AC904-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00249-00

       

       Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).


       

Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá y el Primero Civil Municipal de Villavicencio, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva promovida por la apoderada de la sociedad Reforestadora de la Costa S.A.S. contra Rosa Herminia Riveros de Rey.



ANTECEDENTES


1. En el escrito presentado al «Juez Civil Municipal de Bogotá (Reparto)», del que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento de pago ejecutivo a favor de la sociedad REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.»  por la suma de $ 8.604.960 por concepto de capital e intereses moratorios sobre la suma insoluta de dinero, desde el momento en que se constituyó en mora hasta el momento en que se efectué el pago total de la obligación a la tasa máxima legal mensual permitida.

2. El documento incoativo fue asignado al Despacho Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, su titular, a través de proveído de 18 de mayo de 2017, manifestó que «el domicilio del demandado corresponde a la ciudad de Medellín-Antioquia, el Juzgado, ordenará por secretaria remitir el expediente al reparto del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles de la ciudad de Villavicencio - Meta» (fl. 26 del Cdno 1).


       3. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio que, en resolución de fecha 1° de diciembre del año pasado, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que «el presente proceso es un asunto que al tenor del numeral 3° del artículo 26 del Código General del proceso, es de competencia del Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, por ser allí – se itera, el lugar de competencia de la obligación cartular y el que escogió el demandante para su ejecución» (fl. 29 ibídem).


       4. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Bogotá y Villavicencio, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.


       2. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


       Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).

       

3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:


       3.1. En primer orden, que si bien esta Corporación había expuesto reiteradamente que «en materia de títulos valores y por principio general, el lugar en donde debe cumplirse la obligación adquirida por el demandado no es elemento que defina la competencia, atendiendo que tal circunstancia no corresponde con estrictez al numeral  5º del aludido artículo 23, disposición esta que regula, en particular, los vínculos negociales; en esa línea, frente a hipótesis de ese temperamento, prevalece la directriz atinente al domicilio general» (CSJ AC, 23 ago. 2010, rad. 2010-00997-00; entre múltiples providencias), lo cierto es que esa aseveración se hacía conforme a las pautas a que se contraía el Código de Procedimiento Civil, hoy día derogado. 


       3.2. En segundo término, se advierte que el escrito genitor está dirigido al «JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (Reparto)» que de conformidad con lo afirmado por la demandante, en al acápite de la competencia manifiesta que es por el «lugar de cumplimiento de la obligación de pago» lo cual, en principio, acorde con el precepto de marras, tornaría válida la escogencia del «juez» por ella efectuada.


       3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.        


       3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», esto por un lado.


       Y, por otro, comoquiera que en el documento cambiario (pagare) se consignó que la demandada «firmo el pagaré incondicionalmente a la orden de Reforestadora de la Costa S.A.S., en sus instalaciones en la ciudad de Bogotá»; afirmación que se compadece con la dirección señalada en el cuerpo del pagare adosado como título de recaudo ejecutivo, y de acuerdo al certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandante, esa nomenclatura corresponde al lugar señalado para recibir notificaciones y pertenece al distrito de Bogotá (se resalta). 


       Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda y del pagare No. 000028 (fls. 1-7 ibídem), donde inequívocamente aluden al «lugar de cumplimiento», es decir la ciudad de Bogotá.

       

4. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


        PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá.

       

        SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Primero Civil Municipal de Villavicencio, acompañándole copia de este proveído.


        TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


       CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.


Notifíquese,




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada