A AC4630-2018C0000-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-03015-00
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Pereira y Octavo Civil del Circuito de Medellín, con ocasión de la acción popular promovida por Augusto Becerra contra Bancolombia S.A.
1. El accionante presentó su escrito introductor ante el «Juez Civil Circuito» en Pereira, pretendiendo que se ordene a la entidad convocada «que construya unidad sanitaria para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc y normas icontec, en un término NO MAYOR A 30 DIAS».
Señaló como domicilio de la demandada la ciudad de Pereira «cra 8 n 1967» al tiempo que el sitio de vulneración lo ubicó en «Clle 101 # 14-55 Medellín».
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, al que inicialmente correspondió por reparto la causa, inadmitió la demanda a fin de que se indicara «si la dirección señalada en la demanda “cra 8 n 1967 Pereira”, corresponde al domicilio principal de la entidad bancaria demandada, o si por el contrario corresponde a una sucursal o agencia suya vinculada al asunto.», Sin embargo, frente aquel requerimiento el accionante guardo silencio.
Dado lo anterior, en providencia de 8 de junio de 2018, la aludida agencia judicial se separó de la causa por falta de competencia territorial, al considerar que una vez auscultada «la página de la Superintendencia Financiera, se pudo establecer que el domicilio principal de la demandada Bancolombia, se encuentra en la ciudad de Medellín». Por lo tanto, remitió las diligencias a esa territorialidad.
3. El estrado judicial receptor rehusó la atribución porque de los hechos narrados se deduce que son varios los jueces habilitados para conocer del asunto. Luego, si el actor optó por presentar la acción en el domicilio del demandado, es ese «el llamado a conocer del asunto». Con ese fundamento planteó conflicto y dispuso el envío del expediente para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de acción popular, de conformidad con el canon 16 de la Ley 472 de 1998, «[s[erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».
El citado precepto faculta al promotor de la acción judicial para elegir entre los denominados fueros instrumental y personal, a fin de establecer, por el factor territorial, el juez de conocimiento, esto es, se presenta concurrencia, y por ello, puede acudir a la autoridad del sitio de acaecimiento de los hechos generadores del agravio o ante la judicatura dispuesta en el domicilio del reclamado.
Cabe precisar que aquella liberalidad no es absoluta y por ende, no puede ser fruto de capricho, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de selección del juzgador.
3.1. En el presente caso, es claro que la aptitud legal para atender la acción popular recae en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, en tanto no solo es el órgano jurisdiccional del lugar que se indica como el de la transgresión de derechos colectivos, sino que también corresponde al del verdadero domicilio principal de la sociedad bancaria reclamada.
En efecto, la calificación de «sitio de vulneración», la mereció una dirección de Medellín, de ahí que deba descartarse toda participación de la ciudad donde se presentó la demanda, al menos en lo que refiere a ese específico foro.
3.2. Ahora, puede inferirse que es el fuero personal el preferido por el demandante cuando presentó su escrito inicial ante el Juez de Pereira, que entendió correspondiente al domicilio de Bancolombia; no obstante, dicha perspectiva en nada varía lo sostenido, en razón de la verificación incontrovertida según la cual el domicilio principal de la mentada sociedad es Medellín, sin que ello pueda desconocerse por la expresión que en distinto sentido efectuó el actor popular, pues dicha materia está reglada por normas de orden público y dotadas de prueba solemne, a saber: el certificado de existencia y representación.
3.3. Por último, importa destacar que ni siquiera ha sido aducida la vinculación de la causa constitucional a alguna sucursal o agencia de la accionada en la ciudad de
Pereira, como para incluir en este análisis dicha circunstancia desde la óptica del numeral 5 del artículo 28 del C.G.P. en relación con el precepto 44 de la Ley 472 de 1998; ejercicio que por demás sería intrascendente por cuanto la infracción concreta no se imputó a dicho núcleo urbano.
En definitiva, habrá de asignarse el proceso al segundo de los despachos en contienda, sin perjuicio de la posibilidad de contradicción que eventualmente le asista al extremo pasivo, mediante los mecanismos legalmente previstos.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín para conocer de la acción popular promovida por Augusto Becerra contra Bancolombia S.A.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al otro Juzgado involucrado en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado