LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC953-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-00241-00
Bogotá D. C., nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Primero (1°) y Doce (12) de Familia en Oralidad de Bello y de Medellín, respectivamente, dentro del proceso de ejecutivo por alimentos promovido por el menor Daniel Alejandro Sánchez Bedoya contra Ramiro de Jesús Sánchez Valencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. Librar mandamiento de pago por $67’022.474,14 por cuotas alimentarias de enero de 2007 a noviembre de 2017, así como por las sumas correspondientes a las que se sigan causando, junto con sus intereses.
1.2. Causa petendi. En sentencia de 20 de noviembre de 2006 el Juzgado 12 de Familia de Medellín señaló a cargo del accionado y a favor del menor demandante una cuota alimentaria del 25% del salario. El convocado incumplió con el pago de la misma porque desde el 5 de enero de 2007 no volvió a cancelarla.
1.3. Fijación de la competencia en el libelo. El accionante lo dirige al Juez de Familia de Bello (fl. 35), de quien dice es competente por la vecindad de las partes (fl. 6). María Trinidad Bedoya Dávila, vecina de ese Municipio, obra como representante del menor accionante (fl. 2).
1.4. En auto de 15 de diciembre de 2017 el Juzgado 1° de Familia en Oralidad de Bello dijo carecer de atribuciones, porque quien las tiene es el Juzgado 12 de Familia en Oralidad de Medellín, de acuerdo con el artículo 306 del Código General del Proceso, pues fijó la cuota alimentaria. Le envió la actuación (fl. 35).
1.5. Por proveído de 17 de enero de 2018 el Juzgado 12 de Familia en Oralidad de Medellín, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, porque aun cuando sería el encargado de tramitarlo, acorde con aquel precepto, en procesos de esta naturaleza donde están involucrados menores de edad la ley establece mecanismos especiales que permiten asignar la competencia en el domicilio del menor actor. El del ejecutante de ahora lo es el Municipio de Bello, luego aquel otro servidor debe tramitarlo (fl. 20).
1.6. Planteó así, el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuando se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 18 de la Ley 270 de 1996.
2.2. El ordenamiento prevé distintos factores para saber quién ha de adelantar cada caso.
Uno, el territorial, señala que el proceso deberá seguirse ante el administrador de justicia con jurisdicción en el domicilio del demandado y, en ciertos casos, en el de quien lo promueve. En este último sentido el artículo 28, numeral segundo, del Código General del Proceso dice: «En los procesos de alimentos (…), en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel”.
2.3. Como la demanda dice que la parte actora está domiciliada en Bello, con arreglo a lo expuesto es el juez de ese lugar el llamado a aprehenderla, en forma privativa, pues el promotor es un menor de edad.
En este sentido la Sala ha señalado:
«De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado, salvo que exista norma en contrario. Excepción que se encuentra dispuesta, en el numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso, que indica «en los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel».
«En ese orden, se deduce, sin mayores dificultades, que la atribución de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en la que se encuentre vinculado un menor, está asignada de manera privativa al juez del domicilio y/o residencia de éste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria. (…) El caso sub-judice, de acuerdo con el escrito de demanda el asunto versa sobre un proceso ejecutivo de alimentos de unos menores, representada por su progenitora, por lo que es claro que los jueces que de manera exclusiva pueden conocer del asunto, son los de su domicilio o residencia» (CSJ SC. Autos AC-8605 de 15 de diciembre de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-03470, y AC-8705 de 18 de diciembre de 2018, Radicación #11001-02-03-000-2017-03259-00).
«(…) El inciso 2º del numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso prevé que tratándose de procesos «en los que el niño, niña, o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel».
Por tanto, en los litigios que promueva un menor de edad, el juez competente ya no será el del domicilio del enjuiciado, sino el del actor, con lo cual «se pretende asegurar y proteger el interés superior de éste, facilitando, de ese modo, que la causa litigiosa se adelante en el escenario donde a él le resulte menos traumático y más beneficioso para su seguridad y bienestar» (AC068-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02664-00)» (CSJ SC. Auto AC-7292 de 1 de noviembre de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-02818-00).
«(…) Especial estudio merecen los supuestos de competencia excluyente por el fuero personal que se encuentran consignados en el numeral 2 (inciso 2º) del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: «En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel.» (Resaltado fuera de texto). Este precepto regula un foro especial, para los casos que comprendan como sujeto activo o pasivo de la relación procesal a un niño, niña o adolescente. Al respecto, la Corporación ha señalado: «Igualmente, la Corte ha dicho que «el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles la prerrogativa, precisamente por su condición, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia» (CSJ, AC 7892, 18 dic. 2016, rad. 2016-02845-00).
«Esta hermenéutica busca frontalmente responder al principio de «interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes», contemplado en el artículo 44 de la Constitución Política y desarrollado por el Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuya preceptiva 8º se define dicho postulado como «el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes», para luego en el apartado 9º destacar que la «prevalencia de los derechos de los niños», debe hacerse efectiva en «todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes». La lectura detenida del precepto analizado (num. 2, inc. 2º, art. 28) y el estudio de la jurisprudencia actual y aquella sobre la normativa que con anterioridad al Código General del Proceso regulaba en términos muy similares la mentada pauta de atribución (artículo 8º del Decreto 2272 de 1989), permiten inferir que para la adecuación de un caso particular, no sólo es necesario que el proceso tenga por objeto alguna de las materias allí enlistadas. Ciertamente, es preciso además, que la causa comprenda como sujeto activo o pasivo, según se trate, a un niño, niña o adolescente, pues en caso contrario, no se configura el foro especial, y por ende, debe acudirse al general que persigue la ubicación del demandado (num. 1, art. 28 ibídem)» (CSJ SC. Auto AC-7896 de 28 de noviembre de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-01714-00).
En torno al funcionario llamado a conocer de un caso fundado en una decisión adoptada en un proceso anterior, donde es demandante o demandado un menor de edad, la Sala tiene dicho:
«Cabe precisar que el parágrafo 2° del artículo 390 del mismo cuerpo normativo, establece una excepción a la anotada regla de competencia, al establecer que «las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio» (resaltado ajeno al texto). Sobre la interpretación de dicho concepto, en asunto similar, la Sala precisó lo siguiente: … el parágrafo 2° del precepto 390 id, tiene como premisa necesaria que se trate de una solicitud respecto de quien es actualmente menor, justificada en facilitar la presencia y participación del infante en el proceso, con fundamento en supuestos constitucionales de singular importancia que consagran la prevalencia de sus derechos e interés superior. (CSJ, AC2201, 4 abr. 2017, rad. 2017-00587-00)» (CSJ SC. Auto AC-2894 de 10 de mayo de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-00720-00).
«(…) [E]l parágrafo 2° del precepto 390 id, tiene como premisa necesaria que se trate de una solicitud respecto de quien es actualmente menor, justificada en facilitar la presencia y participación del infante en el proceso, con fundamento en supuestos constitucionales de singular importancia que consagran la prevalencia de sus derechos e interés superior. Al respecto, es jurisprudencia que…el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles la prerrogativa, precisamente por su condición, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia (CSJ, AC, 18 dic. 2007, rad. 01529-00, reiterado AC543, 11 feb. 2014, exp. 2013-01719-00)» (CSJ SC. Auto AC-2201 de 4 de abril de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-00587-00.
2.4. Se asignará entonces el asunto al mencionado administrador de justicia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Primero (1°) de Familia en Oralidad de Bello es el competente para conocer del proceso en referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Doce (12) de Familia en Oralidad de Medellín, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado