuenta, en sus dependencias del municipio de Palmira (Cauca), con los aludidos servicios, incumpliendo con ello lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable al caso.
1.3. Competencia fijada en el libelo. La estableció en el lugar de “dirección de domicilio para la notificación” y “sitio donde ocurre la posible vulneración”.
1.4. En providencia de 11 de abril de 2018 (fl. 3), el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira se abstuvo de conocer, porque esa localidad no correspondía a ninguno de los fueros seleccionados por el actor.
Envió entonces el caso a los estrados de Palmira, donde presuntamente se vulneraron los derechos e intereses colectivos, cuya lesión denuncia el accionante.
1.5. Mediante auto interlocutorio de mayo 8 siguiente (fl. 8), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, expuso que carecía de competencia, “(…)teniendo en cuenta que, el promotor del amparo constitucional ató al domicilio del convocado, y no al lugar de los hechos, la determinación de la competencia”.
Así, remitió la acción popular al circuito judicial de Medellín, locación donde, tras verificar en la página de la Superintendencia Financiera, se ubica el domicilio principal de la sociedad llamada a juicio.
1.6. En pronunciamiento de 24 de julio anterior (fl. 12), el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, de igual modo se declaró incompetente territorialmente, por cuanto
“(…) el actor podía presentar la demanda ante el juez del domicilio del demandado o ante el juez del lugar de ocurrencia de los hechos, en virtud de lo establecido en el inciso 2º del artículo 16 de la ley 472 de 1998, de modo que al haber optado el demandante por la primera de esas posibilidades, el citado Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira- Risaralda, es el llamado a conocer del asunto.
En consecuencia, se abstendrá este despacho de asumir el conocimiento de la demanda, y aunque correspondía al Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira – Valle del Cauca proponerlo frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira – Risaralda, propondrá el conflicto de competencia ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia”.
1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Junto a las acciones de tutela, la de cumplimiento, de inconstitucionalidad y de habeas corpus, la Carta Política de 1991 consagra expresamente las “acciones populares”, dentro del Capítulo III de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.
2.2. En ejercicio de las potestades estatuidas en el artículo 150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 472 de 1998, y en su artículo 16 determina que para su tramitación “[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular”.
En términos de tal precepto, el promotor de las acciones de tal linaje tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con potencial competencia lo inicia, si ante el del lugar donde acontecieron los hechos, o ante aquél del domicilio del opositor.
Desde luego, la manifestación de preferencia del reclamante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien la concreta, por tratarse de una competencia de naturaleza concurrente o a prevención, cual lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala1 y corroborado la doctrina2.
2.3. Frente a lo anterior, es preciso advertir, primero, que la competencia no podía determinarse por la “dirección de domicilio para la notificación”, porque esa circunstancia procesal es distinta al lugar del domicilio sustancial o civil, atributo del sujeto de derecho.
Como tiene sentado la Corte en jurisprudencia ahora reiterada,
“Desde luego que domicilio y notificaciones responden a conceptos diferentes, porque uno es de carácter personal y otro netamente procesal. Por esto, no necesariamente deben coincidir en un mismo punto geográfico, pues (…) el lugar señalado en la demanda como aquel en donde (…) han de hacerse las notificaciones personales –lo que conforma el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento que desvirtúe la noción de domicilio real y de residencia plasmada en los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (hoy 28 del Código General del Proceso) cuando de fijar la competencia se trata (…)”3.
En esa línea, la competencia territorial tenía que establecerse por el lugar de ocurrencia de los hechos, vale decir, en Palmira (Valle del Cauca), como igualmente fue afirmado en el libelo introductorio, pues la aseveración tocante con el sitio de notificaciones, resulta inane en el caso para lo pertinente; mas sí es determinante la concerniente al sitio de la presunta violación.
2.4. Trasladando lo atrás expuesto al subéxamine, aflora patente, le asiste razón a la autoridad judicial de Pereira, en el sentido de rechazar la demanda por falta de competencia territorial. Primero, porque el domicilio procesal o constituido para las notificaciones no es lo que la determina; y segundo, por cuanto en dicho lugar no se sucedían las circunstancias motivadoras de la acción.
El juzgado palmirano, por tanto, se equivocó al remitirla a los estrados de Medellín, porque si por ninguna parte el actor eligió el domicilio sustancial o civil de la entidad convocada, el juez no podía suplantarlo. De allí se desprende que el único foro restante, de entre los escogidos por el promotor, es el del sitio de ocurrencia de los hechos, esto es, en Palmira, correspondiéndole el conocimiento al sentenciador con jurisdicción en ese lugar.
2.5. En consecuencia, así la sociedad demandada tengan su domicilio sustancial o civil en Medellín, como fue constatado, se decidirá entonces que la autoridad competente para conocer es la de Palmira.
2.6. Se asignará entonces el asunto al mencionado funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer de la acción popular de la referencia es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, a donde se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a las otras autoridades judiciales involucradas. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 Et al: AC669 de 2018, exp. 2018-00330-00; AC 8687 de 2017, exp. 2017-02729-00; AC 8177 de 2017, exp. 2017-03181-00; AC 7492 de 2017, exp. 2017-02281-00. Entre muchísimos más.
2 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Tomo III. Bogotá. 2016. Págs. 413-414.
3 Auto del 17 de octubre de 2014, exp. 201402359-00. Reiterando autos de 13 de septiembre de 2004 y de 22 de enero de 1996.