AC613-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00243-00


Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Pasto (Nariño) y Promiscuo Municipal de Sibundoy (Putumayo), adscritos a los Distritos Judiciales de sus respectivas ciudades, para conocer la acción ejecutiva que instauró Edilma Analid Chamorro en representación de la sucesión de Jorge Alejandro Chamorro frente a Jesús David Quintana.


I. ANTECEDENTES


1. El actor radicó solicitud para el cobro de una letra de cambio que por reparto correspondió al primero de estos despachos, donde fincó la competencia por «el lugar de cumplimiento de la obligación. (fls. 3 y 4, cdno. 1)


2. La prenombrada autoridad la rechazó y la envió a sus homólogos de Sibundoy, aduciendo con sustento en el encabezamiento y en la información del acápite de notificaciones de la demanda, que es la vecindad del convocado la que determina la competencia conforme el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso. (folio13, ibídem)


3. El Juez Promiscuo Municipal de la localidad de destino, no aceptó la atribución que le quiso asignar el juzgador de Pasto, y promovió la colisión que se examina, poniendo de presente que el numeral 3º de la norma antes citada, «le permite al actor la facultad de escoger el lugar donde debe discurrir el proceso ejecutivo amparado en una obligación contenida en un título valor» y «por ser el Juez del lugar del cumplimiento de la obligación, el elegido por la parte actora para que conozca del asunto» (fls. 20 y 21 ibíd)


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. El numeral 1º del artículo 28 ibídem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado», disposición que para el caso de «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» complementa el numeral 3º ibídem, cuando dispone que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…».


Lo cual significa que si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio del convocado, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto, en consideración a que la disposición establecida en el numeral primero de la norma en sustento consagra una regla general.


Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armonía obliga encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor.


4. En el caso concreto, si bien el actor informó que el domicilio del accionado estaba en Sibundoy (Putumayo),  atribuyó de manera expresa la competencia al juzgador de Pasto (Nariño) «por el lugar en donde debe discurrir el proceso ejecutivo amparado en una obligación contenida en un título valor», encontrando sustento su elección en el título ejecutivo base de la acción, lo que permite señalar que el funcionario judicial de esta última urbe es el competente para rituar la actuación proceso judicial.


5. Ahora bien, es menester aclarar que la regla contenida en el numeral 1 del precitado artículo es tan solo una norma general de aplicación residual, en consideración a que, el numeral 3° de la misma disposición, contempla una competencia particular y específica que concurre a elección del demandante, entre el fuero personal y el fuero contractual o del cumplimiento de las obligaciones, facultando la ley al actor la elección entre uno y otro fuero para incoar la acción, elección que para el caso que ahora compete definir, correspondió al juez en comento, por elección del demandante.


6. Así las cosas, no acertó el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pasto al inicialmente rehusar el pleito en ciernes, de manera que se le remitirá para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.



III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto entre los Juzgados mencionados, señalando que el Cuarto Civil Municipal de Pasto (Nariño) es el competente para conocer la acción ejecutiva incoada por Edilma Analid Chamorro en representación de la sucesión de Jorge Alejandro Chamorro frente a Jesús David Quintana.


En consecuencia, devuélvase el expediente a la oficina indicada para lo de su competencia e infórmese de tal situación, mediante oficio, a la otra involucrada.


Notifíquese,




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado