AC988-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00562-00


Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2018).


Realizada la calificación de la demanda de revisión formulada por LABORAMOS DEL CARIBE S.A.S contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2016 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual promovido frente a BANCO GNB SUDAMERIS S.A, se advierte el incumplimiento de requisitos formales que deberán ser subsanados por el demandante, so pena de rechazo.


Las deficiencias encontradas son las siguientes:


1. Relacionará el nombre, domicilio y número de identificación de la demandada, pues se omite información al respecto. Lo informado deberá guardar coincidencia con los datos que reposen en el certificado de existencia y representación. (arts. 357-2 y 82-2 C.G.P.)


2. El poder especial se deberá adecuar o allegar en nueva versión que acorde con los demás requisitos de este auto inadmisorio, determine claramente su asunto, lo cual implica precisar el nombre de las partes y la causal invocada. (Art. 74 ibídem).


En el poder deberá corregir el nombre de la demandante conforme el certificado de existencia y representación. Igual corrección deberá realizar en la demanda, pues en ambos escritos se anuncia como demandante a LABORAMOS DEL CARIBE LTDA.


3. Se aportará el certificado de existencia y representación de la entidad financiera demandada, pues el aportado corresponde al de una sucursal y/o agencia.


4. Así mismo informará el lugar, la dirección electrónica dónde cada una de las partes y sus apoderados recibirán notificaciones.


5. Indicará la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia cuya revisión se solicita. (art. 357-3 del C.G.P.).


6. En el respectivo acápite deberá enunciarse claramente el móvil de revisión invocado y respecto del mismo se expondrá con suficiencia y congruentemente, el sustento fáctico concreto que le sirve de fundamento; ello, de forma individualizada, clasificada y numerada.


Al respecto se advierte que en el escrito se incluyen la descripción de los hechos de la demanda y su contestación, tornándolo ininteligible para los precisos propósitos del recurso interpuesto.


7.        La causa fáctica deberá tener la idoneidad suficiente para soportar la causal invocada, lo cual supone que en la exposición de los hechos deben estar comprendidos el pleno de los aspectos estructurales de la censura esgrimida, esto es, los presupuestos que luego de verificados deberán poder subsumirse en la premisa normativa reclamada como motivo de la impugnación extraordinaria.


Se recuerda que conforme al precedente de la Sala, la formulación de un recurso de revisión comporta «una carga argumentativa cualificada» tendiente a establecer la existencia de «motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite» y que entre otros aspectos, supone que la causa petendi afirmada tenga la aptitud de estructurar ex ante, el móvil específico que se elige para el ataque a la sentencia (CSJ AC 14 ene. 2014, rad. 2013-01955-00).


De esta manera, el actor tiene la carga de abordar el tema de aplicación en el tiempo del artículo 121 del Código General del Proceso, de cara a las normas de tránsito de legislación contempladas en la misma codificación, advirtiendo cuál era la normatividad procesal aplicable para la fecha de interposición del recurso de apelación y con el que debía desatarse la alzada; pues, si el fundamento de la demanda de revisión está soportado en una norma procesal actualmente vigente en el Código General del Proceso, debe dirigir su argumento, al tema de la vigencia normativa para la época en que fue proferida la sentencia de segunda instancia.


Al respecto tendrá en cuenta la posición consolidada de esta Corporación, en torno a la vigencia y aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso en relación con la nulidad allí contemplada. Es así como, en sentencia de casación SC 9706 de 2016, se explicó:


En otros palabras, la nulidad «de pleno derecho» de todo lo actuado en un proceso cuando se vencen los plazos mínimos de duración en el Despacho que lo viene impulsando, solo aplica a partir del 1° de enero de 2016, cuando empezó la «vigencia en todos los distritos judiciales del país» del Código General del Proceso, como lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392.



Y, para el caso concreto, como se dijo, se atenderá la norma de tránsito de legislación prevista en los artículos 624 y 625 ibídem según los cuales los recursos interpuestos –en este caso el de apelación- se regirán por las leyes vigentes para la fecha de su interposición, siendo que en este caso, conforme a los anexos de la demanda, el recurso de apelación se interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que aunque con la modificación de la ley 1395 de 2010 dispuso en el parágrafo del artículo 124 un término de duración del proceso, no previó sanción de nulidad. Y, aunque dispuso la «pérdida automática de competencia», en caso de superar el término previsto, ello tampoco es causal de nulidad, conforme fue explicado por esta Corporación en sentencia de casación SC21712 de 2017, al considerar que,


«A pesar de que el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 adicionó un parágrafo al mencionado artículo 124 del estatuto procesal civil, fijando un margen de permanencia de los litigios en el Despacho al que se asignó su solución so pena de la pérdida de competencia, que empezó a regir el 17 de junio de 2011 según las reglas del artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, tampoco allí figura que la desatención de las instrucciones impartidas repercutiera en la invalidación de lo actuado»


Así, surge la necesidad de que el recurrente ajuste la demanda, toda vez que en el acápite destinado a la sustentación de su móvil no puede simplemente criticarse aludir a la aplicación de una norma, sin determinar su vigencia y por ende obligatoriedad, para el caso concreto.


8. Por economía procesal, claridad, garantía del derecho de defensa y como medida de dirección del proceso, se ordenará que la subsanación de las deficiencias advertidas se condense en un nuevo escrito de demanda.


9. Se aportará copia del nuevo escrito de demanda y sus anexos para el traslado a la parte pasiva. De igual manera se acompañará copia simple para el archivo de la Corte. Además, en los términos del artículo 89 del C.G.P., «deberá adjuntarse la demanda como mensaje de datos para el archivo del juzgado y el traslado de los demandados».


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO        DECLARAR INADMISIBLE la presente demanda de revisión formulada por LABORAMOS DEL CARIBE S.A.S contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2016 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.


SEGUNDO.        CONCEDER término legal de cinco (5) días al extremo recurrente para que subsane las deficiencias advertidas, so pena de rechazo de la impugnación extraordinaria.



Notifíquese,





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado