LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente


SC4533-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-02090-00


           Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil dieciocho




Bogotá, D. C, diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



Se decide la solicitud de exequátur presentada por Martha Eugenia Posada Álvarez, respecto de la sentencia de 5 de mayo de 2011 "completada y rectificada" el 11 de mayo de la misma anualidad, proferida por el Juzgado de Thal-Gäu, Sección Civil, Cantón de Solothurn, Suiza, mediante la cual se decretó, el divorcio por mutuo acuerdo del matrimonio civil celebrado entre ella y Philipp Tschan.



1. ANTECEDENTES



1.1. La actora solicitó se conceda el exequátur para que aquella sentencia surta efecto en Colombia, y se ordene inscribirla en el registro civil de dicho matrimonio y de nacimiento.


1.2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian.


  1. La actora, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio con Philipp Tschan, de nacionalidad Suiza, el 29 de agosto de 1997 en Balsthal, Suiza, país donde establecieron su domicilio habitual. Dicho vínculo fue debidamente inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil.


  1. Se inició proceso de divorcio ante las autoridades Suizas, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Thal-Gäu, quien mediante proveído de 5 de mayo de 2011, declaró la ruptura del vínculo matrimonial por mutuo acuerdo, fijó una pensión alimenticia mensual durante un período de 36 meses a favor de Martha Eugenia Posada Álvarez y dispuso el régimen de los bienes.


  1. El 11 de mayo de 2011, dicho estrado sustituyó la sentencia del 5 de mayo de 2011, "ratificando lo establecido en el convenio sobre los efectos del divorcio, formalizado el 4 de febrero de 2011".


  1. Según la parte demandante, la providencia, cuya homologación pretende, es compatible con las normas de orden público colombianas y "se encuentra debidamente ejecutoriada y apostillada en la Confederación Suiza por la jefe de la cancillería".


1.3. Admitida la demanda, de ella y sus anexos se dio traslado al señor Philipp Tschan y a la Procuraduría Delegada para asuntos Civiles ante la Corte.


El primero de ellos, no presentó ninguna objeción y solicitó continuar con el trámite del procedimiento. La funcionaria delegada, se opuso a lo impetrado, mientras no se  reunieran los requisitos del numeral 3º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.


  1. Ante la ausencia de prueba demostrativa de los hechos, el 10 de julio de 2015 la Sala, apoyada en los preceptos 179 y 180 ejúsdem, dispuso oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la Confederación Suiza existía convenio vigente sobre el reconocimiento recíproco de fallos pronunciados por autoridades jurisdiccionales en divorcios y, de ser así, remitiera las copias autenticadas.


  1. Concluido el período probatorio, el 21 de noviembre de 2017 (fl. 127) se dio traslado a los interesados para que presentaran sus alegaciones; oportunidad procesal aprovechada por la actora para insistir en sus argumentos (fls. 146-149).


  1. Como la relación jurídica se trabó sin incurrir en causal de nulidad que obligara a aplicar la regla 145 del C.P.C, corresponde resolver sobre el fondo de la cuestión.




2. CONSIDERACIONES



2.1. Elevada la solicitud en cuestión en vigencia del Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue el mismo ordenamiento, al tenor de lo previsto en los artículo 624, modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887, y 625, numerales 5º y 6º del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en vigor de manera integral a partir del 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.


Aun cuando una de las características de la soberanía, predicable de todo Estado, radica en que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio, este postulado ha adquirido nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, por el flujo que se genera en el tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos o sus nacionales y la agilidad que se percibe en todo tipo de comunicaciones, al punto de requerir que algunas decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en él, a condición de que se observen determinados principios.


      2.2. Para que los fallos extranjeros1 produzcan efectos en Colombia, como de vieja data se ha venido manifestando por la Corte, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria.


       En Colombia se reconocen efectos a las decisiones adoptadas en otros países, siempre y cuando aquel donde se profirieron conceda igual fuerza a las emitidas por los jueces nacionales, ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplomática, ora porque la ley de ese territorio extranjero confiera igual alcance a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa. Además, se concede la jurisprudencial o de hecho como otro instrumento de homologación.



2.2.1.  La diplomática, convencional o ejecutiva, tiene lugar cuando entre Colombia y el país de origen de la decisión judicial objeto del exequátur, se ha suscrito tratado público que permita igual aplicación en ese Estado extranjero a los fallos emitidos por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que éstas tengan en aquél, las suyas vinculen en nuestro territorio2.


       2.2.2. La legislativa, como reconocimiento de sentencias previsto en la normativa extranjera. En este esquema, a falta de Tratado debe demostrarse que en el país donde se emitió la providencia objeto de exequátur también existe ley que le dé validez a las dictadas en Colombia. Subordina el goce de los derechos de los extranjeros a la existencia en su país, de una norma de derecho interno que otorgue un trato semejante a los nacionales del país de origen. En otras palabras, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva legislación extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por ese mandato a los proferidos en Colombia. De manera que, cuando no hay tratado público, es indispensable demostrar en el proceso respectivo que la disposición del país donde fue dictada la sentencia que pretende ejecutarse en Colombia, da el mismo valor a las de los jueces nacionales Colombianos3.


    La prueba de este sistema debía ajustarse a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, y ahora al inciso segundo del 177 del Código General del Proceso, según el cual «La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país».


       2.2.3. La jurisprudencial, judicial o de hecho, siguiendo el esquema antes planteado, busca dar los mismos efectos a las sentencias proferidas en el exterior a las decisiones emitidas en el país de origen. Es de poca aplicación, dado que se venía entendiendo que hacía parte de la legislativa. Para su aplicación la decisión debe contener similares características a las dictadas en suelo patrio. En pos de acreditarla se deben aportar resoluciones de tribunales extranjeros, debidamente traducidos y legalizados, con la expresa constancia de que en ellas se da cumplimiento análogo al de las disposiciones nacionales4.


   En esta clase de reciprocidad un Estado reconoce una sentencia extranjera en virtud de la doctrina “of comity”5, también conocida como “commitas gentium”6 o de la “cortesía internacional” por cuanto un Estado, por medio de sus jueces, analiza la pertinencia de homologar un fallo, trata la cuestión y la soluciona para colmar los vacíos legales o diplomáticos, a fin de ensanchar el espacio de los derechos individuales y ofertar recursos de protección frente a la rigidez o desactualización de los sistemas diplomático o legislativo, en búsqueda de un tratamiento de igualdad y justicia, al mismo tiempo, que por la cortesía que se deben entre sí, los “soberanos” o los Estados por su condición de iguales.


Se determina verificando la práctica judicial del país donde se dictó la providencia para reconocer eficacia a las sentencias dictadas en Colombia. Es excepción de la buena voluntad con países miembros de la comunidad internacional.


Lo expuesto se infiere del artículo 605 del Código General del Proceso, que reitera el 693 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las «sentencias y otras providencias (…), pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia». Como se ve, este precepto combina dos de los sistemas de reciprocidad, pues, por un lado, «(...) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país (...)» y, por el otro, a falta de aquéllos, «(...) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia(...)»7.


2.3. Establecida la forma de reciprocidad aplicable al caso, para que la resolución foránea produzca efectos en el ámbito interno a fin de que sea objeto de exequátur, ha de acreditarse, cual lo imponía la regla 694 del Código de Procedimiento Civil y ahora 606 del Código General del Proceso: (i) que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió; (ii) que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento; (iii) que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada; (iv) que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; (v) que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto; y (vi) que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoria.

   

Para que la demanda de exequátur produzca efectos en Colombia, el artículo 607 del Código General del Proceso prevé, se haya efectuado la citación a la parte afectada cuando se trate de un proceso contencioso, y cuando el documento que se pretende aportar se encuentre en otro idioma diferente al castellano, se anexe la respectiva traducción en forma legal. Además de lo mencionado, el pedimento tendrá que sujetarse a las siguientes reglas: (i) en la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes; (ii) la Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1 a 4 del artículo precedente; (iii) de la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponda en razón de la naturaleza del asunto, en la forma señalada en el precepto 91 ejúsdem, por el término de 5 días; (iv) vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia; (v) si la Corte concede el exequátur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el juez competente conforme a las reglas generales.


2.4. La actora pretende se conceda autorización para la ejecución en Colombia de la providencia que decretó el divorcio del matrimonio que la unió con Philipp Tschan, proferida por un juez de la República Federal de Suiza.


        A fin de establecer la viabilidad de dicha súplica, pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados.


Con el fin de superar lo anterior y establecer la eventual reciprocidad diplomática, se ordenó librar comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la Confederación Suiza, existen tratados o convenios vigentes, y en general, sobre reconocimiento recíproco de efectos jurídicos a las decisiones de divorcio, emitidas por las autoridades judiciales de ambos países.


         De acuerdo con la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen «(...) tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre la República de Colombia y la Confederación Suiza que verse[n] sobre el reconocimiento recíproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos Estados en asuntos matrimoniales» (fl.91).


Como sucedáneo, se dispuso verificar la existencia de leyes actuales con carácter vinculante acompasadas a los postulados del Derecho Internacional y que no contraríen las disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento.


       2.4.1.  En ese sentido, existe reciprocidad legislativa entre los dos Estados, como se deduce de las comunicaciones suscritas por la Cónsul de la Embajada de Colombia en Suiza y de la misma Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 103 a 111), las cuales están soportadas, en el "(...) Acta Federal sobre Derecho Internacional privado (PIL Act) del 18 de diciembre de 1987, cuyo[s] artículos 25 al 29, 32, 64, 84, 85 y 149 son relevantes en conexión con el reconocimiento y aplicación de decisiones colombianas relativas [a] l tema de divorcios (...)", (fl. 107).



Las probanzas a las cuales alude la última parte de la precedente transcripción refieren que en ese país está regulado legalmente el procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos emitidos por jueces foráneos.


Además, en la resolución de otros asuntos similares, la Corporación ha verificado el cumplimiento de este presupuesto adoctrinando:


“(...) Pues bien, el tema se encuentra reglamentado por la Ley Federal del 18 de diciembre de 1987 sobre Derecho Internacional Privado; así, en su artículo 25 dispone que para el reconocimiento de una sentencia extranjera en Suiza, es menester que la decisión haya sido tomada por funcionario competente en ese Estado, que la misma no sea susceptible de recurso ordinario o que sea definitiva y que, por último, “no existan motivos de negación” para tal reconocimiento; motivos estos de negación determinados por el artículo 27 de la misma ley, norma que, analizada en términos globales, busca impedir incompatibilidades entre la decisión extranjera y el orden público suizo, asegurar el respeto al derecho de defensa y evitar que exista sobre el mismo asunto, un litigio pendiente en Suiza o uno ya decidido en cualquier Estado (...)”8.


2.4.2. También concurren los restantes requisitos exigidos para la autorización demandada.



a)  En el plenario no obra el menor rastro indicativo que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio de la solicitante con Philipp Tschan.


  1. Si bien el divorcio fue concedido por estar los cónyuges de acuerdo, cierto es, dentro del respectivo trámite la demandada, acá actora, tuvo la ocasión de intervenir para hacer valer su legítimo derecho de defensa, y lo ejerció de modo activo, como lo muestra la propia resolución en cuestión, es decir, a las partes no les fueron violadas las garantías procesales.


  1. La determinación en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio al momento de iniciarse el proceso donde se emitió; solo se refiere a la ruptura del vínculo matrimonial y a cuestiones patrimoniales de la pareja sobre derechos situados en Suiza.


  1. El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que éste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prevé el "consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia", supuesto en el cual se sustentó la providencia Suiza, y concluyó: "(...) Se disuelve el matrimonio Tschan-Posada Álvarez, celebrado el 29 de agosto de 1997 en el registro civil de Balsthai a demanda de divorcio de mutuo acuerdo (...)", (fl. 7).


  1. El asunto mucho menos es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar residenciada la pareja en la República Federal de Suiza, las autoridades competentes de dicho territorio tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a través de la decisión invocada.


  1. La misma alcanzó ejecutoria desde el 5 de mayo de 2011, como se advierte de la respectiva constancia, emitida por el estrado judicial de conocimiento, donde expresa:


"(...) la sentencia de divorcio de Martina Eugenia Posada-Álvarez y Philippe Tschan entró en vigor el día 5 de mayo de 2011. (...) Por causa de la admisión incompleta del acuerdo de divorcio entre los cónyuges "(cifra 2 de la sentencia del 5 de mayo de 2011) la sentencia ha sido completada y rectificada. Según el artículo 334 del ZPO (Código de Proceso Civil Suizo) el proceso de rectificación no impide ejecutoriedad de la decisión (...)”, (fls. 128-129).


Se acreditan también, los presupuestos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, ahora rediseñado en el 251 del Código General del Proceso, en lo relativo al apostillaje. Los textos fueron debidamente traducidos al castellano por experto habilitado ante las autoridades colombianas.

       La Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999, declaró la exequibilidad de la Ley 455 de 1998 mediante la cual, se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros” suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961. Este tratado de aplicación obligatoria en el territorio nacional, al haber cumplido los trámites para su incorporación en el derecho interno, introdujo modificaciones consistentes en sustituir la autenticación Diplomática o a través del Cónsul, por un sello de apostilla conforme a los términos previstos en dicho mecanismo internacional y al ordenamiento jurídico de los países suscriptores.


      Con lo anterior, la legalización de los documentos públicos provenientes del extranjero se surte agotando ese procedimiento, sin menoscabo de las exigencias antes previstas en la norma 259 del Código de Procedimiento Civil, ahora 251 del Código General del Proceso, para los documentos que no reúnen con dicha obligación.


2.5. Se impone, entonces, acceder a lo deprecado y ordenar la inscripción tanto del fallo foráneo, como de esta resolución, para los efectos de los artículos 6º, 106º y l07º del Decreto 1260 de 1970 y 13º del Decreto 1873 de 1971.


Se halla acreditado el presupuesto del ordinal 2º del artículo 694 del ordenamiento adjetivo, ya que la sentencia a homologar no se opone a las disposiciones nacionales de orden público.


En lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º o de la norma precitada, impone destacar que al plenario se allegó copia debidamente legitimada de la aludida providencia.


      2.6. Como no se configura ninguna de las hipótesis previstas en el precepto 392 ejúsdem, ahora 365 del C.G.P., no se condenará en costas.



3. DECISIÓN



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


                          RESUELVE:



Primero: Conceder el exequátur a la sentencia de 5 de mayo de 2011, "completada y rectificada" el 11 de mayo de la misma anualidad, proferida por el Juzgado de Thal-Gäu, Sección Civil Cantón de Solothurn, Suiza, mediante la cual se decretó el divorcio de Martha Eugenia Posada Álvarez y Philipp Tschan, respecto del matrimonio contraído el 29 de agosto de 1997 en Balsthal, República Federal de Suiza.



Segundo: Para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 6º, 106º y 107º del Decreto 1260 de 1970, 13º del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, ordenar la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de la solicitante. Líbrense las respectivas comunicaciones.



Tercero: No imponer condena en costas.




Notifíquese y cúmplase






aroldo wilson quiroz monsalvo

Presidente de Sala









margarita cabello blanco








Álvaro Fernando garcía restrepo






LUIS ALONSO RICO PUERTA







ARIEL SALAZAR RAMIREZ







octavio augusto tejeiro duque







LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA















1 "La sentencia, como producto de la jurisdicción, emana de la soberanía, y por eso sus efectos jurídicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberanía se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequátur no produce en nuestro ordenamiento jurídico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, según dice muy bien Morelli, deriva un efecto jurídico, que consiste en hacer surgir en la parte la acción tendiente precisamente al reconocimiento". SENTIS MELENDO, Santiago. La sentencia extranjera (Exequátur), Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pág. 40.

2 CSJ SC 25 de septiembre de 1996. Exp.5524.

3 CSJ SC 0282 de 26 de noviembre de 1984, M.P. Alberto Ospina Botero.

4 MONSÁLVEZ, Müller Aldo, Del cumplimiento en Chile de Resoluciones pronunciadas por tribunales Extranjeros, Editorial Andrés Bello, pág. 100.

5 Principio por el cual los tribunales de un Estado respetan las decisiones de los jueces de otro Estado.

6 Se traduce “Cortesía Internacional”, es también conocida como “comitas gentium” y significa: “Usos sin carácter de obligación, observados en las relaciones internacionales, simplemente por razones de consideraciones recíprocas”, (GUILLIEN, Raymond y otro. Diccionario jurídico, 2da edic. Bogotá: Temis, 1990, P. 113-114). Es la excepción de la voluntad unilateral de un Estado por medio de sus jueces, a diferencia, por ejemplo, de un tratado que es un acto jurídico bilateral que conlleva el consentimiento de dos o más partes. Es una doctrina que se acerca al Stoppel.

7 CSJ SC G. J., ts. LXXX, página 464, CLI, página 69, CLVIII, página. 78, y CLXXVI, pagina 309, entre otras.

8CSJ SC, 13 jun. 1995, Exp. 4787