AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente



AC656-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00336-00


       Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho (2018).



Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por Nidya Yaneth Guayara Beltrán frente al auto de 10 de noviembre de 2017, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la concesión del recurso de casación que radicó contra la sentencia de 25 de octubre último, dictada dentro del proceso de pertenencia que instauró contra el Banco Comercial Av Villas.


ANTECEDENTES


       1.- La recurrente pidió declarar que adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del apartamento 101, el garaje nº 5 y los depósitos 2, 3 y 4 del edificio Villa Magdala, ubicado en la carrera 16 C  nº 154 – 55 de esta ciudad (folios 1 a 15, cuaderno 1 de copias).


       2.- Una vez agotadas las fases de rigor, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia el 13 de junio de 2017, en la que negó tal pretensión (folios 19 a 21, ibídem).


       3.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, al desatar la alzada interpuesta por la peticionaria, el 25 de octubre siguiente confirmó la providencia apelada (folios 73 a 75, cuaderno 2 de copias).


       4.- Inconforme con esta resolución, la accionante formuló recurso extraordinario de casación, pero el Tribunal denegó su concesión con auto del 10 de noviembre último, tras considerar que el interés de la inconforme no superaba los 1.000 SMMLV requeridos por el artículo 338 del Código General del Proceso, porque los formularios de autoliquidación asistida del impuesto predial, correspondiente al año 2016, evidencian que los fundos materia de la acción tienen un valor total de $282’605.000.


       5.- La última determinación fue atacada en reposición por la convocante a fin de que se concediera el mecanismo extraordinario, en subsidio solicitó la expedición de copias para acudir en queja, tras argumentar que como el juicio fue iniciado estando en vigencia el Código de Procedimiento Civil, el interés para recurrir en casación debe determinarse con base en el artículo 366 de ésta obra, que lo equiparaba a 425 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


6.- El fallador de segunda instancia confirmó el proveído censurado, al señalar que conforme a los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso es este estatuto el que debe regular el aludido mecanismo extraordinario de defensa, de donde el interés de la demandante tenía que alcanzar la cantidad de 1000 salarios mínimos mensuales, cifra que no superan los inmuebles en disputa, ni siquiera aumentando en un 50% su avalúo predial.


Por último, ordenó la reproducción del expediente para agotar el medio de defensa que ahora ocupa la atención de esta Corporación (folios 82 a 83, idem).


CONSIDERACIONES


1.- Conforme al artículo 35 del Código General del Proceso, «[c]orresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».


En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil pero que se mantienen, que «la Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) Las sentencias. (…) ii) inadmisión del recurso de casación (art. 372 C. de P. C.). (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El Magistrado sustanciador. (…) i) El recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) v) el auto que resuelve la súplica (magistrado que siga en turno -art. 363 C. de P. C.-). (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del C. de P.C.» (CSJ AC 27 sep. 2010, rad. 2010-01055).


       2.- Con base en tal premisa, de entrada menester es indicar que el recurso de casación al que acude la demandante se rige por los cánones del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de aquella obra.


En efecto, tal precepto indica que «(l)as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.»


       En concordancia con tal artículo, el numeral 5º del 625 del Código General del Proceso señaló que, «(n)o obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.» (Resaltado ajeno al texto).


       Entonces, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto, adoptando una interpretación finalista.


       Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación fue radicado el 25 de octubre de 2017, esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento el que debe aplicarse.


Así las cosas, acertó el juzgador de última instancia al denegar la concesión del mecanismo extraordinario, porque el interés de la demandante para acceder a este debía ascender, conforme a la previsión del artículo 338 de la obra en cita, a 1000 SMMLV, esto es, $737’717.000 para el año 2017.


Ciertamente dicho precepto prevé que «(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv).


       Y, en concordancia con esa disposición, el canon 339 de la misma compilación legal consagra que «(c)uando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá adoptar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.»


       Con base en tales mandatos, el Tribunal estableció que el interés para recurrir en casación de la enjuiciada era insuficiente de cara a la prueba documental obrante en el expediente, pues tan sólo daba cuenta de que el valor catastral de los fundos ascendía a $282’605.000, el que ni siquiera aumentado en un 50%, como lo reclamó la convocante por vía de reposición, totalizaría el equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.


       Es que la naturaleza extraordinaria de tal recurso justifica las restricciones para concederlo, toda vez que sólo es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este están involucrados los derechos personalísimos irrenunciables y no un componente económico.


Así lo resaltó la Corte al señalar que «(…) sólo puede emplearse frente a ciertas y determinadas sentencias, en atención a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emitió y, por regla general, ‘al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente’ (Cfme. art. 366 del C. de P. C., modificado por la Ley 592 de 2000)». (AC de 20 abr. 2009, rad. 2008-01910, reiterado en AC4416-2014).


3.- Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocación de éxito, por lo que así se declarará.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


Primero: Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 25 de octubre último, dictada dentro del proceso de pertenencia promovido por Nidya Yaneth Guayara Beltrán contra el Banco Comercial Av Villas.


Segundo: Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.


Notifíquese,





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado