OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por el accionante para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 19 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería, en el proceso verbal de pertenencia agraria promovido por Francisco de Jesús Vieira Jaramillo, contra Sixta del Rosario Hawasly Soto; José Francisco Galván Hawasly, Lucía Katyer Galván Hawasly y María Victoria Galván Hawasly como herederos determinados de María Victoria Hawasly Soto, sus herederos indeterminados y demás personas indeterminadas.
2.1.- María Victoria Hawasly Soto se opuso y formuló como excepciones de mérito las que denominó «Falta de integración del litisconsorte necesario», «temeridad en la redacción de los hechos de la demanda», «falta de legitimación en la causa», «fraude procesal», «posesión violenta y clandestina del inmueble», «falta de congruencia sustancial entre los hechos y las pretensiones de la demanda», «impertinencia y falsedad de los hechos de la demanda», «contradicción entre los hechos de la demanda y los hechos alegados ante la Inspección de Policía para obtener la posesión irregular de la finca Villa Victoria» y «actos de mera tolerancia por parte de la propietaria inscrita del predio Villa Victoria hacia el demandante, por sostener relaciones sentimentales entre ellos» (fls. 53 - 62, ib.).
2.2.- La curadora ad litem de las personas indeterminadas manifestó atenerse a lo probado (fls. 74 – 75 ib.).
2.3.- Sixta del Rosario Hawasly Soto, se opuso y excepcionó: «indebida acumulación de pretensiones», «falta de congruencia sustancial entre los hechos y las pretensiones de la demanda» e «inepta demanda» (fls. 146 – 152 ib.).
2.4.- Acaecido el fallecimiento de María Victoria Hawasly Soto, se dispuso el emplazamiento de sus herederos José Francisco Galván Hawasly, Lucía Katyer Galván Hawasly y María Victoria Galván Hawasly, quienes comparecieron al juicio por conducto de apoderado (fls. 179 – 186, ib.).
2.5.- El curador de los herederos indeterminados de la fallecida Hawasly Soto, se pronunció sin manifestar oposición ni proponer excepciones (fls. 206 – 208 ib.).
2.6.- Lira de Lourdes Hawasly Soto, vinculada al proceso en calidad de demandada mediante auto de 18 de noviembre de 2016, no se pronunció (fls. 210 - 211, ib.)
Al efecto, señaló que a partir del dictamen pericial realizado sobre los lotes de terreno a usucapir, se concluía que el demandante solicitó la prescripción adquisitiva de dominio de un predio de 24 hectáreas más 7000 metros que no corresponde al folio inmobiliario, ni al inmueble relacionado en el libelo.
Pese a la indeterminación respecto a la totalidad de los bienes, como el predio de 33 hectáreas que hace parte de la finca Villa Victoria de matrícula 140- 13597 fue objeto de debate dentro del proceso, estudió la prescripción respecto a este bien y, de cara a los reparos formulados por el recurrente, le restó mérito demostrativo a los documentos relacionados con la querella de policía, así como a los interrogatorios de parte y a los testimonios, para deducir actos de señorío del demandante en ese predio.
Precisó que no se probó la explotación económica del bien, ni la ejecución de construcción o mejoras sobre el mismo, siendo que la usucapión presupone la posesión con ánimo de señor y dueño traducido en acciones de conocimiento público, sumadas al desconocimiento del propietario, lo cual no se evidenció en este caso.
En síntesis, no encontró reunidos los requisitos para la prosperidad de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en especial, extrañó la prueba de la detentación de los elementos del corpus y el animus en la posesión alegada por el promotor, quien no demostró acto distinto a la siembra de pasto sobre las 33 hectáreas, y tanto los testigos como las partes en sus interrogatorios dieron cuenta de que entre el actor y María Victoria Hawasly Soto existió una relación de la cual se colige que aquel tuvo acceso al predio bajo el beneplácito de su propietaria.
6.1.- Se refiere afrenta del artículo 193 del Código General del Proceso y error en la apreciación del libelo inicial, dado que se falló en contra del demandante por la confusión en que incurrieron los falladores respecto de dos bienes que tenían idéntica área, la misma propietaria e iguales colindantes, pero con matrículas inmobiliarias diferentes.
Se desconoció que la parte demandada puso en evidencia la situación cuando pidió que se vinculara al proceso a Lira de Lourdes Hawasly Soto y ella manifestó que la Finca Villa Lourdes fue vendida al señor Vieira Jaramillo en dos escrituras diferentes de las cuales una no pudo registrarse por problemas de área y es precisamente sobre ese lote que recaen las pretensiones. Así las cosas, en la sentencia se tomó un bien por otro, sin tener en cuenta el plano y las escrituras obrantes en el expediente, ni la declaración de Lira de Lourdes y su apoderado, todo lo cual le hubiera permitido al sentenciador corroborar la presencia del elemento corpus que echó de menos.
6.2.- Sin referir ningún precepto legal infringido, se afirmó error en la apreciación del dictamen pericial, porque se le dio un sentido contrario a la realidad. En esa experticia quedó establecido que la actividad económica desarrollada en el predio de 33 hectáreas por el demandante era la de ceba y levante de ganado, más no la de lechería que ejercía María Hawasly.
Ante la deficiencia en su valoración, el ad quem estimó que no se demostraron actos de posesión, cuando estos sí se acreditaron por un período superior a 12 años, e incluían la construcción de una represa compartida para los dos predios y el pastoreo de ganado, que fueron objeto de protección policiva.
6.3.- Omitiendo cualquier referencia normativa, se acusó al tribunal de inventarse una prueba, consistente en el supuesto pago del accionante a un hermano de María Victoria Hawasly en presencia de Víctor Hoyos López, a cuyo testimonio le confirió un alcance que no merecía.
6.4.- Se alega vulneración de los artículos 243, 250 y 246 del Código General del Proceso, por errada valoración de los actos administrativos emanados de la Inspección de Policía de Tierralta Córdoba y de la Alcaldía del mismo municipio, que dan cuenta del procedimiento policivo iniciado por María Victoria Hawasly Soto y que en su desarrollo se constataron las condiciones tanto del bien como de la posesión ejercida por Francisco Vieira por más de 14 años.
Pese a que esos documentos públicos no fueron cuestionados en ninguna de las instancias, el juzgador los desconoció cuando señaló que eran los jueces quienes determinaban si una persona era o no poseedora, vulnerando así las normas invocadas, en detrimento de los derechos del demandante porque en ese trámite se acopiaron probanzas que, de haber sido valoradas, habrían generado un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.
6.5.- Las normas citadas en el cargo precedente, también fueron burladas, ante el desconocimiento de mérito demostrativo del contrato de compraventa celebrado entre Francisco Vieira Jaramillo y Sixta Hawasly Soto el 27 de mayo de 1999, que era la prueba de la fecha en que se presentó la mutación de la calidad de tenedor a poseedor y del conocimiento que al respecto tuvo la demandada.
De conformidad con el numeral 2 del artículo 2523 del Código Civil, este error trascendió a la sentencia, debido a que «de haberse tenido el contrato indicado como prueba de la interversión del título y además del hecho de que la posesión fuera pacífica, quieta y pública, se hubiese llegado a una sentencia favorable al demandante».
6.6.- Se vulneró el artículo 193 del Código General del Proceso por el alcance otorgado al interrogatorio absuelto por la convocada Sixta Hawasly Soto, por cuanto del mismo lo único que se deducía es que fungía inscrita formalmente como titular del bien, pero como ella misma lo aseveró, María Victoria Hawasly era la verdadera propietaria y poseedora que un día acompañada del demandante acudió a firmar un contrato de compraventa, que aquella suscribió por orden de su hermana.
Según se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Adicionalmente, si se invoca la causal segunda, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.
4.- Ninguno de los ataques planteados por el opugnador cumple con los requerimientos técnicos exigidos para darle paso, como pasa a verse:
Como se anunció, todos se edificaron sobre la causal segunda de casación prevista en el artículo 336 del Código General del Proceso, acusando violación indirecta de la Ley sustancial, por la configuración de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la demanda y de varios medios de persuasión, sin embargo, se incurrió en una falencia de orden técnico insuperable, ante la desatención del requisito previsto en el parágrafo primero del artículo 344 del Código General del Proceso, conforme al cual «Cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».
Nótese que en los cargos enumerados segundo y tercero no se cita ninguna disposición de esa estirpe; en el primero y en el sexto se cita el artículo 193 del Código General del Proceso que refiere el mérito probatorio de la confesión por apoderado judicial; y en el cuarto y quinto se invocan los cánones 243, 250 y 246 ibídem, referidos al alcance demostrativo de los documentos. Como puede observarse, todas las normas relacionadas son de carácter instrumental y no sustancial, razón por la cual no suplen la exigencia formal en mención.
De otra parte, el artículo 2523 del Código Civil, mencionado en el cargo quinto como vulnerado por la deficiente valoración probatoria aducida, regula lo concerniente a la interrupción natural de la posesión. Dicha norma además de no ostentar naturaleza sustantiva por ser apenas descriptiva de ese fenómeno y sus efectos en cada caso, según se expuso en CSJ AC-22 ene. 1996, rad. 5775, tampoco guarda relación alguna con la controversia jurídica que enfrentó a las partes en este proceso, en la que ninguna discusión se zanjó a ese respecto.
Al carecer las disposiciones mencionadas por el censor de la calidad que constituye la esencia del ataque por la causal segunda de casación, referido a la «violación indirecta de la ley sustancial», vago quedaría cualquier esfuerzo para verificar en qué consistió la misma.
El defecto advertido impide el estudio de los cargos, pues tal y como se dijo en AC6809-2017,
(…) cuando se invoca la causal segunda, el interesado tiene la carga de señalar cualquiera disposición «de derecho sustancial… que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada» (parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deberá señalar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resolución del caso.
Tal ha sido la línea jurisprudencial consolidada sobre la materia SC, 20 en. 1995, exp. n° 4305; AC, 4 sept. 1995, exp. n° 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n° 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n° 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n° 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la unificación de la interpretación de los mandatos que son citados como sustento de la acusación, sin convertirse en una nueva instancia a través del reexamen del caso.
Y con anterioridad en AC 18 nov. 2010, rad. Nº 2002-00007-01, se expuso que el cumplimiento de ese presupuesto es de vital importancia, porque de omitirse,
(…) ‘quedaría incompleta la acusación, «en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (cas. civ. auto de 4 de diciembre de 2009, exp. 1995-01090)».
5.- En consecuencia, al no ceñirse los reseñados embates a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía al recurso extraordinario en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio público.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por el demandante.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA