OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente



  1. AC4592-2018
  2. Radicación n° 11001-31-03-030-2012-00199-01
  3. (Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el accionante, frente a la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual de Jhon Grover Roa Sarmiento contra Conavi (hoy Bancolombia S.A.).

  1. ANTECEDENTES


  1. El promotor pidió declarar que su contraparte es civilmente responsable por no formalizar un contrato de venta del predio Villa Chela, conforme a la promesa firmada el 14 de abril de 2005, por lo que debe indemnizarle los perjuicios estimados en $1.158’639.957, 77.


En sustento narró que en la data antes referida suscribió con Conavi la orden de compra N° 200985 respecto del inmueble, por un valor de $45’000.000, con el compromiso de firmar promesa y escritura los siguientes 22 y 25 de los mismos mes y año, fechas que se postergaron para el 26 de abril y 8 de junio de 2005, respectivamente.


En 2005 cubrió las sumas de $1’000.000 el 14 de marzo, $4’000.000 el 9 de abril, $9’000.000 el 22 siguiente y $8’000.000 el 12 de mayo, pero la entidad no se allanó a firmar los documentos para formalizar el «precontrato».


A pesar de que lo negociado fue un lote sin edificaciones, la vendedora pretendía que se incluyera en los instrumentos que el terreno contaba con una «casa de habitación, piscina, kiosco y otras obras», en desacuerdo de lo pactado y que hacían más gravosa la situación del bien, discordancia que llevó a la enajenante a negarse a otorgarlos, con lo que le ocasionó perjuicios ya que había invertido altas sumas en estudios técnicos con fines urbanísticos (fls. 146 al 158).


  1. La convocada se opuso y excepcionó «ausencia de cualquier tipo de responsabilidad contractual de Bancolombia S.A.», «ausencia de cualquier tipo de responsabilidad extracontractual de Bancolombia S.A.», «existencia de causales de exoneración de responsabilidad – culpa exclusiva de la víctima», «inexistencia de los elementos para que proceda la declaratoria de responsabilidad civil», «ausencia de daño ocasionado por la supuesta conducta de Conavi hoy Bancolombia S.A. – Daño incierto», «inexistencia de conducta ejecutada por Conavi que le haya causado un daño al demandante» y «ausencia de nexo causal». Además objetó el juramento estimatorio y pidió dar aplicación al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010 (fls. 219 al 247).


  1. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que negó las pretensiones, luego de precisar que de la interpretación del libelo lo buscado era la «declaratoria de responsabilidad precontractual», ya que los involucrados no llegaron siquiera a perfeccionar la promesa de compraventa, sin que se demostrara que la opositora actuó de mala fe en las negociaciones previas, fuera de que quien desistió del acuerdo fue el gestor (fls. 495 al 511 cno. 1).


  1. Apeló Jhon Grover Roa Sarmiento para insistir en que existió un negocio jurídico entre las partes y el incumplimiento de la contradictora impidió perfeccionarlo, por lo que debe responder por los perjuicios ocasionados en virtud de la «responsabilidad contractual delegada y asumida por efectos de la absorción» de Conavi por Bancolombia, que fue posterior a los hechos, con la precisión de que en el caso la etapa precontractual quedó superada «al momento de determinarse el bien inmueble, de entregarse de manera física al comprador, el de fijar un precio de venta y el de recibir las sumas de dinero pactadas, por lo que dentro de dichas consideraciones se cometió un yerro de análisis jurídico-procesal» (fls. 512 al 529).


  1. El superior confirmó la determinación al advertir que es indiscutible que entre las partes existieron tratos preliminares para la adquisición de la finca Villa Chela ubicada en el municipio de Agua de Dios, por un precio de $45’000.000 y de los cuales Roa Sarmiento abonó $22’000.000, que no se perfeccionó y así lo admitió el accionante, por lo que era inviable que la responsabilidad endilgada a la entidad bancaria fuera contractual, como lo concluyó con acierto la juez de primera instancia.


Eso no impide el reclamo de la indemnización por los perjuicios ocasionados en la etapa de acercamiento, bien sea por la vía de la responsabilidad aquiliana o con fundamento en lo que la doctrina ha clasificado como responsabilidad precontractual, cuando se obra en contravía del principio de buena fe, con el fin de dejar a la víctima en la situación que tendría si no hubiera iniciado las tratativas.


En este pleito se busca el reembolso de los dineros invertidos en el estudio y publicidad del proyecto inmobiliario a levantar en el lote negociado, así como la utilidad dejada de recibir por tal desarrollo urbanístico, que difieren de la expectativa frustrada de quién depósito la confianza en su contraparte para no ver fracasada la negociación, sino que se enfocan en la ejecución del pretendido contrato de compraventa del predio donde estaría localizada la Urbanización, pero como éste se dejó de ajustar queda por fuera de esa órbita y su responsabilidad estaría encausada por los deberes de conducta que impone el principio de buena fe negocial, que el a quo no encontró desatendido, especialmente en lo que refiere al deber de información y que tampoco fue cuestionado en esta instancia por el censor.


Aún frente a la persistencia en que la contradictora desatendió el compromiso de actualizar o corregir las especificaciones del inmueble ofrecido en venta, lo que ameritaba reparación, eso carece de respaldo ya que ningún esfuerzo se hizo para revelar que las características del bien por el que ofertó no coincidían con el que se concretaría la escrituración y el único testimonio nada dice sobre el particular, mientras que las experticias se ciñeron a describir el fundo y la documental no arroja que el bien tuviera unas particularidades que motivaran el interés. Por el contrario, en el folio de matrícula constaba que el predio en realidad era una casa lote con un área de 18.564 m² y no un lote sin construcciones, quedando sin soporte que el Banco lo hubiera descrito así y en el vacío las súplicas indemnizatorias.


Por último, se observa que en primera instancia ante el fracaso de las aspiraciones no se pronunció sobre la devolución de los $22’000.000 consignados en el expediente y su respectiva indexación, lo que tampoco pidió complementar el demandante ni fue tema de reparo al delimitar los alcances de la alzada, por lo que ese argumento en los alegatos de segunda instancia es nuevo y no amerita pronunciamiento (fls. 8 al 11 cno. 3).


  1. El promotor interpuso recurso de casación, que le fue concedido (fls. 15 al 17 cno. 3).


  1. La Corte admitió la impugnación y el interesado la sustentó en tiempo al formular dos cargos en los siguientes términos (fls. 3 al 79):


  1. El primero, con fundamento en el numeral 2 del artículo 336 del Código General del Proceso, acusa la incursión en error de hecho ya que al infringir «la estructura sustancial del proceso, rompió la unidad jurídica y conceptual y la relación de causalidad entre la demanda y su contestación, las pretensiones y las excepciones, existiendo disonancia y falta de conformidad entre lo pedido y lo fallado», por lo que el ataque «se dirige a desvirtuar la apreciación probatoria del juzgador de segunda instancia, respecto de los medios de convicción que, en su criterio, demostraban la falta de negocio jurídico, y por consiguiente falta de indemnización de perjuicios a favor del demandante, por la inversión ejecutada sobre el predio», cuando está plenamente demostrado que entre las partes se dio un precontrato que se convirtió en un «contrato, sin el lleno de los requisitos formales, toda vez, que lo único que faltaba era formalizar la venta mediante la escritura pública que debía suscribirse».


  1. El segundo, con base en el numeral 3 del artículo 336 ibídem, denuncia la falta de consonancia del fallo con lo narrado en el libelo y las pretensiones, porque no se apreciaron «los hechos jurídicos y notorios en los que incurrió la demandada en abuso del derecho con daño para el demandante, y luego de aludir al artículo 5o (sic) de la Ley 153 de 1887, el artículo 830, el artículo 846, el artículo 861 y el artículo 864 del Código del Comercio», ni los reparos de la alzada, fuera de los «errores de hecho evidentes y trascendentes» al no tener en cuenta la orden de compra N° 200985 de 14 de abril de 2005, para desconocer lo reglado en los artículos 1494, 1849, 1851, 1857, 1858, 1864 y 1880 del Código Civil, y 846 y 864 del Código de Comercio, fuera de que nada se ha dicho en relación con la devolución de los $22’000.000 cancelados como parte del precio y su indexación.


Resultaron deficientemente apreciados el certificado de tradición del inmueble y la consignación por $31’088.282 que hizo Bancolombia, que no ha merecido pronunciamiento suyo. Así mismo fueron inadvertidos el avalúo comercial de la firma Castillo Medina; las fotos del inmueble que lo acompañaban; comunicación de Corpavi de 31 de marzo de 2005 que aprobaba el desarrollo del proyecto; cartas enviadas a Conavi el 24 de octubre de 2005 y 26 de mayo de 2006; cuentas de cobro del Arquitecto Daniel Ramírez Díaz de 6 de mayo, 6 de junio y 25 de julio de 2005; contrato suscrito con aquel en la primer calenda; cuentas de cobro por pendones; planos de la urbanización proyectada; publicidad; tabulación de encuesta; cuenta de cobro de Servicio de Bienes Raíces; loteo del Conjunto Residencial “El Oaisis”, facturas de vigilancia entre abril de 2005 y marzo de 2006; fallo del Juzgado 40 Civil Municipal de julio de 2010 en proceso de pago por consignación y las experticias de Martha Lucía Abril Latriglia y María Graciela Castro Sanclemente.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 7 de marzo de 2018, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


Cuando se acude a la segunda causal de casación que contempla dicha norma, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial en cualquiera de sus dos manifestaciones, ya sea de hecho o de derecho, a más de que «no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancia» según indica el segundo inciso del literal a) del artículo 344 ibídem, debe enunciarse por lo menos un precepto material que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria o gaseosa con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero id.


Si la equivocación endilgada es de jure, es menester adicionar a lo anterior «las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas», mientras que si es de facto por indebida apreciación del libelo, su contestación o algún medio de convicción, «se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae», eso sí dejando expuesto con suficiencia en ambos casos como se produjo la vulneración ya que «el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia».


Tratándose del numeral tercero del citado artículo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteración de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, así como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisión reconocibles forzosamente por el juzgador. De ahí que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisión tomada, pero sin que se desvíe en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal.


Como figura en CSJ AC003-2018,


[e]l principio de congruencia, contemplado en los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso, ciertamente, limita el campo de acción de la jurisdicción del Estado, en la proporción asignada a cada juez en particular, a los hechos (causa petendi) y a los objetos jurídicos (petitum) propuestos por las partes en las oportunidades contempladas en ese mismo ordenamiento y a las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley.


Lo anterior, sin perjuicio de las facultades extra y ultra petita, conferidas en asuntos de familia y en procesos agrarios, al igual que de la posibilidad de hacer actuar el principio inquisitivo cuando lo autoriza el legislador.


2.3.1. La incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretación. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicación 00187, y de 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros).


Se trata, como se observa, de yerros de naturaleza distinta, cada una con gobierno propio en casación. Así, “[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos (…) de la demanda”, en el artículo 336, numeral 3º del Código General del Proceso; y el “error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda”, en el numeral 2º, ibídem; cuestión esta última denunciable por la causal consistente en errores facti in iudicando, mas no, por errores in procedendo.


2.3.2. La incongruencia objetiva (tocante con el petitum), predicable de los fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, también en sentir de esta Corporación, “peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita)” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 25 de abril de 2005, expediente 014115, de 17 de junio de 2011, radicación 00591, y de 21 de junio de 2016, expediente 00043, entre otras.).. En tal caso, todo se reduciría a ajustar los defectos o a eliminar los excesos.


Si nada de lo anterior se procura, los problemas de construcción de la sentencia, no son de procedimiento, esto es, de las decisiones, en sí mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijación del contenido y alcance de los mismos hechos controvertido (errores facti in iudicando).


Como regla este motivo no procede frente a una determinación completamente adversa al promotor por cuanto un resultado así abarca en su integridad el tema en disputa, salvo que sea el producto de un desvío garrafal de la senda claramente esbozada por las partes o que provenga del reconocimiento oficioso de medios de defensa reservados para la contraparte.


En ese sentido, aún en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero con incidencia en la actual regulación adjetiva por mantener su esencia el tema, en AC4125-2015 memoró la Corporación que


[c]omo el presupuesto de procedencia radica en una marcada disconformidad entre lo que decide el sentenciador con el objeto del pleito esbozado por los litigantes, no podría hablarse de incongruencia si la resolución es íntegramente desestimatoria y por ende comprende todos los puntos materia de reconocimiento.


Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala admite que, excepcionalmente, se invoque dicho motivo frente a ese tipo de determinaciones, de materializarse una desviación grosera de los aspectos fácticos como producto del capricho del fallador o, si de oficio, se tiene por establecida alguna de las excepciones cuya formulación está restringida al contradictor, como son la prescripción, la nulidad relativa y la compensación, al tenor del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.


  1. En esta oportunidad ninguno de los dos cargos propuestos cumple con las exigencias mínimas de técnica antes esbozadas, por estas razones:


  1. El inicial, que se anuncia como configuración de la causal segunda, pasa por alto que la equivocación endilgada debe conllevar la «violación indirecta de la ley sustancial» y guarda completo silencio sobre los preceptos que fueron objeto de afrenta, para discurrir el desarrollo en generalidades que constituyen mera inconformidad con la forma como terminó el pleito.


Tal desatención trunca cualquier intento de dilucidar el alcance del embate por yerros de facto, puesto que la precisión de algún precepto material intrínseco a la disputa es un requisito inexcusable en su estructuración, que de faltar solo permite deducir que fueron tomados en cuenta los que efectivamente regían el caso y ninguna transgresión se les ocasionó.


Así se precisó en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal pero que tiene relevancia en la actualidad por no haber sufrido modificaciones en lo pertinente en el Código General del Proceso, donde


(…) el impugnante desatendió el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisión mediante simples elucubraciones la equivocación «in iudicando», que depende precisamente de la «violación de norma de derecho sustancial» de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta.


(…)


La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacción con el desempeño del juzgador en su ejercicio de selección del marco normativo y los alcances dados al mismo, así como una adecuada estructuración de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al régimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qué consistió el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta.


Incluso si se le diera el alcance de invocación de preceptos al separado de comparación entre los dos fallos de instancia, donde se indica en forma genérica y descontextualizada que «se violentaron, entre otros, los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29), prevalencia del derecho sustancial (art. 228), acceso material (y no meramente formal) a la administración de justicia (art. 229) y los valores a la equidad, a la justicia y al orden justo que predica la Constitución en su preámbulo» (fls. 44 y 45), lo cierto es que sin desconocer el carácter superior de la compilación que los contiene y su trascendencia, éstos en particular corresponden a principios generales insuficientes para estructurar el cuestionamiento ya que no se despliega en qué consistió concretamente la afrenta a los mismos.


Respecto de todos ellos en AC5613-2016 se anotó que


[e]n cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1°, 4°, 5°, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporación de tiempo atrás ha admitido que los cánones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casación, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad, característica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situación jurídica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relación (se resalta).


  1. La segunda censura por incongruencia se propone contra una sentencia confirmatoria de la que en primera instancia negó todas las pretensiones, porque no se encontraron dados los requisitos necesarios para establecer una responsabilidad contractual ni se demostró la mala fe de la opositora como constitutiva de reparación por el incumplimiento de los deberes precontractuales, de ahí que en principio no era susceptible de atacar por el sendero indicado.


Si bien se alude a un error en la interpretación del libelo y sus alegatos, lo cierto es que se prescinde de escudriñar en qué consiste la deformación de su contenido en el pronunciamiento confutado, para discutir la forma como fueron sopesados los medios de convicción y apoyarse en una clara disconformidad con la hermenéutica dada a las normas aplicables, lo que se aleja de un vicio de procedimiento y lo difumina para entremezclar en su exposición aspectos de las causales primera y segunda.


La formulación en últimas no revela algún vicio de actividad por desfiguración, que ni siquiera es palpable a simple vista ya que el estudio del caso se comenzó desde la órbita contractual propuesta, solo que de los elementos demostrativos y las manifestaciones de ambas partes se extraña la presencia de un vínculo cierto y determinado que le dé paso a las aspiraciones indemnizatorias, que de todas formas se analizaron desde otra óptica que igualmente resultó frustrada.


Al respecto el ad quem estimó que


(…) es un hecho indiscutido que entre las partes existieron tratos preliminares para la adquisición de la finca Villa Chela ubicada en el municipio de Agua de Dios, por la que se concretó un precio de $45’000.000 pagadero en varios contados y de los cuales el señor Roa Sarmiento alcanzó a abonar $22’000.000. Tampoco hay controversia en torno a que el contrato que llevaría a perfeccionar ese acuerdo no llegó a buen término, pues la escritura para protocolizar la venta del inmueble, tal como lo manda el artículo 12 del decreto 1260 de 1970, nunca se suscribió por los contendientes. De ello es consciente el demandante quien afirmó en él escrito introductor que han transcurrido más de 5 años sin que la entidad se hubiere allanado a cumplir en debida forma la aceptación de la oferta, recalcando que la accionada se ha negado a corregir la minuta de venta, sustrayéndose de su deber de formalizar la venta. Y aunque ahora sustenta la impugnación en que sí existió negocio jurídico, contradictoriamente continúa alegando que el precontrato se configuró en un contrato pero sin el lleno de los requisitos formales y a la vez sostiene que la pasiva impidió su perfeccionamiento al igual que la venta no se formalizó por culpa de la entidad financiera. No era posible entonces entender que la responsabilidad endilgada a la entidad bancaria derivaba de una relación contractual en sentido estricto, tal como lo concluyó con acierto la juez de primera instancia pues debido a la solemnidad que aparejaba la venta del bien raíz la convención que planeaban ajustar los contendientes no producía efectos hasta elevar la escritura pública. Pero lo anterior no comporta que el actor quedará sin posibilidad de reclamar la indemnización por los posibles perjuicios sufridos en esa etapa que precedía al perfeccionamiento del convenio, bien sea por la vía de la responsabilidad aquiliana o con fundamento en lo que la doctrina ha clasificado como responsabilidad precontractual, puesto que el daño así ocasionado con miramiento al principio de reparación integral de la víctima apareja su indemnidad.


Esa sola delimitación contiene los aspectos que puso en consideración el gestor, para analizarlos no solo desde la visión que éste ofreció sino que ante el fracaso de sus postulados se extiende a otros aspectos que podrían favorecerlo sin extraviar las expectativas de reparación que lo motivaron, de ahí que su insistencia no es por desatención de los falladores de instancia a la médula del pleito sino en virtud de sus íntimas convicciones que le impiden compartir las determinaciones tomadas.


En relación con este motivo en AC2441-2018 se indicó que «la referida causal no es idónea para rebatir un fallo completamente denegatorio de las aspiraciones, como ocurre en el asunto en estudio, dado que en esas condiciones no existe contravención al principio de congruencia, sino un desacuerdo con la decisión desfavorable al recurrente extraordinario».


Igual aconteció en AC7581-2017 donde se desestimó de entrada ya que


(…) no es posible deducir, con el rigor requerido, de qué manera se configuró la irregularidad denunciada, por cuanto los opugnantes no explicitaron, con las transcripciones pertinentes y en su cabal extensión, lo resuelto en primera instancia, lo pedido en el escrito de apelación y la decisión concreta del Tribunal, en pos de establecer a partir del contraste objetivo de esas actuaciones procesales, si evidentemente se materializó la distorsión que autorice plantear exitosamente la incongruencia.


Todo quedó, en últimas, en el incomprobado alegato sobre la posible configuración de un vicio de actividad por parte del ad-quem, máxime si se considera que los demás argumentos que se acompañan para procurar la fundamentación del cargo, consisten en citaciones generales de providencias de la Corte, y de jurisprudencia y doctrina foránea.


Y en AC219-2017, donde se formuló una censura con mixtura semejante a la que ahora se advierte, se recordó que


(…) tratándose de este motivo de casación, es requisito que la desarmonía planteada no sea producto del entendimiento que el sentenciador haya dado a la demanda, a su contestación o a los medios de convicción, pues en tales supuestos el motivo de casación aplicable es el primero.


Así lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación al manifestar que, “al momento de formular un ataque por esta causal, no puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales sólo podrían tener acogida bajo la causal primera, de suerte que ‘si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casación, ya que de existir el yerro, éste sería de juicio y no de procedimiento’ (CCXLIX, Vol. II, 1468)” (CSJ SC. Sentencia de 19 de enero de 2005, radicación n. 7854).


  1. Al no ceñirse las acusaciones a las formalidades de rigor, es inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio público.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada por Jhon Grover Roa Sarmiento para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que adelantó contra Conavi (hoy Bancolombia S.A.).


Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA