OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el accionante, frente a la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual de Jhon Grover Roa Sarmiento contra Conavi (hoy Bancolombia S.A.).
En sustento narró que en la data antes referida suscribió con Conavi la orden de compra N° 200985 respecto del inmueble, por un valor de $45’000.000, con el compromiso de firmar promesa y escritura los siguientes 22 y 25 de los mismos mes y año, fechas que se postergaron para el 26 de abril y 8 de junio de 2005, respectivamente.
En 2005 cubrió las sumas de $1’000.000 el 14 de marzo, $4’000.000 el 9 de abril, $9’000.000 el 22 siguiente y $8’000.000 el 12 de mayo, pero la entidad no se allanó a firmar los documentos para formalizar el «precontrato».
A pesar de que lo negociado fue un lote sin edificaciones, la vendedora pretendía que se incluyera en los instrumentos que el terreno contaba con una «casa de habitación, piscina, kiosco y otras obras», en desacuerdo de lo pactado y que hacían más gravosa la situación del bien, discordancia que llevó a la enajenante a negarse a otorgarlos, con lo que le ocasionó perjuicios ya que había invertido altas sumas en estudios técnicos con fines urbanísticos (fls. 146 al 158).
Eso no impide el reclamo de la indemnización por los perjuicios ocasionados en la etapa de acercamiento, bien sea por la vía de la responsabilidad aquiliana o con fundamento en lo que la doctrina ha clasificado como responsabilidad precontractual, cuando se obra en contravía del principio de buena fe, con el fin de dejar a la víctima en la situación que tendría si no hubiera iniciado las tratativas.
En este pleito se busca el reembolso de los dineros invertidos en el estudio y publicidad del proyecto inmobiliario a levantar en el lote negociado, así como la utilidad dejada de recibir por tal desarrollo urbanístico, que difieren de la expectativa frustrada de quién depósito la confianza en su contraparte para no ver fracasada la negociación, sino que se enfocan en la ejecución del pretendido contrato de compraventa del predio donde estaría localizada la Urbanización, pero como éste se dejó de ajustar queda por fuera de esa órbita y su responsabilidad estaría encausada por los deberes de conducta que impone el principio de buena fe negocial, que el a quo no encontró desatendido, especialmente en lo que refiere al deber de información y que tampoco fue cuestionado en esta instancia por el censor.
Aún frente a la persistencia en que la contradictora desatendió el compromiso de actualizar o corregir las especificaciones del inmueble ofrecido en venta, lo que ameritaba reparación, eso carece de respaldo ya que ningún esfuerzo se hizo para revelar que las características del bien por el que ofertó no coincidían con el que se concretaría la escrituración y el único testimonio nada dice sobre el particular, mientras que las experticias se ciñeron a describir el fundo y la documental no arroja que el bien tuviera unas particularidades que motivaran el interés. Por el contrario, en el folio de matrícula constaba que el predio en realidad era una casa lote con un área de 18.564 m² y no un lote sin construcciones, quedando sin soporte que el Banco lo hubiera descrito así y en el vacío las súplicas indemnizatorias.
Por último, se observa que en primera instancia ante el fracaso de las aspiraciones no se pronunció sobre la devolución de los $22’000.000 consignados en el expediente y su respectiva indexación, lo que tampoco pidió complementar el demandante ni fue tema de reparo al delimitar los alcances de la alzada, por lo que ese argumento en los alegatos de segunda instancia es nuevo y no amerita pronunciamiento (fls. 8 al 11 cno. 3).
Resultaron deficientemente apreciados el certificado de tradición del inmueble y la consignación por $31’088.282 que hizo Bancolombia, que no ha merecido pronunciamiento suyo. Así mismo fueron inadvertidos el avalúo comercial de la firma Castillo Medina; las fotos del inmueble que lo acompañaban; comunicación de Corpavi de 31 de marzo de 2005 que aprobaba el desarrollo del proyecto; cartas enviadas a Conavi el 24 de octubre de 2005 y 26 de mayo de 2006; cuentas de cobro del Arquitecto Daniel Ramírez Díaz de 6 de mayo, 6 de junio y 25 de julio de 2005; contrato suscrito con aquel en la primer calenda; cuentas de cobro por pendones; planos de la urbanización proyectada; publicidad; tabulación de encuesta; cuenta de cobro de Servicio de Bienes Raíces; loteo del Conjunto Residencial “El Oaisis”, facturas de vigilancia entre abril de 2005 y marzo de 2006; fallo del Juzgado 40 Civil Municipal de julio de 2010 en proceso de pago por consignación y las experticias de Martha Lucía Abril Latriglia y María Graciela Castro Sanclemente.
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Cuando se acude a la segunda causal de casación que contempla dicha norma, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial en cualquiera de sus dos manifestaciones, ya sea de hecho o de derecho, a más de que «no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancia» según indica el segundo inciso del literal a) del artículo 344 ibídem, debe enunciarse por lo menos un precepto material que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria o gaseosa con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero id.
Si la equivocación endilgada es de jure, es menester adicionar a lo anterior «las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas», mientras que si es de facto por indebida apreciación del libelo, su contestación o algún medio de convicción, «se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae», eso sí dejando expuesto con suficiencia en ambos casos como se produjo la vulneración ya que «el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia».
Tratándose del numeral tercero del citado artículo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteración de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, así como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisión reconocibles forzosamente por el juzgador. De ahí que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisión tomada, pero sin que se desvíe en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal.
Como figura en CSJ AC003-2018,
[e]l principio de congruencia, contemplado en los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso, ciertamente, limita el campo de acción de la jurisdicción del Estado, en la proporción asignada a cada juez en particular, a los hechos (causa petendi) y a los objetos jurídicos (petitum) propuestos por las partes en las oportunidades contempladas en ese mismo ordenamiento y a las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades extra y ultra petita, conferidas en asuntos de familia y en procesos agrarios, al igual que de la posibilidad de hacer actuar el principio inquisitivo cuando lo autoriza el legislador.
2.3.1. La incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretación. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicación 00187, y de 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros).
Se trata, como se observa, de yerros de naturaleza distinta, cada una con gobierno propio en casación. Así, “[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos (…) de la demanda”, en el artículo 336, numeral 3º del Código General del Proceso; y el “error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda”, en el numeral 2º, ibídem; cuestión esta última denunciable por la causal consistente en errores facti in iudicando, mas no, por errores in procedendo.
2.3.2. La incongruencia objetiva (tocante con el petitum), predicable de los fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, también en sentir de esta Corporación, “peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita)” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 25 de abril de 2005, expediente 014115, de 17 de junio de 2011, radicación 00591, y de 21 de junio de 2016, expediente 00043, entre otras.).. En tal caso, todo se reduciría a ajustar los defectos o a eliminar los excesos.
Si nada de lo anterior se procura, los problemas de construcción de la sentencia, no son de procedimiento, esto es, de las decisiones, en sí mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijación del contenido y alcance de los mismos hechos controvertido (errores facti in iudicando).
Como regla este motivo no procede frente a una determinación completamente adversa al promotor por cuanto un resultado así abarca en su integridad el tema en disputa, salvo que sea el producto de un desvío garrafal de la senda claramente esbozada por las partes o que provenga del reconocimiento oficioso de medios de defensa reservados para la contraparte.
En ese sentido, aún en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero con incidencia en la actual regulación adjetiva por mantener su esencia el tema, en AC4125-2015 memoró la Corporación que
[c]omo el presupuesto de procedencia radica en una marcada disconformidad entre lo que decide el sentenciador con el objeto del pleito esbozado por los litigantes, no podría hablarse de incongruencia si la resolución es íntegramente desestimatoria y por ende comprende todos los puntos materia de reconocimiento.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala admite que, excepcionalmente, se invoque dicho motivo frente a ese tipo de determinaciones, de materializarse una desviación grosera de los aspectos fácticos como producto del capricho del fallador o, si de oficio, se tiene por establecida alguna de las excepciones cuya formulación está restringida al contradictor, como son la prescripción, la nulidad relativa y la compensación, al tenor del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.
Tal desatención trunca cualquier intento de dilucidar el alcance del embate por yerros de facto, puesto que la precisión de algún precepto material intrínseco a la disputa es un requisito inexcusable en su estructuración, que de faltar solo permite deducir que fueron tomados en cuenta los que efectivamente regían el caso y ninguna transgresión se les ocasionó.
Así se precisó en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal pero que tiene relevancia en la actualidad por no haber sufrido modificaciones en lo pertinente en el Código General del Proceso, donde
(…) el impugnante desatendió el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisión mediante simples elucubraciones la equivocación «in iudicando», que depende precisamente de la «violación de norma de derecho sustancial» de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta.
(…)
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacción con el desempeño del juzgador en su ejercicio de selección del marco normativo y los alcances dados al mismo, así como una adecuada estructuración de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al régimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qué consistió el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta.
Incluso si se le diera el alcance de invocación de preceptos al separado de comparación entre los dos fallos de instancia, donde se indica en forma genérica y descontextualizada que «se violentaron, entre otros, los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29), prevalencia del derecho sustancial (art. 228), acceso material (y no meramente formal) a la administración de justicia (art. 229) y los valores a la equidad, a la justicia y al orden justo que predica la Constitución en su preámbulo» (fls. 44 y 45), lo cierto es que sin desconocer el carácter superior de la compilación que los contiene y su trascendencia, éstos en particular corresponden a principios generales insuficientes para estructurar el cuestionamiento ya que no se despliega en qué consistió concretamente la afrenta a los mismos.
Respecto de todos ellos en AC5613-2016 se anotó que
[e]n cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1°, 4°, 5°, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporación de tiempo atrás ha admitido que los cánones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casación, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad, característica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situación jurídica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relación (se resalta).
Si bien se alude a un error en la interpretación del libelo y sus alegatos, lo cierto es que se prescinde de escudriñar en qué consiste la deformación de su contenido en el pronunciamiento confutado, para discutir la forma como fueron sopesados los medios de convicción y apoyarse en una clara disconformidad con la hermenéutica dada a las normas aplicables, lo que se aleja de un vicio de procedimiento y lo difumina para entremezclar en su exposición aspectos de las causales primera y segunda.
La formulación en últimas no revela algún vicio de actividad por desfiguración, que ni siquiera es palpable a simple vista ya que el estudio del caso se comenzó desde la órbita contractual propuesta, solo que de los elementos demostrativos y las manifestaciones de ambas partes se extraña la presencia de un vínculo cierto y determinado que le dé paso a las aspiraciones indemnizatorias, que de todas formas se analizaron desde otra óptica que igualmente resultó frustrada.
Al respecto el ad quem estimó que
(…) es un hecho indiscutido que entre las partes existieron tratos preliminares para la adquisición de la finca Villa Chela ubicada en el municipio de Agua de Dios, por la que se concretó un precio de $45’000.000 pagadero en varios contados y de los cuales el señor Roa Sarmiento alcanzó a abonar $22’000.000. Tampoco hay controversia en torno a que el contrato que llevaría a perfeccionar ese acuerdo no llegó a buen término, pues la escritura para protocolizar la venta del inmueble, tal como lo manda el artículo 12 del decreto 1260 de 1970, nunca se suscribió por los contendientes. De ello es consciente el demandante quien afirmó en él escrito introductor que han transcurrido más de 5 años sin que la entidad se hubiere allanado a cumplir en debida forma la aceptación de la oferta, recalcando que la accionada se ha negado a corregir la minuta de venta, sustrayéndose de su deber de formalizar la venta. Y aunque ahora sustenta la impugnación en que sí existió negocio jurídico, contradictoriamente continúa alegando que el precontrato se configuró en un contrato pero sin el lleno de los requisitos formales y a la vez sostiene que la pasiva impidió su perfeccionamiento al igual que la venta no se formalizó por culpa de la entidad financiera. No era posible entonces entender que la responsabilidad endilgada a la entidad bancaria derivaba de una relación contractual en sentido estricto, tal como lo concluyó con acierto la juez de primera instancia pues debido a la solemnidad que aparejaba la venta del bien raíz la convención que planeaban ajustar los contendientes no producía efectos hasta elevar la escritura pública. Pero lo anterior no comporta que el actor quedará sin posibilidad de reclamar la indemnización por los posibles perjuicios sufridos en esa etapa que precedía al perfeccionamiento del convenio, bien sea por la vía de la responsabilidad aquiliana o con fundamento en lo que la doctrina ha clasificado como responsabilidad precontractual, puesto que el daño así ocasionado con miramiento al principio de reparación integral de la víctima apareja su indemnidad.
Esa sola delimitación contiene los aspectos que puso en consideración el gestor, para analizarlos no solo desde la visión que éste ofreció sino que ante el fracaso de sus postulados se extiende a otros aspectos que podrían favorecerlo sin extraviar las expectativas de reparación que lo motivaron, de ahí que su insistencia no es por desatención de los falladores de instancia a la médula del pleito sino en virtud de sus íntimas convicciones que le impiden compartir las determinaciones tomadas.
En relación con este motivo en AC2441-2018 se indicó que «la referida causal no es idónea para rebatir un fallo completamente denegatorio de las aspiraciones, como ocurre en el asunto en estudio, dado que en esas condiciones no existe contravención al principio de congruencia, sino un desacuerdo con la decisión desfavorable al recurrente extraordinario».
Igual aconteció en AC7581-2017 donde se desestimó de entrada ya que
(…) no es posible deducir, con el rigor requerido, de qué manera se configuró la irregularidad denunciada, por cuanto los opugnantes no explicitaron, con las transcripciones pertinentes y en su cabal extensión, lo resuelto en primera instancia, lo pedido en el escrito de apelación y la decisión concreta del Tribunal, en pos de establecer a partir del contraste objetivo de esas actuaciones procesales, si evidentemente se materializó la distorsión que autorice plantear exitosamente la incongruencia.
Todo quedó, en últimas, en el incomprobado alegato sobre la posible configuración de un vicio de actividad por parte del ad-quem, máxime si se considera que los demás argumentos que se acompañan para procurar la fundamentación del cargo, consisten en citaciones generales de providencias de la Corte, y de jurisprudencia y doctrina foránea.
Y en AC219-2017, donde se formuló una censura con mixtura semejante a la que ahora se advierte, se recordó que
(…) tratándose de este motivo de casación, es requisito que la desarmonía planteada no sea producto del entendimiento que el sentenciador haya dado a la demanda, a su contestación o a los medios de convicción, pues en tales supuestos el motivo de casación aplicable es el primero.
Así lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación al manifestar que, “al momento de formular un ataque por esta causal, no puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales sólo podrían tener acogida bajo la causal primera, de suerte que ‘si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casación, ya que de existir el yerro, éste sería de juicio y no de procedimiento’ (CCXLIX, Vol. II, 1468)” (CSJ SC. Sentencia de 19 de enero de 2005, radicación n. 7854).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada por Jhon Grover Roa Sarmiento para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que adelantó contra Conavi (hoy Bancolombia S.A.).
Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA