AC4582-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02902-00
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, y Trece Civil del Circuito de Medellín, con ocasión del conocimiento del proceso promovido por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. contra Francisco José Sánchez Cotes.
1. La demandante presentó su escrito inicial ante el «JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA-ATLÁNTICO (REPARTO)», pretendiendo que se dicte «sentencia de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de que trata el Articulo 18 de la Ley 126 de 1938 y Ley 56 de 1981 a favor de INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P., sobre un predio denominado “ARZUZA”, identificado con la matrícula inmobiliaria 040-42567 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla (Prueba 4), de propiedad del demandado (…) Dicho lote se localiza en jurisdicción del municipio de Galapa- perteneciente al departamento de Atlántico»; así como la indemnización de los perjuicios causados, para cuyo efecto ofreció la suma de $60.941.583.
En el acápite sobre competencia se indicó que la misma estaba dada «por la ubicación del inmueble objeto de la pretensión y conforme a la cuantía del avaluó catastral (…)».
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, mediante proveído de 02 de mayo de 2017, admitió la demanda y le imprimió trámite.
Posteriormente la entidad demandante solicitó declarar la falta de competencia para conocer del proceso judicial «a la luz de lo consagrado en los artículos 28 (numeral 10) y 29 del C.G.P., (…) lo deberá ser, de forma privativa y prevalente, en consideración a la calidad de las partes, el juez del domicilio de la respectiva entidad, en conclusión el juez de la ciudad de Medellín.».
3. El Despacho, en atención a la anterior petición, mediante auto de 11 de abril último se desprendió de su conocimiento invocando lo decidido por esta Sala en providencias AC3828-2018 y AC738-2018.
Así mismo indicó que «según el artículo 16 del C.G. del P., la competencia por factor subjetivo, es improrrogable, y según allí mismo se dice en concordancia con el artículo 138 del mismo código, cuando se declare la falta de competencia por ese factor, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente», procediendo a remitir el proceso a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín.
3. Recibida la actuación por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, rehusó la atribución considerando que la causa no es de su resorte y, por tanto, que la autoridad judicial de origen debía seguir conociendo del trámite de acuerdo con el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, toda vez que el competente de manera privativa es el juez del lugar de ubicación de los bienes.
Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Dado que la colisión para conocer de la demanda enfrenta a juzgados de diferente distrito judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 139 del Código General del Proceso, la definición de ésta es atribución de la Corte Suprema de Justicia y, en particular, del magistrado sustanciador, como lo establece el inciso 1º artículo 35 ibídem.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos (…) es competente el juez del domicilio del demandado», pero como dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», es clara la necesidad y obligatoriedad de acudir a las pautas consagradas en sentido diverso. En ese orden, el legislador anticipa la existencia de reglas especiales, algunas con la entidad de exceptuar dicho enunciado.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, esta sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.
Conocer en forma «privativa» quiere decir que solo es competente el juez correspondiente a la situación legislativamente descrita, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, «privativo» significa «[p]ropio y peculiar singularmente de alguien o algo, y no de otros».
La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:
«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)».
En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.
5.1. El presente caso ciertamente se aviene a un evento de competencia privativa; sin embargo, resulta impostergable destacar que la causa promovida es susceptible de subsumirse en dos supuestos de asignación legal excluyente, puntualmente, las previstas en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso.
En efecto, según la primera regla citada, «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elección del demandante»1.
A su vez, la segunda pauta prescribe que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas»2.
5.2. Como puede verse, el asunto sub examine corresponde con la premisa fáctica de dos reglas de competencia diferentes, que por su carácter privativo resultan incompatibles, lo cual obliga a la elección de una de ellas con fundamento en el referente legal que oriente dicha labor de superposición.
Para la resolución de esta clase de dilemas, se han previsto por el legislador lineamientos de prevalencia respecto de los distintos criterios de competencia en los siguientes términos:
«PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.
Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.» (artículo 29 Código General del Proceso, antes cánones 22 y 24 del Código de Procedimiento Civil).
La significación procesal de esa prelación, equivale a afirmar que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso, esto es, permite afirmar que es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el factor objetivo y territorial, puesto que el Código, como se anticipó, hizo improrrogable la competencia por el factor subjetivo y funcional, exclusivamente (art. 16 ibídem).
Por tanto, en esta clase de disyuntivas, la pauta de atribución legal privativa aplicable, dada su mayor estimación legal, es la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración a la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido.
5.3. Retomando, según ha quedado visto, en la demanda se solicita «la imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica»; y acceder a las pretensiones consecuenciales planteadas, en favor de la referida entidad.
Dado que la parte demandante es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., cuya naturaleza jurídica es de «una empresa de servicios públicos, mixta, constituida como sociedad Anónima, de carácter comercial, del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, regida por las leyes 142 y 143 de 1994 o las leyes que las adicionen, modifiquen o sustituyan y por los estatutos sociales3 », con domicilio en la ciudad de Medellín, no hay duda de que el evento encuadra dentro de los previstos en el numeral 10 del artículo 28 del C. G del P., como uno de los que debe conocer de «forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
Lo anterior implica que, en este particular asunto, no es dable establecer la competencia, atendiendo al «lugar de ubicación de los bienes», como lo planteó el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, y lo prevé el numeral 7º ibídem, sino, se repite, en razón del domicilio de la aludida entidad demandante, por virtud de su naturaleza jurídica y competencia prevalente establecida en el transcrito artículo 29 ejusdem.
La anterior postura coincide con la expuesta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, recientemente reiterada por la Sala en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del juez que se fija en atención a la presencia de entidades públicas, respecto de la que consulta la ubicación del objeto material del juicio en acciones reales y demás causas relacionadas en el num. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, rad. 2017-01278-00; AC6997-2017, 24 oct. 2017, rad. 2017-02146-00).
Finalmente, no es posible entender perpetuado el conocimiento desplegado inicialmente por el Juzgado de Barranquilla, que admitió la demanda y realizó otras actuaciones, dada la imposibilidad de prorrogar la competencia cuando están vinculados los factores subjetivo y funcional, según lo dispone el citado artículo 16 del Código General del Proceso.
De manera que la forma de sanear la situación por parte del Juzgado al que se dirigió la demanda y teniendo en cuenta la influencia del factor subjetivo en la definición de la competencia, se circunscribía a declarar la falta de esa aptitud legal y a remitir el expediente al Despacho en que recaía tal virtud, actividad ésta que precisamente emprendió la primera judicatura.
La competencia corresponde a la segunda de las autoridades judiciales en contienda, de manera que se remitirá el expediente al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, y se informará de esta determinación al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín es el competente para continuar conociendo del proceso en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación surtida al citado estrado judicial e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado.
1 Negrillas fuera del texto original.
2 Resalta la Corte.
3 Certificado de existencia y representación de Interconexión Eléctrica S A ESP. (f. 61.