AC4695-2018
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide sobre la admisión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso declarativo reivindicatorio promovido por el Municipio de Guadalajara de Buga contra Omar Rendón, Jaime de Jesús Medina Castaño, Diego Carmona Pérez, Henry García Quintero, José Arnol Guevara Montoya, José Darío Valencia Loaiza, José Edgar Tofiño Medina, Jubal Victorio Suaza Cardona, Jesús Reinel Girón Bedoya y Luis Antonio Campo Capote.
ANTECEDENTES
1. La entidad territorial demandante solicitó la reivindicación del inmueble que, según el folio de matrícula inmobiliaria No. 373-92896, es de su propiedad y que está en posesión de los demandados (f. 19-21, c. principal).
2. Henry García Quintero, Luis Antonio Campo Capote, Omar Rendón, Jubal Victorio Suaza Cardona y Jesús Reinel Girón Bedoya dejaron pasar en silencio el traslado de la demanda (f. 246, c. principal), mientras que Jaime de Jesús Medina Castaño formuló la excepción de «confianza legítima» (f. 78 – 80, c. principal), José Darío Valencia Loaiza, Diego Carmona Pérez y José Arnol Guevara Montoya plantearon la de «la inexistencia del reclamos (sic) de la acción reivindicatoria» y «la innominada» (f. 94-106, 169, c. principal) y José Edgar Tofiño Medina sustentó la de «[l]a inexistencia de la acción REIVINDICATORIA» (f. 229-236, c. principal).
3. Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guadalajara de Buga le puso fin mediante sentencia de 3 de noviembre de 2017, por medio de la cual declaró imprósperas las excepciones de mérito invocadas, determinó que el inmueble objeto del litigio «pertenece en dominio pleno y absoluto al» demandante y, por tanto, condenó a los demandados a restituirlo, autorizándoles a estos últimos desprender las mejoras realizadas al mismo. El a-quo condenó a los demandados a sufragar las costas y los absolvió de pagar tanto los frutos civiles que pudo haber producido el bien antes de la presentación de la demanda porque ellos «están en el predio por iniciativa y consentimiento del reivindicador», como los que pudieron haberse producido luego del mencionado instante porque no hubo pretensión al respecto.
4. Apelada la decisión mencionada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, resolvió la alzada el 12 de julio de 2018, introduciendo las siguientes modificaciones (folios 50 a 51 del cuaderno 7).
4.1. Mantuvo en firme la condena a los demandados de restituir el inmueble a la demandante, pero a esta última le impuso la obligación de pagar, por concepto de mejoras útiles, los siguientes valores: (i) A Henry García Quintero $16.058.335,41; (ii) A José Arnol Guevara Montoya $46.783.283,84; (iii) A Jaime de Jesús Medina Castaño $1.852.000,86; y a (iv) José Édgar Tofiño Medina $15.225.443,08
4.2. Determinó que las costas de primera y segunda instancias debían pagarse así: Henry García Quintero, José Arnol Guevara Montoya, Jaime de Jesús Medina Castaño y José Edgar Tofiño Medina en un 30% por partes iguales; José Darío Valencia Loaiza, Diego Carmona Pérez y Luis Antonio Campo Capote en un 40% por partes iguales; y a la demandante en el restante 30%.
5. El 19 de julio de 2018, José Arnol Guevara Montoya, José Darío Valencia Loaiza, Diego Carmona Pérez, Jaime de Jesús Medina Castaño, Luis Antonio Campo Capote y Henry García Quintero interpusieron recurso de casación contra el fallo de segunda instancia (f. 54-55, c. ídem), el cual fue concedido el 11 de septiembre del mismo año (56 y 57, c. principal).
CONSIDERACIONES
1. Esta Corporación ha interpretado que cuando el inciso final del artículo 342 del Código General del Proceso establece que «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», debe considerarse lo siguiente:
Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad el acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación que irrogó el proveído, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación del principio de la legalidad.
Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones que dan lugar a ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. 2011-00248-01).
2. En consonancia con lo anterior, la norma citada prohíbe que se declare inadmisible el recurso de casación por motivos relacionados con la cuantía del interés para recurrir, lo que no significa que esta Corporación deba limitarse a admitir todos los recursos concedidos por los Tribunales.
3. En el caso concreto el ad-quem concedió el recurso extraordinario porque «los ciudadanos en cita, solicitaron que se condenara al Municipio de Guadalajara de Buga, reconocer el Good Will de los establecimientos de comercio de propiedad de los inconformes, cuyas sumas se tasaron por perito, según experticia que obra a folio 24 a 43 del cuaderno de pruebas, monto que asciende a $812.749.004 para el señor José Arnol Guevara Montoya, lo cual traduce que el interés del demandado está suficientemente justificado», por sobrepasar de 1.000 SMLMV. Asimismo, en aplicación del inciso final del artículo 338 ídem se concedió la impugnación de todos los impugnantes por haber concluido que uno de ellos cumplía la mencionada exigencia.
4. Revisada la actuación se advierte que la concesión del recurso de casación fue prematura por las razones que a continuación se detallan.
Según el artículo 206 ibídem, los demandados que pretendan el pago de «mejoras, deberá[n] estimarl[a]s razonadamente bajo juramento en la … petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos» y «[e]l juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo … cuando la parte contraria lo objete».
La norma citada establece que el demandado solamente podrá ser favorecido con el reconocimiento de las mejoras plantadas en el inmueble cuya reivindicación se ordena, siempre que estime su valor de forma discriminada, razonada y bajo la gravedad del juramento. Por esta razón, la sentencia no podrá conceder una cantidad superior a la estimada, a menos que el demandante la haya objetado oportunamente, so pena de incurrir en incongruencia.
Cuando el ad-quem concluyó que se había cumplido el interés para recurrir en casación porque, de acuerdo con el dictamen pericial, el valor del «good will» a favor de José Arnol Guevara Montoya superaba 1.000 SMLMV, pasó por alto las previsiones del artículo 206 ídem. Al contestar el libelo, él formuló juramento estimatorio con el fin de que se le reconociera: (i) $60.000.000 como «valor actualizado … de las citas (sic) mejoras» y (ii) el «buen nombre [léase, “good will”] de los establecimientos de comercio “TALLER LA VARIANTE” Kiosko de Postobon» equivalente a $40.000.000, para un total de $100.000.000 (folio 175 del cuaderno principal).
Comoquiera que el anterior juramento estimatorio no fue objetado por la demandante (f. 253, c. principal), el valor máximo que podía reconocerse a José Arnol Guevara Montoya por concepto de mejoras (incluyendo, por supuesto, el buen nombre o «good will» de su establecimiento de comercio) era de hasta $100.000.000, porque así lo establece la norma adjetiva tantas veces citada, sin importar que el cálculo pericial fuera mayor.
A lo anterior debe agregarse que ni si quiera sumando el valor estimado bajo la gravedad del juramento por los otros demandados se tiene por cumplido el interés para recurrir, como pasa a verse.
Por su parte, José Edgar Tofiño Medina estimó bajo la gravedad del juramento que el valor de sus mejoras era $80.000.000 (f. 235, c. principal); José Darío Valencia Loaiza solicitó de la misma forma el reconocimiento de «la nivelación del terreno que ocupa, sus mejoras, consistente en una casa de habitación e instalación de servicios públicos de luz eléctrica, alumbrado público y alcantarillado» por valor de $80.000.000 y el «buen nombre de los establecimientos de comercio TALLER TRAILER´S VALENCIA y KIOSKO EL REFUERZO» en un valor de $60.000.000, para un total de $140.000.000 (f. 105, c. principal); y Diego Carmona Pérez hizo lo propio cuantificando el mismo concepto en $58.700.000 (f. 99, c. principal).
El Tribunal pasó por alto que ni siquiera sumando las cantidades estimadas por estos demandados ($378.700.000, teniendo en cuenta su calidad de litisconsortes necesarios) se llega a los 1.000 SMLMV, con lo que se advierte la prematura concesión del recurso.
Así las cosas, habiendo sido precoz la concesión del recurso extraordinario, resulta procedente que el Tribunal revise su decisión aplicando las consideraciones precedentes. En caso de que el fallador de segundo grado encuentre admisible la impugnación de acuerdo con las pruebas que obran en el plenario, deberá dar aplicación a lo previsto en el inciso 3 del artículo 341 ibídem que establece:
En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, al conceder el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.
Segundo. Devolver la actuación a la oficina de origen, para que proceda como le compete.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado