LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC746-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-00038-00
Bogotá D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el demandante Joaquín Amaris Amaris frente al auto de 9 de agosto de 2017, por medio del cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo negó conceder el recurso de casación planteado contra la sentencia de 2 de mayo del mismo año, dictada por esa Corporación dentro del proceso verbal promovido por aquél contra Corporación Universitaria del Caribe.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum: En el acto genitor se solicitó la nulidad o inexistencia del acuerdo de 2 de agosto de 2014, mediante el cual la Sala de Fundadores de la convocada removió al accionante de su condición de Presidente de ésta, electo para el período de 2013 a 2016, y como consecuencia, condenar al pago de $188’452.000, de los salarios y gastos de representación dejados de percibir, y de $616’000.000 (1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes) por perjuicios morales1.
1.2. Causa petendi: Puede deducirse de las copias enviadas, que para el promotor aquel acuerdo es nulo o inexistente por haberse adoptado al margen de la ley2.
1.3. Sentencia de primer grado: negó las súplicas de la demanda3.
1.4. Fallo de segundo grado: El 2 de mayo de 2017 el ad quem confirmó el fallo del a quo4.
1.5. Interposición recurso de casación: Contra esa decisión el actor interpuso este medio extraordinario5, cuya concesión fue concedida en proveído de 18 de mayo de 20176; pero en el Auto AC-4338 de 7 de julio de ese año esta Sala la declaró precipitada, por lo siguiente:
«(…) [T]ratándose de un fallo absolutorio, total o parcial, el agravio (...) debe entroncarse con las pretensiones económicas negadas, entendiendo las invocadas en la demanda o en su reforma, por regla de principio, a partir de la mensura efectuada en esos mismos actos procesales por el extremo demandante, incluyendo también los daños inmateriales, pero no en la cuantía reclamada, por cuanto su estimación se encuentra librada al arbitrium iudicis, cual así lo ha sostenido la Corte, inclusive en vigencia del Código de Procedimiento Civil. (…) Lo anterior, sin embargo, no significa erradicar el valor de esa clase de pretensiones del quantum para recurrir en casación. Simplemente, (…) esta Corporación, en torno al perjuicio moral, ha sostenido que “(…) no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido”7.
«En la época del Código del Código de Procedimiento Civil, se aceptaba su valoración por la propia parte, al decir de la Sala, cuando respondía a los “montos fijados en la jurisprudencia” o respetaba los “límites legales (artículo 97 del Código Penal) (…)”8. No obstante, el primer criterio, en la sistemática del Código General del Proceso, es el actualmente aplicable, no sólo porque para efectos de determinar competencia, en la susodicha materia, se autorizó tener en cuenta los “parámetros jurisprudenciales máximos” (artículo 25, ibídem), lo cual debe tenerse como referente, sino porque el arbitrio judicial fue reafirmado en el artículo 206, inciso 6º, ejúsdem, a cuyo tenor el “juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales”.
«La normatividad vigente (…) repele aceptar pretensiones inmateriales, siguiendo la estimación de la parte, perviviendo, por lo tanto, para fulminar una condena o ponderar la cuantía en casación, el precedente judicial, según el cual el “(…) recto criterio del fallador (…) viene a ser el adecuado para su tasación (…)”9, todo, por supuesto, según las circunstancias concretas en causa. Desde luego, la restricción para que la parte estime el quantum inmaterial (daño moral y/o a la vida de relación), debe entenderse cuando resulta arbitrario o ilimitado, haciendo depender a su antojo la procedencia de los recursos, y no cuando observa las directrices jurisprudenciales, vigentes a la sazón o al momento de emitirse el fallo impugnado causante del perjuicio irrogado. (…) Frente a las anteriores directrices, en el caso, surge claro, para la concesión del recurso de casación se obró de manera precipitada, por cuanto el interés económico, respecto de los perjuicios morales, no aparece definido, en cuanto con ese propósito se hizo a un lado los lineamientos antes expuestos».
1.6. En obedecimiento de lo precedente, por auto de 9 de agosto de 2017 el Tribunal negó conceder el recurso de casación, porque el interés del censor es insuficiente, pues «(…) los perjuicios materiales se establecen en $188’496.000 y los (…) inmateriales en $60’000.000, tope máximo concedido jurisprudencialmente, en que se ha señalado», los cuales apenas ascienden a $284’496.000, inferior a la suma de $737’717.000, a la cual equivalen los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes ese año10.
1.7. Reposición y recurso de queja: Contra esa negativa el actor interpuso recurso de reposición11. Adujo:
Lo ordenado por la Corte fue razonar la estimación de la cuantía, y no decidir de nuevo. Debió resolverse en audiencia, según el sistema oral. El auto ahora atacado no revocó aquel donde el recurso se había concedido, lo cual es muy particular. La cuantificación es imprecisa y contradictoria porque toma 1.000 salarios como medida de los daños morales, de modo que por ese solo aspecto se cumpliría el interés. Aunque la Corte limita el tema de la cuantía de los perjuicios inmateriales, no es menos cierto que la ley no establece límite al respecto. El Tribunal omitió liquidar intereses moratorios e indexación sobre los once millones de pesos que devengaba.
En auto de 1 de septiembre de 201712 el Fallador no repuso, porque en él solo acató lo ordenado por esta Sala en el de 7 de julio. El proveído en rigor es de los que dicta el magistrado sustanciador de acuerdo con el artículo 35 del Código General del Proceso. Al aplicar intereses moratorios e indexación del 20 de diciembre de 2014, cuando se notificó la accionada, al 2 de mayo de 2017, fecha de la sentencia, sobre los $188’452.000 de los daños materiales, obtenía $133’386.000 por el primero de esos conceptos y $219’791.119 por el segundo, para un total «(…) de $637’673.119, que (…) sigue resultando inferior a $737’717.000, equivalente a los mil salarios (…)»13.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La procedencia del recurso de casación está condicionada, entre otras exigencias, al enlistamiento del asunto en el artículo 334 del Código General del Proceso, en tratándose de los interpuestos en vigencia de tal estatuto. Conforme al precepto, procede contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores en segunda instancia (i) en toda clase de procesos declarativos, (ii) en las acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicción ordinaria o (iii) para liquidar una condena en concreto.
2.2. Tratándose de casos con súplicas económicas, el medio extraordinario procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al opugnador supere el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo prevé el artículo 338 ibídem, excluyendo, claro está, las sentencias emitidas en las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil, en torno de las cuales este requisito del interés para impugnar no se requiere.
2.3. Sin desconocer los anteriores casos de exclusión, el legislador, al regular la procedencia de la impugnación, siguió teniendo en cuenta como uno de los elementos objetivos para su concesión, la cuantía del interés. Es decir,
« (…) no basta “que la resolución judicial sea producida en un proceso ordinario, o que asuma ese carácter, sino que adicionalmente se requiere que la cuantía contemporánea de la decisión contraria al litigante interesado en recurrir sea o exceda” de aquella equivalencia, “de donde se desprende que si el interés económico que asiste a la parte llamada a plantear la impugnación no alcanza a colmar ese tope mínimo, el recurso se torna improcedente, pues en ese orden de ideas no estaría dentro de los supuestos establecidos por la norma jurídica” (auto 132 de 12 de julio de 2004)»14.
Acerca de la manera de proceder para establecer la extensión del susodicho interés, el artículo 339 del Código General del Proceso señala que cuando para la procedencia del recurso sea indispensable fijar el interés económico, “su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio obrantes en el expediente”, aunque “el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario”, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
2.4. Como se vio en los antecedentes, el Juzgador, con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente y con la orientación trazada en el Auto AC-4338 de 7 de julio de 2017 de esta Sala, constató que al convocante no le asistía el interés necesario para recurrir en casación, pues sumados los $188’452.000 pedidos por daños materiales, los $133’386.000 de intereses moratorios, los $219’791.119 de corrección monetaria, liquidados del 20 de diciembre de 2014, cuando se notificó la accionada, al 2 de mayo de 2017, fecha de la sentencia, sobre la primera cifra, y los $60’000.000, en los cuales cuantificó e menoscabo moral, obtenía la suma «(…) de $637’673.119, que (…) sigue resultando inferior a $737’717.000, equivalente a los mil salarios (…)»15, correspondientes al tope mínimo previsto por la ley como el interés básico para recurrir en casación.
De ese modo halló una cuantía menor de la legalmente exigida para recurrir en casación. Por consiguiente, el Tribunal, antes que distanciarse del ordenamiento, fue fiel en su aplicación, pues, itérase, al tomar en cuenta, por un lado, la suma pedida como perjuicio material, actualizada ella a la fecha del fallo y liquidados sobre la misma intereses moratorios de la manera señalada, y, por el otro, la cifra en la cual tasó, para estos menesteres, los daños morales, siguiendo en ello la orientación jurisprudencial trazada por esta Sala, se basó en “los elementos de juicio que obren en el expediente”, cual se lo impone el artículo 339 citado.
2.5. Alrededor de la manera de cuantificar los daños extrapatrimoniales, cuyo resarcimiento es pedido en la demanda, en orden a establecer la extensión del interés para recurrir en casación, la Corporación tiene dicho:
«(…) [S]i se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia.
«Así lo recordó la Sala en AC443-2015, aludiendo al AC de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en un asunto similar donde el juzgador (..) no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, “al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, “ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia”” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)» 16.
2.6. Por tanto, si de la mano de la jurisprudencia el Sentenciador encontró apropiado cuantificar, con miras a establecer el interés para recurrir en casación, en $60’000.000 los perjuicios morales, y si de acuerdo con la doctrina de esta Sala esa determinación se encuentra librada exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, en la cuantificación que de tal agravio hizo del interés en mención, ningún reproche se le puede hacer, mayormente si lo realizó a la luz de la naturaleza del hecho envuelto en este asunto, constitutivo de la causa del particularizado agravio, y no de nada diverso .
Itérase, al tratarse la fijación de la condena por la aludida noción de un aspecto del resorte exclusivo del Sentenciador, él en su soberanía, con lógica y sindéresis, es el llamado a establecer la cuantía, claro está, dentro de los márgenes demandados por el interesado.
Es más. El monto del perjuicio en cuestión lo aumentó la Corporación a $60’000.000 recientemente y frente a situaciones por entero diferentes y mucho más complejas a las que plantea en este caso, como puede verse en las sentencias SC-13925 de 30 de septiembre 2016, Radicación #05001-31-03-003-2005-00174-01, y SC-15996 de 29 de noviembre de 2016, Radicación #11001-31-03-018-2005-00488-01.
2.7. No está de más apuntar que en el citado Auto AC-4338 de 7 de julio de 2017, esta Sala, al declarar precipitada la decisión tomada por la ponente en el de 16 de mayo de 2017, le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento donde, con las directrices allí dadas, decidiera sobre la concesión del recurso extraordinario, precisamente porque el tratamiento que le había dado a los daños inmateriales no correspondía a los dictados de la jurisprudencia sobre la materia. Fue así como esa providencia perdió toda eficacia procesal, propiciando el proferimiento de una nueva, como se hizo.
2.8. Se declarará bien denegada la impugnación extraordinaria.
3. DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación de que se trata.
Segundo: Ordenar devolver lo actuado al Tribunal de origen para que forme parte del expediente.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
1 Folio 9.
2 Folio 9.
3 Folio 2.
4 Folio 2.
5 Folio 4.
6 Folios 7-8.
7 CSJ. Auto 213 de 7 de octubre de 2004, expediente 00353, reiterado en auto de 11 de diciembre de 2009, expediente 00445.
8 CSJ. Auto de 11 de julio de 2014, expediente 02523.
9 CSJ. Auto 240 de 14 de septiembre de 2001, expediente 9033-97.
10 Folios 12 a 14.
11 Folio 15.
12 Folios 17-18.
13 Folio 22.
14 CSJ SC. Auto de 14 de febrero de 2014, Radicación 2013-02769-00.
15 Folio 22.
16 CSJ SC. Autos AC-382 de 29 de enero de 2016, Radicación #05001-31-03-008-2010-00279-01, y AC-043 de 17 de enero de 2017, Radicación #11001-31-03-044-2016-02863-00.