Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver los recursos de queja interpuestos por Transportes Los Muiscas S.A., Ana Delia Avendaño Hernández y Luis Alejandro Avendaño Avendaño, frente al auto de 16 de noviembre de 2017, por medio del cual la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja negó conceder el de casación de la sentencia de 11 de septiembre de 2017, proferida dentro del proceso ordinario de Blanca Rubi Mendieta Pastrana, Héctor Manuel Borda Vanegas, David Mateo Borda Mendieta y Yuli Marcela Cortés Mendieta, contra Luis Alejandro Avendaño Avendaño, Ana Delia Avendaño Hernández, José Ernesto Cuy Vargas, sucesión de María Filomena Guerra y Transportes Los Muiscas S.A.
1. Se pidió en el libelo declarar que Luis Alejandro Avendaño Avendaño y José Ernesto Cuy Vargas en su calidad de conductores de los vehículos de placas UQY-007 y XAJ-685, son civil y extracontractualmente responsables de los perjuicios causados a los demandantes derivados de las lesiones personales sufridas por el menor David Mateo Borda Mendieta, en accidente de tránsito. Igualmente, reclamaron condena solidaria por los mismos hechos, en contra de Ana Delia Avendaño Hernández, sucesión de María Filomena Guerra, en calidad de propietarias de los referidos vehículos, así como de Transportes Los Muiscas S.A., empresa que vinculaba al vehículo de placas UQY-007 (fls. 212 a 229, c. 1).
2. El Juez Primero Civil del Circuito de Tunja dictó sentencia en audiencia de 23 de agosto de 2016, en la cual declaró probadas las excepciones de mérito alegadas por los demandados ahora recurrentes en queja y negó las súplicas impetradas en su contra.
Por otra parte, halló civil, contractual y solidariamente responsables a José Ernesto Cuy Vargas y a la sucesión de María Filomena de las Mercedes Guerra, de los daños y perjuicios causados a los demandantes, condenándolos a pagarles: a David Mateo Borda Mendieta, $170.000.000, por concepto de perjuicios inmateriales; $93.716.850 a favor de Héctor Manuel Borda Vanegas y Blanca Rubi Mendieta Pastrana, por daño emergente, así como $25.000.000 para cada uno por perjuicios extrapatrimoniales, y $10.000.000 a favor de Yuli Marcela Cortés Mendieta, por el mismo concepto. Los demás pedimentos fueron negados.
3. Apelaron de esa determinación los demandantes.
4. El Tribunal dictó sentencia en audiencia de septiembre 11 de 2017, aclarada el 22 septiembre siguiente. Tras revocar el numeral quinto del fallo recurrido, declaró «civil, extracontractual y contractualmente responsables en forma solidaria» a Luis Alejandro Avendaño, Ana Delia Avendaño Hernández y Transportes Los Muiscas S.A., y reiteró la responsabilidad civil de José Ernesto Cuy y a los herederos de María Filomena Guerrero, en las calidades en que fueron convocados.
Puntualizó, que todos los demandados debían sufragar las sumas referidas por el a quo en la sentencia impugnada, además, los condenó a pagarle a David Mateo Borda Mendieta la suma de $80.262.631, a título de lucro cesante futuro, precisando que las condenas debían ser indexadas a la fecha de su pago, desde la presentación de la demanda (fls.58, c. 11).
5. Frente a la anterior decisión, tanto Transportes Los Muiscas S.A., como Ana Delia Avendaño Hernández y Luis Alejandro Avendaño Avendaño, interpusieron recurso extraordinario de casación, cuya concesión les fue negada por auto de noviembre 16 de 2017.
Al respecto, acotó el magistrado ponente que el monto de las condenas -sumadas e indexadas- ascendía a $501.103.681, a cargo de los demandados y a favor de los accionantes, siendo ese el valor actual de la resolución desfavorable a los recurrentes, y como el mismo no alcanzaba los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no concurría el requisito de la cuantía para recurrir (fls. 76 – 79, c. 11).
6. Los impugnantes propusieron recurso de reposición y en subsidio queja.
6.1 En síntesis, los accionados Avendaño sustentaron la procedencia del recurso en los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso, aduciendo que la sentencia fue dictada en un asunto declarativo, en el cual el contenido de las pretensiones no era esencialmente económico, por lo que no era necesario acreditar la cuantía del interés para recurrir.
6.2 Transportes Los Muiscas S.A., se pronunció en similares términos, enfatizando en que en este caso los pedimentos más importantes eran los de contenido declarativo, siendo la deducción de responsabilidad lo que motivó su desavenencia con la sentencia de segundo grado.
6.3 Al descorrer el traslado del recurso horizontal, el extremo demandante solicitó la refrendación del auto impugnado.
7. El juzgador de segunda instancia decidió no reponer su decisión y dar trámite a la queja. Aseveró que, en el sub judice, la proclama está acompañada de otra de prototipo económico, por lo que no es admisible el argumento de negarle esa connotación a las súplicas, pues lo solicitado debe mirarse en conjunto y no de manera aislada (fls. 89 a 92, c. 11)
1. Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por los quejosos.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este extraordinario medio, procede, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente, «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión».
3. La inconformidad planteada se circunscribe a que, contrario a lo analizado por el Tribunal, en este caso las aspiraciones no eran de contenido patrimonial y por lo mismo, no se requería acreditar la cuantía del interés para recurrir.
4. La demanda da cuenta de una serie de pretensiones acumuladas, invocándose como principales las declarativas y como consecuenciales las de condena, estas últimas encaminadas a obtener la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que el extremo activo alegó haber sufrido con ocasión del hecho dañoso que dio origen al reclamo de tutela jurisdiccional.
En ese orden, no resulta factible acoger el argumento propuesto por los impugnantes, por cuanto de la lectura del libelo demandatorio salta a la vista que la finalidad de sus promotores era no solo obtener la declaración de responsabilidad civil radicada en los integrantes de la pasiva, sino también, y quizá en forma preponderante, conseguir consecuencialmente la reparación del daño justipreciado en términos monetarios.
5. De este modo, la apreciación de los quejosos referente a que la súplica declarativa impedía considerar que el proceso versaba sobre pretensiones pecuniarias, es a todas luces inadmisible, pues carecería de sentido entender que la demanda propendía principalmente por un pronunciamiento judicial de esa índole, desconociendo en forma tajante que, aparejada, se presentó una reclamación indemnizatoria, de igual o superior importancia para sus promotores, sustentada en el principio resarcitorio que se erige en elemento basilar del régimen de responsabilidad civil.
En resumen, no llama a duda que los pedimentos, mirados en conjunto, son de contenido esencialmente económico, y por ello, para efectos del recurso de casación, es preciso demostrar la magnitud del detrimento patrimonial inferido a los recurrentes con la sentencia fustigada, dado que no se advierte ninguna de las excepciones previstas en el artículo 338 del Código General del Proceso.
6. Puestas de ese modo las cosas, fue acertado el análisis del tribunal cuando optó por acudir al contenido de las sentencias dictadas en las respectivas instancias en lo concerniente al monto de las condenas impuestas y efectuar su sumatoria, operación que devenía pertinente dado que los recurrentes en la vía extraordinaria fueron condenados al pago de la indemnización de manera solidaria.
Tal operación, no cuestionada por los censores, ciertamente arrojó un total de $501.103.681, suma inferior a un mil (1000) SMLMV requeridos de la norma inmediatamente citada, equivalentes, para la época de la sentencia, a $737.717.000.
7. En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como lo previó el sentenciador.
8. De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegados los recursos de casación interpuestos por Transportes Los Muiscas S.A., Ana Delia Avendaño Hernández y Luis Alejandro Avendaño Avendaño, contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado