AC4631-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02759-00


Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



Se decide la solicitud de cambio de radicación formulada por el señor Ignacio Gómez Gómez, respecto del proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual promovido en su contra por el abogado Abelardo De La Espriella, del cual conoce el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla.


  1. ANTECEDENTES


1.        El apoderado del promotor de este trámite pretende el cambio de radicación del proceso, en orden a trasladarlo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla a los despachos de la misma categoría y especialidad de Bogotá, por considerar afectadas sus garantías procesales, así como la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia.


2.        En sustento de tal aspiración, señala que al presentarse la demanda en la ciudad de Barranquilla, a su representado se le están afectando sus garantías procesales «para ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso. (…) estando domiciliados él, el doctor DE LA ESPRIELLA y su procurador judicial en Bogotá, no fue un hecho fortuito, sino deliberado encaminado a colocar al demandado en una situación de desventaja».


Del mismo modo, sostiene que en la ciudad de Barranquilla no cuenta «[c]on un profesional del derecho o una firma de abogados dispuestos a ayudarle», circunstancia que lo viene afectando, al punto de haber tenido «acceso tardío al cuaderno de medidas cautelares, donde reposa una solicitud de inscripción de la demanda en varios folios de matrícula inmobiliaria de varios inmuebles ». Igualmente, al no haber podido «controlar directamente el termino para contestar la demanda, debió hacerlo sin tranquilidad de gozar del término de veinte días que se proporciona a cualquier demandado, no sólo porque el auto del 8 de julio de 2008 concedió 10 días como término de traslado cuando debieron ser 20.»


Además, considera que está comprometida la imparcialidad y la independencia de la administración de justicia dado que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla admitió la demanda sin advertir «que la providencia con base en la cual se le señaló que era suya la competencia, se refiere a mensajes o datos difundidos en medios masivos, Y NO A “mensajes directos” o de circulación privada, los que como se sabe no son conocidos por el público en general.».


  1. CONSIDERACIONES


1.        De la competencia de la Corte para dirimir la solicitud de cambio de radicación.


De acuerdo con el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso, a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le compete conocer, entre otros asuntos, de los atinentes a «las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro». En consecuencia, como aquí se estructuran tales presupuestos, se impone emitir la decisión a que haya lugar.


2.        Aspectos generales del cambio de radicación.


2.1.        El cambio de radicación del proceso, previsto en el Código General del Proceso como un motivo excepcional de alteración de la competencia, pretende resguardar el proceso de agentes externos capaces de perturbar su desarrollo, y procurar que el funcionario judicial emita su veredicto alejado de circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o que se conviertan en obstáculo para dispensar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.


En esa medida, el comentado instituto procesal se erige en una objetiva excepción al principio de competencia territorial fijada en el artículo 28 del Código General del Proceso, así como a la regla de inmodificabilidad de dicha aptitud, una vez se ha definido en el proceso.


Por ello, en punto de la procedencia de la mencionada medida residual, el precepto inicialmente citado establece que «[e]l cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes» e igualmente, «cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».


2.2.        Lo anterior pone de presente que la señalada solución constituye un remedio residual y extremo dirigido a conjurar situaciones anómalas con incidencia negativa en el respectivo escenario procesal y geográfico, al cual puede acudirse cuando para contrarrestar los hechos generadores de esa irregularidad no existan mecanismos jurídicos alternativos, o cuando habiéndose acudido a ellos, no se han logrado los resultados esperados.


Esas circunstancias, en consecuencia, además de su explícito señalamiento, exigen el acompañamiento de los medios de persuasión correspondientes, para que con ese fundamento, la Sala de Decisión del respectivo Tribunal o la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, decidan.


2.3.        Respecto del mecanismo procesal que se viene analizando, esta Corporación, en providencia CSJ AC3814-2016, rad. 2016-01181-00, recordó:


«Esta figura excepcional, al decir de la Sala, (…) se constituye en una medida de protección extraordinaria para evitar la lesión de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el ánimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes confían la solución de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (…) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, sólo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (…) a.-) Factores que puedan perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías en el trámite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (…) b.-) Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos (…)».


Y referente a las circunstancias señaladas en el literal «a)» del anterior precedente, en decisión CSJ AC3096-2017, precisó:


«La afectación del orden público a que se refiere la norma dice relación a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pacífica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistemáticos de violencia, subversión o terrorismo que generan zozobra, pánico generalizado, perturbación o estado de inseguridad manifiesta.


Así, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuación o determinación contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podría poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administración de justicia podrían resultar lesionadas.


De igual modo, es factible que episodios de esa misma índole tengan la magnitud de incidir en la práctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaración; se obstruye la aportación de documentos; o se interfiere en la realización de una inspección judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garantías procesales.


Tales disturbios o anomalías, además de deteriorar la vida en armonía de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administración de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso específico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneración a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia».


En ese orden, cuando de aspectos endoprocesales se trata, la regla general indica que es en el interior de la respectiva actuación que las partes puede actuar en procura de enderezar las situaciones de ineficiencia. Para ello cuentan con instrumentos legalmente previstos, tales como los recursos, impedimentos, recusaciones, nulidades etc.


En cambio, cuando se advierten circunstancias extraprocesales que afecten la independencia e imparcialidad del juzgador, el orden público, la seguridad de los intervinientes, o las garantías procesales, cualquiera de los interesados podrá pedir la aplicación del comentado mecanismo, previo el concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.


En cuanto atañe a las referidas salvaguardias pretendidas con el cambio de radicación, la Sala, en proveído CSJ AC 17 jun. 2013, rad. n° 2013-00311-00, indicó:


«Las garantías procesales deben ser entendidas como el conjunto de prerrogativas que el ordenamiento jurídico le otorga a las partes en aras de salvaguardar la situación de igualdad de todas ellas entre sí, y también en relación con el Estado, lo que revela, además, una íntima vinculación con el derecho fundamental al debido proceso, pues inherente a su ejercicio se han concebido diversos mecanismos en beneficio de los intervinientes en la litis.

(…)


No obstante el amplio espectro que de las garantías procesales existe, mal podría interpretarse su afectación como una causal etérea o ambigua que pueda alegarse en forma genérica, pues como se advirtió en precedencia, los eventos establecidos en el numeral 8° del artículo 30 del Código General del Proceso obedecen a una situación grave que por tal razón demanda una actividad argumentativa en el proponente de la solicitud de cambio de radicación, tendiente a concretar el hecho o hechos en que afinca lo que considera su vulneración, y, desde luego, precisar las garantías que asegura se han visto afectadas en el trámite de un proceso específico».


3.        Caso Concreto.


3.1.        En el presente asunto, se recuerda, el señor Ignacio Gómez Gómez solicita el cambio de radicación del proceso de responsabilidad civil extracontractual, en orden a trasladarlo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla a los juzgados civiles municipales de Bogotá, debido a que el solicitante se encuentra domiciliado en esta ciudad, al igual que los demás intervinientes dentro de la causa, es decir, porque la radicación del trámite en la capital del Atlántico afecta sus garantías procesales para ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.


A tales circunstancias añade otras que denuncia como irregularidades en algunos actos procesales, en virtud de las cuales se pone en entredicho la imparcialidad y autonomía judicial.


3.2.        Al analizar los supuestos sobre los cuales se edifica la señalada solicitud, es evidente la insuficiencia de la carga argumentativa y probatoria que permita considerar la viabilidad de esa medida extrema.


Ciertamente, la relación fáctica alude a cuestiones endoprocesales reveladoras de diversas inconformidades que el peticionario tiene con el trámite dado al mencionado proceso, pero no se refiere a situaciones externas al señalado juicio, con suficiente entidad para conducir al desconocimiento de los principios, valores y prerrogativas jurídicas. Por consiguiente, es clara la improcedencia de la alteración pedida.


En esos términos, la medida excepcional pretendida no puede ser acogida, pues para tales efectos, no es dable calificar el contenido de las providencias dictadas por la dependencia de conocimiento, precisamente porque el motivo propulsor del cambio de radiación debe relacionarse con la afectación del orden público, o con la imparcialidad del juzgador, la seguridad e integridad de los sujetos procesales, o la insuficiencia en el impulso del proceso, todo lo cual impide analizar el mérito de la decisiones proferidas dentro de él.


De manera que las manifestaciones de inconformidad con las distintas providencias debían presentarse al interior del proceso, para lo cual el ahora solicitante contaba con mecanismos para proteger sus intereses.


La variación de la radicación de un proceso, se enfatiza, debe provenir de situaciones externas o exógenas al litigio, pues si la inconformidad deviene de la imparcialidad, probidad e idoneidad del funcionario que lo tramita, los intervinientes cuentan, como ya se dijo, con mecanismos legales para conjurar esas situaciones.


El cambio de radicación, se denota, no tiene la función de alterar los actos jurisdiccionales, ni virtud para determinar el derecho de las partes, como tampoco su propósito es resolver las controversias de relevancia jurídica de aquéllas, es decir, sus pretensiones y defensas, en tanto lo buscado con este remedio es evitar que situaciones ajenas al litigio afecten su normal desenvolvimiento interno.


En relación con la medida excepcional del cambio de radicación, la Corte, en auto CSJ AC5261-20016, reiteró:


«[S]e estima que los fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno fáctico y jurídico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes.


Sobre el particular, es admisible tomar en cuenta el criterio doctrinario reiterado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, plasmado entre otras, en la providencia de 11 de febrero de 2013, exp. 40625, en la que se dijo: ‘El cambio de sede del proceso, como excepción a la competencia territorial, es siempre de carácter extremo, residual y procedente sólo en casos taxativamente señalados en la disposición citada. Opera cuando se demuestre que, en conexidad con el asunto que es objeto de juzgamiento, existen circunstancias externas, generalizadas y con capacidad suficiente para alterar la competencia, al punto que resulta palpable el perjuicio para el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, siempre que no existan otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas expuestas por el interesado’». (Se subrayó).


3.3.        Dado que en este trámite tampoco está previsto un período probatorio, pues el interesado debe allegar los medios de persuasión que desea hacer valer, debiendo «abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos  que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir»1», la solicitud «se resolverá de plano por auto que no admite recursos», tal como lo indica el numeral 8º del citado artículo 30 de la Ley 1564 de 2012, en armonía con el 127 ibidem, a cuyo tenor «[s]ólo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale; los demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos».


En razón de ello, el legislador estableció la resolución de la solicitud de cambio de radicación, con base en pruebas sumarias, dado que no se controvierten, ni siquiera en el evento de que «se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos», en cuyo caso, igualmente, al interesado le corresponde aportar con su solicitud, el concepto previo emitido en tal sentido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, evaluación que, valga anotar, en el presente asunto no fue allegada.


De acuerdo con lo anterior, es incuestionable que los hechos sustento de la petición no se erigen en fenómenos objetivos y extraprocesales que tornen procedente el cambio de radicación, pues no atañen a circunstancias perturbadoras del orden público, ni comprometen la imparcialidad, la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes, e incluso no se refieren directa o concretamente a deficiencias de gestión y celeridad en el trámite del específico asunto.


4.        Conclusión.


En las condiciones descritas, como no se advierte mérito suficiente para acceder al cambio de radicación, el respectivo pedimento habrá de ser negado.


III.        DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


PRIMERO.        NEGAR la solicitud de cambio de radicación inicialmente referida.


SEGUNDO.        ADVERTIR que contra esta determinación no proceden recursos.


TERCERO.        ARCHIVAR la actuación aquí surtida.



Notifíquese,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado


1 Artículo 78, numeral 10. C.G.P.