AC564-2018
Radicación nº 11001-02-03-000-2017-02158-00
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Mediante memoriales presentados dentro del término establecido para subsanar la demanda de revisión, se intenta enmendar las deficiencias que de ese libelo la Corte advirtió en providencia del 30 de noviembre de 2017, atinentes, entre otras cosas, (1) al poder debidamente otorgado por la recurrente; (2) la determinación de las personas que fueron parte en el proceso; (3) el proceso en que se dictó la sentencia con la indicación de su fecha, el día en que quedó ejecutoriada y el despacho judicial en que se encuentra el expediente; (4) Los hechos concretos que sirven de fundamento a las causales aducidas para la revisión incoada; (5) direcciones electrónicas de las partes, y (6) finalmente se pidió allegar el CD contentivo del escrito de subsanación como mensaje de datos para el archivo y el traslado de los convocados al trámite (artículo 89 inc. 2 ib.).
Examinado los documentos aportados considera la Corte que debe rechazar de plano la demanda en atención a las siguientes
CONSIDERACIONES
Lo primero que se advierte es que en el numeral cuarto del escrito que se examina (folio 139) no se indica con precisión cuál es la sentencia contra la cual se dirige el recurso extraordinario, pero habiendo sido favorable a la recurrente la de primera instancia y determinándose el fallo objeto del recurso en el poder otorgado por la recurrente, puede racionalmente entenderse que se encamina a controvertir la de segunda, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia, de fecha 15 de marzo de 2013.
En cuanto a la ejecutoria de esa providencia, punto que se pidió subsanar, el apoderado de la impugnante, entendiendo que el vencimiento del término con el que cuenta para interponer el recurso es de prescripción y no de caducidad, menciona que contra la sentencia del Tribunal se interpuso recurso de casación pero por la demora en su trámite se optó por retirarlo, razón por la cual el expediente fue devuelto al Tribunal el 8 de abril de 2014 y luego el Juzgado Octavo de Familia dictó auto de acatamiento a lo resuelto por el superior el 24 de junio de 2014 “alcanzando ejecutoria el dos de julio de 2014” (folio 139) siendo ésta la fecha que para el recurrente gana firmeza del fallo impugnado. Con todo, continúa indicando que el 3 de septiembre de 2014 se radicó demanda ante la Corte Suprema la cual fue rechazada mediante providencia notificada el tres de marzo de 2015. Se dice además que el 16 de mayo de 2016 se presentó una demanda de revisión, a la sazón denegada, presentándose de nuevo otra que es la que ocupa la atención ahora.
Todo este recorrido lo plantea para exponer que no se han cumplido los dos años dispuestos en la norma pues cada una de las demandas instauradas ha suspendido el tiempo de prescripción y ante hechos tan graves como los expuestos considera que no existe ninguna prescripción que opere.
Pues bien, más allá de la verificación del cumplimiento de las demás observaciones hechas al escrito genitor, debe detenerse la Corte en este primer aspecto, y al efecto nota que aún si se tomara como término de ejecutoria el planteado por el recurrente, esto es el 2 de julio de 2014, habría forzosamente que dar aplicación a lo previsto en el artículo 358 #3º del Código General del Proceso que establece: “sin más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal”.
Ese término a que alude el precepto es el establecido en el artículo 356 ibídem y es de dos años para lo referente a las causales primera y sexta que se invocan en este recurso, los cuales se cuentan desde la ejecutoria de la sentencia, como lo dice claramente su inciso primero.
En materia de revisión, quizás más que en ningún otro recurso, los límites temporales fijados por la ley son perentorios pues de por medio está el cuestionamiento que con este se hace a la cosa juzgada material, con todas sus características de certeza e inmodificabilidad de la decisión, que, a fin de cuentas brindan seguridad a las relaciones jurídicas particulares, amenazadas seriamente si los fallos pudieran quedar indefinidamente expuestos a eventuales impugnaciones. Por eso, en vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil, pero aplicable al actual general del proceso, dijo la Corte:
Por ser el recurso de revisión un remedio consagrado en la ley para impugnar sentencias ejecutoriadas, reviste carácter extraordinario y, por tal razón, tanto la gestión por parte del recurrente como la actividad del juez llamado a conocer del mismo, se halla fundamentalmente restringida o limitada. Así, el Código de Procedimiento Civil ha fijado la oportunidad para hacer valer dicho recurso, estableciendo términos u oportunidades de carácter preclusivo que varían según el motivo legal alegado para justificar la impugnación, y que son de estricta y obligatoria observancia al igual que ocurre con los determinados para el ejercicio de cualquier otro recurso, habiendo precisado esta Corporación acerca de los efectos del ameritado plazo lo siguiente: “No ofrece duda que cuando se trata de un término perentorio que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho, como el indicado para formular el recurso de revisión, vencido el plazo sin que el interesado interponga el mencionado recurso se produce, por ministerio de la ley, la caducidad del derecho a formularlo...” (sentencia 19 de junio de 1989. CXCVI pág. 179), fenómeno jurídico este que despoja al interesado del derecho a ejercer válidamente la acción en el caso concreto y que por consiguiente autoriza a las autoridades judiciales a rechazar de plano la impugnación, tal como lo dispone el inciso 4o. del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, siempre en el bien entendido que como se desprende de las normas citadas y de la jurisprudencia de esta Corporación, “… queda en claro que el plazo de caducidad establecido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, se refiere solo a la oportunidad que tiene el recurrente para proponer el recurso de revisión, mediante la demanda respectiva. (...)”, (C.S.J. 10 de diciembre de 1990) de donde se sigue que por principio, el momento determinante para establecer si la caducidad ha operado, es la presentación de la demanda mediante la cual se ha sustentado el recurso (AC-246-1998 del 30 de octubre de 1998, rad. n°. 7295)
Tratándose entonces de un plazo de caducidad, de lo cual no hay duda alguna si es el mismo legislador el que ordena de oficio que se rechace de plano la demanda cuando se presenta por fuera del término establecido (en concordancia con lo indicado en el inciso 2º del artículo 901 del CGP), no tiene lugar que se examine la curiosa argumentación de la censura dirigida a plantear una especie de suspensión de ese plazo, al entender que este es de prescripción.
Ni considera la Corte que de oficio puede violentar lo dispuesto en las normas procesales en lo atinente los términos preclusivos y perentorios, los cuales son de obligada observancia pues, como lo anuncia el artículo segundo del Código General del Proceso “su incumplimiento injustificado será sancionado”. Y no existe justificación en revivir términos cuando, como lo manifiesta el recurrente, optó por retirar las diligencias, esto es, el recurso de casación que entonces se había interpuesto contra el fallo cuya revisión infructuosamente ahora se intenta.
DECISIÓN
En virtud de lo anterior, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Resuelve:
Primero: RECHAZAR DE PLANO la demanda contentiva del recurso de revisión impetrado contra la sentencia del 15 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes de Angélica María Gil Parra contra July Andrea Martínez y otras.
Segundo: DEVUÉLVANSE LOS ANEXOS sin necesidad de desglose.
Tercero: RECONOCER PERSONERÍA jurídica suficiente al doctor William Jesús Gil Molina como apoderado judicial de Angélica María Gil Parra en los términos del memorial que obra en folio 118 del cuaderno de esta Corporación.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada
1 Dice el precepto: “El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose”.