Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Medellín y Cuarto Civil del Circuito de Pereira, pertenecientes a los distritos judiciales de esas ciudades, respectivamente, para conocer de la acción popular de Uner Augusto Becerra Lagos contra Bancolombia S.A.
1. El demandante aduce como fundamento de su acción constitucional, que la referida entidad no cuenta con servicios sanitarios para las personas discapacitadas que se movilizan en silla de ruedas, como lo ordena el artículo 8º de la Ley 982 de 2005. Señala que la omisión que se presenta «a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», puntualizando luego que el “sitio de vulneración” es la “Cra. 19 No. 16-92 Pasto” (fl. 1, cdno. 1).
2. La demanda fue radicada para ser repartida entre los operadores judiciales de Pereira, por cuanto el interesado manifestó que en dicho lugar se encontraba domiciliada la institución crediticia.
3. El asunto le correspondió entonces al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la precitada capital, quien la rechazó el 25 de mayo hogaño y la envió al reparto de sus homólogos de Medellín, por ser el sitio donde tiene su vecindad principal la accionada, información que pudo obtener de la página Web de la Superintendencia Financiera, ante la ausencia en el expediente del respectivo certificado de existencia y representación (fl. 6, ibídem)
4. El Juez Octavo Civil del Circuito del lugar de destino rehusó el conocimiento del caso y provocó la colisión, destacando que a la luz del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el actor podía optar “entre el juez del domicilio del demandado y el lugar donde ocurrieron los hechos”, siendo el primero el escogido por éste, que corresponde a la ciudad del remitente, según lo informó el demandante en el escrito inaugural (fls. 8 a 10, ibíd.).
1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, razón por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislación vigente al momento de radicación, a fin de adoptar la determinación de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
3. Para el caso de las acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 prevé que “[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor…”, estableciendo así un fuero concurrente a prevención.
De manera que, como lo ha señalado esta Sala,
En términos de tal expresión legislativa, el promotor de la acción judicial tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestación de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien se la concreta (AC6128-2017, citado hace poco en AC3261-2018).
4. Dicho lo anterior, la Corte observa que si bien en el caso analizado el reclamante seleccionó el juez competente con fundamento en la vecindad de la entidad accionada, Pereira, según su manifestación, en tanto que radicó su acción popular ante los jueces civiles del circuito de esa localidad, la información que reposa en la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, consultable sin restricción ninguna en su página Web1, determina el domicilio principal de Bancolombia S.A. en Medellín, de donde se deduce que la radicación realizada por aquél no se ajusta a la realidad; no obstante, ello no es óbice para que se desconozca el fuero finalmente escogido por el actor, determinante para la asignación de competencia del asunto en referencia, cuál es el del domicilio del demandado, como acaba de dilucidarse, sin que la eventualidad de que el promotor haya señalado como lugar de la vulneración de los derechos colectivos invocados una sucursal de Pasto sea suficiente para asignar a sus juzgadores el caso, en la medida que este no fue el criterio de atribución escogido por aquél.
Al respecto, en un caso de similares contornos la Sala dijo que
En ese orden, en el caso no se puede atender la opción ejercida por el actor en cuanto al municipio donde radicó su demanda, pero sí su escogencia en relación a que la competencia se radique en el domicilio del demandado, que se conoce corresponde a Medellín, por lo que se asignara la competencia a los funcionarios de dicha ciudad (mencionado recientemente en AC3267-2018).
5. Cumple advertir que si bien es cierto la Corte en varias providencias se atuvo a la simple manifestación del actor popular sobre el domicilio de la accionada, la entrada en vigencia plena del Código General del Proceso, y particularmente de su artículo 85, posibilita verificar esa información cuando reposa “en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla”; todo en aras de “procurar la mayor economía procesal” como lo ordena el artículo 42-1 ibídem.
6. De acuerdo con lo expresado, se establece que habiéndose atribuido la competencia por el domicilio del presunto trasgresor, el juez que debe conocer el asunto es el de Medellín, a quien se le enviará, por intermedio de la Oficina de Reparto.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, señalando que al Octavo Civil del Circuito de Medellín le corresponde conocer la acción popular de Uner Augusto Becerra Lagos contra Bancolombia S.A.
En consecuencia, envíese el expediente a la citada oficina judicial e infórmese a los involucrados en esta disputa.
Notifíquese,
Magistrado