AC4694-2018

Radicación n.° 68001-31-10-008-2016-00110-01


Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Decídese sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante principal Olga Lucía Cediel Monsalve frente a la sentencia de 29 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso promovido por la impugnante contra los herederos determinados (Hermes Ricardo, Kelly Yojanna, Annys Karellys, Luis Carlos y Diamar Carolina Uribe Daza, y Sharik Camila Uribe Murillo) e indeterminados de Hermes Uribe Rincón, donde también se presentó como interviniente excluyente María del Tránsito Daza Suárez.


ANTECEDENTES


1. Olga Lucía Cediel Monsalve formuló demanda para que se declarara que fue compañera permanente de Hermes Uribe Rincón y que entre ellos se conformó una sociedad patrimonial que debía declararse en estado de disolución (por muerte del segundo) y en estado de liquidación (folios 2 a 11 del cuaderno 1).


2. En el mismo proceso María del Tránsito Daza Suárez se presentó como interviniente excluyente con el fin de que se le reconociera como la única compañera permanente de Hermes Uribe Rincón y que, por el fallecimiento de este, se reconociera que la sociedad patrimonial se encontraba disuelta y en estado de liquidación (folios 2 al 10 del cuaderno 3).


3. La primera instancia concluyó ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia de 20 de febrero de 2018, en la que se declaró que Hermes Uribe Rincón tuvo sendas y sucesivas uniones maritales de hecho, primero, con María del Tránsito Daza Suárez (desde el 1 de mayo de 1990 hasta el 9 de febrero de 2014) y, luego, con Olga Lucía Cediel Monsalve (entre el 10 de febrero de 2014 y el 24 de octubre de 2015). Igualmente,  se ordenó que fueran inscritas en los respectivos registros civiles de nacimiento y negó las pretensiones de reconocer la disolución de la sociedad patrimonial y el estado de liquidación de la misma, formuladas por la demandante principal (por haberse configurado la prescripción extintiva) y por la interviniente excluyente (en razón a que no se probó su existencia) (folios 324 y 325 del cuaderno 2).


4. El 29 de agosto de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, resolvió la alzada que la demandante principal, la interviniente excluyente y los herederos determinados del causante interpusieron contra el fallo de primer grado, modificándolo parcialmente para declarar que entre Olga Lucía Cediel Monsalve y Hermes Uribe Rincón no existió unión marital de hecho ni sociedad patrimonial porque María del Tránsito Daza Suárez fue la única compañera permanente del de cujus desde el 1 de mayo de 1990 hasta el 24 de octubre de 2015. En consecuencia, declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial que se configuró entre la interviniente excluyente y Uribe Rincón, ordenando su correspondiente inscripción (folios 14 a 15 del cuaderno 7).


5. Olga Lucía Cediel Monsalve interpuso recurso de casación que se concedió el 7 de septiembre de 2018, por versar la sentencia recurrida sobre el estado civil. Sin embargo, el ad-quem  pasó por alto que la decisión impugnada contiene mandatos ejecutables (Ibídem).


CONSIDERACIONES


1. Al momento de conceder el recurso de casación, de conformidad con el artículo 341 del Código General del Proceso, el ad quem debe verificar si la sentencia impugnada contiene resoluciones ejecutables y, en caso positivo, así lo declarará estableciendo las piezas procesales necesarias e imponiendo al recurrente la carga de «suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso».


El objetivo de esta exigencia radica en evitar que, mientras se despacha el recurso, el proveído cuestionado quede en suspenso y no pueda ser obedecido, bajo la consideración de que el debate de instancia se cerró con el fallo de segundo grado. Claro está, sin desconocer que la ejecución puede ser suspendida a petición del recurrente, para lo cual, al interponer el recurso, debe ofrecer caución que ampare los perjuicios que puedan derivarse de tal solicitud (artículo 341 idem).


Si se concede el remedio extraordinario pasando por alto que la decisión impugnada es ejecutable, no hay consecuencias negativas para el impugnante como lo ha determinado la Corporación:


Así las cosas, en caso de que el fallador guarde silencio sobre ‘los mandatos ejecutables’ de la providencia, dicha inadvertencia en manera alguna puede derivar una consecuencia adversa para el recurrente, pues, la ley solo le traslada la obligación de sufragar el costo de las reproducciones cuando ellas son ordenadas, previa constatación del Tribunal respecto del linaje del fallo opugnado (AC3763, 17 jun. 2016, rad. n° 2014-00111-01, reiterado en providencias AC324, 26 en. 2017, rad. n° 1998-07501-01; AC6559, 29 sept. 2016, rad. n° 2014-00299-01).


En casos como el descrito, bastará que antes de la admisión de la impugnación, en aplicación del artículo 12 de la nueva codificación procesal, es decir, «…con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal…» (idem) como el de la economía procesal, la Corte ordene el trámite correspondiente con miras a que se expidan las reproducciones para que la decisión recurrida pueda cumplirse. Una decisión distinta sería contraria a los fines del proceso.


       Esta Sala tiene dicho que «[l]a solución a la omisión del ad-quem, apelando a una interpretación pro-recurso y a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, será la de señalar el carácter «ejecutable» del fallo y brindar la oportunidad respectiva para pagar las copias, so pena de la sanción procesal respectiva» (AC3763, 17 jun. 2016, rad. n.° 2014-00111-01).


2.        Con fundamento en lo expuesto y como no existe ofrecimiento de prestar caución para impedir el cumplimiento de lo resuelto por el fallador de segundo grado, se declarará que la sentencia es susceptible de ser cumplida y se ordenará el pago de las expensas para las copias necesarias a dicho propósito (entre ellas, del libelo, las contestaciones, los poderes otorgados por los contendientes a sus mandatarios judiciales y los fallos de ambas instancia) y su envío al funcionario de primer grado.


En principio, de conformidad con el artículo 341 ibídem, el pago de tales expensas sería a cargo de la «recurrente»; sin embargo, a ella se le reconoció el amparo de pobreza (folio 72 del cuaderno 1), figura que -a la luz del canon 152 ibídem- la exime de «pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación», incluyendo, por supuesto, los necesarios para expedir las copias destinadas al cumplimiento de la sentencia de segundo grado.


3. En consecuencia, se declarará que la sentencia objeto del recurso contiene mandatos ejecutables y se ordenará a la Secretaría expedir las copias de las piezas necesarias del expediente para su ejecución e informar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, lo aquí determinado, remitiendo un ejemplar de la decisión, para lo que estime pertinente.


DECISIÓN

       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:


       Primero. Declarar que la sentencia de 29 de agosto de 2018, proferida dentro del proceso de la referencia, contiene mandatos ejecutables.


Segundo. Disponer que la Secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia expida copia auténtica de la demanda principal, la de intervención excluyente, sus contestaciones, los poderes otorgados por los contendientes a sus mandatarios judiciales, así como de las sentencias de primera y segunda instancia, y remitirlas al juzgado de primera instancia competente, para hacerse efectivo el cumplimiento de la sentencia;


Tercero. Comunicar al Tribunal de origen este proveído y remitirle copia del mismo.


Notifíquese.



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado