Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).-
Se decide el conflicto de competencia entre los Juzgados Civiles Municipales Cuarto de Cartagena (Bolívar) y Veintisiete de Barranquilla (Atlántico), adscritos a sus respectivos Distritos Judiciales, para conocer la acción ejecutiva instaurada por Juan Carlos Jiménez Hernández frente a Leonardo Castellanos Olmos.
1. El actor radicó solicitud para el obtener la ejecución de una obligación dineraria contenida en un acta de conciliación que por reparto correspondió al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Cartagena, donde fincó la competencia por «la vecindad de las partes y el lugar de cumplimiento de la obligación. (fl. 2, cdno. 1)
2. La prenombrada autoridad la rechazó, aduciendo que la dirección de notificaciones del demandado correspondía a su lugar de trabajo, y por lo tanto, la parte accionada debía encontrarse domiciliada en la ciudad de Barranquilla.
Aunado a lo anterior, basado en el artículo 17 del Código General del Proceso y en los Acuerdos No. PSAA14-10078 de 2017 y CSJBOA17-463 del 10 de febrero de 2017, expedidos el primero por el Consejo Superior de la Judicatura y el segundo por el Consejo Seccional de Bolívar, sostuvo el juzgador que carecía de competencia territorial para conocer del asunto, dado que, el demandado no se encuentra domiciliado en la localidad donde funciona el citado juzgado y la envió a la oficina judicial correspondiente para que se efectuara un nuevo reparto. (fl.10, ibídem)
3. Correspondió posteriormente el conocimiento al Juez Cuarto Civil Municipal de Cartagena, quien con sustento en la información del acápite de notificaciones de la demanda y aduciendo que el demandando puede ser notificado en la referida ciudad, rechazó la competencia revestida y envió el asunto a sus homólogos en Barranquilla. (fl. 12, ibídem)
4. El Juez Civil Municipal de la localidad de destino, no aceptó la atribución que le quiso asignar el juzgador de Cartagena y promovió la colisión que se examina, poniendo de presente que «la regla general de atribución de la competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de procesos que dan lugar a una obligación contractual, específicamente, es competente el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado a elección del demandante» y que «frente al caso sub juice nos, (sic) encontramos que nos remitimos a dar aplicación al numeral 3ª (sic) del Art. 28 del C.G.P, en el sentido de que la competencia es atribuible al lugar de cumplimiento de la obligación». Indicando además sin fortuna, que el conflicto de competencia se suscitaba con el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Cartagena. (fls. 14 a 16 ibíd)
1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultad para dirimirla es de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
3. El numeral 1º del artículo 28 ibídem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado», disposición que para el caso de «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» complementa el numeral 3º ibídem, cuando dispone que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…».
Lo cual significa que si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio del convocado, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto.
Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armonía obliga encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor.
4. En el caso concreto, el actor atribuyó de manera expresa la competencia al juzgador de Cartagena (Bolívar) «por el lugar de cumplimiento de la obligación», encontrando sustento su elección en el título ejecutivo base de la acción, lo que permite señalar que el funcionario judicial de esta última urbe es el competente para rituar la actuación judicial, en razón a la libertad que el legislador ofreció al demandante en materia de competencia territorial.
5. A pesar de que la autoridad jurisdiccional de Barranquilla hizo referencia en el auto mediante el cual promueve el conflicto de competencia al juzgador de pequeñas causas, estando éste ya desvinculado del asunto, entiende esta Corporación que se presenta la existencia real y material de una colisión de competencia al rehusar la atribución proveniente del Distrito Judicial de Cartagena.
6. Ahora bien, es menester aclarar que la regla contenida en el numeral 1º del precitado artículo es tan solo una norma general de aplicación residual, esto es, una base universal que opera a falta de disposición especial y que no tiene en cuenta ningún otro fuero para determinar la competencia diferente al domicilio del demandado; empero, dicha disposición no es óbice que impida al demandante una selección diferente.
Uno de los supuestos normativos que consagra una regla especial, en cuanto a la competencia territorial, es el numeral 3° de la misma disposición, dado que, contempla una competencia particular y específica, que concierne al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas por las partes en un título ejecutivo o en un negocio jurídico.
Y debido a que, el legislador incluyó como adverbio de afirmación el vocablo «también», dentro del texto normativo, faculta a elección del demandante la escogencia simultánea entre el fuero personal y el fuero contractual o del cumplimiento de las obligaciones para incoar la acción, selección que adquiere el carácter vinculante para las autoridades judiciales y que para el caso que ahora compete definir, correspondió al juez en comento.
7. Adicional a lo anterior, se tiene como desafortunada la decisión del juzgador de Cartagena al inferir el domicilio del demandado, con sustento en lo informado en el acápite de notificaciones del escrito inicial, pues vecindad y esa nomenclatura no son lo mismo, como en multitud de ocasiones ha dicho la Corte,
(…) toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo –que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal (CSJ AC, 25 jun. 2005, Rad. 00216-00; reiterado entre otros en AC6045-2014, AC1699-2015 y en AC8004-2016).
8. De conformidad con las consideraciones precedentes, no podía el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena rehusar el pleito en ciernes, teniendo en cuenta que, la elección del demandante encuentra pleno respaldo en el fuero o foro de cumplimiento de las obligaciones; además que, incurrió en la confusión de los conceptos de domicilio y lugar de notificación del demandando, de manera que se le remitirá para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto entre los Juzgados mencionados, señalando que el Cuarto Civil Municipal de Cartagena (Bolívar) es el competente para conocer la acción ejecutiva incoada por Juan Carlos Jiménez Hernández frente a Leonardo Castellanos Olmos.
En consecuencia, devuélvase el expediente a la oficina indicada para lo de su competencia e infórmese de tal situación, mediante oficio, a la otra involucrada.
Notifíquese,
Magistrado