AC4676-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02675-00
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el recurso de queja enfilado por la parte demandante contra el proveído de 20 de febrero de 2018, mediante el cual la Sala Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, negó la concesión del medio impugnativo de casación que el aludido extremo litigioso interpuso contra la sentencia de treinta (30) de noviembre de 2017, proferida dentro del proceso verbal de pertenencia que el mismo promovió contra Alfonso Muñoz y Josefa Bermeo de Muñoz, Lilia Margarita Fonseca Páez y personas indeterminadas.
ANTECEDENTES
1. De las copias allegadas surge que Audelo Ñañez Muñoz convocó a juicio a los señores Alfonso Muñoz, Josefa Bermeo de Muñoz, Lilia Margarita Fonseca Páez y personas indeterminadas, para que con su citación y audiencia se declarara que adquirió el dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria del predio rural denominado Bambusal, ubicado en la vereda de Contador, Municipio de Pitalito, que hace parte de uno de mayor extensión denominado San Antonio Fonseca, con matrícula inmobiliaria 206-1710 (fls 9-11 Cd. ppal).
2. Debidamente enterados los demandados Alfonso Muñoz, Josefa Bermeo de Muñoz, se opusieron a las pretensiones de la demanda, además, formularon excepciones perentorias que denominaron «interrupción de la prescripción», «falta de requisitos para usucapir» y «genérica» (fls. 36-38 cd ppal); por su parte, el curador ad litem designado a Lilia Margarita Fonseca Páez y a las personas indeterminadas dijo allanarse «a las pretensiones que resulten probadas dentro del proceso».
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, a quien correspondió conocer el asunto, asumió el conocimiento, dispuso el trámite correspondiente y, tras agotar las etapas que le son propias, definió la instancia con sentencia de 11 de noviembre de 2017, en la cual desestimó las excepciones formuladas y declaró la usucapión impetrada por el demandante (fls. 105-115 Cd ppal).
4.- Inconforme con lo así decidido, el extremo demandado formuló recurso de apelación que fue definido por la Sala Civil – Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en sentencia de 30 de noviembre de 2017, en la que decidió revocar en todas sus partes la decisión impugnada, para en su lugar acoger la exceptiva denominada interrupción de la prescripción (fls. 26-28 Cd Trib.).
5.- La parte demandante vencida atacó en casación (fl. 32 Cd Trib.). Empero, el fallador ad quem denegó tal medio impugnativo el día 20 de febrero de 2018 (fls. 134-135 Cd Trib.), lo que fue reprochado a través del recurso de reposición y en subsidio queja (fl. 137 Cd Trib.), sin que el recurso horizontal lograra modificar aquella determinación, pues en proveído del 23 de julio siguiente decidió no revocarla y autorizó la expedición de copias para efecto del trámite del recurso de queja que ahora ocupa a la Corte (fls. 143-147 Cd Trib.).
LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
Anotó que, justamente, en la demanda el reclamante fijó «en el capítulo COMPETENCIA, PROCESO Y CUANTÍA, este último concepto en la suma de $180.000.000, aportando como prueba documental el contrato promesa de venta suscrito por los litigantes con relación al inmueble pedido en pertenencia, el 30 de mayo de 2000, en el que el valor de la negociación (el inmueble), se fija en la suma de $48.000.000».
Se refirió, además, a la inspección judicial practicada en la instancia con la intervención de perito, en donde este a partir de los factores que se indican en la providencia «precisa[ndo] que el valor comercial es aquel que un comprador y un vendedor estarían dispuestos a pagar y recibir respectivamente por una propiedad en un mercado libre con alternativa de negocio, para un total del valor de los tres tipos de terreno en los que discrimina el predio, de $194.154.000, dictamen que corrido en traslado a las partes2 el 6 de junio de 2014, no fue objetado, en los términos de! articulo 238 del C.P.C., en cuya vigencia se recaudó».
Recaba, que «[E]n el dictamen aportado en el presente trámite, por la parte actora, rendido por el mismo perito LUIS ARISMEND1 JIMÉNEZ CUBIDES el 13 de diciembre de 2017 (3 años, 6 meses, 22 días después), se incrementa el avalúo a la suma de $853.575.000,00, sin advertirse nuevas mejoras al inmueble, destacando que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.620 de 23 de septiembre de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sobre procedimientos para la elaboración de avalúos ordenados dentro del marco de la ley 388 de 1997, artículo 9, a través de consulta o encuesta a propietarios de predios ubicados en el sector de Contador, la mayoría basados en ofertas que han recibido y transacciones presentadas los últimos 15 meses, informando como encuestados a los señores HERNÁN PLAZAS SÁENZ, LUIS ADÁN FIGUEROA, NOÉ FIGUEROA, ÁLVARO GÓMEZ TRUJILLO, ERMITA MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL OVALLE y NAYME FERNANDA ROJAS MÉNDEZ, aplicando a estos conceptos la media aritmética mediante la expresión matemática X = V X i/N, de donde expone el perito, obtuvo un criterio más preciso, que acompañado del propio, determinó el valor por hectárea de terreno.
Confronta así el dictamen presentado por el demandado y los parámetros que se tuvieron en consideración para su elaboración, que permitieron determinar el precio del inmueble en la suma de $486.000.000,00.
Consecuente con esto anota, que «[E]videntemente los dos dictámenes se encuentran debidamente fundamentados, distanciándose en el valor final del avalúo, pues en el aportado por la parte recurrente es de $853.575.000,00 y el de la parte pasiva es de $486.000.000, o sea que se diferencian en $367.575.000, y el factor esencial de dicha diferencia en el método de consulta o encuesta a propietarios de predios ubicados en el sector, el que no se puede tener como determinante, frente a los diferentes factores tenidos en cuenta en los diferentes dictámenes, en donde el predio no ha tenido desde que fuera prometido en venta al actor en el 2000 por la suma de $48.000.000, cambios o mejoras que incrementen su valor, continuando con su vocación ganadera, con siembra y mantenimiento de pastos, sostenimiento de cercas del contorno del predio y divisorias (hecho 5o de la demanda), conforme se evidenció en la inspección judicial y lo dictaminan los dos peritos, estimando el actor e! valor de sus pretensiones respecto del predio en $180.000.000 para el año 2012, avaluándose en primera instancia en el año 2014 en la suma de $194.154.000, elementos de juicio que obran en el expediente que no deben ser desconocidos, incrementándose en el dictamen aportado por la parte recurrente, por el indicado único factor de método de consulta o encuesta para el año 2017 a la suma de $853.575.000,00».
Infiere así, que existe «una diferencia protuberante entre los dictámenes aportados, por lo que no se acoge en orden a determinar el justriprecio para recurrir en casación el aportado por el recurrente, sino el aportado por la parte pasiva, el que se encuentra ajustado a la realidad, por no existir elementos o factores que en tan corto lapso ligeramente superior a tres años, el valor del inmueble se multiplique por 4,39 ($853.575.000/$ 194.154.000)» y desestima la censura planteada en relación con la idoneidad del perito, pues acreditó «amplia experiencia de consultoría de proyectos en el área rural, tratándose el predio avaluado de un predio rural, y como se ha expuesto el dictamen se encuentra fundamentado, por lo que la destacada razón de no acreditar el perito experiencia de avaluador no lo descarta, unido a los elementos indicados elementos de juicio que obran en el expediente, permiten que sea acogido».
CONSIDERACIONES
Así, al resolver este puntual medio impugnativo la Corte únicamente puede examinar si el juzgador que denegó la censura extraordinaria procedió conforme a la normatividad vigente o, contrariamente, se apartó de la misma y para ello se impone a la Sala, ineludiblemente, constatar el texto de la norma pertinente, ya general ora especial, con lo resuelto por el juzgador, atendiendo que en estas materias la ley se ha reservado la facultad de definir los recursos procedentes, frente a qué clase de decisiones judiciales se abren paso y bajo cuáles formalidades o exigencias se regulan.
Ese interés estará determinado, directamente, por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo recurrido, puesto que es en el momento en que éste se profiere cuando se produce el menoscabo que determina la inconformidad del recurrente, de manera que, como reiteradamente lo ha expuesto la Sala, «[…] la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC, 15 de may. 1991, rad. 064).
En punto de la fijación de la cuantía del interés para recurrir en casación el Código General del Proceso, a más de demarcar que en los asuntos en que sea necesario determinarlo este no podrá ser inferior a 1000 smlmv, estableció que el mismo se establecerá con los elementos de juicio que obren en el expediente, sin menoscabo de la facultad que se confiere al recurrente para que allegue un dictamen pericial si lo estima necesario, con miras a procurar la celeridad en este trámite.
Adicionalmente, el mentado estatuto fue perentorio al disponer, que «[L]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», de suerte que la Corte para definir la procedencia o no del recurso extraordinario, de cara al presupuesto del interés para recurrir deberá estarse a la cuantía que del mismo se determine por el tribunal, bien sea a partir de los elementos de juicios incorporados al juicio, ora tomando en consideración el dictamen pericial que allegue la parte recurrente, debiéndose tener presente en todo caso, que éste último no resulta de forzosa aceptación por el ad quem.
Ciertamente, en línea de principio el tribunal deberá establecer ese interés con los elementos de juicio que obren en el proceso al momento de interponerse el recurso, pero cuando la parte recurrente allegue un dictamen pericial para ese propósito podrá igualmente valorar este acorde con las reglas de la sana critica, sin que en modo alguno éste último resulte un imperativo para el ad quem en ese laborío, pues como ha sentado esta Corporación
«la fijación del interés para recurrir en casación, al igual que toda otra decisión judicial, debe responder al principio de necesidad de la prueba, esto es, «debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» (art. 164 C.G.P.) y atender las pautas de apreciación de dichas probanzas, lo que implica, entre otros imperativos, que las probanzas «deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos», para lo cual «El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba» (art. 176 ibídem) (CSJ AC4255-2018 de 27 de sept. de 2018, Rad. 2014-00032).
De acuerdo con lo indicado, en el trámite del recurso de queja por la negativa de la concesión de la impugnación extraordinaria el escrutinio de esta Corporación quedará delimitado a establecer (i) si la decisión era o no susceptible de dicho recurso, (ii) la oportunidad de su interposición (iii.) la legitimación del recurrente y (iv) si existe o no el interés a partir de la cuantía debidamente estimada por el tribunal.
Acorde con las previsiones del Código General del Proceso el Tribunal, para establecer la cuantía del interés para recurrir del opugnador, tomó en consideración el alcance de las pretensiones, los elementos de juicio existentes en el proceso, como fue la propia estimación de las pretensiones que el libelo inicial hiciera el demandante, la inspección judicial que se practicó en la instancia, junto con los avalúos que se hicieron no sólo en el curso del juicio, sino los allegados por ambas partes con la finalidad de definir ese interés, para colegir que el mismo no alcanza los 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a la suma de $737.717.000, que para la data en que se profirió la decisión se requerían para la viabilidad del recurso de casación, lo que hacía inviable su concesión.
DECISIÓN
Por lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado contra la sentencia de fecha y origen indicado en precedencia.
Segundo. Devolver al tribunal de origen la presente actuación, para que forme parte del expediente respectivo.
Tercero. Sin costas por no aparecer causadas.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada
1 Que corresponde a los $486.000.000 fijados en el dictamen allegado por el extremo demandado debidamente indexados.
2 Auto Folio 98 cuaderno 1.