LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC4576-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02890-00
Bogotá D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por los demandantes Rodrigo Sardi de Lima y María Mercedes Chamat de Sardi frente al auto de 21 de marzo de 2018, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali negó conceder el recurso de casación planteado contra la sentencia de 5 de los mismos mes y año, dictada por esa Corporación dentro del proceso verbal promovido por los recurrentes contra Copropiedad Edificio Alto Mediterráneo Propiedad Horizontal.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum: Declarar la nulidad de la escritura 2693 de 14 de mayo de 2007, contentiva de la reforma al reglamento del Edificio Alto Mediterráneo; ordenar cancelar la matrícula inmobiliaria 370-113909, dicha escritura e inscribir el fallo en el folio inmobiliario de los apartamentos que lo integran; condenar a la demandada a pagar $162’263.122,35, $35’000.000 por “daño emergente consolidado”, $30’000.000 por “daño emergente futuro” y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daños extra-patrimoniales.
1.2. Causa petendi: En asamblea de 19 de febrero de 2007 los copropietarios aceptaron elevar a escritura la reforma al reglamento, consistente en que todos los condueños pagarían una misma cuota de administración, con independencia del coeficiente de cada una de las unidades. Tal determinación se materializó en aquella escritura, la cual ha de declararse nula por contrariar la Ley 675 de 2001.
1.3. Sentencia de primer grado: Negó las pretensiones.
1.4. Fallo de segundo grado: El 5 de marzo de 2018 el ad quem confirmó el fallo del a quo.
1.5. Interposición recurso de casación: Contra esa decisión los accionantes interpusieron este medio extraordinario, cuya concesión fue negada en proveído de 21 de marzo de 2018.
Adujo el Fallador que el interés de los convocantes ascendía solo a $383’511.522, inferior a la base impuesta por la ley. Tal cifra resultaba de sumar los $162’263.122 por la diferencia entre el valor pretendido por el edificio y el valor estimado1, los $35’000.000 del “daño emergente consolidado”, los $30’000.000 del “daño emergente futuro” y los 200 salarios de los daños extra-patrimoniales, que a la fecha equivalen a $156’248.400, pedidos en la demanda.
1.6. Reposición y recurso de queja: Contra esa negativa los reclamantes formularon recurso de reposición.
Anotan que se cumplen los supuestos del artículo 338 del Código General del Proceso porque este es un proceso donde las súplicas no son esencialmente económicas. Las modificaciones que tal estatuto introdujo supuso (i) la ampliación de los fines del recurso de casación; (ii) un aumento del grupo de sentencias que pueden ser atacadas, siendo la de este caso una de ellas por ser declarativa; (iii) la irrelevancia de la cuantía en los fallos en acciones de grupo y de estado civil. En fin, que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trata de asunto en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas.
1.7. En auto de 17 de abril de 2018 el Juzgador no la repuso, porque la ampliación de los asuntos no implica que todos los fallos sean susceptibles de casación, pues no se eliminó la norma que supedita su procedencia a la cuantía; además, para hallar el interés no se pueden tomar cuantías de otros procesos. Precisó haber examinado los elementos de juicio obrantes en el proceso, con los cuales determinó que el interés de los gestores no llegaba a la base mínima, por lo cual la negativa persistía.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La procedencia del recurso de casación está condicionada, entre otras exigencias, al enlistamiento del asunto en el artículo 334 del Código General del Proceso o en una norma especial que así lo consagre.
Este medio de impugnación, por tanto, no procede contra todas las resoluciones judiciales, sino solo frente a algunas, pues ha sido instituido por el ordenamiento como recurso para combatir las providencias emitidas en asuntos que, ya por la naturaleza del objeto debatido, ora por la cuantía patrimonial involucrada, implican mayor entidad o trascendencia, aspectos que, en sentir del legislador, justifican su consagración.
«(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)»2.
2.2. De acuerdo con el precepto antes citado, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia el recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias dictadas «(…) en toda clase de procesos declarativos (…)[,] en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria (…) [ y] para liquidar una condena en concreto». Conforme a su parágrafo, «[t]ratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».
El artículo 338 ibídem, por su lado, clarifica que «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».
Entonces, si bien es cierto, a voces de las anteriores disposiciones legales, la impugnación aludida procede contra los fallos emitidos en toda clase de procesos declarativos, no lo es menos que lo será, en realidad, apenas en aquellos cuyas pretensiones sean esencialmente económicas y únicamente si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente es superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; lo cual significa, contrario sensu, que no se podrá acceder a dicho recurso cuando las súplicas no sean esencialmente económicas o, siéndolo, si el valor actual de la resolución desfavorable al acusador es inferior a aquel tope.
Esto es así, porque, como lo explicita la parte final del inciso 1° del artículo 338 citado, sólo se excluye del cumplimiento de dicha exigencia, o sea, de la cuantía del interés para recurrir, las sentencias dictadas en las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
2.3. Es claro, por consiguiente, dentro de los fallos que en forma expresa determina el artículo 334 no se encuentra el dictado en los asuntos como el presente, así se trate de procesos declarativos, por cuanto, se itera, con excepción de los pronunciados en las acciones de grupo o en los que versen sobre el estado civil, presupuesto ineludible para la procedencia del recurso de casación es que los pedimentos sean esencialmente económicos y que el valor actual de la resolución desfavorable al acusador sea superior a los preindicados 1.000 salarios.
Sobre el particular la Sala ha dicho:
«Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración, ya a la naturaleza del asunto (…), ora a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante. (…). Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado y (…) el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de las normas relacionadas (CC C-1046/01).
«(…) [E]l Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se viene analizando, ampliando por ejemplo la clase de providencias susceptibles de dicha vía desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto). No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones maritales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del C.G.P.
«(…) En el presente caso, la desestimación de las principales razones de la queja están vinculadas justamente a la última de las aclaraciones efectuadas, en tanto que la sentencia objeto de reproche, a pesar de haberse dictado en un proceso declarativo y estar excluida por su materia de la valoración del interés cuantitativo, versa sobre el estado civil, sin ajustarse a alguno de los puntuales supuestos de dicha clase a los que el legislador confirió la posibilidad de discutir por vía del recurso de casación. (…) [L]a pretensión contenciosa de divorcio es evento típico de controversia sobre el estado civil (artículos 5, 44 y 72 del Decreto 1260 de 1970), que resulta ajeno a los supuestos de “impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho”, a los que limitó el Código General del Proceso la procedencia de la impugnación extraordinaria, cuando refiriéndose a los mismos, categóricamente estableció en el parágrafo de su artículo 334 la expresión “sólo serán susceptibles de casación”, formula con la cual excluyó de esta vía todas las demás hipótesis de sentencias sobre el estado civil.
«(…)
«Este ha sido el entendimiento que en sede constitucional ha sostenido la Sala sobre el tema de la nulidad del matrimonio civil, que para la discusión aquí suscitada, es de total recibo: “Sea lo primero advertir, que el fallo del Tribunal opugnado no tenía posibilidad de ser recurrido en casación, lo que implica que no se pueda predicar la existencia de incuria o apatía por no haberse acudido a este medio de impugnación extraordinario. (…) Si bien la “nulidad de matrimonio civil” es de naturaleza declarativa, a pesar de eso queda expresamente excluida en el parágrafo, que como acaba de verse, sólo prevé dicho instrumento “en los asuntos relativos al estado civil”, para las “sentencias sobre impugnación o reclamación de estado, y la declaración de uniones maritales de hecho”, en las que no encaja ésta.” (CSJ STC5400-2016, 27 abr. 2016, rad. 2016-00778-00).
«(…).
«Por otra parte, es igualmente inviable suponer que el recurso extraordinario pueda abrirse paso ponderando sobre el sustrato principal del proceso, un aspecto consecuencial como para este caso es el debate sobre la custodia y cuidado personal de uno de los hijos del matrimonio, en tanto que dicha materia, ni siquiera individualmente considerada, tendría la posibilidad de discutirse en casación, siendo suficiente para sostener dicha afirmación que esa clase de causas fueron legalmente previstas para ser conocidas en única instancia (num. 3, art. 21, C.G.P.) y mediante fallo que por su contenido no hace tránsito a cosa juzgada, en tanto situación susceptible de modificación en pronunciamiento posterior (num. 2, canon 304, ibídem)» 3.
Por tanto, sin desconocer los asuntos de exclusión, el legislador, al regular la procedencia de la impugnación, siguió teniendo en cuenta como uno de los elementos objetivos para su concesión, la cuantía del interés. Es decir,
«(…) no basta “que la resolución judicial sea producida en un proceso ordinario, o que asuma ese carácter, sino que adicionalmente se requiere que la cuantía contemporánea de la decisión contraria al litigante interesado en recurrir sea o exceda” de aquella equivalencia, “de donde (…) si el interés económico que asiste a la parte llamada a plantear la impugnación no alcanza a colmar ese tope mínimo, el recurso se torna improcedente, pues en ese orden de ideas no estaría dentro de los supuestos establecidos por la norma jurídica” (auto 132 de 12 de julio de 2004)»4.
«(…) [N]o se puede omitir la consideración de que las causales y asuntos respecto de los cuales procede la casación, son rigurosamente taxativas; y las normas en las cuales está esa regulación legal, son de naturaleza procesal, por lo mismo, de orden público y de obligatorio acatamiento (…)»5.
2.4. Se admite que este caso es declarativo; pero el que lo sea no traduce que los opugnadores estuviesen eximidos de establecer el interés para recurrir, mayormente si el mismo no está dentro de las exclusiones determinadas por el ordenamiento.
2.5. Ahora bien, como el Tribunal al definir la extensión del susodicho interés se fundó en los elementos de juicio obrantes en el proceso, representados en la propia aspiración económica de los recurrentes, de los cuales dedujo un agravio en cuantía no superior a los $383’511.522, nada se le puede reprochar.
2.6. Se declarará bien denegada la impugnación extraordinaria.
3. DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación de que se trata.
Segundo: Ordenar devolver lo actuado al Tribunal de origen para que forme parte del expediente.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
1 Folio 28 del cuaderno 1 de las copias.
2 CSJ SC. Sentencia de 29 de agosto de 1985, G. J., t. CLXXX, página 344.
3 CSJ SC. Auto AC-025 de 16 de enero de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2016-03249-00.
4 CSJ SC. Auto de 14 de febrero de 2014, Radicación 2013-02769-00.
5 CSJ SC. Auto AC-1331 de 18 de marzo de 2016, Radicación #11001-02-03-000-2015-02842-00.