AC740-2018


Radicación nº. 11001-02-03-000-2018-00247-00


Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá y Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra.


ANTECEDENTES


  1. Ante el primer despacho, «Cesca Cooperativa de Ahorro y Crédito» demandó ejecutivamente a Jeferson Yair Quintero Ocampo y Johan Mosquera Rentería con base en un pagaré, informando que éstos son «vecinos y residentes en Puerto Boyacá, Boyacá», aportando una dirección de notificación del primero allí y del otro en «Cimitarra, Santander», y atribuyendo la competencia «por el domicilio de las demandadas (sic), el lugar de cumplimiento de la obligación…» (fls. 1 y 2, cuaderno 1).


  1. La oficina judicial rechazó el libelo aduciendo que la facultad de conocerlo recae en sus pares de Cimitarra porque de acuerdo con el título valor la obligación sería pagadera en La Dorada (Caldas), amén de que el «domicilio registrado» en ese documento es «kilómetro 25 vereda Dos Hermanos del municipio de Cimitarra (Santander)», a lo cual se suma que el escrito de medidas cautelares indica que «…laboran para la empresa Red Humanas Servicios Temporales ubicada en la calle 35 No. 21-74, oficina 233» de Bucaramanga (fls. 11 y 12 ídem).


  1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra igualmente repelió el asunto, argumentando que su antecesor interpretó incorrectamente a la promotora, pues frente a la concurrencia de fueros ésta podía escoger el fallador, lo que recayó en el inicial atendiendo a que Johan Mosquera Rentería «reside» en su jurisdicción.


       En consecuencia trabó la disputa que hoy se zanja y envió el expediente a esta Corporación para tal fin (fls. 14 y 15 ídem).


CONSIDERACIONES


  1. La presente colisión involucra a juzgados de diferente Distrito Judicial, motivo por el cual le incumbe a la Corte desatarla como superior funcional común de los mismos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como preceptúan los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la 1285 de 2009.


  1. Para determinar la competencia por el factor territorial en los juicios contenciosos, el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso establece el «domicilio del demandado», criterio que ratifica y amplía en el numeral 3 para «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos», respecto de los que «también» habilita al «juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», lo cual significa que si en un caso de esta naturaleza esos elementos no coinciden, el demandante puede apoyarse en cualquiera de ellos, sin que el seleccionado pueda apartarse de esa escogencia mientras el extremo contrario no la controvierta en la oportunidad y por los mecanismos idóneos.


Al respecto, en CSJ AC3780-2017 reiterado en AC8541-2017, la Sala sostuvo que


(…) si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio de los convocados, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado (…).


Pero puede suceder que el gestor no sea claro en su elección, como cuando la justifica indistintamente en la dupla de elementos anteriormente mencionados, caso en el cual, de ser posible, es necesario decantar su voluntad examinando cómo exteriorizó su preferencia, es decir, viendo ante quién radicó el pliego introductorio.


En un evento similar tratado en CST AC291-2018, esta Corporación manifestó que


(…) Si bien pudiera observarse una contradicción engendrada por el acreedor dado que en principio le asignó competencia al enjuiciador con apoyo en el fuero personal y contractual, tal yerro resulta irrelevante cuando dirigió la demanda ante el «Juez Civil Municipal de Bogotá», lo que quiere decir que a pesar de que ponderó la totalidad de los factores estudiados supra, concretó su voluntad en hacer uso del lugar de satisfacción para designar el factor territorial aplicable.


3.- En el sub exámine, la sociedad accionante refirió que sus deudores son «vecinos y residentes en el municipio de Puerto Boyacá», y aunque en el acápite de competencia justificó su preferencia «por el domicilio de las demandadas (sic), el lugar de cumplimiento de la obligación», generando cierta confusión sobre su verdadera voluntad, lo cierto es que la despejó al radicar el pliego genitor ante los jueces promiscuos municipales de esa localidad (reparto) y, por tanto, obrar en el marco de una de las alternativas que le concede la ley, de tal suerte que no era válido que la funcionaria de ese lugar, so pretexto de un «estudio minucioso a la…demanda…» alterara ese designio bajo el supuesto que el «domicilio registrado de los demandados en el título que respalda la obligación es kilómetro 25 vereda Dos Hermanos del municipio de Cimitarra (Santander)»,


Lo anterior, máxime que con esta inferencia incurrió en la equivocación de asumir que el «domicilio» es lo mismo que la «dirección y barrio», que fueron los datos textualmente consignados por los otorgantes del instrumento cambiario, y en todo caso desconoció la información suministrada en el escrito introductorio.


Adicionalmente, al parecer con la aspiración de reforzar su resolución, aunque sin a la postre darle ninguna consecuencia práctica, la falladora afirmó, por un lado, que de la solicitud de medidas previas se desprende que los demandados laboran en Bucaramanga y, por el otro, que en el instrumento cambiario se indica que «la obligación sería pagadera en las oficinas de la (Dorada Caldas)» (sic), advirtiéndose en torno a lo primero que en nada demerita la manifestación de la acreedora atinente a la «vecindad» de los convocados en Puerto Boyacá, y sobre lo segundo que el sitio de satisfacción de la prestación no fue el criterio que, en definitiva, «Cesca» invocó. 


4.- Así las cosas, se desatará la controversia, determinando que el funcionario que inicialmente recibió la demanda, efectivamente deberá tramitarla.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE

       Primero:        Declarar que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá es el competente para conocer de la disputa en referencia.


       Segundo:        Enviar el expediente a ese Despacho e informar lo decidido al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra.


       Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.


Notifíquese




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado