OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC661-2018
  2. Radicación n° 11001-31-03-032-2006-00508-02
  3. (Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018)


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Martha Leonor Ariza de Hurtado para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 16 de noviembre de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de pertenencia que promovió contra Alfredo Mendoza Bonilla y personas indeterminadas.

  1. ANTECEDENTES


  1. La accionante reclamó en prescripción adquisitiva de dominio un lote ubicado en la carrera 36A # 57A-14 de esta ciudad, con folio de matrícula 50C-470826 y la consecuente inscripción de la decisión en la Oficina de Instrumentos Públicos.


Sustentó su reclamo en que desde noviembre de 1985 ha ejercido posesión material a nombre propio sobre el predio de manera pública, quieta, pacífica y de buena fe, mediante actos de explotación económica con actividades avícolas y crianza de animales domésticos como conejos y perros, así como de conservación al arreglar las paredes y limpiar el césped (fls. 3 y 4 cno.1).


  1. La notificación al demandado y las personas indeterminadas se surtió por intermedio de curadora ad-litem, quien se atuvo a lo probado (fls. 35 y 36 c. 1).


  1. Agotado el trámite de rigor, el a-quo dictó fallo que accedió a las pretensiones (5 jun. 2012).


  1. El superior, al desatar la apelación de Alfredo Mendoza Bonilla, revocó la determinación y negó las súplicas, porque no se daban los supuestos de procedencia de la acción ya que el tiempo para adquirir por prescripción cuando la posesión es irregular es de 20 años ininterrumpidos, de acuerdo con el artículo 2532 del Código Civil, modificado por la «Ley 50 de 1935» (sic), vigente para la época en que se afirma inició el señorío.


Si bien la gestora se anunció como única poseedora del inmueble desde el año 1985, del interrogatorio que rindió y los testimonios se extrae que quien inició la relación material sobre el fundo desde la época señalada fue el esposo de la demandante, Javier Hurtado; luego prosiguió en forma conjunta por ambos cónyuges y, por último, sólo por aquella después del fallecimiento de su marido en 2001, de lo que se deduce que sólo llevaba poseyendo en forma exclusiva aproximadamente 5 años para el momento en que radicó el libelo en 2006, contradiciéndose que fuera a nombre propio todo el tiempo.


En el hipotético caso en que el animus domini hubiera comenzado en pareja, en el escrito primigenio se dijo que empezó en noviembre de 1985 sin demostrarlo porque según las declaraciones fue «desde el día en que la demandante adquirió la casa colindante, o en el año 1986, pues en ese momento se realizó un festejo de inauguración», lo que resulta contradictorio y «hace irrealizable calcular el término de prescripción adquisitiva extraordinaria» (fls. 23 al 33 cno. 6).


  1. La promotora interpuso casación que concedió el Tribunal (fls. 35 y 125 al 127 c. 6)


  1. La Corte admitió la impugnación y la interesada la sustentó en tiempo formulando tres cargos que desarrolló en los siguientes términos (fls. 3 y 5 al 14):


  1. El primero acusa la violación de los artículos 762, 770 y 2532 del Código Civil, este último modificado por la «Ley 50 de 1935» (sic) y que fue inaplicado, como consecuencia de apreciar erróneamente los testimonios coincidentes en que desde que la demandante y su difunto esposo compraron la casa contigua al lote objeto del pleito en el año 1985 lo tuvieron en su poder por más de 20 años, para analizar el señorío de cada uno de los cónyuges en forma separada siendo que «no se puede interpretar como en efecto se interpretó que los coparticipes no tengan capacidad para obrar individualmente» y a la fecha la gestora continúa ejerciendo actos de dominio sobre el bien.


  1. En el segundo denuncia la transgresión de una norma de derecho sustancial, como consecuencia de error de derecho por violación de una disposición probatoria, ya que los artículos 778 y 2521 del Código Civil consagran dos reglas legales en el sentido de que la posesión inicia con los primeros actos constitutivos ejecutados por la persona que la alega, teniendo la facultad de agregar el tiempo de su antecesor a título universal o singular, previa justificación de la existencia de un título vinculante. Las declaraciones de José Arcesio López, Lucy Daria Forero Varela y Luis Ovidio Romero Moreno evidencian que Martha Leonor comenzó el señorío desde la compra del inmueble donde ha vivido toda su vida, sin que pueda extraerse de ellos que lo inició el esposo y después de fallecer «se le agrega a la demandante el tiempo de su esposo como lo decidió el Honorable Tribunal (…) ya que la demandante (…) tuvo la posesión de manera concurrente con su esposo desde el primer instante en que llegaron a la casa contigua al lote».


  1. En el tercero señala que se vulneró un precepto material por error de hecho manifiesto al sopesar las declaraciones, ya que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil ordena apreciar las pruebas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y exponer razonadamente el mérito que se le da a cada una de ellas, pero se dio una equivocación al concluir que la promotora se presenta como usucapiente exclusiva desde 1985 sin tener en cuenta que es a quien le interesa la pertenencia «pues su esposo no reclama nada porque ya falleció y obviamente al presentarse cada testimonio estos recuerdan que la actividad posesoria fue iniciada por ambos cónyuges de manera concurrente y no primero por uno y luego por otro», de ahí que no podía decirse que primero fue el esposo, luego ambos y finalmente ella.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».


Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,


(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (3 dic. 2012) y que conservan vigencia hasta que culmine.


  1. La rigurosidad de esta senda extraordinaria exige el cumplimiento de una carga argumentativa que no deje dudas sobre cuál es la causal esgrimida, sus alcances y repercusiones, puesto que no es labor de la Corte interpretar las imprecisiones o vacíos de planteamientos incompletos, ni desentrañar el querer de narraciones confusas o deshilvanadas, como se resaltó en CSJ AC 1933-2015 donde se dijo que


[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.


Y aun cuando se admite que en un mismo escrito obren varios ataques por las diferentes razones fijadas en la ley con tal propósito, el principio de autonomía que les es propio exige que los sustentos individuales estén acordes con la naturaleza de cada una, de tal manera que queden debidamente delineadas y no se confundan.


De ahí que cuando se acude al primer motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, es imprescindible señalar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», pues, a partir de allí se estructura la incursión de una equivocación por vicios in iudicando, eso sí, sin que solo se trate de citar preceptos aleatoriamente a fin de atinar con que logren esa categoría de «sustancial», porque al menos uno debe estar íntimamente vinculado con el fondo del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1992.


Cumplido lo anterior debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió».


  1. En esta oportunidad la sustentación de los cargos no cumple con las mínimas exigencias que habiliten su estudio, ya fuera en forma individual o así fueran conjuntados, como pasa a verse:


  1. En el tercer cuestionamiento anunciado como una afrenta de norma sustancial por error de hecho en la valoración probatoria, solo se invoca el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que no tiene tal connotación sustancial al regular una actividad demostrativa como es el deber de apreciar en conjunto los medios de convicción recaudados, razón por la cual es insuficiente para soportar por sí solo un ataque por cualquiera de las variables de la causal primera de casación.


En CSJ AC 5264-2015, donde ocurrió igual falencia, se señaló como


[s]egún el artículo 374-3, ibídem, la censura debe señalar las “normas de derecho sustancial” infringidas (…) Se trata de un requisito esencial, por cuanto en la hipótesis de errores probatorios, nada se sacaría con verificar la existencia material de los medios de convicción en el proceso o con fijar su real contenido objetivo, o darles el alcance jurídico respectivo, si no se indica en dónde cabe el correspondiente ejercicio de subsunción normativa; o siendo pacífica una u otra cosa, cuál fue el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado (…) De ahí, su incumplimiento deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, “(…) en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (…) Por supuesto, no cualquier precepto califica como sustancial, sino únicamente, cual lo tiene decantado esta Corporación, si declara, crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, esto es, cuando regula una situación de hecho, seguida de una consecuencia jurídica. Carecen de esa connotación, por lo tanto, las normas que definen fenómenos jurídicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en línea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria (…) Al margen de cualquier otro defecto técnico que pueda contener el cargo segundo, la exigencia indicada no fue acatada, de suyo suficiente para relevar su estudio de fondo, porque ninguna disposición de la estirpe indicada fue señalada como violada (…) El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, único referido, no tiene esa connotación, al ser de índole probatorio, en cuanto señala que las pruebas deben valorarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades establecidas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos.


Por si fuera poco, ni siquiera determinó cuáles fueron las versiones indebidamente apreciadas y desarrolló el embate en forma genérica y confusa al decir que el desacierto consistió en dar «una valoración equivocada, desde el punto de vista fáctico, de las pruebas testimoniales, de la demanda adicionalmente tener dicho yerro una intensidad por ser manifiestamente su apreciación por parte de la honorable Sala del Tribunal Superior de Bogotá de descongestión» (sic), eludiendo la contraposición que revelara la certidumbre del yerro para sugerir que su sentido era entender que «es la demandante la única que le interesa la declaración de pertenencia respecto del inmueble objeto del presente proceso pues su esposo no reclama nada porque ya falleció».


La complejidad del argumento, como aconteció en AC 6 jun. 2013, rad. 2009-00351-01, impediría cualquier adecuación para

(…) hilvanar un solo ataque en los términos del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, como se pasa a precisar: No sería posible encauzarlo por la vía directa, que se trata eminentemente de un cuestionamiento en relación con las normas aplicadas u obviadas, en vista de que centra la argumentación en aspectos fácticos que tiene por acreditados, a su criterio, de los cuales debe estar alejado (…) Tampoco encaja en ninguna de las variantes de la senda indirecta, pues, no se precisan los medios de convicción que fueron indebidamente apreciados en su objetividad ni que adolecieron de defectos en su producción o estimación, de conformidad con la normatividad sobre el tema (…) El escrito, en los términos propuestos, no pasa de ser una exposición particular de cómo piensa la accionante que se debió desatar el pleito, con una formula alterna a lo resuelto y sin que logre emerger la misma como la única solución posible al caso, que fue desatendida arbitrariamente por el Tribunal.


  1. El segundo ataque que se anuncia por la misma vía indirecta pero ya por error de derecho, si bien se sustenta en los artículos 778 y 2521 del Código Civil y ambos tienen fuerza material, desconoce que a la par de esa clase de normas debía relacionar las «de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción», según el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el numeral 189 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, lo que no hizo.


De ahí que al no indicar algún canon de estirpe demostrativa como infringido es imposible evaluar el desempeño del juzgador por el camino propuesto ya que se desconocerían los precisos requerimientos en la petición, obtención o la valoración de determinada probanza desatendidos y como se precisó en AC 30 nov. 2012, rad. 2006-00547,


[e]l ataque indirecto por error de derecho implica, por su parte, la transgresión de un precepto de índole probatoria, como consecuencia del desconocimiento de los parámetros requeridos en la solicitud, decreto, práctica o valoración de los medios de convicción, lo que se debe soportar haciendo un cotejo de estos con la providencia, para resaltar las falencias del sentenciador en el peso que les otorgó al tomar la decisión, desde el punto de vista de su aptitud.


Ni siquiera sería posible asumir la acusación como un ataque por error de hecho al sopesar el material recaudado toda vez que no se individualizan los medios de convicción que el ad quem habría omitido, supuesto o apreciado indebidamente, ni menos se acredita en qué consistieron los yerros de naturaleza fáctica y su incidencia en la resolución definitiva.


Se limitó, en síntesis, a reproducir las diferentes posiciones de algunos testigos y lo concluido en el fallo, concordantes por demás en que existió una posesión conjunta entre la accionante y su esposo, para sugerir una visión particular sobre la forma como debe ser vista esa situación, pero sin confrontar los dos primeros escenarios para extractar de allí no sólo las falencias en forma detallada, clara y precisa, sino lo que estaba obligado el juzgador a concluir de cara a cada medio en particular, así como su repercusión en la determinación final.


Tales omisiones son fatales como se manifestó en CSJ AC 11 sep. 2013, rad. 2006-00131-01, donde


(…) el recurrente tampoco se ocupó de comprobar los errores de hecho presuntamente cometidos por el Tribunal, habida cuenta que no realizó ninguna comparación entre el contenido objetivo de los elementos de juicio, lo que de ellos debía colegirse y lo que, en definitiva, de los mismos infirió o debió inferir ese juzgador, carga que, como insistentemente lo ha predicado la Sala, no se cumple cuando el impugnador se “limita[…] a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso. ‘El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág. 82), (…). En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas -o generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada” (Cas. Civ., sentencia de 2 de febrero de 2001, expediente No. 5670; se subraya).


  1. El primer cargo, visto en forma autónoma e incluso si se integrara con los otros dos por ser insistentes en su exposición, dando aplicación del numeral 3 artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, resulta desenfocado al tratar de desvanecer con un planteamiento parcial los alcances del proveído confutado y contiene una propuesta novedosa en relación con los efectos de la comunidad y la agregación de posesiones, temas extraños al caso ya que el fundamento de la acción fue que el señorío ejercido por la promotora siempre fue a título singular.


El razonamiento del ad quem es que no es lo mismo actuar como señor y dueño por una pluralidad de sujetos que hacerlo de forma exclusiva, de allí que discriminó la posesión en tres etapas a saber, la inicial desempeñada por Javier Hurtado, la segunda donde coincidió éste con la gestora y la final luego del fallecimiento de aquel, último lapso que interesaba para los fines propuestos de posesión unipersonal y excluyente, pero que resultaba insuficiente dentro del marco normativo a aplicar por el corto tiempo transcurrido en dicho período.


A pesar de que en el libelo fue enfática la accionante en que «desde el mes de noviembre de 1985 a nombre propio ha ejercido la posesión material del inmueble», guardando mutismo frente a la participación de otras personas pertenecientes a su círculo familiar, en vista del resultado adverso en segunda instancia aduce que si bien en vida de su cónyuge ambos ejercieron actos de dominio, luego de que falleciera éste es la única interesada en reclamar, como si nunca hubiera existido comunidad y la participación que tuvo Javier Hurtado fuera accidental diluyéndose por el deceso.


El redireccionamiento de los hechos que buscan restarle trascendencia a la coposesión, descontextualiza el alcance restrictivo dado en la providencia a esa figura y los efectos que se derivan de la misma, que no es tratado de fondo, para sugerir como verdad revelada que si bien Javier Hurtado tuvo una intervención significativa, se tornó irrelevante cuando murió al consolidarse todas las expectativas en Martha Leonor Ariza, pasando por alto incluso que la impugnante al rendir interrogatorio reconoció la existencia de tres hijos comunes con su pareja que tendrían interés y no fueron parte en la contienda.


No puede olvidarse que debe existir una correspondencia de la sustentación con el contenido de la determinación tomada, sin que puedan dársele giros o guardar reserva sobre aspectos relevantes allí tratados que la desfiguren, ya que como se memoró en AC6343-2014


[h]a reiterado esta Corporación que el escrito para sustentar la inconformidad en casación “‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991)… la simetría de la acusación referida por la Corte en el aparte anterior, debe entenderse no sólo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución, sino como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia' (G.J. CCLV, Pág. 116)” (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, reiterado en autos de 7 de marzo de 2006 Exp. No. 00490-01 y 18 de octubre de 2006, Exp. No. 00328-01)” (Auto del 18 de octubre de 2007, exp. 11001-3103-016-1993-12450-01)


Además, el giro que da la opugnadora a su versión inicial y la aspiración de pertenencia, para que se acumulen las posesiones de ambos esposos en la cónyuge supérstite ipso facto ante la ausencia del comunero, es intempestiva y de darle curso se estaría tomando por sorpresa al oponente, lo que no es propio de este sendero excepcional y así fue memorado en CSJ AC 10 sep. 2012, rad. 2009-00629, al reproducir un aparte de CSJ SC 24 jul. 2009, rad. 00620 en el sentido de que «el ataque soportado en una indebida apreciación probatoria, bien sea por motivos fácticos o de jure, no alegados en instancia, constituye un medio nuevo en el que no puede basarse ni erigirse exitosamente el recurso extraordinario» y de la CSJ SC 4 nov. 2009, rad. 1998-4175, donde se resaltó que


(…) los referidos planteamientos resultan novedosos y, en consecuencia, inadmisibles en casación, habida cuenta que admitirlos en el mentado recurso comportaría la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con argumentos fácticos que no fueron ventilados en el trámite del asunto y, por tanto, ésta no tuvo la oportunidad de controvertir, amén que implicaría enjuiciar la sentencia con sustento en situaciones que nunca fueron sometidas a consideración del juzgador.


Incluso si se estimara enfocado y consistente el disentimiento, surge incompleto en su desarrollo por cuanto el Tribunal extrajo que se dieron tres etapas posesorias y la accionante no participó en la primera, al concordar el interrogatorio absuelto por ésta y constitutivo de confesión, con los testimonios de Jorge Arsecio López Vargas, Lucy Dayra Forero Varela y Luís Ovidio Romero Varela, mientras que en el cargo solo se propone una nueva lectura de lo narrado por los declarantes y sin afrontar los alcances dados a la declaración de parte.


No puede olvidarse que como aparece en CSJ AC4310-2014, al invocar AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01,


[r]epetidamente ha dicho la Corte, (…) constituye requisito formal de la demanda de casación, que en ella el recurrente demuestre los errores de hecho (…) en que habría incurrido el sentenciador al valorar las pruebas recaudadas y que, por repercusión, afectaron la recta aplicación de la ley sustancial (Vid inciso 2º, numeral 3º del artículo 374 C. P. C.), carga ésta que no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin más, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a “poner de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente” (Sent. de 15 de septiembre de 1993; reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430). (…). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casación el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciación de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto.


De todas maneras, al concordar la censora con que en vida de su esposo ambos fueron coposeedores del inmueble, la disconformidad no derivaría de la forma como fueron tasadas las deposiciones que lo indican sino por la incidencia jurídica que ese aspecto trascendental, salido a la luz en el curso del debate, tuvo en el resultado del pleito, disquisición que solo tendría cabida por la vía directa.


Y aun siendo laxos para encarrilar la censura por ese desvío, también sería en vano porque ningún argumento se expone del cual derive un quebrantamiento frontal de normas sustanciales por diferenciar la posesión compartida de la exclusiva acogiendo la forma como se comprendió la litis y fueron valoradas las pruebas, ya que las elucubraciones de la recurrente parten del equivoco de que el sentenciador desconoció la calidad de la demandante respecto del inmueble mientras su esposo vivía, cuando por el contrario el ad quem advirtió que antes de quedar viuda Martha Leonor Ariza de Hurtado era poseedora, con la salvedad de que no era a «nombre propio» sino en forma coetánea y compartida con el marido, lo que tenía repercusiones en aras de la usucapión, confusión que no puede ser superada ya que


[n]o en vano el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil exige una «formulación por separado de los cargos, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa», esto es, especificando cuál de las causales del artículo 368 ibidem se configura y en qué consiste la anomalía que da lugar al quiebre del fallo, dentro de las particularidades que exige cada uno de ellas, sin que se cumpla esa labor enunciando alguna pero dejándola de desarrollar, puesto que no es función de la Corte desentrañar el querer del inconforme (AC6432-2015).


  1. Al no ceñirse los ataques a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Martha Leonor Ariza de Hurtado.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA