AC621-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00332-00


Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Carlos y Primero Promiscuo Municipal de con Función de Garantías de Barbosa, ambos de Antioquia, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por Mileny Giraldo Murillo contra Jhon Elkin Vélez García.


  1. ANTECEDENTES


1.        La parte demandante presentó su escrito introductor ante el «Juez Promiscuo Municipal San Carlos –Antioquia», donde pretende que se ordene al convocado a realizar el pago de la obligación contenida en una letra de cambio, así como los intereses de mora causados y las costas del proceso.


Indicó, en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada «por ser el municipio de San Carlos el domicilio de la demandada (sic)».


2.        La autoridad receptora de la causa, la rechazó por falta de competencia territorial estimando que la autoridad facultada para su conocimiento es la del domicilio del ejecutado, el cual tiene lugar en municipio de Barbosa procediendo a remitir las diligencias al «señor juez Promiscuo Municipal (reparto)» de esa territorialidad.


3.        Recibida la actuación por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Barbosa, fue rehusada la atribución al considerar que en esta clase de procedimientos la parte interesada tiene la posibilidad de elegir entre distintos fueros, optando válidamente por la judicatura de San Carlos, que corresponde al «lugar del cumplimiento de la obligación».


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales1; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


3.        Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.


Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.


Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


4.        Fuero de cumplimiento obligacional y su concurrencia con el personal.


Uno de los supuestos de previsión de regla especial en materia de competencia territorial es el establecido en el numeral 3° del citado artículo 28, según el cual «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Resaltado fuera de texto).

Este foro que refiere al lugar de observancia de cualquiera de las obligaciones generadas en un negocio jurídico o títulos ejecutivos, es de aquellos que operan de forma simultáneamente concurrente con el fuero general, e incluso con algún otro de los especiales, siendo muestra de ello la utilización del adverbio «también», usado «para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada»2


Ahora, si confluyen los fueros personal y contractual, según lo establecido en las señaladas reglas 1ª y 3ª ejusdem, el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, sin que ello implique tolerar una elección caprichosa, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador.


5.        Caso concreto.


De conformidad con las premisas precedentes, la selección del ejecutante respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra pleno respaldo en el fuero de cumplimiento obligacional previamente analizado.

En efecto, como se sostuvo por el Despacho que propuso la presente colisión, el Municipio de San Carlos (Ant.) es el lugar que se pactó como el lugar de pago o descarga de la obligación, de conformidad con lo consignado en el título valor base de recaudo.


Aun cuando en el acápite relativo a la competencia, se haya realizado una ambigua manifestación según la cual la aptitud legal esta dada por «el domicilio de la demandada (sic)», esta imprecisión debía ser superada de conformidad con una interpretación conforme a la plena comprensión del libelo o ser auscultada por la autoridad inicial, si con ella se generaba duda sobre la escogencia de la sede, máxime teniendo en cuenta que la accionante no es abogada y actúa en causa propia.


Pese a lo anterior, lo cierto es que la escogencia que realizó la demandante se aviene a la pauta de atribución que considera el sitio del cumplimiento obligacional, lo cual sitúa a la judicatura destinataria inicial a respetar la decisión de la convocante, que por el momento ningún reproche merece.


De manera que la separación de la causa por parte del estrado original carece de fundamento, si se considera que según el precedente de la Corte, no le está dado al juez desconocer las afirmaciones del reclamante.




6.        Conclusión.


Es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente al Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos (Ant.) para conocer de la demanda en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR a actuación al citado Despacho e informar lo decidido a la otra judicatura involucrada en la colisión.



Notifíquese y Cúmplase,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado


1 Conviene precisar que si bien los dos Despachos en contienda corresponden a municipios del Departamento de Antioquia, están actualmente adscritos a diferentes distritos judiciales a saber: Medellín y Antioquia.

2 Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en: http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY.