OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC4589-2018
  2. Radicación n° 68001 31 03 010-2015 00420 01
  3. (Aprobado en sesión de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por el accionado para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 29 de enero de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,  en el proceso verbal reivindicatorio de Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial contra Aristóbulo García.

  1. ANTECEDENTES


  1. Solicitó la convocante que se le reivindique el dominio pleno y absoluto del predio de matrícula inmobiliaria 300-122 ubicado en la ciudad de Bucaramanga y, en consecuencia, se condene al demandado a restituirlo; al pago de los frutos naturales y civiles percibidos y que hubiere podido percibir y, como poseedor de mala fe, a indemnizar las expensas necesarias de conformidad con el artículo 965 del Código Civil (fls. 1 a 15, 108 – 197, cno. 1).


  1. Una vez notificado, el accionado no se opuso ni formuló excepciones de mérito (fls. 203 – 209, cno. 1).


  1. El a quo dictó sentencia, mediante la cual  condenó a Aristóbulo García a restituirle a la accionante el inmueble pretendido y a pagarle por concepto de frutos civiles la suma de $62.650.000 (fls.318 - 320, cno. 1).


  1. El superior al desatar la apelación interpuesta por el convocado confirmó lo resuelto en primera instancia (fls.17 - 19, cno. 4).


Al efecto, consideró que en contravía de lo alegado por el recurrente, la valoración probatoria efectuada por la Juzgadora de primer grado sí se avenía con la realidad evidenciada en el proceso.


En especial, recalcó como demostrado que Aristóbulo García en la adquisición del inmueble actuó en representación de la Iglesia demandante; también se estableció que parte de los pagos se hicieron con dineros que le pertenecían a esa congregación incluyendo las ofrendas realizadas por los feligreses con el propósito de construir el templo; el demandado no puede calificarse poseedor por el hecho de haber efectuado los pagos porque se hicieron a nombre de un tercero y precisamente por su intermediación la demandante ejerció posesión del inmueble, al punto que solo empezó a efectuar actos de señorío a partir del año 2015 cuando se reveló frente a la propietaria al retirar su letrero de identificación y reemplazarlo por otro, por ello era procedente la acción reivindicatoria promovida en su contra.

  1. El opositor interpuso recurso de casación, concedido por el Tribunal (fls. 134 - 135, ib.).


  1. Admitida la impugnación extraordinaria, oportunamente se formuló un cargo, en los siguientes términos (fls. 16 – 22, cno. 5).


Con soporte en el numeral segundo del artículo 336 del Código General del Proceso, se acusó violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas testimoniales, en afrenta del artículo 762 del Código Civil por indebida aplicación.


Los testimonios de Rafael Eduardo Córdoba Zapata, Carlos Alberto Cuadros Chaín y Manuel Martínez Capellán, constituyen plena prueba para desvirtuar los hechos de la demanda, porque tuvieron directa participación en la negociación del inmueble y fueron conocedores de que el accionado fijó las condiciones del acto jurídico en lo referente al precio, forma de pago y fechas para el cumplimiento de las obligaciones.


Rafael Eduardo Córdoba Zapata con su nombre y condición económica facilitó al demandado la adquisición del bien mediante un crédito hipotecario conferido por Bancolombia y cancelado por éste último con sus propios recursos, mientras que la promotora nunca ejerció posesión ni intervino en su adquisición.


Los testigos citados por el extremo activo como miembros y directivos de esa comunidad, no conocían los detalles del negocio por lo que no constituyen prueba suficiente para acreditar los hechos del libelo.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 2 de febrero de 2018, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Según se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


  1. Si se acude a los numerales primero y segundo del artículo 336 del Código General del Proceso, referidos en su orden a la violación directa de una norma jurídica sustancial y a su afrenta indirecta, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 ibídem.


Adicionalmente, si se invoca la causal segunda, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.


4.- El ataque planteado por el opugnador no cumple con los requerimientos técnicos exigidos para darle paso, como pasa a verse:


Se acusó la configuración de error de hecho por apreciación errónea de las pruebas. Al respecto, debe memorarse que esa modalidad de yerro puede presentarse cuando el fallador se equivoca ostensiblemente al apreciar materialmente los medios de convicción, por suposición, pretermisión o tergiversación.


Así las cosas, no cualquier equivocación es válida para soportar esta acusación, debiendo ser manifiesta y además trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone al inconforme un laborío de individualización de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparación entre éstos y las conclusiones que de su valoración se extrajeron, encaminada a demostrar en qué consistió el error y cuál fue su incidencia en la definición del asunto.


Aunado a esas exigencias, al tenor del parágrafo primero del artículo 344 del Código General del Proceso, «Cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».


En esta oportunidad, pese a que se acudió a la causal  segunda por infracción indirecta de la ley sustancial, no se cumplió con la carga de invocar al menos una disposición jurídica de esa naturaleza que estuviera íntimamente ligada con el objeto de la determinación a analizar.

Nótese que la única norma invocada para el efecto fue el artículo 762 del Código Civil conforme al cual la posesión «es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo».


Como puede verse, esa disposición no se ocupa de regular ninguna relación de hecho a la que deba seguirle una determinada consecuencia jurídica, y por lo mismo no ostenta la connotación de norma sustancial. En ese sentido, en CSJ AC2194-2016 se expuso,


Los artículos 762 y 2518 del Código Civil, que se dicen vulnerados tanto directa como indirectamente, se refieren a la definición de la posesión y la descripción de las cosas susceptibles de usucapir; el 764 y el 768 ibidem, incluidos en la censura inicial, tratan de las «clases de posesión» y el concepto de buena fe posesoria; mientras que el 2522 id, referido en la última, se limita a puntualizar el concepto de «posesión no interrumpida».


Quiere decir que todos ellos carecen del alcance sustancial que se les adjudica, pues, son meramente descriptivos o enunciativos y, como de antaño tiene precisado la Corte


(…) aceptado el que la naturaleza de la codificación no establece la categoría de la estipulación, ello no implica que todas las imperativas legales tengan el carácter sustancial requerido, ya que como bien lo ha referido la Corte carecen de tal connotación los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria (AC 5 ago. 2009, rad. 1999-00453-01, citado en AC7238-2015).


La ausencia de ese carácter, frente al artículo 762 id, fue objeto de pronunciamiento en CSJ AC 18 sep. 2013, rad. 2007-00091, al recordar que «la Sala en el auto de 2 de diciembre de 1997, expediente no. 6850, y en la sentencia ya citada del 30 de marzo de 2006, expediente No. 11001-3103-015-1994-23434-01, desvirtuó que tuviese la connotación de que se trata».


El defecto advertido impide el estudio del cargo, pues tal y como se dijo en AC6809-2017 rad. 2012-00093-01,


(…) cuando se invoca la causal segunda, el interesado tiene la carga de señalar cualquiera disposición «de derecho sustancial… que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada» (parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deberá señalar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resolución del caso.


Tal ha sido la línea jurisprudencial consolidada sobre la materia SC, 20 en. 1995, exp. n° 4305; AC, 4 sept. 1995, exp. n° 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n° 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n° 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n° 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la unificación de la interpretación de los mandatos que son citados como sustento de la acusación, sin convertirse en una nueva instancia a través del reexamen del caso.


Y con anterioridad en AC 18 nov. 2010, rad. Nº 2002-00007-01, se expuso que el cumplimiento de ese presupuesto es de vital importancia, porque de omitirse,


(…) ‘quedaría incompleta la acusación, «en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (cas. civ. auto de 4 de diciembre de 2009, exp. 1995-01090)».


5.- En consecuencia, al no ceñirse el embate a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio público.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por el convocado.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO







ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA