AC833-2018
Radicación n. º 11001-02-03-000-2018-00257-00
Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por JACINTO MERCHÁN BÁEZ, BENILDA RODRÍGUEZ MACÍAS, JUAN ANTONIO CATAÑO, LUIS ALONSO GÓMEZ DELGADO, JUAN JOSÉ CHACÓN SILVA, MARTHA SUSANA GALVIS FERREIRA, ÓMAR ALBERTO BUENAHORA CARVAJAL, NELLY FERREIRA TRIANA, MERCEDES CORZO HERRERA, SONIA FERREIRA TRIANA y YOLANDA BOTELLO CASTELLANOS contra el auto del 28 de noviembre de 2017, mediante el cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil negó concederle la impugnación extraordinaria de casación que formuló frente a la sentencia de segunda instancia emitida el 25 de abril de 2017 en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Los demandantes solicitaron que se les declarase dueños de unas cuotas partes del inmueble denominado “Centro Comercial La Ceiba” conforme fue especificado en los hechos de la demanda.
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil culminó la primera instancia denegando las súplicas de la demanda.
3. Apelada por los demandantes, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad la confirmó el 25 de abril de 2017.
4. Inconformes con lo resuelto, los demandantes interpusieron recurso de casación.
El ad-quem inicialmente denegó la concesión del recurso extraordinario mediante proveído del 8 de mayo de 2017, argumentando que no existían elementos de juicio en el expediente, diferentes a la información suministrada en la demanda acerca de la cuantía del proceso, para determinar el interés para recurrir. En consecuencia, como esa información no suplía el límite mínimo necesario, aunado a que el recurrente no aportó el dictamen pericial para determinarlo, decidió no concederlo.
El recurrente, inconforme con la decisión, interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica, el primero de los cuales resultó favorable a sus intereses, en la medida en que, actualizado con el índice de precios del consumidor (IPC) el avalúo catastral del inmueble, correspondiente al año 2014 que reposaba en el expediente, se superaba el umbral mínimo para tener por acreditado el interés para recurrir.
5. Remitido el expediente a esta Corporación, y verificado el asunto de cara a las pretensiones incoadas por los recurrentes, mediante proveído del 29 de septiembre de la pasada anualidad, se declaró prematuramente concedido el recurso, toda vez que el ad quem no tuvo en cuenta que cada uno de los demandantes tenía una aspiración concreta y determinable desde la demanda, por lo que el interés para acudir al recurso extraordinario no se acumulaba pues, en tales eventos, el interés se mira separadamente, tratándose de un litisconsorcio facultativo.
6. Regresadas las diligencias al ad quem para que realizara el análisis conforme los parámetros señalados, denegó el recurso de casación, pues mirados aisladamente los pedimentos de cada uno de los demandantes; y, realizadas las operaciones conforme el porcentaje del área de cada local pretendido, sumado al área social que se dice es poseída en común y proindiviso por todos los demandantes, el más alto de los intereses, solo ascendía a la suma de $160.489.761,oo.
7. Nuevamente los demandantes interpusieron el recurso de reposiciòn y en subsididio queja. El Tribunal mantuvo su decisión y por tal razón ordenó la expedición de copias para resolver el recurso que ahora se decide.
II. EL RECURSO DE QUEJA
1. El mandatario de los promotores adujo en su recurso que resulta prácticamente imposible a jueces y recurrentes determinar en este caso el interés para recurrir.
Afirmó que conforme a la literalidad del artículo 338 del Código General del Proceso, que regula la cuantía del interés, ha de entenderse que en este caso, la referencia a «el recurrente» se refiere a todos los demandantes que persiguen la totalidad del bien, cuestionándose el por qué no puede sumarse el valor actual de la resolución desfavorable de todos los demandantes si ninguna norma lo prohíbe.
Incluso, de aplicar las normas que determinan la cuantía de la demanda, se advierte que el artículo 23-3 ibídem señala que en los procesos de pertenencia, se realiza por el avalúo catastral de los bienes; y, que la cuantía en general se determina por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda «sin que se discrimine en el caso de pretensiones acumuladas, como sí se hacía en el antiguo Código de Procedimiento Civil», siendo que, en el nuevo Código General del Proceso no se vincula la acumulación de pretensiones con la cuantía, como se pretende hacer en este caso.
Terminó diciendo que la determinación del interés para recurrir debe realizarse a través de un dictamen pericial como lo solicitó desde un comienzo y no utilizar «dudosa jurisprudencia» dejando de lado «la obligación y el derecho constitucional de hallar y conocer la verdad» acudiendo a los amplios poderes probatorios.
2. Fijada en lista la queja, la contraparte guardó silencio (fl.4).
3. Luego de que fuera remitida por el Magistrado al que inicialmente se le repartió el asunto, tal y como lo manda el artículo 19 del Decreto 1265 de 1970, corresponde a este Despacho emitir la decisión correspondiente.
III. CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega el de casación, razón por la cual es necesario precisar que la competencia de esta Corporación se restringe a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo ajustado a la ley.
2. Cumple recordar, entonces, que dentro de los requisitos del aludido mecanismo, el artículo 338 señala que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el mismo procede cuando «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV)», que traducidos a pesos en 2017 ascienden a setecientos treinta y siete millones setecientos diecisiete mil pesos ($737.717.000).
3. También se hace preciso memorar, tal y como se expuso en la providencia proferida por este Despacho el pasado 12 de septiembre de 2017, que tratándose de una clara acumulación de pretensiones, dónde cada uno de los demandantes pretende un predio de menor extensión, claramente identificado desde la demanda, el interés para recurrir, ha de mirarse frente a cada uno de los actores, y no, como lo aduce el recurrente, por la sumatoria de todos ellos.
Se trata de un claro ejemplo de litisconsorcio facultativo pues los demandantes no acuden como coposeedores de toda la heredad, sino que, bien determinado desde la demanda, pretenden que se les declare dueños de los locales que componen el inmueble denominado «Centro Comercial La Ceiba», conforme las medidas y linderos allí especificados, en dónde se explicó claramente cuál es el demandante que posee determinado local, y cuya pretensión está dirigida entonces a que, mirados individualmente, se les declare dueños, conforme su pretensión, del local poseído, a excepción de la zona social, que se dice, es «poseída en común y proindiviso por todos los poseedores demandantes…»
De manera que, en este caso, sí es preciso determinar el interés para recurrir de cada uno de los demandantes, sin que sea posible dar el tratamiento de una coposesión, y por ende, de un litisconsorcio necesario, cuando claramente no lo es.
Ha dicho la Sala que,
«Si en el libelo se pidió, verbi gratia, declarar que los convocantes (dos o más) adquirieron, por prescripción, el dominio sobre determinada heredad, así sin más, significa que por activa se forma un litisconsorcio necesario, en cuanto todos ellos habrán de ser vistos y considerados como coposeedores del todo, sin que nadie lo sea de una parte o porción específica de la unidad. Por tanto, de estimar acreditados copulativamente los elementos axiológicos, sin mérito a excepción alguna, el juez, al acceder a lo así peticionado, deberá declarar que todos esos accionantes adquirieron, por el señalado modo, el dominio sobre la cosa, concebida ésta como un todo, no en parcialidades ni en franjas, pues ellos, en cuanto coposeedores, son poseedores del todo, y de toda parte del todo». (CSJ. SC Auto AC4479 de 2017)
Pero, si como en este caso, se trata de una pretensión particular y específica de parte de un predio, sin que sea relevante que se trate o no de un inmueble de menor extensión, el litisconsorcio entonces no es necesario, pues cada uno de los demandantes pudo acudir individual y separadamente a un juicio aparte, de manera que, para efectos del interés para recurrir, habrá de analizarse su individualidad.
Así lo ha decantado esta Corporación al explicar que,
«Cuando las partes son plurales, es menester verificar si el recurso lo interponen todos o algunos de sus integrantes; así mismo, en qué calidad actúan. Estas condiciones tienen relevancia en la forma como se cuantifica el interés que asiste al litigante inconforme, ya sea por el total, cuando se trata de litisconsortes necesarios, o dividiéndolo por la participación de cada uno, si son facultativos. (…) [L]os artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil –hoy 60 y 61 del Código General del Proceso, agrega la Sala ahora– (…) [contemplan] la posibilidad de que [la conformación de las partes] sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme» (CSJ SC. Auto AC-2279 de 2015)
Así las cosas, estuvo ajustada a derecho aquélla decisión que analizó, conforme directriz de la Sala si, de los elementos de juicio que obraban en el expediente, era posible determinar el interés económico afectado, misma que debía superar el umbral de los mil salarios mínimos mensuales vigentes.
Producto del análisis anterior, y con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente -pues el recurrente no hizo uso de la facultad de aportar un dictamen pericial para determinar el interés-, el Tribunal tuvo por no superado el umbral, a través de un método objetivo conforme el valor que correspondería al área de cada uno de los lotes pretendidos por cada uno de los demandantes, sumado a la porción del bien que se pidió en proindiviso, de cuyo resultado, a quien más alto se le cuantificó el agravio, se alejó en demasía de la cuantía requerida para acudir al remedio extraordinario.
De esta manera entonces, tal y como lo concluyó el ad quem, ninguno de los demandantes superaba el límite requerido para recurrir en casación, pues de análisis del que más área pretendía (dos locales) sumado al porcentaje proindiviso, apenas si se cuantificó un agravio de $160.489.761,oo; y, siendo ese el único elemento de juicio para determinarlo, la decisión de impedir el trámite del recurso extraordinario, estuvo ajustado.
Ahora, en lo referente al dictamen pericial cuyo decreto fue solicitado por el recurrente, habrá de precisarse como lo hizo el Tribunal en su momento que, con base en la nueva normatividad procesal, de pretender acudir a este medio probatorio, era preciso que el actor lo aportase, porque así expresamente lo dispuso el legislador en el artículo 339 del Código, consagrándolo como una «facultad» del recurrente, que de no hacer uso de la misma, deberá entonces someterse a la definición del mismo, necesariamente, con los elementos de juicio que obren en el expediente.
Ya lo tiene decantado la Sala en torno a la queja del decreto oficioso del dictamen, que
…[E]l artículo 339 del Código General del Proceso señala que cuando para la procedencia del recurso sea indispensable fijar el interés económico afectado con la sentencia, “su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio obrantes en el expediente”, aunque “el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario”, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión (negrillas fuera de texto).
Como se ve, siguiendo la orientación filosófica que lo inspira y la misma teleología irrigada en todo el sistema oral que profesa la nueva normatividad, la ley procesal de ahora traslada la carga directamente al interesado, en cuanto ya no es el juez propiamente quien ha de ordenar la práctica de una prueba pericial para establecer la dimensión del interés, en caso de no aparecer establecida en la actuación.
En la actualidad, en litigios de este linaje, donde se debaten intereses eminentemente privados, con mayor razón siguiendo la preceptiva ahora vigente, sin reticencia alguna corresponde al opugnador allegar el medio de convicción, si a bien lo tiene; desde luego, si se sustrae de hacerlo, “deberá” el Juzgador establecerlo “(…) con los elementos de juicio que obren en el expediente” (art. 339), con las consiguientes consecuencias (…)
Es claro, al ad quem no se le puede reprochar por haber procedido de esa manera, si a ello lo manda la ley, pues aquel precepto le ordena al efecto tener en cuenta, únicamente, los elementos de juicio obrantes en el plenario y, dentro del marco de su autonomía para valorar, el peritaje que allegase el recurrente con el escrito a través del cual interponga el recurso de casación, si lo suministra. (CSJ AC 2908, 10 may. 2017).
8. En consecuencia, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no hubo intervención de la parte demandada que justifique su imposición.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2017 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dentro del proceso ya referenciado.
Sin costas.
Devuélvase lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.
Notifíquese,
Magistrado