AC4669-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02740-00
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Villavicencio y el Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo propuesto por la apoderada de la sociedad Express Servicios LTDA contra el señor Luis Hernando Sánchez Bedoya.
ANTECEDENTES
1. En la demanda presentada al «Juez Civil Municipal de Villavicencio», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar mandamiento de pago en favor «de mi mandante y a cargo del demandado», por la suma de ocho millones ciento diecisiete mil trescientos ochenta y tres pesos ($ 8.117.383) por concepto de capital adeudado, más los intereses moratorios causados desde el 25 de junio de 2015 hasta la fecha efectiva del pago, a la tasa máxima legal permitida; además se condene en costas y agencias en derecho al demandado.
Asimismo, se indicó en cuanto a la competencia que le concernía a dicha autoridad judicial por «la cuantía (art. 25 C.G.P)… [y] en concordancia con el art. 28 No 3 ibídem» (fls. 25-28 del cdno 1).
2. El escrito inicial fue asignado al Despacho Tercero Civil Municipal de Villavicencio, su titular, a través de proveído de 11 de julio de 2018, resolvió rechazar la demanda y remitirla por competencia a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá (reparto), por ser el domicilio de la parte demandada (fl. 30 ibídem).
3. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de la Capital Colombiana que, en resolución de fecha 3 de septiembre del año que avanza, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que, «si la demandante escogió en un principio el Municipio de Villavicencio (Meta), para presentar su demanda, en razón al lugar de cumplimiento de la obligación, el que posteriormente fue remitido al Juez Promiscuo Municipal de Sopó (Cundinamarca), es claro, entonces, que sin duda el conocimiento de este asunto corresponde al Juzgado remitente a quien correspondió el conocimiento del proceso por remisión del Juzgado de Zipaquirá, a quien no le es dable desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla (lugar de cumplimiento de la obligación) (fls. 35-36 ibídem).
4. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Villavicencio y Bogotá, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante» (se resalta).
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).
3. Con base en lo anterior y en aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:
3.1. En primer orden, que el contrato suscrito entre las partes, presentado para recaudar la pretensa obligación en el sub lite, se puede apreciar en su cláusula sexta que en «caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de las cláusulas en este contrato, deberá pagar por ese solo hecho una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Villavicencio».
3.2. En segundo término, se advierte que el escrito genitor está dirigido al «Juez Civil Municipal de Villavicencio», y que de conformidad con lo afirmado por la apoderada de la sociedad en al acápite de la competencia, manifiesta que es por «la cuantía (art. 25 C.G.P.)…, En concordancia con el art. 28 No 3 ibídem En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones (…)» lo cual, en principio, acorde con el precepto de marras, tornaría válida la escogencia del «juez» por ella efectuada.
3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Tercero Civil Municipal de Villavicencio, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», esto por un lado.
Y, por otro, comoquiera que en el contrato celebrado entre las partes, hace referencia a que en caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de las «cláusulas en este contrato, deberá pagar por ese solo hecho una suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Villavicencio», dejándose claramente definido el lugar de cumplimiento de una de las obligaciones que rige el negocio jurídico.
Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda y del contrato de vinculación del vehículo de placas SRP-798, donde inequívocamente alude al «lugar de cumplimiento de la obligación» (Villavicencio).
4. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Tercero Civil Municipal de Villavicencio, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Tercero Civil Municipal de Villavicencio.
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.
CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada