AC741-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00327-00
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá y Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, para conocer del ejecutivo singular de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda., contra María Cornelia Romero Vega.
1. Ante el primer despacho, la actora pretende el cobro de un pagaré exigible en Bogotá, así como los intereses de mora causados (fl.2, cuaderno 1).
2. Ese estrado advirtió su incompetencia porque del sustento factual se extrae que el domicilio del compulsado es en Montería, a donde dispuso su envió.
3. El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, receptor del expediente, lo repelió y adujo que la atribución para tramitarla la tiene el órgano ante quien se presentó, ya que el artículo 28, numeral 3º del Código General del Proceso faculta al acreedor para accionar en el lugar «del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
1. Como la colisión se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2. El sistema adjetivo establece pautas de competencia territorial para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, entre las que se halla la del numeral primero del artículo 28 del actual régimen procesal, según la cual «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» (se relieva).
No obstante, tratándose de controversias relacionadas con «títulos ejecutivos», el numeral tercero de ese mismo precepto también habilita al estrado judicial del lugar del cumplimiento de las obligaciones para conocer del pleito, lo que brinda al ejecutante la opción de acudir a cualquiera de esas dos sedes y le impone el deber de explicar de forma clara el criterio de atribución elegido, de tal modo que el destinatario obtenga la ilustración necesaria para verificar si lo asume o no.
Por tanto, como bien se dijo en CSJ AC8239-2017, citado en AC157-2018, cuando confluyen los fueros personal y contractual «el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales».
3. En el sub lite, según el tenor literal del medio cambiario incorporado como base de recaudo el pago de la obligación se fijó en Bogotá, lugar donde se presentó el libelo, precisando que «[c]onforme a los artículo 18, 25, 28 numeral 3 del Código General del Proceso, el lugar del cumplimiento de la obligación, el domicilio de los demandados (….), es usted competente para conocer de este proceso» (se resalta), lo que no podía ser inadvertido.
En ese sentido, aunque en principio podría generar confusión la aseveración de que optaba a la vez por los fueros personal y contractual, tal desatino resulta intrascendente porque cuando la acreedora radicó el libelo ante el despacho judicial del Distrito Capital, dejó en evidencia su intención de escoger el lugar de satisfacción del crédito.
Frente al tema, en CSJ AC291-2018, se expuso como
[e]n el sub lite, según el tenor literal del documento allegado como base de recaudo el lugar de pago de la obligación es Bogotá, y en el libelo se consignó que «[e]s usted competente señor Juez para conocer el presente proceso en virtud al domicilio del demandado y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación», lo que no podía pasar inadvertido para el juez destinatario. (…) Si bien pudiera observarse una contradicción engendrada por el acreedor dado que en principio le asignó competencia al enjuiciador con apoyo en el fuero personal y contractual, tal yerro resulta irrelevante cuando dirigió la demanda ante el «Juez Civil Municipal de Bogotá», lo que quiere decir que a pesar de que ponderó la totalidad de los factores estudiados supra, concretó su voluntad en hacer uso del lugar de satisfacción para designar el factor territorial aplicable.
Además, la sola alusión a la ciudad de Montería como lugar donde recibe notificaciones la deudora no autorizaba al estrado de Bogotá para negarse a impulsar el caso, so pena de contrariar la voluntad de la actora quien optó por una de las dos alternativas que le brinda el ordenamiento positivo y decidió acudir ante esa sede judicial a formular su pretensión.
Con todo, debe decirse que la cita jurisprudencial aludida por la célula judicial que ab initio recibió el pleito, en el sentido de que «en el caso de los títulos valores como se ha dicho por parte de la Corte suprema de Justicia “… frente a la acción cambiaria directa, solo el fuero general del domicilio del demandado es la determinante en forma exclusiva para la competencia y para conocer del asunto por cuanto los restantes son ajenos”…», no resulta aplicable a esta casuística, en vista de que fue un criterio estructurado en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero que se modificó con la expedición del Código General del Proceso donde se autoriza acudir ya ante el funcionario judicial del lugar pactado para la solución de la prestación o el del domicilio del deudor, lo que, se reitera, constituye un foro concurrente cuya elección incumbe al que activa el aparato judicial.
4. Así pues, se equivocó el Juez Cincuenta Civil Municipal de Bogotá al renunciar al estudio de la controversia por su propia iniciativa, sin tener en cuenta la existencia de un fuero electivo que le impedía salirse de los parámetros señalados por la ejecutante, por lo que se ordenará remitirle el expediente para que lo impulse.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer de la demanda de la referencia.
Segundo: Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado.
Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado