Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por Joaquín Escalante frente a la sentencia de 4 de septiembre de 2018, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de bienes del impugnante contra Graciela Munevar López.
[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad según las diferentes situaciones que se den en cada caso, exige un estudio concienzudo que de resultar insuficiente y al así advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita el retorno de las actuaciones al remitente para su escrutinio en forma, salvo que amerite la inadmisión automática.
Así lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se recordó en AC7929-2017 al señalar que
(…) la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simultáneamente la declaratoria de existencia de «unión marital de hecho», con la de la «sociedad patrimonial», las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casación, ya que si queda completamente superada cualquier discusión sobre la conformación de la primera en la forma perseguida, entonces la discusión trasciende de la esfera del «estado civil» para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento económico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilitan dicho medio de contradicción.
Ese entendido aparece en CSJ AC 3 oct. 2012, rad. 2010-00451-01, que si bien fue proferido en vigencia del Código de Procedimiento Civil conserva peso al coincidir con los patrones del actual estatuto de trámites, cuando recordó que
[e]s pacífico el criterio según el cual lo atinente a la existencia de la aludida “comunidad de vida” guarda relación con “el estado civil” de las personas, mientras que lo concerniente a la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, tiene un cariz “económico”, carácter éste que dimana a partir de su misma integración, que al tenor del canon 3º de la “Ley 54 de 1990”, está compuesta por el “patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos” (…) En el sub lite, lo resuelto en primera y segunda instancia guarda simetría respecto de la súplica de “declarar la unión marital de hecho”, de donde se infiere que en ese ámbito no se cierne agravio para la impugnante (…) En cambio, la pretensión de reconocer la “existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, resultó enervada, al acoger el ad quem la excepción de prescripción (…) En ese contexto, para establecer la procedencia del “recurso de casación”, no era viable su examen bajo los parámetros de si el proceso versaba “sobre estado civil”, sino en el ámbito de la decisión desfavorable a la recurrente, que como se indicara recayó sobre un aspecto “económico”.
Por lo tanto, los reparos del censor quedan circunscritos a la declaratoria de prescripción frente a la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, planteada como aspiración consecuencial de la existencia del vínculo, lo que indiscutiblemente tiene un cariz económico y obligaba justipreciar el detrimento ocasionado con la providencia del Tribunal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediendo el recurso de casación de Joaquín Escalante en el proceso de la referencia.
Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen para que agote la actuación pertinente.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado