AC617-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00031-00
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Procede el Despacho a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón (Huila) y su homólogo Once de Bucaramanga con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por el Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E. contra Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada -Comparta Salud EPS-S.
Se sostiene que los títulos fueron librados por el Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E., con ocasión de los servicios médicos prestados a los afiliados –cotizantes y beneficiarios-, los cuales se presentaron y no fueron objetados, ni pagados en los términos legales.
Indicó en el acápite sobre competencia, entre otras razones, que la misma estaba asignada «al Juez Civil del Circuito del lugar de prestación del servicio, en este caso, de el (sic) Municipio de Garzón –Huila»; esto, debido al domicilio de la entidad pública accionante que determina la aplicación de un fuero privativo.
Subsanada la demanda, previa resolución de recurso de reposición frente a rechazo por extemporaneidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón procedió a rehusar la atribución asignada esgrimiendo su falta de competencia debido al factor territorial.
Como fundamento de la anterior decisión, sostuvo que la concurrencia de fueros estaba descartada para este evento en tanto que no operaba el foro obligacional debido a que las facturas no dan cuenta del lugar donde debía hacerse el pago por el servicio de salud prestado, por lo que concluyó que la única norma aplicable era la que tenía en consideración el domicilio de la entidad demandada, esto es COMPARTA EPS, y atendiendo a que éste se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, allí procedió a remitir las diligencias.
Frente a la anterior decisión el apoderado judicial del Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón E.S.E., interpuso recurso de reposición, al cual no se le dio trámite advirtiendo que esta decisión no era susceptible de reparos.
Agregó que de acuerdo con lo pactado en la cláusula octava del contrato de prestación de servicios No.24129803163801 el domicilio contractual es la ciudad de Neiva, por lo que también podría estar esa territorialidad llamada a conocer de la presente acción.
Al margen de esto último, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.
Conocer en forma «privativa» quiere decir que solo es competente el juez correspondiente a la situación legislativamente descrita, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, «privativo» significa «[p]ropio y peculiar singularmente de alguien o algo, y no de otros».
La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:
«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»
En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.
5.1. Corresponde precisar preliminarmente que el Despacho desatará la colisión suscitada, limitándose al examen del factor territorial y sin considerar la materia subyacente, esto es, la ejecución de obligaciones originadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Lo anterior, por cuanto las autoridades involucradas no repararon en dicho aspecto la posición mayoritaria de la Sala Plena de esta Corporación que viene atribuyendo dichas controversias a la especialidad jurisdiccional civil, descartando la aptitud legal de los jueces del Trabajo y la Seguridad Social, a pesar de la posición disidente de la totalidad de integrantes de la Sala de Casación Civil (ver entre otros: APL2642-2017, 23 mar. 2017, 2016-00178-00 y APL4981-2017, 3 ago. 2017, 2017-00138-00).
5.2. Descendiendo al caso concreto, y atendiendo a las premisas generales precedentes, la selección del promotor respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra pleno respaldo en una pauta de la competencia privativa analizada en precedencia.
En efecto, el presente asunto se aviene a un evento de atribución excluyente, particularmente el contemplado en el referenciado numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, conforme al cual: «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas» (Destacado fuera de texto).
Como puede verse, el asunto sub examine corresponde con la premisa fáctica de la regla transcrita, en tanto lo pretendido es el cobro de una obligación documentada en 2084 facturas, cuyo importe se afirma adeudado por la EPS COMPARTA al Hospital San Vicente de Paul de Garzón E.S.E.
Lo anterior pone en evidencia la improcedente postura de la primera de las autoridades judiciales en contienda, ya que según quedó expuesto, no es dable predicar la aplicación del foro general consagrado en el numeral 1º del artículo 28 del C.G.P., sino, se insiste, el lineamiento especial y privativo que consulta la naturaleza jurídica de la convocante y su domicilio, tal cual lo reclamó reiteradamente su apoderado judicial.
En definitiva, es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado