OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC4591-2018
  2. Radicación n° 11001-31-03-039-2013-00168-01
  3. (Aprobado en sesión de        once de julio de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por los accionantes, frente a la sentencia de 14 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Jorge Alberto Castellanos Rodríguez y Gladys Vargas de Castellanos contra Cristian Dieter Clauss y Petra Helene Clauss Scharft, en calidad de sucesores determinados de Hans Joerg Clauss Buerke, así como sus demás herederos indeterminados, y Guillermo Báez Gómez.

  1. ANTECEDENTES


  1. Pidieron los promotores declarar que adquirieron por prescripción extraordinaria el dominio sobre la cuota del 50% de que figura como titular Hans Joerg Clauss Buerke en el local 2-23 nivel A del Centro Comercial Unicentro, con matrícula inmobiliaria 50N-335946; así como la totalidad de las mejoras existentes allí (fls. 216 al 241 cno. 1).


  1. Cristian Dieter Clauss, Petra Helene Clauss Scharft, Guillermo Báez Gómez y el curador designado a los herederos indeterminados de Hans Joerg Clauss Buerke y demás personas indeterminadas, se opusieron. Además, los tres primeros excepcionaron la falta de los requisitos legales para usucapir (fls. 249 al 260, 317 al 322 y 339 al 341, cno. 1).


  1. El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad negó las pretensiones en razón de que desde la adquisición del inmueble por los promotores y Hans Joerg Clauss Buerke la posesión fue conjunta como propietarios, al menos hasta el deceso de este el 21 de octubre de 2002. Si bien aquellos han explotado el restaurante de manera independiente y adecuaron el establecimiento luego del incendio ocurrido en el centro comercial, no fue con ánimo de excluir al condómino, ya que en las comunicaciones libradas por Jorge Alberto, Gladys y su apoderado reconocen los derechos en cabeza de sus sucesores. Por último, aún si se tuviera por ejercida la posesión desde la muerte del comunero no concurría el término requerido por la ley para adquirir el bien (fls. 482 al 486 cno 1).


  1. El superior, al desatar la apelación de los gestores, confirmó la sentencia de primer grado y para llegar a esa determinación primero delimitó los alcances de la inconformidad ya que como nada se dijo sobre la conclusión de que hasta el año 2000, cuando ocurrió la conflagración en el local, su explotación se hizo en forma conjunta entre los dueños inscritos, es a partir de ahí que procede verificar si se comenzó a poseer en forma independiente por Jorge Alberto y Gladys, con la presencia del elemento sicológico de desconocer dominio ajeno, lo que no se advierte en esta oportunidad.


En virtud del cambio legislativo en materia procesal, la valoración de las copias informales aportadas se hace conforme las reglas del Código General del Proceso como se dijo en CSJ AC2250-2016, máxime cuando una fracción de ese material lo incorporaron los apelantes sin cuestionar su contenido, con lo que operó un reconocimiento implícito del mismo dónde se reconoció dominio y posesión en otras personas. Ese es el caso de la diligencia de entrega del segmento que fue de propiedad de Gladys Vargas, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2009, a la cual concurrió Jorge Alberto Castellanos Rodríguez en calidad de representante legal de Wunderbare Ltda. para oponerse con fundamento en la posesión de dicha sociedad, propietaria a su vez del restaurante que allí funciona, con lo que quedó al descubierto el reconocimiento no desvirtuado de la posesión en otro sujeto, que no se desvanece por el hecho de que ahora acuda a título personal.


Del «contrato de honorarios» acordado entre los gestores y el «asesor en el asunto relacionado con los locales 217 y 223 de Unicentro» se extrae un reconocimiento de derechos a la familia Clauss, que se refleja en la correspondencia cruzada entre los apoderados de las partes en otro litigio y lo corrobora el testimonio del «señor Baracaldo».


En lo que respecta al 50% de las mejoras sobre el derecho de cuota de Guillermo Baez, fuera de que contradice el contenido del acta antes referida donde se dijo que el poseedor era la sociedad citada y que ella efectuó las adecuaciones, en dicha diligencia de entrega no se dejó salvedad en torno a los aditamentos del local que resultaron incluidos (fls. 10 al 12 cno. 7).


  1. Jorge Alberto Castellanos Rodríguez y Gladys Vargas de Castellanos interpusieron recurso de casación, que les fue concedido (fls. 15 y 16 cno. 7).


  1. La Corte admitió la impugnación y los interesados la sustentaron en tiempo para plantear dos cargos, ambos por la causal segunda en los siguientes términos (fls. 7 al 26):


  1. El primero denuncia la violación indirecta por aplicación indebida de los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 31, 37, 39, 77, 92, 93, 97, 109, 174, 175, 187, 194, 210, 233, 244, 246, 248, 249, 252 del Código de Procedimiento Civil; que corresponden a los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 16, 37, 42, 44, 45, 57, 50, 84, 96, 98, 100, 107, 164, 165, 176, 191, 205, 226, 236, 238, 240, 241 y 244 del Código General del Proceso; 762 «y siguientes» del Código Civil; 29 y 58 de la Constitución Nacional «y demás normas concordantes y vigentes», por error de hecho al no apreciar «pruebas documentales, testimoniales, interrogatorios, periciales, de inspección ocular aportadas y decretadas en el proceso».


Con tal omisión se dejó de tener por demostrado que los accionantes han poseído la cuota parte perseguida; que en instrumento suscrito ante notario «reconstruyeron y realizaron mejoras en el inmueble»; que nunca han suscrito contrato de arrendamiento a favor de los opositores; que asumieron la totalidad de las obligaciones fiscales y cuotas de administración; que explotan económicamente el bien en forma directa y a través de una empresa familiar; que instalaron servicios públicos sin que nadie lo impidiera y que han defendido su interés en diferentes procesos entre ellos la sucesión de Hans Clauss Buerker. Tampoco observó el ad quem que como los contradictores no concurrieron al debate ni absolvieron los interrogatorios para los que fueron citados, dieron por ciertos los hechos del libelo a manera de confesión, lo que demuestra también una falta de interés tal que incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hizo parte en varios asuntos, entre ellos éste.


Quedaron sin valorar el «desistimiento por inasistencia injustificada a la práctica de interrogatorio de parte al demandante de Jorge Alberto Castellanos Rodríguez»; la confesión ficta de Petra Helene Clauss Scharf, Christian Dieter Clauss y Guillermo Baez Gómez; las copias de escrituras 4196 de 1979, 640 y 2030 de 2004, todas de la Notaría Novena de Bogotá, las dos últimas donde constan las mejoras realizadas; la inspección judicial; constancia del Comandante de la Estación de Bomberos; copia del registro civil de defunción de Hans Joerg Clauss; comunicaciones de Unicentro entre octubre de 2000 y abril de 2009; certificados de tradición del inmueble, de existencia y representación de la sociedad Wunderbare S.A.S y de matrícula del establecimiento Wunderbare restaurante (Edelweiss); diligencias judiciales realizadas por los Juzgados Séptimo y Octavo Civiles Municipales de Bogotá por comisión del Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad; soportes de pago de servicios públicos; los testimonios de Álvaro José de Jesús Baraldo Moreno, María Esperanza Moreno Moreno, Luz María Fernández de Rodríguez, Cecilia Santos Pinillos, Adelaida Lydia (Heidi) Beil de Rettberg; fuera de los indicios graves derivados del comportamiento de la contraparte en el trámite.


  1. El segundo, por igual vía, acusa la vulneración por aplicación indebida de los artículos 762, 2535 «y siguientes» del Código Civil, «por apreciación errónea o de falta de apreciación de las pruebas solemnes», con las que se establecía la existencia de escrituras públicas de construcciones, mejoras y adecuaciones por cuenta de los promotores, el pago de los impuestos y servicios públicos.


Pasó por alto el fallador de segundo grado los recibos cubiertos de luz entre abril de 2000 y junio de 2012; gas entre septiembre de 2002 y junio de 2012; teléfono de noviembre de 2003 a mayo de 2012; predial de 1988, 1995, 2005 y 2006; valorización entre 2002 y 2006.


Fueron mal apreciados los escritos que allegaron los herederos de Hans Clauss Buerker que no desvirtuaban las actuaciones de los esposos Castellanos Vargas como amos y señores del 50% del local, sin que en ellos se reconocieran derechos a la contraparte ya que solo buscaban que concurrieran «al pago de obligaciones fiscales, para de esta manera poder los demandantes vender sus derechos sobre el local 2-23 (2-023) y el otro local 2-17 (2-017) de Unicentro», lo que no hicieron para aprovecharse luego de que ellos las asumieran y pedir constancia de obligaciones cumplidas.


Incurrió el Tribunal en error de derecho ya que esos elementos se acreditaban los presupuestos necesarios para la declaración de pertenencia, fuera de que no valoró el certificado de existencia y representación de Wunderbare S.A.S.; las ejecuciones adelantadas para el cobro de obligaciones fiscales; la aclaración de la sentencia del a quo «en donde el Juez indica que no mencionó otras pruebas, las que necesariamente afectaban la decisión a tomar»; lo narrado por los «testigos de los demandados»; las múltiples certificaciones y comunicaciones de Unicentro donde se les tiene como propietarios «del derecho del 50% del local 2-23»; la confesión ficta de los contradictores por inasistencia; la calificación de preguntas de los cuestionarios no absueltos; ni las alegaciones al sustentar la alzada.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que se aplica para todos los efectos la presente impugnación planteada el 16 de febrero de 2018, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los embates las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


Si se acude a la segunda causal de casación que contempla dicha norma, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial en cualquiera de sus dos manifestaciones, ya sea de hecho o de derecho, a más de que «no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancia» según indica el segundo inciso del literal a) del artículo 344 ibídem, debe enunciarse por lo menos un precepto material que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria o gaseosa con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero id.


Si la equivocación endilgada es de jure, es menester adicionar a lo anterior «las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas», mientras que si es de facto por indebida apreciación del libelo, su contestación o algún medio de convicción, «se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae», eso sí dejando expuesto con suficiencia en ambos casos como se produjo la vulneración ya que «el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia».


  1. En esta oportunidad los dos cargos propuestos incumplen las exigencias mínimas de técnica antes esbozadas, ya que a pesar de que en ambos se acudió al segundo motivo de impugnación por afrenta indirecta de normas sustanciales desatendieron los opugnadores la carga de invocar al menos una con esa connotación y que estuviera íntimamente ligada con el objeto de la determinación confutada, como se pasa a analizar:


  1. Si bien la denominación de los estatutos o compilaciones no determina la clase de cánones que los conforman, lo cierto es que los artículos del Código de Procedimiento Civil y sus análogos del Código General del Proceso que indican trasgredidos en la primera censura y se analizaran a la par por tratarse de un pleito en el que tuvieron incidencia ambos estatutos, son netamente instrumentales sin que alguno de ellos «incorpore obligaciones, deberes o derechos; tampoco establece[n] relaciones patrimoniales concretas» (CSJ AC6492-2016).


Basta con observar que del 1° al 4° del estatuto procesal civil contienen disposiciones generales que se refieren a la gratuidad de la justicia, la iniciación e impulso de los pleitos, la doble instancia como regla salvo excepción legal y la interpretación de las normas procesales, que fueron replicados en su orden en los artículos 10, 8, 9 y 11 del Código General del Proceso sin modificaciones relevantes, por lo que corresponden a principios a tener en cuenta en toda tramitación.


Los artículos 7, 8, 11, 12, 13, 31, 37 y 39 del Código de Procedimiento Civil, contenidos en el libro primero sobre los sujetos del proceso son descriptivos, al fijar quiénes ejercen la administración de justicia en el ramo civil, la naturaleza de los cargos como auxiliares de la justicia, las sanciones imponibles a estos, los negocios que corresponden a la jurisdicción civil, la improrrogabilidad de la competencia, la forma de desempeñar la comisión, los deberes del juez y sus poderes disciplinarios. Patrones que no difieren de lo que indican los artículos 16, 37, 42, 44 y 50 del Código General del Proceso.


En lo que respecta a los artículos 77, 92, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, delimitan el objeto de la disputa al contemplar qué anexos deben acompañarse al libelo, las exigencias de la contestación, la oportunidad del allanamiento y la formulación de excepciones previas, mientras que el 109 ibídem corresponde a formalidades de las audiencias y diligencias, esto es, meros aspectos comportamentales a tener en cuenta por los intervinientes y los falladores, que mantienen su esencia en los artículos 84, 96, 98, 100 y 107 del Código General del Proceso.


Concerniente a los artículos 174, 175, 187, 194, 210, 233, 244, 246, 248, 249 y 252 del Código de Procedimiento Civil, son de linaje demostrativo ya que en ellos se desarrollan los aspectos generales y particulares en el recaudo de las pruebas, más concretamente sobre su necesidad en el sustento de las determinaciones judiciales, qué las constituyen, su apreciación conjunta, cómo se configuran la confesión judicial, la presunción de confesión ficta, la peritación, la procedencia de inspección y su práctica, los requisitos de los indicios, la conducta de las partes como constitutiva de estos y la calidad de documento auténtico. Dicha connotación se conserva al hacer el parangón con los artículos 164, 165, 176, 205, 226, 236, 238, 240, 241 y 244 del Código General del Proceso.


Ya en lo que toca con los artículos 13, 45, 57 y 191 del Código General del Proceso que se citaron en adición, tienen las mismas características de los anteriores preceptos instrumentales que los alejan de la trascendencia material dada por los recurrentes, ya que en su orden se refieren a un principio abstracto como el de la observancia de las normas adjetivas, la regulación de los intervinientes en las contiendas al indicar la forma de ejercer las funciones el Ministerio Público, así como el alcance de la agencia oficiosa procesal, y un matiz probatorio el último donde se fijan los requisitos de la confesión.


Respecto de los inconvenientes advertidos en las precitadas estipulaciones, en CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026, cuyo contenido mantiene peso aún con la expedición del actual estatuto procesal, se recordó que


[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, “una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01).


Sobre la mayoría de esas normas ya tuvo la oportunidad de pronunciarse la Sala para resaltar que no tienen la categoría extrañada, a pesar de que así se haya insinuado en varias ocasiones.


Es así como en CSJ AC5403-2015 se dijo que


(…) las disposiciones 2; 3; 7; 304; 305 incisos 1 y 4; y 396 del Código de Procedimiento Civil son de naturaleza procesal, pues reglamentan, en su orden, la iniciación e impulso de los procesos; las instancias; quiénes ejercen la administración de justicia en el ramo civil; el contenido de la sentencia; la congruencia del fallo; y los asuntos que se ventilarán y decidirán por la senda del trámite ordinario.


c) Los artículos 4; 6; 42 numerales 3, 4 y 5; 43; 62; 72; 74 numerales 1, 2 y 3; 79; y 80 del C. de P. C., aluden a: la interpretación, y observancia de las normas procesales; impedimentos; funciones del Ministerio Público; irreversibilidad del proceso para intervinientes y sucesores procesales; responsabilidad patrimonial de las partes; temeridad o mala fe; imposibilidad de acompañar la prueba de la calidad en que se cita al demandado; y sanciones en caso de falso juramento. Así las cosas, ninguna de ellas ostenta la naturaleza de sustancial (se resalta).


Por su parte en CSJ AC6990-2015 aparece que «los artículos 2, 4, 5, 6, 37, 71, 101, 115, 118, 174 a 187, 216, 217, 218, 226, 227, 228, 248 a 250, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil no son normas sustanciales» y en igual sentido se resaltó en CSJ AC 15 dic. 2011, rad. 2007-00653-01, cuando se invocaron «los artículos 77 (anexos de la demanda), 175 (medios de prueba), y 187 (apreciación de las evidencias) del Código de Procedimiento Civil, 1494 (fuentes de las obligaciones), 1495 (definición de contrato) y 1602 (pacta sunt servanda) del Código Civil, normas que carecen de tal linaje, tal como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Sala» (negrita adrede).


A su vez en CSJ AC023-1998, rad. 6912, figura que «el casacionista denuncia como violados “los artículos 75, 92, 248 a 250, inclusive del C. P. C.”, normas que no tienen el carácter requerido por la ley, ya que son de índole adjetivo, como que en su orden regulan los siguientes aspectos: formalidades de la demanda, contenido de la contestación de la demanda y la prueba indiciaria», lo que se igualmente se deduce de los artículos 109 y 210 de dicha compilación en CSJ AC091-1995, rad. 5363.


En CSJ AC221-1998, rad. 7251, consta como


(…) se acusa la sentencia del Tribunal de ser “violatoria indirecta de normas sustanciales por error de hecho, al dejar de valorar pruebas ...” pero solo se citan como normas infringidas los artículos 93, 175, 187, y 195 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones estas contenidas en preceptos instrumentales, adjetivos o rituales, en cuanto tales caracterizados por ser extraños a la jerarquía de los que son genuinamente sustanciales, y de contera ineptos por sí solos para alcanzar los fines infirmatorios que una acusación como la que se comenta puede perseguir. Dicho en otras palabras, si la transgresión que se invoca versa tan solo sobre normas rituales que de suyo, por su propia índole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribución decisioria por los límites precisos que trace la censura en casación -pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideración crítica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, pág. 244, y CXXX, pág. 165)-, pónese así de manifiesto la falta de idoneidad del escrito bajo estudio en el aparte de marras y la pérdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un trámite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo tercero concierne, tendrá que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio.


Y en CSJ AC6229-2017 se desestimó un ataque porque


(…) la impugnante se aparta de una de las exigencias aludidas precedentemente, y concierne con el olvido en señalar las normas sustanciales violadas. Sólo aludió a disposiciones insertas en el Código de Procedimiento Civil cuyo contenido no responde a la naturaleza de reglas jurídicas materiales.


Refirió a los siguientes artículos: 368, que consagra las causales de casación; 174, alusivo a la necesidad de fundar las decisiones judiciales en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; 187, referente a la valoración conjunta de los elementos de juicio; 194, a la confesión, su definición y clases; y, 198, que trata sobre el valor de la confesión y las personas autorizadas para realizarla.


Igual infortunio aconteció en CSJ AC7520-2017; AC235-2000, rad. 1997-0517; AC285-1996, rad. 6228; y AC6421-2015 donde se citaron los artículos 233, 244, 246 y 252 ejusdem.


Todo lo cual se predica frente a los artículos 8, 11, 42, 164 y 176 del Código General del Proceso en CSJ AC194-2018, AC7530-2016, AC6288-2017, AC5335-2017 y AC7581-2017 respectivamente.


Aún de presentarse falencias en la tramitación que comprometieran tales normas citadas en bloque, el quedar ausentes de una sola o varias con alcance sustancial relevante en la litis conllevaría a dar por sentado que no se dan los supuestos de infracción de estas últimas, que constituyen la esencia de la vía escogida, ya que como de antaño dejó dicho la Corte en CSJ AC126-2002, rad. 1965-01,


(…) aun en la hipótesis de que en la labor apreciativa del acervo probatorio el tribunal las hubiese vulnerado, ese quebranto devendría intrascendente en la medida en que las normas sustanciales que gobiernan la situación concreta debatida habrán de considerarse correctamente aplicadas por el fallador, desde luego que al no haberse dolido el censor de la violación de ellas, huérfana de cualquier ataque por ese concepto, la sentencia en el punto viene intocable


  1. Los artículos del Código Civil, únicos en los que se apuntala el último cargo, aunque uno de ellos también se enuncia en el otro ataque, tampoco cumplen el cometido extrañado.


El 762 es meramente definitorio del fenómeno de la posesión, por lo que no encaja dentro de la categoría sustancial requerida y así consta en CSJ AC2194-2016 donde se recordó que


[l]os artículos 762 y 2518 del Código Civil, que se dicen vulnerados tanto directa como indirectamente, se refieren a la definición de la posesión y la descripción de las cosas susceptibles de usucapir; el 764 y el 768 ibidem, incluidos en la censura inicial, tratan de las «clases de posesión» y el concepto de buena fe posesoria; mientras que el 2522 id, referido en la última, se limita a puntualizar el concepto de «posesión no interrumpida».


Quiere decir que todos ellos carecen del alcance sustancial que se les adjudica, pues, son meramente descriptivos o enunciativos y, como de antaño tiene precisado la Corte


(…) aceptado el que la naturaleza de la codificación no establece la categoría de la estipulación, ello no implica que todas las imperativas legales tengan el carácter sustancial requerido, ya que como bien lo ha referido la Corte carecen de tal connotación los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria (AC 5 ago. 2009, rad. 1999-00453-01, citado en AC7238-2015).


La ausencia de ese carácter, frente al artículo 762 id, fue objeto de pronunciamiento en CSJ AC 18 sep. 2013, rad. 2007-00091, al recordar que «la Sala en el auto de 2 de diciembre de 1997, expediente no. 6850, y en la sentencia ya citada del 30 de marzo de 2006, expediente No. 11001-3103-015-1994-23434-01, desvirtuó que tuviese la connotación de que se trata».


En cuanto al 2535, cuyo contenido corresponde a que la «prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones (…) Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible», no es aplicable al presente caso que se direccionó conforme a las pretensiones de prescripción adquisitiva formuladas y en el que la defensa de los opositores fue la ausencia de requisitos para usucapir, que no encontraron establecidos los falladores de instancia, lo que lo torna contradictorio con el tema, máxime cuando no se presentaron reconvenciones que le hubieran dado cabida en gracia de discusión.


  1. En relación con los artículos 29 y 58 de la Constitución Nacional, a pesar de tratarse de disposiciones de rango superior enfocadas a brindar protección al debido proceso, la propiedad privada y los derechos adquiridos, contienen garantías macro a ser desarrolladas dentro de un marco que los efectivice y por sí solos son insuficientes para estructurar censuras por vulneración de normas sustanciales.


Vale memorar lo que sobre el particular se dijo del artículo 29 ibídem en CSJ AC1933-2015 en el sentido de que


(…) contiene un principio general del derecho como es el del debido proceso, que para su cumplimiento precisa de una regulación especial por materias, por lo que cualquier afectación al mismo debe estar dirigida al caso específico y citando el articulado que lo desarrolle en ese punto.


En AC4918-2014, se recordó que “La Corporación en AC de 10 de septiembre de 2012, rad. 2009-00140-01, resaltó como (…) los artículos 29 y 230 de la Constitución Nacional, se refieren al debido proceso y el sometimiento al imperio de la ley en las providencias por parte de los jueces, respectivamente, esto es, principios de carácter general que no encajan dentro del concepto de que "una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas" (G.J. CLI, pág.254). Por su parte en AC de 13 de diciembre de 2011, rad. 2008-00146, se recordó que (…) cuando se denuncia el quebrantamiento directo de normas constitucionales, en sede de casación, debe precisarse el precepto legal que las desarrolla, porque si bien es “indiscutible que los preceptos que integran la Constitución Política y que consagran derechos, como es el caso de aquellos que establecen las garantías fundamentales, ostentan naturaleza sustancial, en tanto que de su desarrollo práctico pueden surgir, alterarse o terminar situaciones jurídicas específicas (...) ello no significa que esa condición de sustanciales de las normas constitucionales, sea suficiente para considerar que su invocación en un cargo aducido en casación, conduzca indefectiblemente a colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, ellas están llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que directamente se ocupen de la problemática decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir, son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente” (auto de 5 de agosto de 2009, Exp. 2004-00359-01)', denuncia que en este caso fue omitida por el censor y que conduce inexorablemente al fracaso del cargo”.


Lo que igualmente se pregonó del 58 ejusdem en CSJ AC8616-2016, pues


[a]unque la constitución es norma de normas y por ello aplicable en forma directa a los casos concretos, en algunas circunstancias los preceptos constitucionales no son idóneos para apalancar , por sí solos, el motivo de inicial de la casación, como ocurre con los artículos 58 y 230 citados, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jurídicas concretas y, por ende, es la que, en línea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario.


  1. A pesar de que las debilidades advertidas son suficientes para truncar el paso a los embates, también tiene relevancia la omisión de citar como quebrantados los artículos 407 del Código de Procedimiento Civil, con la reforma introducida por el numeral 210 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, y 375 del Código General del Proceso, que constituyen las normas sustanciales rectoras de la acción de pertenencia tanto para la época en que se incoó el libelo como para la fecha en que se profirió la sentencia del ad quem.


Como entre las directrices instituidas en dichos preceptos para esa clase de asuntos en el numeral 1 de ambos aparece, con idéntica redacción, que la «declaración de pertenencia podrá ser pedida por todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por prescripción», al tratar de socavar la determinación denegatoria se requiere evidenciar cómo se desatendió esa regla esencial, pues su omisión no dejaría dudas de que fue tomada acorde con la situación factual existente, según se anotó en CSJ AC2443-2018 al prever que


[t]ratándose de una pretensión de pertenencia que fracasó era imperante la referencia al artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 210 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, puesto que es el precepto que confiere la facultad de formular tal exigencia, cuya desatención constituiría la lesión primordial al poseedor vencido. Como el recurrente dejó de citarlo, quiere decir que acoge la conclusión del Tribunal en el sentido de que no se cumplían los requisitos de procedencia de la acción.


  1. Al no ceñirse las acusaciones a las formalidades de rigor, es inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio público.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por los accionantes para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 14 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de Jorge Alberto Castellanos Rodríguez y Gladys Vargas de Castellanos contra Cristian Dieter Clauss y Petra Helene Clauss Scharft, en calidad de sucesores determinados de Hans Joerg Clauss Buerke, así como sus demás herederos indeterminados, y Guillermo Báez Gómez


Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO






ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA