AC966-2018


Radicación nº. 11001-02-03-000-2018-00410-00


        Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, para conocer del ejecutivo de Canel S.A. contra la Constructora Centro Comercial Cartagena S.A.S. y Tenco S.A.


ANTECEDENTES


  1. Ante el primer despacho, la actora pretende el cobro de «los dineros adeudados o retenidos por concepto de retención de garantía», con ocasión de la ejecución del contrato «para realizar la construcción de redes para el cableado estructurado (…) del hotel (…) NAO FUN & SHOPPING», capital que fue «requerido mediante cuenta de cobro»; así como los intereses de mora causados.


  1. Ese estrado advirtió su incompetencia para conocer del asunto, pues razonó que se propugnaba el recaudo de facturas cambiarias por lo que «el cobro por la vía ejecutiva del título valor adosado a la demanda, solo puede ser cobijado por el fuero general relacionado con el domicilio del demandado».


  1. El receptor lo repelió y adujo que de lo narrado en la demanda permite colegir que la atribución para tramitarla la tiene el órgano ante quien se presentó, toda vez que el artículo 28, numeral 3º, del Código General del Proceso, faculta al acreedor para accionar en el lugar «del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», y «los servicios prestados a las sociedades demandadas tuvieron lugar en el Distrito de Cartagena». 


CONSIDERACIONES


  1. Comoquiera que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corporación dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


  1. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, ya sea a partir de uno o de varios factores, en consideración a su clase o materia, la cuantía del proceso, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según sea del caso.


Como criterio general el primer numeral del artículo 20 ibídem asigna la competencia al funcionario del domicilio del convocado (fuero personal), excepto si hay «disposición legal en contrario». Ahora bien, para los «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» existe un fuero concurrente con el anterior, que brinda la posibilidad de acudir ante la agencia judicial ubicada en la población donde deban cumplirse obligaciones contractuales (nral. 3º art. 28  ut supra).


  1. En este caso, aunque las células judiciales coligieron que se exigía el cobro de réditos con sustento en «facturas cambiarias«, lo cierto es que visto el negocio en su integridad el ente moral persigue la satisfacción de sumas dinerarias retenidas por las ejecutadas a título de garantía en desarrollo de pagos parciales cobrados con ellas, pero ahora consolidadas en un cartular complejo, esto es, el contrato de obra, las cuentas de cobro, entre otros. Por manera que el fondo del asunto es disímil al planteado.


Sin embargo, revisado el asunto bajo la óptica ahora traída, se advierte que como la demanda fue dirigida al «Juez Civil del Circuito de Cartagena», y en idénticos términos fue circunscrito el poder otorgado, aun cuando la ejecutante enmarcó en el líbelo que aquél funcionario era «competente (…) en razón del domicilio de las partes, el lugar de ejecución del contrato y en consideración a la cuantía» (se resalta), de todos modos esa aparente discordancia al entremezclar el fuero personal y el del negocio se encuentra superada con la conducta de la actora, dado que radicó las diligencias en el Distrito Judicial de Cartagena, evento conclusivo que admite afirmar cómo aquella, una vez sopesó en conjunto los elementos estudiados. hizo uso del último.


En un caso con vestigios similares, la Corte advirtió en AC291-2018, como


[e]n el sub lite, según el tenor literal del documento allegado como base de recaudo el lugar de pago de la obligación es Bogotá, y en el libelo se consignó que «[e]s usted competente señor Juez para conocer el presente proceso en virtud al domicilio del demandado y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación», lo que no podía pasar inadvertido para el juez destinatario (…) Si bien pudiera observarse una contradicción engendrada por el acreedor dado que en principio le asignó competencia al enjuiciador con apoyo en el fuero personal y contractual, tal yerro resulta irrelevante cuando dirigió la demanda ante el «Juez Civil Municipal de Bogotá», lo que quiere decir que a pesar de que ponderó la totalidad de los factores estudiados supra, concretó su voluntad en hacer uso del lugar de satisfacción para designar el factor territorial aplicable.


  1. Se equivocó, entonces, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena al renunciar al estudio de la controversia por su propia iniciativa, sin tener en cuenta la elección del acreedor que le impedía salirse de ese parámetro, por lo que se ordenará remitirle el expediente para que reasuma su conocimiento y continúe el trámite procedente.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena es el competente para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia.


Segundo:        Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado