AC987-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00474-00


Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide el conflicto de competencia entre los Juzgados Civiles Municipales de Facatativá (Cundinamarca) y Cuarto de Bogotá (Bogotá D.C.), adscritos a sus respectivos Distritos Judiciales, para conocer la acción ejecutiva instaurada por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud frente a Paula Andrea Guevara Martínez y Ana Josefina Martínez.



I. ANTECEDENTES


1. El actor radicó solicitud para obtener la ejecución de una obligación dineraria contenida en un título valor, en cuya demanda fincó la competencia en los Juzgados Civiles de Bogotá argumentando que «el domicilio del demandado es esta ciudad, lo mismo por el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación». (fl. 7, cdno. 1)


2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad la rechazó y la envió al reparto de sus homólogos de la ciudad de Facatativá, aduciendo con sustento en la información del acápite de notificaciones de la demanda, que la parte demandada tiene su domicilio en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), y en consecuencia, carecía de competencia, conforme a lo normado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso. (fl. 10, ibídem)


3. El Juez Civil Municipal de la localidad de destino, no aceptó la atribución que le quiso asignar el juzgador de Bogotá y promovió la colisión que se examina, poniendo de presente que «la apoderada judicial del extremo activo refirió en el acápite COMPETENCIA Y CUANTÍA, que el competente es el Juez Civil Municipal de Bogotá por el domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligación». (fl. 14 ibíd)



II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultad para dirimirla es de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. El numeral 1º del artículo 28 ibídem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado», disposición que para el caso de «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» complementa el numeral 3º ibídem, cuando dispone que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…».


Lo cual significa que si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio del convocado, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto.


Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armonía obliga encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor.


4. En el caso concreto, si bien el actor informó que el lugar de notificaciones del accionado estaba en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), atribuyó de manera expresa la competencia «por el domicilio del demandando y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación», siendo que los dos lugares corresponden a la ciudad de Bogotá, conforme se colige del encabezado y los hechos del escrito inaugural, respectivamente, lo que permite señalar que el funcionario judicial de esa urbe es el competente para rituar la actuación judicial, en razón a la libertad que el legislador ofreció al demandante en materia de competencia territorial.


5. Ahora, se tiene como desafortunada la decisión del Juez Cuatro Civil Municipal de Bogotá, al inferir el domicilio del demandado, con sustento en lo informado en el acápite de notificaciones del escrito inicial por la parte actora, pues es claro que vecindad y esa nomenclatura no son lo mismo, como en multitud de ocasiones ha dicho la Corte,


‘(…) el Juez (…), receptor del asunto, se despojó de su conocimiento bajo el supuesto de que el domicilio de la parte accionada estaba en (…) [lugar distinto a la sede del juzgado], (…), pues (…) se hizo fue referencia al lugar para ‘notificaciones’.  Se olvidó entonces que ‘para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato 'satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal' (…)» (CSJ AC 2441-2016, 6 julio. 2016, rad. 2016-01690-00).


6. De conformidad con las consideraciones precedentes, no podía el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá rehusar el pleito en ciernes, teniendo en cuenta que, la elección del demandante encuentra pleno respaldo en el fuero o foro territorial, el cual fue informado en la parte inaugural del libelo por la parte actora; además que, incurrió en la confusión de los conceptos de domicilio y lugar de notificación del demandando, de manera que se le remitirá para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.


III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto entre los Juzgados Civiles Municipales de Facatativá (Cundinamarca) y Cuarto de Bogotá (Bogotá D.C.), señalando que este último es el competente para conocer la acción ejecutiva incoada por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud frente a Paula Andrea Guevara Martínez y Ana Josefina Martínez.


En consecuencia, devuélvase el expediente a la oficina indicada para lo de su competencia e infórmese de tal situación, mediante oficio, a la otra involucrada.


Notifíquese,


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado