AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC4643-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02606-00
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por la demandada Catalina María Moncada Bautista frente al auto de 18 de julio de 2018, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, negó la concesión del recurso de casación frente a la sentencia de 14 de marzo del año en curso, dictada dentro del proceso que en su contra y de José Alberto Moncada Uribe promovió José de Jesús Gallardo.
ANTECEDENTES
1. Luego de que el demandante pretendiera la simulación absoluta y, en subsidio, la nulidad del contrato de compraventa sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 260-135027, contenido en la escritura pública No. 2746 de 12 de octubre de 2010 de la Notaría 4ª de Cúcuta, y de que se surtieran las fases de la primera instancia del proceso, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta profirió sentencia accediendo al pedimento principal del libelo y ordenando cancelar la inscripción en el folio de matrícula respectivo (folios 165-167 del cuaderno de copias del juzgado).
2. Decisión confirmada íntegramente en la suya de 14 de marzo del año que corre, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Sala Civil-Familia.
3. Catalina María Moncada Bautista interpuso recurso de casación y allegó un dictamen pericial contable para acreditar la procedencia de la impugnación en cuanto al interés económico. El remedio extraordinario fue concedido por el ad-quem (Folios 62-88 y 90-91 ídem).
4. Mediante auto de 23 de mayo de 2018, el suscrito Magistrado Sustanciador declaró que el recurso se había concedido de manera prematura porque, en esencia, la experticia no satisfacía las exigencias mínimas previstas en el artículo 226 del C.G.P. En consecuencia, se devolvió la actuación al Colegiado (folios 4 a 8 del cuaderno de copias de la Corte).
5. El 18 de julio de 2018 el fallador de segundo grado concluyó que el avalúo allegado por la censora adolecía de los requisitos mínimos previstos legalmente y, por no haber acreditado el interés económico para acudir en casación, negó la concesión (folios 110-112 del cuaderno de copias del Tribunal).
6. Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso reposición y, en subsidio, queja, allegando una nueva experticia. En resumen, argumentó que la Corte Suprema de Justicia había vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia porque al declarar prematuramente concedido el recurso, en realidad, resolvió una impugnación contra esa determinación del ad-quem, sobre todo cuando legalmente esta Corporación carece de competencia para revisar o modificar la cuantía del interés. En conclusión, para la inconforme basta que el Tribunal conceda la casación para que la misma se admita sin más trámites.
7. El 17 de agosto de 2018 el sentenciador de última instancia resolvió la reposición confirmando la providencia impugnada con fundamento en que el dictamen allegado por la recurrente “resultó ineficaz por el incumplimiento de los requisitos reclamados por el artículo 226 del Estatuto Procesal, para tal propósito”. En cuanto al presentado con el recurso de reposición y subsidiario de queja, sostuvo que no podía tenerse en cuenta por haberse presentado “fuera del término establecido por la Ley”. En consecuencia, al advertir que el valor del contrato de compraventa que se declaró simulado ($156.600.000) es inferior a $1.000 SMLMV, mantuvo la negativa de conceder el remedio extraordinario y ordenó expedir copia de las piezas procesales para agotar el trámite de la queja (folios 158-159 ibídem).
CONSIDERACIONES
1. Establece el artículo 338 del Código General del Proceso que si las pretensiones debatidas son esencialmente económicas, el recurso extraordinario de casación «procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)».
2. De acuerdo con el inciso final del artículo 342 ibídem, la verificación del cumplimiento del anterior requisito corresponde a la fase de concesión del recurso, y no a la de admisión, porque «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte». Que la Sala de Casación Civil de esta Corporación carezca de competencia para declarar inadmisible el recurso por motivos relacionados con la cuantía del interés no es una novedad del C.G.P., pues una prohibición similar ya estaba estatuida en el Código Judicial (cfr. art. 529 de la ley 105 de 1931) y en el C.P.C. (cfr. art. 372 del decreto 1400 de 1970).
3. La Corporación ha definido una doctrina razonada según la cual:
Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad el acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación que irrogó el proveído, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación del principio de la legalidad.
Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones que dan lugar a ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. 2011-00248-01)1.
La autonomía de los Tribunales para examinar la cuantía del interés para recurrir «con los elementos de juicio que obren en el expediente» o con el dictamen pericial oportunamente allegado por el recurrente, no se quiebra con la decisión que pueda tomar esta Corporación de abstenerse de admitir el recurso cuando advierta que el mismo se ha concedido de forma precoz. Adviértase que la ley no prohíbe un pronunciamiento de esa naturaleza, sino uno donde se declare inadmisible el recurso por motivos relacionados con la cuantía.
4. Contrastados los argumentos de la quejosa con los del auto impugnado, al rompe se advierte que esta decisión deberá confirmarse porque el ad-quem verificó que el dictamen pericial allegado con el fin de demostrar la cuantía del interés para recurrir «no resulta idóneo para tal propósito por no cumplir a cabalidad con los requisitos reclamados en el artículo 226 del Código General del Proceso» y vistos «los elementos de juicio que obr[a]n en el expediente, de que trata el canon 339 arriba citado, que no es otro que el contrato de compraventa declarado simulado, suscrito entre los extremos de la [l]itis; es decir lo establecido en la relación sustancial, que asciende a la suma de $156.560.000»2, es decir, una inferior a 1.000 SMLMV.
5. Así las cosas, nada hay que reprocharle al auto impugnado porque el mismo se fundamentó en el incumplimiento de la carga de la impugnante de presentar en el momento oportuno un dictamen pericial que reuniera los requisitos que «como mínimo» debe satisfacer este medio de prueba, según el artículo 226 ídem.
Téngase en cuenta que los sujetos procesales están legalmente llamados a cumplir las cargas previstas para cada acto procesal y que la inobservancia de las mismas genera las consecuencias correspondientes. El anterior aserto descarta que con el auto impugnado se hayan vulnerado garantías fundamentales de orden constitucional de la inconforme, en razón a que fue solamente ella (al allegar un dictamen defectuoso) quien dio lugar a que se negara la concesión del remedio extraordinario por el Tribunal, es decir, por la entidad competente para hacerlo.
6. Como consecuencia de lo discurrido, la queja bajo estudio no tiene vocación de prosperidad, por lo que así se declarará.
DECISIÓN
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 14 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, dentro del proceso declarativo de José de Jesús Gallardo contra José Alberto Moncada Uribe y Catalina María Moncada Bautista.
Segundo. Ordenar la devolución de la actuación a la oficina de origen.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
1 AC3682-2018, 30 ag. 2018, rad. 2014-00088-01
2 Folio 111 reverso del cuaderno de copias del Tribunal.