Al amparo de la causal segunda del artículo 141 del Código General del Proceso, me declaro impedida para participar en las deliberaciones y decisión que corresponde en el presente asunto, como quiera que forme parte de la acción de tutela que promovió el demandante en casación Mario Forero Camargo contra el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, al considerar que la mentada autoridad actuó con desprecio a la legalidad al decretar como prueba de oficio la incorporación de las copias auténticas de las escrituras inicialmente adjuntadas en copia simple para acreditar el dominio de la parte reivindicante, lo cual constituye uno de los reproches que ahora formula expresamente a través del recurso de casación.
Si bien es cierto, dada la autonomía que tienen tales actuaciones y que la acción de tutela no constituye una instancia anterior al recurso extraordinario de casación, no lo es menos que esta Corte ha admitido la declaración de impedimento cuando exista íntima relación o conexidad entre ambos asuntos, al decir que: «aunque en principio ella procede en relación con actuaciones en las instancias del proceso, lo cual no comprende los recursos extraordinarios de casación y revisión, por excepción es posible la configuración de tal causal respecto de éstos cuando existe conexidad o coincidencia entre los motivos en ellos invocados y examinados, pues ello permite alcanzar los fines de las referidas instituciones de los impedimentos y las recusaciones. (CSJ AC de 6 de jul. de 2010, exp. (2009-00974).
Ciertamente, la acción de amparo que formuló el señor Mario Forero Camargo contra el Tribunal de Bogotá estuvo encaminada a cuestionar el ejercicio del tribunal de la facultad de decretar pruebas de oficio, que le permitieron tener por acreditado el dominio de la demandante en reivindicación y en esa dirección revocar la decisión apelada abriendo paso a esta en detrimento de sus intereses; por su parte, el cargo primero de casación se soporta en la causal quinta, al estimar que se incurrió «en la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, esto es, la violación al debido proceso» soportada, en esencia, en que al decretar de oficio la incorporación de las copias auténticas de las escrituras que daban cuenta del derecho de dominio de la reclamante, inicialmente presentadas en copias simples, tal determinación «demuestra irrebatible, la violación al debido proceso de que fue objeto el demandado en este juicio, pues con el decreto oficioso de tal prueba, el magistrado ponente quebró, en mil pedazos, uno de los principios básicos de la administración de justicia, que es el de la imparcialidad».
De acuerdo con lo anotado, refulge ostensible que por la coincidencia entre ambos motivos de reproches, se configura la causal de impedimento en cita, por lo que en aras de garantizar la transparencia de la administración de justicia y particularmente de la imparcialidad de esta funcionaria, es de rigor declararme IMPEDIDA para participar en el trámite de esta controversia.
Consecuente con ello remítase la actuación al Magistrado Ariel Salazar Ramírez para lo de su cargo, conforme lo ordenado por el magistrado sustanciador en el auto de primero (1°) de octubre de 2018.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada