OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente

  1. AC4588-2018
  2. Radicación n° 25307 31 03 001 -2011 00105-01
  3. (Aprobado en sesión de        veinte de junio de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Rafael Castañeda Torres, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 23 de octubre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra el recurrente, Juan de Dios Ruge Niño, Fredi Ruge Avellaneda e Isley Yumara Ruge Avellaneda.

  1. ANTECEDENTES


1.- Solicitó la accionante declarar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- es titular del derecho de dominio del inmueble de matrícula inmobiliaria 307-8501 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot, en consecuencia, se ordene a los demandados que procedan a su restitución y al pago de los frutos naturales y civiles desde que entraron en posesión del bien.


En respaldo adujo que es el actual propietario del inmueble; el 21 de junio de 1988 el ICBF celebró promesa de compraventa con Juan de Dios Ruge Niño y Rafael Castañeda Torres, quienes no cumplieron en su integridad lo pactado en ese negocio jurídico; actualmente se encuentra privado de la posesión, que está siendo ejercida de manera irregular por los accionados, quienes no pueden ganarlo por prescripción por tratarse de un bien fiscal (fls. 30 - 41, c. 1).


2.- Juan de Dios Ruge Niño se opuso a la demanda y excepcionó «improcedencia de la acción reivindicatoria» y «prescripción extintiva» (fls. 158 – 163, c.1); Fredi e Isley Ruge Avellaneda también resistieron y como defensas alegaron «prescripción de la acción reivindicatoria» y «falta de legitimidad en la causa del accionante» (fls. 182 a 193, ib) y Rafael Castañeda Torres alegó «mala fe de la parte actora», «prescripción de la acción reivindicatoria» y «falta de legitimación en la causa para pedir» (fls. 2 -8 ib).


  1.        3.- El a quo en su sentencia negó las súplicas. Consideró que en el plenario no existían elementos probatorios para establecer la interversión del título de los demandados de tenedores a poseedores, por lo que echó de menos su calidad de legítimos contradictores y el requisito de la acción reivindicatoria referente a que debe dirigirse contra el actual poseedor de la cosa (fls. 87 – 101, c. 2).


4.- Contra esa determinación la accionante formuló recurso de apelación (fl. 104 ib).


5.- El Superior revocó lo resuelto en primera instancia, y en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, en orden a lo cual desestimó las excepciones de mérito propuestas por los convocados; declaró que el inmueble en disputa pertenece a la demandante y ordenó a los demandados que procedan a restituírselo con pago de frutos.


Concluyó que en el proceso se acreditaron todos los requisitos de procedencia de la acción, incluyendo la calidad de poseedores que ostentan los opositores, confesada por ellos al contestar la demanda (fls. 46 – 74, c. 8).


6.- Rafael Castañeda Torres, Fredi Ruge Avellaneda e Isley Yumara Ruge Avellaneda, formularon casación, que les concedió el Tribunal (fls. 83 - 87, ib).


7.- Por auto del 3 de marzo de 2016, se admitió el recurso extraordinario y se dispuso correr traslado a cada uno de los impugnantes que estuviera representado por distinto apoderado (fls. 3 – 4, c. 10).


8.- En la oportunidad concedida, Rafael Castañeda Torres formuló un solo cargo contra el fallo del Tribunal.


Con soporte en el numeral 2 del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, alegó falta de consonancia de la sentencia con las excepciones formuladas. De manera equivocada se aplicaron los supuestos de una acción reivindicatoria a una de naturaleza contractual, con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, conforme a la cual, queda excluida la pretensión reivindicatoria cuando se posee en virtud de un contrato y no contra la voluntad del propietario, porque en este caso mediaron un arrendamiento y una promesa de compraventa  (fls. 6 – 12).

  1. CONSIDERACIONES


1.- De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».


Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,


(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación -4 de noviembre de 2015- y que conservan vigencia hasta que culmine.


2. La rigurosidad de esta senda extraordinaria exige el cumplimiento de una carga argumentativa que no deje dudas sobre cuál es la causal esgrimida, sus alcances y repercusiones, puesto que no es labor de la Corte interpretar las imprecisiones o vacíos de planteamientos incompletos, ni desentrañar el querer de narraciones confusas o deshilvanadas, como se resaltó en CSJ AC 1933-2015:


[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.


Y aun cuando se admite que en un mismo escrito obren varios ataques por las diferentes razones fijadas en la ley con tal propósito, el principio de autonomía que les es propio exige que los sustentos individuales estén acordes con la naturaleza de cada una, de tal manera que queden debidamente delineadas y no se confundan.


Tratándose del cuestionamiento por incongruencia el discurso debe centrarse en una manifiesta alteración de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, así como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisión reconocibles forzosamente por el juzgador.


Como figura en CSJ AC4125-2015, si se discute la «inconsonancia, el alegato debe encaminarse a demostrar una grave alteración entre lo narrado y exigido en el libelo, en conjunto con el comportamiento asumido por el oponente en sus defensas, frente a lo consignado en el fallo, de tal manera que sea evidente una decisión ajena al debate» y en CSJ AC 11 nov. 2011, rad. 2008-00956, se indicó sobre el particular que


(…) no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposición del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidirían en su proferimiento, esto es la demanda, la contestación y las excepciones propuestas, al tenor del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que aparezca de bulto una real desarmonía con el contexto.


3.-  La demanda de casación no cumple las exigencias formales reseñadas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se abre paso.


Revisado el proveído cuestionado se aprecia que en su parte resolutiva de manera expresa el Tribunal declaró «no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada», de allí que resulte contraevidente la afirmación sobre la alta de resolución de los medios de defensa propuestos por el recurrente.


En efecto, el convocado ahora impugnante, excepcionó «mala fe de la parte actora», «prescripción de la acción reivindicatoria» y «falta de legitimación en la causa para pedir», edificadas en que su ingreso al inmueble se originó en una promesa de compraventa celebrada con la accionante, que resultó desconocida al incoar la demanda de dominio.


Al momento de estudiar estos enervantes, el sentenciador manifestó que bastaba con remitirse a las argumentaciones ya explicadas, que lo condujeron a concluir que estaban dados todos los presupuestos de la reivindicación, donde a manera de resumen se expuso:


Hasta aquí, recapitulando, emerge diáfano: a) que la ocupación de los demandados sobre el inmueble materia de la reivindicación nació en virtud de contratos de arrendamiento, sin obrar prueba en el expediente que certifique que se gestionó la restitución del fundo una vez que aquellos acuerdos fenecieron; b) no obstante la suscripción del acuerdo de promesa de 21 de junio de 1988 entre los contendores, en él no se hizo la entrega de la cosa, la que se pactó para fecha posterior (…) c) bajo las condiciones de celebración de la promesa no es jurídicamente viable, además, entender transferida la posesión del bien a los demandados, lo que de contera lleva a colegir que dicho negocio jurídico no fue el catalizador de la interversión, por lo que siguió la ocupación como una mera tenencia.


Y en la misma parte expositiva, al continuar con su labor analítica, el ad quem concluyó que en este caso sí se estableció el extrañado fenómeno a partir de las contestaciones de la demanda presentadas por los convocados, en las que confesaron que tenían la posesión material del bien, y para el efecto, estimó aplicable jurisprudencia de la Corte. Así, al revisar la convergencia de todos los requisitos, sobre este tópico, acotó «y si al final es posesión la de los llamados al proceso por pasiva –que no tiene el cariz de contractual-, vendrían a estar congregados de manera concurrente los elementos que determinan la procedencia de la acción reivindicatoria».


En cuanto a la previa existencia de una relación de carácter contractual entre las partes por virtud de la cual los demandados empezaron a detentar el bien, el Juzgador le dedicó parte de su análisis a la constatación de la mutación de la calidad de tenedores a la de poseedores, aspecto pertinente en un proceso reivindicatorio, en el que, por vía de excepciones de mérito, se puso en evidencia un vínculo convencional, de donde no puede predicarse que haya dejado de resolver sobre un extremo de la controversia con desconocimiento del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.


En esas condiciones, la decisión censurada da cuenta del estudio global del caso que involucra las mencionadas defensas, de donde ningún reproche merece desde la óptica de la segunda causal de casación porque sí hubo un pronunciamiento respecto de las excepciones, cosa distinta es que hayan sido desestimadas. En tal virtud, cualquier desavenencia con lo decidido por considerar que comportó afrenta directa o indirecta de normas sustanciales, ha debido plantearse por la vía de la primera causal.


Sobre esta temática en SC9167-2014, rad. 2005-00209-01, se puntualizó,


La «congruencia» entonces, se erige en uno de los principios que gobiernan el derecho procesal civil, por cuya virtud, el fallo debe emitirse de modo concreto respecto de la materia disputada que los litigantes han sometido a conocimiento del juzgador, al formular sus peticiones o plantear sus defensas.


No obstante dicha exigencia, cabe precisar que la ley no compele al fallador a realizar la aludida labor de una determinada forma, por lo que entonces, no siempre que omita un pronunciamiento expreso al respecto en la parte resolutiva, incurre en el vicio procesal previsto en el segundo motivo de casación, dado que su resolución puede hallarse implícita y ser suficiente para desatender los argumentos sobre los que se edifican las aspiraciones litigiosas.


(…) en la sentencia de casación N° 031 de 1° de marzo de 2001, expediente 6106, en la que dijo que ‘cuando se trata de incongruencia por omisión, para que el cargo tenga mérito, tales disconformidades deben ser reales y producto del olvido o inadvertencia del juez, pues mediando alguna decisión, así fuere implícita o virtual, la sentencia ya no puede ser atacada con fundamento en la causal segunda en la medida en que, como ha dicho esta Corporación, de todos modos implica ‘un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte que solo podía ser impugnado a través de la causal primera si con el se violó directa o indirectamente la ley sustancial, de lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable….’ (G. J. t. CXXXVIII, pág. 36)’.


4. En síntesis, al no ceñirse el ataque planteado a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnación, resulta inviable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto por Rafael Castañeda Torres.


Segundo: En firme este proveído, devuélvase el expediente al despacho del magistrado ponente para proveer respecto de las demandas de Fredi Ruge Avellaneda e Isley Yumara Ruge Avellaneda.


Notifíquese






AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA