MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC3470-2018
Bogotá D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte la solicitud de exequátur presentada por Jairo Alexandro Suarez Mejía respecto de la sentencia de divorcio proferida el veintitrés (23) de mayo de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia, del Departamento de Chimaltenango, Guatemala.
1. El actor, a través de apoderado judicial, solicitó la homologación de la providencia referida precedentemente, mediante la cual, en la ciudad de Guatemala, se declaró disuelto el matrimonio que había contraído con la señora Mónica Fonseca Bonilla
2. Como soporte de la petición fundada, se expusieron los siguientes hechos:
a). Jairo Alexandro Suarez Mejía y Mónica Fonseca Bonilla, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio civil el veintitrés (23) de mayo de dos mil nueve (2009), en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, unión de la cual no se adquirieron bienes ni se procrearon hijos.
b). Los cónyuges, de mutuo acuerdo, ante la autoridad judicial correspondiente en dicha República, radicaron la petición de divorcio y el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia, del Departamento de Chimaltenango aceptó disolver ese vínculo civil.
c). Según lo manifestado por el apoderado, la decisión antes mencionada, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en el artículo 606 del Código General del Proceso.
d). Junto con la demanda se allegaron documentos como, poder para actuar, ejemplar auténtico de la sentencia que se pretende homologar y certificación proveniente del Juzgado extranjero.
1. Cumplidas las exigencias formales, la demanda fue admitida por auto de once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017) (folio 12 del Cdno Corte), y se ordenó correr traslado al Ministerio Público a través de su delegado (a) para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, por el término de cinco (5) días, acorde con el artículo 607 num.3 del C. G. del P.
2. La Procuraduría Delegada antes mencionada, manifestó que «se cumplen las exigencias formales previstas para que proceda la homologación de la sentencia del veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), a través de la cual “se declara disuelto el vínculo conyugal” que existía entre JAIRO ALEXANDRO SUAREZ MEJÍA y MÓNICA FONSECA BONILLA, “dejándolos en libertad de contraer nuevas nupcias”» (fls. 14-15 ibídem).
3. Por auto de veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se decretaron las pruebas solicitadas por la parte actora, ordenando tener como tales los documentos acompañados con la demanda a que alude el respectivo acápite (fl. 8 ibídem).
3.1. De oficio, se ordenó al Ministerio de Relaciones exteriores que certificara si entre Colombia y Guatemala existe tratado vigente sobre el reconocimiento reciproco del valor de sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de ambos países en causas matrimoniales y, en caso afirmativo, remita copia autentica del mismo con la respectiva constancia de vigencia.
3.2 Adicionalmente, se solicitó al Cónsul de Colombia en Guatemala, por intermedio de la misma Cartera Ministerial, remitir copias certificadas, con indicación de su vigencia, de los textos legales de acuerdo con los cuales es permitido, en ese territorio, la ejecución de providencias judiciales extranjeras proferidas en causas de divorcio.
4. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados informó, mediante oficio visible en folio 25, lo relacionado con la reciprocidad diplomática entre ambos países sobre el tema indagado.
5. El encargado de las funciones Consulares en el Consulado de Colombia en Guatemala, mediante memorando C.039 de siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018), envió las respuesta de las autoridades Guatemaltecas relacionadas con la reciprocidad legislativa que existe entre ambas naciones, incluyendo copia de los textos legales que la fundamentan (fls. 27-31 ibídem).
6. Vencido el término probatorio, se corrió traslado a los sujetos procesales, con el fin de que presentaran sus alegaciones finales (fl. 34 ibídem), facultad de la que hizo uso el apoderado del demandante, insistiendo en la homologación pretendida.
7. Con base en lo precedente, se procede a dictar las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
1. La resolución de los conflictos es un asunto que, por principio atañe a la administración de justicia y, por tanto, solo pueden cumplir ese encargo quienes estén autorizados expresamente por la ley para tales propósitos. Lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden público resultan involucrados, particularmente, la soberanía Nacional. Esa premisa pone de relieve que en territorio patrio, solo las sentencias y/o determinaciones equivalentes, emitidas por funcionarios judiciales nacionales, tienen efectos en Colombia.
Sin embargo, esa directriz no es absoluta, pues los principios de cooperación y reciprocidad internacional, han llevado alterar esa regla y, hoy en día, es posible que una decisión adoptada por un juez foráneo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras.
2. Empero, por expreso mandato legal, esta última posibilidad está supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtención del exequatur. Dentro de este trámite, a su vez, debe acreditarse que en el país de donde proviene el fallo objeto de homologación se brinda a las providencias de los juzgadores nativos un tratamiento similar, es decir, que allí, también, pueden ser cumplidos los pronunciamientos proferidos por los agentes del Estado facultados para ello.
Esa pauta está regulada expresamente en el artículo 605 del Código General de Proceso, en los siguientes términos:
Las Sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.
La Corte se ha ocupado de esta exigencia y, de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a decisiones extranjeras:
(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).
3. En los folios 25 y respaldo del expediente, se encuentra la certificación proveniente de la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones exteriores de nuestro país, donde se informa que «una vez revisado el archivo de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio, se pudo constatar que la República de Colombia y la República de Guatemala son Signatarios de la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, adoptada en Montevideo el 5 de agosto de 1979. En el caso de Colombia, se depositó el instrumento de ratificación de la Convención el 10 de septiembre de 1981, la cual entró en vigor el 10 de octubre de 1981 para el Estado colombiano. Ahora bien, en el caso de Guatemala y según la información que se encuentra en la página oficial del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos –OEA-, se indica que, si bien dicho Estado suscribió el instrumento en mención, el mismo no ha sido ratificado a la fecha, razón por la cual la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros” no se encuentra vigente para la República de Guatemala». Constatándose la ausencia de reciprocidad diplomática entre ambos países.
A diferencia de tal aspecto, la legislativa está plenamente acreditada con los documentos aportados por el Consulado de Colombia en Guatemala, en donde se allega copia auténtica del diario oficial de aquél Estado en donde se verifica la presencia y vigencia de «(…) las normas que rigen el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos de familia y jurisdicción voluntaria y divorcio (…)».
Es decir, que en dicho país se permite la homologación de resoluciones extranjeras en materia de familia, jurisdicción voluntaria y divorcio como es el caso, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en el artículo 345 del Código Procesal Civil y Mercantil Guatemalteco, a saber:
«1º. Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil;
2º. Que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala;
3º- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República;
4º- Que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado; y,
5º- Que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica» (fls. 27-28 ibídem).
Tales eventualidades, efectivamente, las reúne la providencia objeto de convalidación.
4. En un asunto de igual temperamento, esta Corporación reconoció que:
«De acuerdo con la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen “(…) tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias civiles, en los que la República de Colombia y la República de Guatemala sean Estados Parte (…)”.
En cambio, sí existe reciprocidad legislativa entre las dos naciones, como se deduce de las comunicaciones suscritas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala y Colombia, en donde se allega copia auténtica del diario oficial de aquél Estado en donde se verifica la presencia y vigencia de “(…) las normas que rigen el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos de familia y jurisdicción voluntaria y divorcio (…)”.
Las probanzas a las cuales alude la última parte de la precedente transcripción refieren que en ese país está regulado legalmente el procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos emitidos por jueces foráneos» (CSJ SC12013, 30 Ago. 2016, rad. n° 2014-01727-00).
5. Constatado dicho requisito (reciprocidad legislativa), procede, seguidamente, la verificación de las restantes exigencias previstas en el artículo 606 de la Legislación General Civil.
Entre los condicionamientos, la Corte destaca:
5.1. La constancia sobre la ejecutoria del fallo objeto de validación.
Al respecto, cumple decir, que al final de la sentencia aparece la siguiente anotación, «al encontrarse firme el presente fallo, a costa de los interesados; extiéndase certificación al registro nacional de las personas (…)», constatándose con ello la firmeza de la decisión.
5.2. Adicionalmente, se aportó al expediente copia de la providencia extranjera redactada en el idioma castellano, lo cual satisface las formalidades previstas en la «(…) Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros (…)», suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en lo relativo al apostillaje.
5.3. La decisión foránea, no transgrede principios o leyes de orden público, pues, las partes son mayores de edad, capaces de disponer de sus derechos y, el mutuo acuerdo en Colombia es una causal de divorcio que está consagrada en el artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, donde se prevé el «(…) consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia (…)»; circunstancia que, a la postre, fue la que condujo a la disolución del nexo entre los consortes.
5.4. De otro lado, la controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que así lo señale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se adelante por la misma causa en nuestro país.
5.5. Igualmente, se puede constatar que el fallo no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio.
6. En ese orden, la homologación pretendida del fallo extranjero resulta viable y conducente, pues, por un lado, el artículo 154 del Código Civil numeral 9º modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992 de Colombia, autoriza culminar el vínculo conyugal por mutuo consenso, causal que, itérase, sirvió de fundamento a la sentencia judicial en el país de origen (Guatemala), y por otro, los restantes requisitos establecidos en la normatividad General Procesal Civil (arts. 605 y ss), como ya se dijo, fueron acatados cabalmente por el interesado.
7. En conclusión, la validación será autorizada, ordenándose la inscripción de esta decisión, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro civil de matrimonio y nacimiento de la pareja.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Conceder el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por el señor Jairo Alexandro Suarez Mejía, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 23 de mayo de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia, del Departamento de Chimaltenango (Guatemala).
Segundo: Para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de matrimonio y nacimiento de los cónyuges. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.
Tercero: Sin costas en la actuación.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA