1. AC814-2018
  2. Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00342-00

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018).


Resuelve la Corte sobre la admisibilidad de la demanda en el recurso de revisión de Fredy  Alonso Vargas Sandoval y Fabio Alberto Vargas Peña frente al fallo de 27 de agosto de 2014, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de bienes que adelantó Marlene Lozada Sarria contra los impugnantes y Jenny Vargas Lozada, en calidad de sucesores determinados de Martín Alonso Vargas, así como los demás herederos indeterminados de éste.

  1. ANTECEDENTES


  1. Los opugnadores acuden a este medio de contradicción con amparo en las causales primera y sexta del «artículo 380° del Código de Procedimiento Civil» (sic), porque se encontraron documentos nuevos no aportados dentro del litigio original y existieron actos de colusión que los perjudicaron (fls. 207 al 209).


  1. Informan los peticionarios que «no interpusieron el recurso de casación porque no se les corrió traslado, ni se les notificó por ningún medio», viéndose obligados a presentar acción de tutela cuyo resultado nunca les fue comunicado, por lo que «la fecha de la ejecutoria de la sentencia es el 3 de febrero de 2016, y es a partir de esa fecha que se cuentan dos años que finalizan el 3 de febrero de 2018» (fl. 206).


  1. Aportan copia informal de la providencia a examinar de 27 ago. 2014, con constancia de fijación de edicto el siguiente 3 sep. (fls. 165 al 199).


  1. CONSIDERACIONES


  1. El artículo 355 del Código General del Proceso consagra los motivos de revisión de las sentencias en firme, entre los cuales están el «1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria» y el «6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente».


Por su parte el 356 ibídem, que fija el término para hacer uso de esa vía extraordinaria, señala en su primer inciso respecto de ambas razones que «podrá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia».


Dicho plazo es improrrogable y su fenecimiento es constitutivo de caducidad declarable de oficio, máxime cuando el tercer inciso del  artículo 258 ejusdem ordena que sin «más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal».


  1. En esta oportunidad se pretende dejar sin efecto el fallo del ad quem proferido el 27 ago. 2014 y cuyo enteramiento se surtió por edicto entre el 8 y el 10 sep. de esa misma anualidad, pero con la advertencia de los impugnantes en el sentido de que su ejecutoria se produjo el 3 de febrero de 2016 sin una razón seria de respaldo para tal aserto.


Revisado el sistema de información judicial sobre el estado de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción ordinaria y bajo la radicación 76001311000320080003002 se observa que, en contra de lo afirmado en el sentido de que los demandados en el pleito ordinario no interpusieron recurso de casación contra el fallo, en proveído de 19 feb. 2015 el Tribunal lo concedió y les ordenó caucionar.


Aun cuando en principio ese acto dejaba en suspenso la firmeza del pronunciamiento cuestionado, no pasa inadvertido que según CSJ AC 5 may. 2016, en vista del informe de Secretaría de la Corte de la falta de sustentación oportuna, «en conformidad con lo previsto en el inciso 3° del artículo 373 del C. de P. C., es del caso y así se decide, declarar desierto el recurso extraordinario» (fl. 220), lo que quiere decir que fue como si nunca se hubiera planteado.


Y a pesar de que Fredy Alonso Vargas Sandoval instauró tutela contra la Corporación para que se habilitara el traslado desatendido con el argumento de que no se le corrió en forma, ese reclamo resultó infructuoso según CSJ STL5278-2016 donde se negó el amparo, lo que fue confirmado en CSJ STP10043-2016 (fls. 220 al 228).


Desde esa perspectiva cobró pleno valor el tenor del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación del artículo 34 de la Ley 794 de 2003, que era la regulación aplicable para la época en que se profirió el fallo en discusión,  según el cual las «providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» (se resalta), por lo que el pronunciamiento confirmatorio de segunda instancia en el asunto bajo análisis quedó en pie desde el 17 sep. 2014, ya que la incuria de los inconformes al no allegar la demanda de casación en el período de rigor produjo el efecto de dar por fallido ese intento como si nunca hubieran disentido.


Vistas así las cosas, es evidente la extemporaneidad del actual intento de reabrir una contienda definida, puesto que la presentación del libelo de revisión el pasado 6 feb. 2018 supera con creces el perentorio lapso de 2 años que confiere la regulación adjetiva con ese propósito para las causales esgrimidas.


  1. El tema esbozado no ha sido ajeno al presente mecanismo de confrontación puesto que así se entendió en CSJ AC 19 jun. 2001, rad. 2001-0062-01, donde se rechazó de plano un ataque similar en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero con la salvedad de que ante la falta de cambios sustanciales en su tramitación en el Código General del Proceso las precisiones de la Sala sobre su impulso conservan vigencia, llamando la atención en que


(…) el recurso de extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de segundo grado fue declarado desierto por la Corte, por no sustentarse oportunamente, fenómeno que automáticamente trajo consigo la ejecutoria de la sentencia recurrida (…) Empero, dicho pronunciamiento no adquirió firmeza con la ejecutoria de la providencia que declaró la deserción del recurso, como pretende la parte recurrente, pues si el hecho que dio lugar a dicha declaración, tácitamente implica el desistimiento del recurso por su proponente, es decir, su renuncia, situación que procesalmente equivale a la ausencia de impugnación, la ejecutoria de la sentencia que por tal medio pretendió recurrirse, se produjo, conforme al artículo 331 el Código de Procedimiento Civil, al vencerse el término dentro del cual podían interponerse los recursos procedentes, concretamente, el recurso de casación, por ser el único admisible.


Igual sentido se consignó en CSJ AC 12 oct. 2001, rad. 2001-0156-01, donde


[o]bra en el expediente (folio 26) una copia informal del auto del 14 de febrero de 2000, por medio del cual se declaró desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia atrás mencionada (…) Es evidente, entonces, que como consecuencia de esa deserción, existió un desistimiento tácito, un abandono del recurso de casación; por ello, desaparece como impugnación y, según lo reglado por el artículo 331 del citado Código de Procedimiento Civil, quedó de antaño en firme la sentencia. No es posible confundir la ejecutoria del auto que declaró desierto el recurso, con la ejecutoria misma de la decisión que a través de éste se buscó controvertir. En otras palabras, luego de que se lo declaró desierto, fáctica y jurídicamente sólo puede aludirse a un simple conato de recurso de casación, que no empece la ejecutoria de la sentencia, no prolonga ese perentorio plazo. Más elípticamente aún: es como si jamás se hubiera interpuesto en verdad el recurso de casación.


  1. Toda vez que desde el 17 de septiembre de 2016 precluyó la oportunidad para opugnar la sentencia confutada con base en las causales 1 y 6 de revisión, como ahora se pide, quiere decir que no es posible darles curso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Rechazar la demanda de revisión de Fredy  Alonso Vargas Sandoval y Fabio Alberto Vargas Peña frente al fallo de 27 de agosto de 2014, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de bienes que adelantó Marlene Lozada Sarria contra ellos y Jenny Vargas Lozada, en calidad de sucesores determinados de Martín Alonso Vargas, así como los demás herederos indeterminados de éste.


Segundo: Devolver los anexos, sin necesidad de desglose.

Tercero: Archivar las actuaciones.


Notifíquese




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado