LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC4658-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02914-00


       Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)



       Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados Promiscuo Municipal de Tocancipá y Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, para conocer del proceso ejecutivo promovido por Aglomerados S.A.S. frente a Intacto Accesorios S.A.S.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. Librar orden de pago por $7.003.000, entre otros conceptos.


       1.2. Causa petendi. La accionada giró a favor de la petente un cheque, impagado a la fecha.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La sociedad actora lo dirigió a los jueces civiles municipales de Bogotá, en quienes radicó la competencia por el domicilio de las partes.

       1.4. En auto de 5 de julio de 2018 (fl. 19), el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de este Distrito Capital, se declaró incompetente para conocer de la acción, tras observar que la demandada tiene su lugar de domicilio en Tocancipá, “(…) tal y como se indica en el acápite de notificaciones”.


1.5. Por pronunciamiento de 12 de septiembre ulterior (fl. 23), el Juzgado Promiscuo Municipal de dicha localidad, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, al advertir que, según el “certificado de existencia y representación legal” de la convocada, su domicilio sí se hallaba en Bogotá.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, carece por completo de base.


2.2. Como lo ha adoctrinado esta Corte y lo ha teorizado la doctrina procesal nacional1 y extranjera2, la competencia “(…) es la facultad que tiene un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio la jurisdicción que corresponde a la República”3. O, dicho de otro modo, respecto de cada juez o tribunal, es la medida en que puede ejercerse la jurisdicción, pues en ella se actualiza y cristaliza.


Para su determinación se ofrecen varios factores: el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de conexión y el territorial. El territorial se define como el resultado de la división del país hecha por la ley en circunscripciones judiciales, de manera que dentro de los límites de su respectiva demarcación territorial pueda un órgano ejercer la jurisdicción en relación con un específico asunto.


Vale decir, la circunscripción es la base especial de la competencia de los jueces que dentro de ella ejercen jurisdicción, con exclusión de quienes la desempeñan en otras zonas; empero, en aras de precisar a cuál de los estrados de la misma categoría, existentes en las distintas regiones, debe corresponder el conocimiento de un negocio, o en cuál de las circunscripciones ha de situarse éste, será necesario hacer esa fijación con arreglo a los foros establecidos en el artículo 28 del Código General del Proceso, esto es, los fueros personal, real, concurrente o electivo, hereditario y contractual, entre otros4.

2.3. No hay duda, en el subéxamine, para determinar la competencia territorial debe acudirse al principio contemplado en la regla 1ª del mentado precepto, por así haberlo elegido el extremo ejecutante, al decir, en el acápite “competencia”, que la atribuía por el “(…) domicilio de la demandada”, consagratorio del foro personal o general, siguiendo la fórmula latina del actor sequitum forum rei.


Siendo así las cosas, no se comprende cómo el estrado de esta capital anduvo declarándose incompetente, si en el libelo se señaló (fl. 14); pero también se desprende del “certificado de existencia y representación” allegado (fls. 10 y ss.), que el sitio del domicilio de la convocada se asentaba, precisamente, en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Por ese sencillo motivo, el conocimiento de la controversia le corresponde a dicho funcionario.


2.4. La Corte no comparte los argumentos esgrimidos por el sentenciador de Bogotá para rehusar el gestionamiento de la controversia, compendiados en la sección de los antecedentes de esta providencia, porque parten de una afirmación enteramente equivocada. Lugar de notificaciones y domicilio, ha reiterado la Sala en repetidas oportunidades,


“(…) responden a conceptos diferentes, porque uno es de carácter personal y otro netamente procesal. Por esto, no necesariamente deben coincidir en un mismo punto geográfico, pues (…) el lugar señalado en la demanda como aquel en donde (…) han de hacerse las notificaciones personales –lo que conforma el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento que desvirtúe la noción de domicilio real y de residencia plasmada en los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (hoy 28 del Código General del Proceso) cuando de fijar la competencia se trata (…)”5.


2.5. Colofón de lo trasuntado, se asignará el asunto al enunciado funcionario.


3. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer del proceso en referencia. Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


1 GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, Julio. Institución Procesal Civil Colombiana. Comentarios al Código Judicial. Medellín. 1956. Págs. 44-45;  PARDO, J. Antonio. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Medellín. 1967. Págs. 94-96; MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Parte General. Bogotá. 1978. Págs. 32 y ss.

2 Cfr. TARUFFO, Michelle/CARPI, Federico/COLESANTI, Vittorio. Commentario Breve al Codice di Procedura Civile. Padua. 1984. Págs. 7; COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires-Montevideo. 2010. Pág. 174; GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Introducción y Parte General. Madrid. 1968. Págs. 126 y ss.

3 CSJ SC del 24 de julio de 1964. Ver también: CSJ SSC del 6 de octubre de 1981, del 26 de junio de 2003 y del 4 de noviembre de 2009, entre muchísimas más.

4 Porque también puede ser legal y voluntario, general y exclusivo, etc.

5 Auto del 17 de octubre de 2014, exp. 201402359-00. Reiterando autos de 13 de septiembre de 2004 y de 22 de enero de 1996.