AC4575-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02839-00
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, y el Promiscuo del Circuito de Plato Magdalena, con ocasión del conocimiento del proceso promovido por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. contra la Sociedad Comercial - Gases del Caribe S.A., Empresa de Servicios Públicos, Aidee de Jesús Botero Botero y Jorge Mario Palacio Botero.
1. La parte actora dirigió su escrito inicial ante el «JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (REPARTO)», pretendiendo se dicte «sentencia de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de que trata el Artículo 18 de la ley 126 de 1983 y Ley 56 de 1981 a favor de INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P., sobre un predio denominado “LA BENDICIÓN (ANTES CAMAGUEY)”, ubicado en jurisdicción del municipio de Plato, Magdalena, identificado con la matricula inmobiliaria número 226-46558 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato (Prueba 4), el cual fue adquirido por los señores AIDEE DE JESÚS BOTERO BOTERO y JORGE MARIO PALACIO BOTERO, mediante la Escritura Pública de compraventa No 3573 del 16 de diciembre de 2013, otorgada por la Notaria Tercera del Circulo de Barranquilla, Atlántico. (Prueba 5)» (Negrillas del original);
Así mismo solicitó que se le autorizara para consignar la suma de $36.977.620 a favor de los demandados, pero en la cuenta del despacho, a título de ofrecimiento de la indemnización de los perjuicios causados.
En el acápite sobre competencia, señaló que la tenía ese estrado judicial «conforme a lo indicado por el numeral 10 del artículo 28 del C.G.P. en el que se expresa que los procesos en los que sea parte una entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (…)».
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín al que le correspondió la causa, en reparto, la rechazó por falta de competencia, «en tanto que se trata de un asunto que por factor territorial, es privativo del juez donde se encuentra ubicado el bien inmueble», fundamentando su decisión en el numeral 10 ° del artículo 28 del Código General del Proceso, razón por la cual dispuso remitir las diligencias al «Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato-Magdalena».
Recibida la actuación por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato Magdalena, mediante proveído de 18 de abril de 2018, admitió la demanda y ordenó adelantar el trámite correspondiente.
Posteriormente, la entidad demandante solicitó declarar la falta de competencia para conocer del proceso judicial «a la luz de lo consagrado en los artículos 28 (numeral 10) y 29 del C.G.P., lo deberá ser, de forma privativa y prevalente, en consideración a la calidad de las partes, el juez del domicilio de la respectiva entidad, en conclusión el juez de la ciudad de Medellín.».
3. Dicha judicatura en atención a la anterior petición, realizó el control de legalidad y mediante auto de 30 de julio último se desprendió de su conocimiento al indicar que al ser la demandante una entidad pública, «es claro que opera el fuero personal de la citada, por ser prevalente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 indicado, sin que pueda aplicarse el foro real». Por ello, procedió a remitir las diligencias a la oficina de reparto de los juzgados civiles del circuito de Medellín.
4. Recibida la actuación en la oficina destinataria, se le asignó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín quien dispuso su envío al Juzgado Quinto Civil del Circuito para que continuara conociendo el asunto.
Esta última dependencia judicial rehusó la competencia tras considerar que la autoridad Judicial de origen debía seguir conociendo del trámite de acuerdo con el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso.
Con el anterior fundamento, planteó el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, éste se determina con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general; y otros específicos, como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente; esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes; y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario; esto es, no haya regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue regulado expresamente con una norma especial. De ser así, por obvias razones, aplica el precepto asignado específicamente a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, se ha de utilizarse la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» (subrayas extratexto); de manera que consagra expresamente la prevención de su aplicación mientras no exista pauta en diverso sentido, lo que anticipa la existencia de éstas, algunas concurrentes y otras que las excluyen.
Precisamente los foros que tienen entidad para exceptuar la aplicación de la regla general, son aquellos prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo; es decir que son establecidos con el propósito de ser específicos y sin alguna consideración de las demás preceptivas, tornándose así en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general; ésta sigue teniendo aplicación; en tal evento, simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.
La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, con argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil, que son de total recibo para el actual, reiteró:
«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»
De manera, entonces, que la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial; por tanto, al demandante se anula su facultad de selección del foro, y no admite la desatención por parte del Juez.
5.1. El presente asunto ciertamente se aviene a un evento de competencia privativa; sin embargo, resulta pertinente destacar que la causa promovida es susceptible de subsumirse en dos supuestos de asignación legal excluyente, puntualmente, las previstas en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso.
En efecto, según la primera regla citada, «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elección del demandante»1.
A su vez, la segunda pauta establece que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas»2.
5.2. Como puede verse, el asunto sub examine se corresponde con la premisa fáctica de dos reglas de competencia diferentes, que por su carácter privativo resultan incompatibles, lo cual impone la elección de una de ellas con fundamento en el referente legal que oriente dicha labor de superposición.
Para resolver esta clase de dilemas, el legislador ha fijado lineamientos de prevalencia respecto de los distintos criterios de competencia, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 29. PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.
Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.».
Esas dos reglas se ajustan exactamente a las que consagraban, en su orden, los cánones 22 y 24 del Código de Procedimiento Civil.
La significación procesal de esa prelación equivale a afirmar que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso; esto es, permite aseverar que resulta más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y el territorial, puesto que, el Código hizo improrrogable la competencia por el factor subjetivo y funcional, exclusivamente (art. 16 ibídem).
Por tanto, en esta clase de disyuntivas, la pauta de atribución legal privativa aplicable, dada su mayor estimación legal, es la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, porque tiene cimiento en la especial consideración a la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido.
5.3. En este caso, como se dejó reseñado, en la demanda se pretende obtener «sentencia de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de que trata el Artículo 18 de la ley 126 de 1983 y Ley 56 de 1981 a favor de INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P., sobre un predio denominado “LA BENDICIÓN (ANTES CAMAGUEY)”, ubicado en jurisdicción del municipio de Plato, Magdalena, identificado con la matricula inmobiliaria número 226-46558 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Plato (Prueba 4), el cual fue adquirido por los señores AIDEE DE JESÚS BOTERO BOTERO y JORGE MARIO PALACIO BOTERO, mediante la Escritura Pública de compraventa No 3573 del 16 de diciembre de 2013, otorgada por la Notaria Tercera del Circulo de Barranquilla, Atlántico. (Prueba 5)» (Negrillas del original); y las consecuenciales allí planteadas.
Dado que la parte demandante es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., cuya naturaleza jurídica es la de «una empresa de servicios públicos, mixta, constituida como sociedad Anónima, de carácter comercial, del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por las leyes 142 y 143 de 1994 o las leyes que las adicionen, modifiquen o sustituyan y por los estatutos sociales3 », con domicilio en la ciudad de Medellín, no hay duda que el evento encuadra dentro de los previstos en el numeral 10 del artículo 28 del C. G del P., como uno de los que debe conocer de «forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
Esto es, como la actora es una sociedad de economía mixta o una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, imperativo resulta concluir que su condición principal incide en la atribución de la competencia, de manera que el Juez de su domicilio es el competente para conocer, tramitar y decidir esta causa.
Igualmente, dada la naturaleza privada de la Sociedad Comercial Gases del Caribe S.A.E.S.P., conforme lo certifica la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el referido fuero privativo es el único criterio aplicable a este caso para definir la competencia4.
Lo anterior implica que, en este particular asunto, no es dable establecer la competencia, atendiendo al «lugar de ubicación de los bienes», como lo planteó el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, y lo prevé el numeral 7º ibídem, sino, se repite, en razón del domicilio de la aludida entidad demandante, por virtud de su naturaleza jurídica y competencia prevalente establecida en el transcrito artículo 29 ejusdem.
Esta postura coincide con la expuesta por el Juzgado de Plato (Magdalena), recientemente reiterada por la Sala en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del Juez que se fija en atención a la presencia de entidades públicas, respecto de la que consulta la ubicación del objeto material del juicio en acciones reales y demás causas relacionadas en el num. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, rad. 2017-01278-00; AC6997-2017, 24 oct. 2017, rad. 2017-02146-00).
Finalmente, no es viable acudir a la prórroga de la competencia por el hecho de haberse iniciado el trámite en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena), por estar vinculado el factor subjetivo en la asignación de la aptitud legal, es decir, por cuanto el fuero privativo en mención con notoria influencia en el factor territorial, fuero real, aplica en consideración a la naturaleza pública de la pretensora. En otras palabras, en atención al factor subjetivo, respecto del cual, como se anticipó en el numeral 5.2, es improrrogable la competencia, según lo dispuesto en el citado artículo 16 del Código General del Proceso.
De manera que la forma de sanear la situación por parte del Juzgado al que se remitió la demanda y teniendo en cuenta la influencia del factor subjetivo en la definición de la competencia, se circunscribía a declarar la falta de esa aptitud legal y a remitir el expediente al despacho en que recaía tal virtud, actividad ésta que precisamente emprendió la segunda judicatura.
La competencia corresponde a la primera de las autoridades judiciales en contienda, de manera que se remitirá el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, y se informará de esta determinación al Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato Magdalena.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín es el competente para continuar conociendo del proceso en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación surtida al citado estrado judicial e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado.
1 Negrillas fuera del texto original.
2 Resalta la Corte.
3 Certificado de existencia y representación de Interconexión Eléctrica S A ESP. (f. 61.
4http://cregas.creg.gov.co/pls/directdcd/directorio.datos?id_empresa=274.