AC736-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00100-00
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos de Familia de El Banco (Magdalena) y de Mompox (Bolívar), con ocasión del conocimiento de la demanda de «DECLARACION (sic) DE EXISTENCIA DE LA UNION (sic) MARITAL DE HECHO, DISOLUCION (sic) Y LIQUIDACION (sic) DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO» presentada por Digna Miranda Alvear contra los herederos indeterminados de Pablo Antonio Mieles Campo.
En el acápite de competencia se indicó que la misma estaba dada «en razón de la naturaleza de la acción y la pretensión ejercida y, además, por ser esta ciudad una de las residencia o domicilio de la demandada».
Como consecuencia de lo anterior procedió a remitir las diligencias al funcionario de dicha territorialidad.
Agregó que «al no conservar el domicilio en el cual establecieron su vida común como pareja y teniendo en cuenta que la misma demanda va dirigida en contra de Herederos indeterminados de los cuales no se sabe cuál es su domicilio, el presente proceso se le debe aplicar la regla de competencia prevista en el numeral primero del art 28 del C.G.P. que establece que como competente del proceso el juez del domicilio del demandante al no conocer el domicilio del demandado».
Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio.
Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Por esa razón, en materia de competencia territorial, se fijan una o unas bases universales, generales que han de regular aquellas situaciones que no tengan regla especial.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Uno de los supuestos de previsión de regla especial en materia de competencia territorial es el establecido en el inciso 1° numeral 2 del citado artículo 28, según el cual «en los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y de bienes, declaración de existencia de unión marital de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve» (Resaltado fuera de texto).
El citado foro refiere al último sitio donde estuvo radicada y se desarrolló de forma habitual y estable la unión matrimonial o de compañeros permanentes, condicionado a la circunstancia de permanencia en dicho ámbito territorial del integrante que promueve alguna de las causas enlistadas; ello por supuesto, para cuando se radica la respectiva reclamación judicial.
Así mismo, el fuero en comentario es de aquellos que operan de forma simultáneamente concurrente, siendo muestra de ello la utilización del adverbio «también», empleado «para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada»1.
Ahora, si confluyen los fueros personal y familiar aludido, el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez que corresponda a cualquiera de los mismos, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, sin que ello implique tolerar una elección caprichosa, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador.
De conformidad con las premisas precedentes, la selección de la promotora respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra pleno respaldo en el fuero correspondiente al domicilio familiar.
En efecto, se advierte que en el hecho quinto de la demandada se dijo que la unión marital de hecho sostenida entre la accionante y Pablo Antonio Mieles Campo, tuvo «domicilio en el Municipio de Barranco de Loba, Bolívar y esta ciudad», expresión esta última que se destaca, por cuanto fue empleada para hacer referencia al Municipio de El Banco, esto es, se predicó la existencia de dos lugares que corresponden «al domicilio común anterior».
Ahora, en lo que respecta al domicilio de la demandante se tiene que en la parte introductoria del escrito genitor se manifestó «DIGNA MIRANDA ALVEAR, mayor y vecina de esta ciudad», subrayando nuevamente la expresión para recalcar que allí se quiere señalar al municipio de El Banco, como sitio del domicilio actual de la reclamante.
Como viene de verse, se afirma que la unión marital tuvo también asentamiento en el Municipio de El Banco, lugar igualmente denunciado como actual vecindad de la demandante, es decir, dicha territorialidad se predica como el domicilio anterior común que todavía conserva la accionante; todo lo cual se subsume adecuadamente en la hipótesis vertida en el numeral 2 del artículo 28 del C.G.P., estudiada previamente, lo cual habilita la atribución de competencia realizada desde el libelo inicial.
La circunstancia expuesta, descarta la posición asumida por el Despacho que en primer momento refutó la aptitud legal, en tanto es criterio que pretermitió la aplicación de la norma en comento debido a la inadvertencia de la afirmada conservación, por parte de la demandante, del domicilio común anterior en el sitio de la sede del Juzgado Promiscuo de Familia de El Banco.
Esta Corporación ha emitido pronunciamiento en supuesto similar, que aunque bajo la normatividad del Código de Procedimiento Civil, conserva plena validez:
«De acuerdo con lo anterior, en los procesos en que se pretenda la declaración de la unión marital de hecho, o la liquidación y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el demandante tiene la potestad de presentar la demanda en el domicilio del demandado o en el común anterior, siempre que aún lo conserve, y una vez incoada la demanda el juez no puede declinar la competencia con el argumento de que existe otro fuero, toda vez que la competencia se convierte en privativa luego de que quien tenía la atribución de escoger entre esas opciones (el demandante), se inclinó por una de ellas (4 de julio de 2013, Exp. 2013-00552-00; reiterado AC363-2014).
4. En el sub-júdice, la promotora incoó el libelo ante los jueces de esta capital, bajo la idea de que acá convivió con su compañero hasta que éste falleció, al sostener que: “desde el inicio de la unión marital de hecho y hasta la muerte de Manuel Antonio Salcedo Salcedo (Q.E.P.D.) el domicilio de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial fue la ciudad de Bogotá” (f. 31, c. ppal). En la demanda también manifestó que ella conserva este domicilio y en el poder recalcó esa indicación (fs. 1 y 33, ibídem).
Bajo esa perspectiva, de manera evidente, como la gestora mantiene el que fuera el común de los compañeros permanentes, se satisface la hipótesis del numeral 4º del mentado artículo 23, que le brinda la potestad de optar por este lugar para impulsar la actuación. Entonces, como así lo hizo, el operador judicial no puede apartarse de esa selección, sino que debe respetarla y asumir el conocimiento del asunto.» (CSJ AC7259, 26 oct. 2016, rad. 2016-02385-00).
De manera que se insiste, la parte demandante optó válidamente por el juez del lugar que calificó como último domicilio común de los compañeros y donde aún permanece su vecindad, todo lo cual obliga al funcionario destinatario inicial a respetar la decisión de la pretensora que por el momento ningún reproche merece.
Finalmente, es pertinente resaltar que si sólo en gracia de discusión se prescindiera del anterior fuero, la conclusión final en nada variaría, en tanto que aplicada la pauta general (num. 1, art. 28), la competencia seguiría recayendo en la autoridad de El Banco; ello teniendo en cuenta que los demandados son personas indeterminadas, de las cuales no puede predicarse conocimiento de domicilio, lo que abre paso a la hipótesis prevista en la parte final del mencionado canon, a cuyo tenor: «Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante» (Subrayado fuera de texto)
En definitiva, es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Promiscuo de Familia de El Banco para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra autoridad involucrada.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado
1 Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en: http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY.