ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente


SC1926-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2015-02858-00

(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho)


Bogotá, D. C., seis (06) de junio de dos mil dieciocho (2018).-



Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur elevada por Daniel Ricardo Muñoz Saldarriaga, respecto de la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2010 por la División Familia del Tribunal Superior de la Provincia de Quebec, Distrito de Terrebonne, Canadá, que declaró el divorcio del matrimonio celebrado entre el solicitante y Lina María Uribe Vega.



I. ANTECEDENTES


       1.        El demandante a través de apoderado judicial, pretende la homologación del fallo antes mencionado, en el cual se decretó el divorcio del matrimonio que celebró con Lina María Uribe Vega y, en consecuencia, requiere la inscripción de tal providencia en el registro civil correspondiente.


2.        Como fundamento de su petición, el actor adujo, que,


2.1.        Contrajo matrimonio civil con Lina María Uribe Vega, de nacionalidad colombiana, el día 1° de febrero de 2000 ante el Notario Veintinueve del Círculo de Bogotá D.C., unión en la cual nacieron dos hijos Ethan Esteban y Kyle Alejandro Muñoz Uribe, los días 11 de septiembre de 2007 y 15 de febrero de 2009, respectivamente.


2.2.        Mediante sentencia de 26 de noviembre de 2010 la División Familia del Tribunal Superior de la Provincia de Quebec, Distrito de Terrebonne, Canadá, aprobó el acuerdo de divorcio a que llegó con su consorte; disolvió el vínculo; formalizó el régimen de custodia, alimentos y visitas de sus descendientes; y aprobó la división que pactaron respecto del patrimonio social.


2.3.        La determinación está ejecutoriada «conforme a las leyes canadienses»; fue emitida con la citación de la demandada; no se opone a disposiciones legales de orden público; no recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces nacionales; tampoco «versa sobre derechos reales de bienes que estuvieren en territorio colombiano»; ni hay juicio terminado o en curso sobre el mismo asunto (fls. 27 a 34).


3.        La demanda fue admitida mediante auto de 11 de abril de 2016, en el que se ordenó correr traslado al Ministerio Público en la forma prevista en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, sin que se dispusiera lo propio respecto a Lina María Uribe Vega, por cuanto el litigio no fue contencioso.


4.        Al emitir su criterio frente al escrito inicial, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia adujo que «es procedente otorgar efecto jurídico a la sentencia de divorcio por mutuo consentimiento entre las partes», habida cuenta que «aparece revestida de las formalidades legales, fue aportada en copia auténtica debidamente legalizada de acuerdo con la ley colombiana, hay constancia de su firmeza (…) recae sobre asunto que no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia y se dictó en observancia del debido proceso» (fls 40 a 43).


A su turno, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, tras pronunciarse frente a los hechos, y discurrir sobre los requisitos que deben acreditarse en el caso concreto para la procedencia de la figura invocada, resaltó que no se encuentra acreditada la «reciprocidad diplomática o legislativa» con el Estado que emitió el fallo foráneo y, además, éste no cuenta con la «constancia de ejecutoria» (fls. 55 al 59).


5.        Abierto a pruebas el trámite, se ordenó la incorporación de los documentos allegados con la demanda, y se procedió a verificar si a propósito de otros trámites de exequátur existía información de convenios vigentes entre Colombia y Canadá sobre el reconocimiento de sentencias proferidas en uno u otro país y obtener copia auténtica de la ley vigente en dicha nación, para de este modo probar la reciprocidad legislativa.


Se allegó por la Secretaría de la Sala, copia del memorando No. C.0032 emitido por el Consulado General de la República de Colombia en Vancouver, el cual hace mención a la «Sección 22 de la Ley de Divorcio de Canadá», aportado dentro del trámite de exequátur No. 2011-00673-00 con ocasión del pedido que allí se hizo en el auto que decretó las pruebas del proceso.


6.        Surtidos los respectivos trámites, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. El demandante reiteró los argumentos y la solicitud planteados en el escrito inaugural (fls. 123 y 124).



II. CONSIDERACIONES


1.        La exclusividad de la jurisdicción es una de las manifestaciones de la soberanía del Estado, y como tal, comporta que éste se reserve para sí la sublime función pública de administrar justicia, en virtud de la cual, únicamente las decisiones judiciales adoptadas por los jueces permanentes y los particulares habilitados transitoriamente para ello, producen consecuencias jurídicas y son de obligatorio acatamiento dentro del territorio nacional.


Sin embargo, dicho imperio jurisdiccional, y más concretamente, el axioma de la independencia de los Estados, ha adoptado «una nueva concepción (…), más acorde con la universalización de ciertos valores y formas de organización política y económica», en razón al inacabado proceso de globalización, «[e]l creciente flujo de bienes y personas y la agilidad de todo tipo de comunicaciones» (CSJ SC, 16 jul. 2004, Rad. 2003-00079-01, reiterado en SC14776-2015).


Es por eso que, excepcionalmente se ha admitido, en atención a exigencias prácticas de internacionalización, cooperación y eficacia de la justicia, que las sentencias, laudos arbitrales y otros proveídos que tengan tal carácter, dictados en un Estado foráneo, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, surtan efectos en Colombia, siempre que se respeten los postulados sustanciales y procesales establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil.

2.        Así las cosas, el legislador nacional diseñó un sistema mixto en aras de conceder las mencionadas homologaciones, sobre el cual ha precisado esta Corporación:


«[P]ara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deberá acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el país que dictó la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplomática; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley foránea o la práctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle también efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fenómenos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho» (CSJ SC, 17 jul. 2001, Rad. 0012, reiterada en SC14776-2015).


Por consiguiente, al adoptar esta clase de decisiones,


«[S]e atiende [en primer lugar] a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera [o su jurisprudencia reinante] para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley [o la doctrina jurisprudencial] a las proferidas en Colombia» (G.J. t. LXXX, pág. 464; CLVIII, pág. 78; CLXXVI, pág. 309; CSJ SC, 18 dic. 2014, rad. 2013-02234-00, reiterada en SC14776-2015).


       3.        No obstante, como se anticipó, para el éxito del exequátur, no basta con demostrar alguna de las advertidas reciprocidades, sino que se requiere, adicionalmente, que la respectiva providencia que se aspira irradie efectos en Colombia, cumpla con los requisitos consagrados en el prenotado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y las del correspondiente instrumento internacional, ley o jurisprudencia.


4.        En el asunto que se analiza, el matrimonio cuyo divorcio aluden estas diligencias fue celebrado en este país, ante el Notario Veintinueve del Círculo de Bogotá D.C., donde igualmente obra acta de su registro. Los cónyuges iniciaron el trámite del divorcio por mutuo consentimiento para la disolución del vínculo matrimonial, lo cual hicieron ante la División Familia del Tribunal Superior de la Provincia de Quebec, Distrito de Terrebonne, Canadá, despacho que profirió sentencia que acogió la solicitud de la pareja y aprobó el convenio suscrito por aquellos en torno al régimen de custodia, alimentos y visitas de sus descendientes y respecto del patrimonio social.


5.        Resulta entonces pertinente entrar a establecer frente a la sentencia cuyo exequátur se implora, si con el país de origen de la decisión existe reciprocidad diplomática o, en su defecto, legislativa.


En el presente caso determinó la Corte, con fundamento en las probanzas aportadas, que en asunto de idéntica naturaleza, dentro del trámite del exequátur solicitado por Iván Darío Botero Trujillo1, pudo recopilarse copia del memorando de 24 de julio de 2012, emitido por el Consulado General de Colombia en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, en el que se transcribió en el idioma de origen, la «Ley de Divorcio de Canadá», Sección 22, la cual fue traducida luego debidamente al Castellano (fls. 109 a 113).


En efecto, de conformidad con la traducción oficial obrante en dicho trámite, en Canadá la ley reconoce las providencias de tribunales extranjeros en materia de matrimonios, específicamente, aquellas, sobre el «reconocimiento de un divorcio extranjero» y dice que el otorgado de «conformidad con la Ley de un país o la subdivisión de un país que no sea el Canadá, por un Tribunal y otra autoridad que tenga jurisdicción para hacerlo, será reconocido por todos los propósitos para determinar el estado civil en el Canadá de cualquier persona».


6.        Así, constatado dicho requisito, corresponde a la Corte verificar si el fallo extranjero cuyo exequátur se solicitó, cumple las exigencias del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil. Además, ha de constatarse si la sentencia proferida en país extranjero se halla en copia auténtica, debidamente legalizada de acuerdo con la ley colombiana y con la constancia de estar en firme legalmente.


7.        Los requisitos precedentes se hallan reunidos en este caso, pues la sentencia de divorcio se encuentra adosada al expediente en copia auténtica, con la traducción efectuada por un intérprete oficial acreditado. Además, aparece debidamente legalizada, toda vez que fue presentada, autenticada, por el Cónsul de Colombia en Montreal, Canadá (fls. 4 a 20), todo de conformidad con lo previsto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.


Su ejecutoria igualmente se encuentra demostrada, pues de acuerdo con la documentación allegada, autenticada y legalizada en los mismos términos dichos, el «límite prescrito para apelar el fallo emitido (…) expiró» sin que se interpusiera «ninguna apelación» (fls. 98 y 99).



8.        De otra parte, es necesario que la sentencia extranjera sea compatible con los principios y las leyes de orden público del Estado colombiano, condición ésta que el fallo cumple a cabalidad, toda vez que en Colombia se admite el divorcio por consentimiento de las partes y no existe proceso en curso o sentencia ejecutoriada de los jueces colombianos sobre el mismo asunto.


9.        Estas premisas permiten establecer que la sentencia cuyo exequátur se solicita no se opone, ni en lo formal ni en lo sustancial, a las disposiciones colombianas de orden público, si se tiene en cuenta que también en Colombia es procedente el divorcio por acuerdo mutuo de los cónyuges como lo establece el numeral 9° del artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modalidad que también inspiró la sentencia judicial en el país de origen. Y las determinaciones adoptadas en relación con la guarda y custodia de los hijos en común, el régimen de visitas y las cuotas alimentarias a cargo de los padres, no son extrañas a las que generalmente se adoptan en Colombia en estos temas.


10.        Por demás, en ocasiones similares la Corte ha concedido el exequátur para las sentencias de divorcio por mutuo consentimiento provenientes de Canadá, como puede verse en los fallos de CSJ SC 13 ene. 2014, Rad. 2011-00673-00 y 12 de diciembre de 2017 SC20807-2017.




11.        Las anteriores consideraciones llevan a conceder el exequátur impetrado y subsecuentemente ordenar la inscripción en el respectivo registro de estado civil.



III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE



PRIMERO.- CONCEDER el exequátur a la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2010 por la División Familia del Tribunal Superior de la Provincia de Quebec, Distrito de Terrebonne, Canadá, que declaró el divorcio del matrimonio celebrado entre Daniel Ricardo Muñoz Saldarriaga y Lina María Uribe Vega.


SEGUNDO.- ORDENAR, para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, la inscripción de esta providencia junto con el fallo reconocido, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Daniel Ricardo Muñoz Saldarriaga y Lina María Uribe Vega, así como en el de su nacimiento. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.


               NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA








ARIEL SALAZAR RAMÍREZ






OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 Rad. 11001-02-03-000-2011-00673-00.