AC631-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-03568-00
Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Examinado el escrito con el que la parte recurrente - Janet Astrid Díaz R. y Omar Fernando Díaz T.- pretende subsanar la demanda para recurso de revisión contra una decisión, emitida en el proceso declarativo de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, de Armira Ropero Alarcón contra Jorge Omar Díaz Vargas (q.e.p.d.), obsérvase que no se aviene con las exigencias formales consagradas por el legislador y que fueron puestas de presente en el auto de inadmisión, en particular por las siguientes razones:
1. En la demanda se alegaron varias circunstancias relacionadas con avalúos de los inmuebles involucrados en varios procesos: el de declaración de unión marital arriba mencionado y sociedad patrimonial, y el de sucesión del causante. El recurso fue dirigido contra varias providencias de los mismos, para cuyo propósito se invocaron las causales primera y sexta del art. 355 del Código General del Proceso.
2. La demanda fue inadmitida por varias razones, como (i) la falta de precisión en cuanto a la sentencia que realmente se pretende cuestionar, por evidente confusión en el punto; (ii) fallas en otros requisitos formales, y (iii) falta de precisión en los requisitos formales de las causales de revisión invocadas.
3. Sin embargo, presentado el escrito de subsanación, persisten desatinos que hacen inviable dar trámite a la demanda de revisión, que por eso será rechazada, acorde con el artículo 358, inciso segundo, del citado estatuto procesal, pues subsiste la falta de claridad en cuanto a la providencia en concreto que se busca derribar, como también en los temas formales que se pusieron de presente, y en «los hechos concretos» con que se fundan las causales de revisión.
3.1. Alrededor de lo primero, para tratar de superar la falencia arraigada en las varias decisiones que se acusaron en el libelo inicial, la parte recurrente dirigió ahora la demanda contra la «la providencia... emitida por el Juzgado Primero de Familia de Yopal en el proceso radicado con el número 2007/186 emitida (sic) el 9 de marzo de 2016, notificada por estado el 11 de marzo del mismo calendario, ejecutoriada el 17 de marzo de 2016», que aprobó el trabajo de inventarios y avalúos, basados en «precios acreditados por los hermanos Díaz en la casación de la Corte Suprema...».
Así, aunque ahora se emprende la controversia frente a una sola decisión -antes eran cuatro-, de todas maneras subsistió la doble confusión puesta de presente en la inadmisión, porque sigue la falta de claridad en la medida en que se menciona una providencia de un juzgado de familia, que tampoco se sabe si en realidad es una sentencia. Y por tales fallas que impiden ver cuál es efectivamente la determinación impugnada, no puede darse paso a la revisión, primero, porque este medio de defensa sólo procede «contra las sentencias ejecutoriadas» (art. 354 del CGP), que no contra autos, y segundo, dado que la Corte sólo tiene competencia funcional para recurso de revisión frente a sentencias de los Tribunales Superiores (art. 30-2 ibidem).
Por cierto que en varios apartes se habla de la «providencia» bajo discusión, por medio de la cual se aprobaron los inventarios y avalúos, que más pareciera ser un auto.
3.2. Aparte de lo anterior, que sería suficiente para el rechazo de la demanda, tampoco fue cumplido lo relativo al domicilio de quienes fueron parte en el proceso objeto de cuestionamiento (art. 357-2 CGP), porque solamente se expresaron los nombres y direcciones, pero no el lugar de domicilio, que se relaciona con un lugar geográfico del territorio nacional -o del exterior- donde la persona reside con ánimo de permanecer allí.
Recuérdase que no debe confundirse el domicilio de las personas, con el lugar donde acaso pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la reiterada jurisprudencia de la Corte, el primero consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, Rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016 y AC4669-2016 de 25 de julio de 2016).
Por eso no basta que en la demanda sólo se mencione una dirección concreta donde las personas eventualmente reciben las notificaciones, cual acontece en este caso (folios 57 y s. del cuaderno de revisión).
A más de que si el recurso de revisión tiene que seguirse con quienes fueron parte en el proceso (357-2 ídem), cual fue puesto de presente en la inadmisión, debían aportarse las copias necesarias para los respectivos traslados, no obstante que eso fue omitido porque sólo se allegó una copia, con la excusa de que los otros hermanos de los recurrentes, que no han otorgado poder para el caso, también tienen esa calidad, y que «la señora Armira Ropero Alarcón es la recurrida (sic) en este recurso», porque fue la demandante allá.
3.3. Así mismo, quedó sin subsanarse lo relativo a la fundamentación de las causas de revisión. En el auto anterior se objetó, en síntesis, que primero hubo una narración general de los hechos, sin especificar los fundamentos fácticos que puedan estructurar esos motivos de inconformidad, de recordar que conforme al artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, debe expresarse la causal «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento».
Y en la respuesta, pese a que la parte inconforme trató de separar los fundamentos de cada causal, se mantuvo la carencia de idoneidad de los supuestos de hecho que puedan tener alguna aptitud para edificar cada una de las dos causales esgrimidas.
a) Justamente, en lo concerniente a la primera, que acontece cuando se hallan «después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria», insistió la parte recurrente en que los avalúos de los bienes involucrados, presentados en el proceso de sucesión y en el de la sociedad patrimonial, fueron exagerados, y que luego se dieron cuenta, con nuevos documentos catastrales, que los anteriores eran falsos, de tal manera que no se trata de documentos «preexistentes» o anteriores, como ha precisado la jurisprudencia.
Pero tampoco están expuestas las situaciones fácticas conforme a las cuales (i) esos nuevos instrumentos hubieran sido trascendentales en la decisión, puesto que la valoración de bienes no sólo puede controvertirse mediante avalúos catastrales, ni cuáles fueron los hechos constitutivos de fuerza mayor que les hubieran impedido, primero al causante y luego a los herederos, hacerlos valer antes de fenecer las oportunidades probatorias del proceso.
b) En torno a la causal sexta, que consiste en colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso, los recurrentes reiteraron que esa conducta se manifestó por la parte demandante y en las actuaciones de su apoderada judicial, quien perjudicó los intereses de ellos y favoreció a aquella contraparte. Eso porque el perito sustentó su experticia ante el Tribunal de Yopal «con certificaciones amañadas, que eran notoriamente falsas», y fueron desvirtuadas con otras posteriores, además de que la abogada de la demandante allegó certificados de libertad de los inmuebles, «en los que se modifica la fecha de adquisición de los mismos, aporta contratos de compraventa sin la firma de las partes..., pide gananciales por mejoras y adecuaciones inexistentes y que nunca prueba sumariamente».
Expuso que la demandante incurrió en falsedad al argumentar adecuaciones a predios propios del demandado, para obtener gananciales, y se contradijo en su interrogatorio de parte (folios 62 y s. de este cuaderno).
Tal reseña conservó la falta de concreción fáctica que pueda erigir la colusión o maniobra fraudulenta, como se escribió en el auto inadmisorio, porque en verdad no permite vislumbrar dónde pudo estar el acuerdo ilícito o doloso de las partes para hacer incurrir en error al administrador de justicia, si precisamente ellos conformaban la parte demandada, no la abogada que entonces los representaba. A lo que se agrega que el tema planteado refleja una disputa por cuestiones probatorias que se dieron en el interior de la actuación, no propiamente una maniobra fraudulenta.
De otro lado, si en casos concretos las partes consideran que la conducta de los apoderados judiciales no fue apropiada, tienen otras vías para poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
4. Por manera que mal puede abrirse la puerta a la revisión con base en unos hechos que realmente no tienen suficiencia formal, pero ni remotamente, para concretar la causal correspondiente, conforme al artículo 357, numeral 4, del Código General del Proceso, precisamente porque el precepto 358 ibidem, no permite el trámite de la demanda «cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior...».
Es que si el derecho a impugnar las providencias judiciales tiene unas reglas formales mínimas, estos requerimientos son más fuertes en materia de recursos extraordinarios, previstos de manera limitada contra sentencias y por determinadas causales, que por eso necesitan de una demanda tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de decisión semejante, sin olvidar que en el de revisión es para cuestionar una que esté ejecutoriada (art. 354 id.) y que ha hecho tránsito a cosa juzgada. De ahí que si la esencia de este medio de cuestionamiento radica en sus características de dispositivo y extraordinario, que por tanto sólo procede para casos excepcionales, a diferencia de los otros mecanismos de defensa procesal, con más veras resulta inviable su promoción cuanto desacata las formalidades de idoneidad que reclama la ley, como las arriba comentadas, porque, es pertinente recordarlo, en el mismo no son hacederos cuestionamientos propios de las instancias.
5. Fue en aras de que superaran las inexactitudes de forma, conforme al inciso segundo del precepto 358 ibidem, que se inadmitió la demanda para el cumplimiento cabal de varias exigencias, pero como aún después no se colman las mismas, según viene de anotarse, debe rechazarse la misma.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, rechaza el recurso de revisión arriba referido.
Con las formalidades legales, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente