AC4659-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-03082-00


Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, Dieciséis de Medellín y Doce de Barranquilla, pertenecientes a los distritos judiciales de aquellas ciudades, respectivamente, para conocer del juicio verbal de imposición de servidumbre promovido por Interconexión Eléctrica ISA S.A. E.S.P., frente a Cure Delgado & Compañía S. en C.


I. ANTECEDENTES


1. Mediante demanda radicada el 4 de octubre de 2016, la accionante pidió imponer a su favor la servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de la que tratan las Leyes 126 de 1938 y 56 de 1981, a cargo del predio denominado «LA ESTANCIA o VILLA ELINA», ubicado en la ciudad de Barranquilla e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-215823 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa urbe.


En el acápite relativo a la competencia señaló que ésta recae en los jueces de esa metrópoli, por ser el lugar en el que se encuentra situado el inmueble objeto del gravamen, conforme al numeral 7° del artículo 27 del Código General del Proceso (fls. 1 a 12, c. 1).


2. El Juzgado Once Civil del Circuito de dicha circunscripción admitió el libelo mediante auto del 19 de octubre postrero; no obstante, el 21 de noviembre siguiente1, la titular se declaró impedida para seguir tramitándolo, de conformidad a lo normado en el numeral 7º del precepto 141 del Código General del Proceso, motivo por el cual lo remitió al siguiente en turno, autoridad que en proveído adiado 23 de agosto de 2017, decidió no asumir el conocimiento del juicio de servidumbre, y trasladar las diligencias a la Sala Civil – Familia del Tribunal de ese distrito judicial, para que resolviera lo pertinente2.


La citada Colegiatura se pronunció al respecto, en providencia de 22 de septiembre posterior3, y aceptó «el impedimento declarado por la funcionaria Nevis Gómez Casseres Hoyos», disponiendo en consecuencia, enviar el expediente al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla.


3. Dicha Sede, luego de obedecer lo resuelto por el Superior, y con el fin de dar continuidad al trámite procesal, en providencia del 30 de octubre siguiente, ordenó la práctica de un dictamen pericial a efecto de «establecer el valor de la indemnización y el avalúo de la franja de la servidumbre»; corolario, designó a un profesional de la lista de auxiliares de la justicia y ofició al IGAC para lo de su cargo4.


No obstante, y en atención a la puntual solicitud efectuada por la empresa demandante5, en auto de 22 de agosto de la anualidad que avanza, remitió por competencia el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín –reparto-, luego de explicar al efecto, que estando en curso el proceso, advirtió que no es la autoridad judicial llamada a continuar con el conocimiento del pleito, pues es diáfano el canon 29 de la Ley 1564 de 2012 al indicar «que es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, y en este caso la entidad demandante es una empresa de economía mixta descentralizada por servicios del orden nacional con domicilio en la [capital antioqueña]» (fls. 198 y 198 anverso, Cit.).


3. Las diligencias arribaron al Dieciséis Civil del Circuito de ese distrito, que igualmente rehusó conocerlas y planteó la colisión que se resuelve.


Argumentó, en síntesis, que en virtud del principio de la perpetuatio juridictionis, en casos como el sub judice, corresponde al juzgado remitente seguir con la contienda memorada, máxime cuando el demandado ningún reparo pronunció acerca de la competencia, al momento de contestar la demanda (fls. 202 a 204 anverso, ejusdem).


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferentes distritos judiciales, Medellín y Barranquilla, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. De conformidad con el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso «en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza… será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». (Negrilla fuera del texto original).


No obstante, el numeral 10 de la misma norma, indica que «en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad… Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas».


Ahora bien, es menester precisar que el estatuto procesal asignó en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en razón de un fuero o foro real «por lugar donde estén ubicados los bienes» y el segundo a la calidad del sujeto «por domicilio de la entidad».


En cuanto a la competencia privativa o competencia única como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicción ordinaria solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a feliz término, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepción a la regla general para determinar la competencia por razón del territorio, esto es el domicilio del demandado.


Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisión de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atención de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que señala cuál de los dos prevalece, pues, el artículo 29 ejusdem, preceptúa que «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor» (criterio reiterado en AC4273-2018).


4.        Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no  ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequívocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público. Recuérdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización legal”.


5. Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en razón de la naturaleza de la persona jurídica de derecho público (28-10), ignorando la regla que el legislador previo para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qué factor o fuero aplicar a un caso concreto.


Y es que el artículo 29 del Código General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, señaló con contundencia, que “Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes” sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 ibídem, que por mandato del legislador y en razón de su margen de libertad de configuración normativa se determinó prevalente sobre las demás. 


De ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad pública la que obra como parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley lo determina como prevalente.


6. En el sub-lite, del certificado de existencia y representación legal aportado con la demanda6, se observa que la convocante es una sociedad de economía mixta y así se corrobora acudiendo a la página web de la misma7, donde aparecen sus estatutos y, en ellos, su naturaleza jurídica. Además, tales elementos indican sin lugar a dudas que su domicilio es la ciudad de Medellín.


De conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la rama ejecutiva del poder público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por «[l]as sociedades públicas y las sociedades de economía mixta», por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10° del artículo canon 28 referido.


7.        Por esas razones se ordenará enviar el expediente al Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, ello, sin que interese que haya alcanzado a ser tramitado con anterioridad por su homólogo funcional de Barranquilla «por tratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta la aplicación del principio legal de la perpetuatio jurisdictionis» (AC5943-2017 y AC4273-2018); temática sobre la cual, la Corte también ha puntualizado que «(…) la competencia por el factor subjetivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso es improrrogable» (AC3263-2018)



III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Dieciséis Civil del Circuito  de Medellín corresponde conocer el verbal de imposición de servidumbre de Interconexión Eléctrica ISA S.A. E.S.P., frente a Cure Delgado & Compañía S. en C.


En consecuencia, remítase el expediente a dicho despacho e infórmese de tal situación, mediante oficio, al otro involucrado y a la demandante.



Notifíquese,



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado



1 Fl. 101, cdno 1, exp. 2018-0424.

2 Fls. 121 y 122, cdno 1, exp. 2018-0424.

3 Fls. 6 y 7, cdno. 2, exp. 2018-0424.

4 Fl. 126 y 126 anverso, cdno 1, exp. 2018-0424.

5 Fls. 178 a 183, cdno 1, exp. 2018-0424.

6 Fls. 15 a 33, c. 1.

7 http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/nuestra-compania/estatutos-sociales/2018%20Escritura%20Estatutos%20escaneada.pdf