Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decídese sobre la admisión de la solicitud de exequatur presentada por quien afirmó ser el apoderado judicial de Marisol Marmol Martínez, respecto de la sentencia de 27 de julio de 2007, proferida por la Suprema Corte de Bermuda, Jurisdicción de Divorcio.
CONSIDERACIONES
1. Por resultar aplicable a la presente decisión, debe tenerse en cuenta que el numeral 3 del artículo 606 del C.G.P. establece que el reconocimiento de efectos en Colombia de una sentencia extrajera está condicionado a «[q]ue se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada».
Sobre esta exigencia la Corporación ha señalado:
Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento público, para lo cual deberá acudirse a la legalización ante consulado o a la apostilla, según el caso (SC18205, 3 nov. 2017, rad. n.° 2017-01205-00; SC8706, 20 jun. 2017, rad. n.° 2013-00573-00).
Adviértase que la ausencia de este requisito, o de cualquiera de los previstos en los numerales 1, 3 y 4 de la misma disposición, de conformidad con el artículo 607 ibídem, autoriza el rechazo de la demanda, por lo que su estudio debe hacerse al inicio de la actuación, sin perjuicio de que vuelvan a analizarse al momento de proferir sentencia.
2. Revisada la documentación allegada por quien se atribuyó la calidad de apoderado judicial de Marisol Mármol Martínez en este proceso (folio 3), se advierte que la solicitud deberá rechazarse porque la sentencia anexa, así como su constancia de ejecutoria, no están debidamente apostilladas, es decir, dejaron de presentarse en una «copia debidamente legalizada».
En efecto, de acuerdo con el folio 6 se apostilló la firma de «Karen E. Williams-Smith» bajo la calidad de «Notario Público», quien, a su vez, suscribió el anexo «del Fallo de Disolución Condicional» (f. 8) y el «Certificado de disolución condicional hecho irrevocable» (f. 9). Sin embargo, tanto el sello como la signatura de Karen E. Williams-Smith estampados en los mencionados documentos, resultan insuficientes para tener por cumplido el requisito en mención, toda vez que nada certifican sobre la persona que dio constancia sobre la autenticidad de los documentos mencionados, esto es, el «Registrador».
Luego, a pesar de que debían apostillarse las rúbricas del «Registrador» que autografió la providencia sobre la que recaería el exequátur y su constancia de ejecutoria, solamente se legalizó la del Notario Público quien no señaló cuál era su rol al suscribir el documento y nada dijo sobre la rúbricaa del primer mencionado funcionario.
En adición, la otra apostilla arrimada también resulta insuficiente (f. 14 y 16) por hacer referencia a la firma de «Alexandra N. Wheatly» sobre quien se dice que firmó en calidad de «Notario Público», sin que por ninguna parte de los documentos aparezca su firma o nombre.
Las anteriores razones muestran que se incumplió el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 606 del C.G.P., lo cual es razón suficiente para rechazar la solicitud, de acuerdo con la regla 2 del artículo 606 ibídem.
3. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la solicitud adolece de otras deficiencias que conducirían a su inadmisión, de no haberse ordenado el rechazo, como se exponen a continuación.
3.1. El poder conferido es insuficiente porque se refiere solamente a una «DEMANDA DE EXEQUÁTUR», en desatención del artículo 74 del C.G.P., según el cual «los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados», exigencia que no se satisfizo en el presente caso.
3.2. No se aportó prueba alguna que permita verificar el hecho «[q]uinto» donde se dijo que «[d]urante el matrimonio la pareja no procreo (sic) hijo alguno», a pesar de que podía aportarse cualquier medio de convicción conducente, pertinente y útil como, por ejemplo, la demanda o el acto similar con el que se inició el trámite de divorcio en Bermuda.
3.3. Tampoco se presentó elemento de acreditación sobre la afirmación del hecho «[s]exto», acerca de que en la «[s]ociedad conyugal no se adquirieron bienes», punto respecto del que también es aplicable lo indicado en el párrafo anterior.
3.4. Se incumplió lo previsto en el numeral 10 del artículo 82 ibídem, porque se echan de menos las direcciones electrónicas de notificación de las partes, pues solamente se aportó la de quien se atribuyó la calidad de apoderado judicial de la solicitante, lo cual es insuficiente de cara a la norma citada.
3.5. Se pasó por alto lo previsto en los cánones 84, numeral 3, y 78, numeral 10, ibídem, pues se pidió oficiar a entidades públicas con el fin de recabar medios probatorios, sin acreditar que el solicitante, al menos, intentó la consecución de los mismos por el derecho de petición.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, resuelve rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por quien afirmó ser el apoderado judicial de Marisol Marmol Martínez, respecto de la sentencia de 27 de julio de 2007, proferida por la Suprema Corte de Bermuda, Jurisdicción de Divorcio.
Por Secretaria dese cumplimiento al artículo 90 del Código General del Proceso.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado