MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente



STC3313-2018

Radicación n.° 11001-22-10-000-2018-00001-01

(Aprobado en sesión de siete de marzo de dos mil dieciocho)


       Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).



Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de enero de 2018, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela promovida por Ángel Octavio Palacios Sánchez contra el Juzgado Treinta y Dos de Familia de esta ciudad, vinculándose al Juzgado Once de Familia de esta urbe, y a las partes e intervinientes dentro del juicio sub examine.


ANTECEDENTES


1. El gestor, demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por el despacho acusado dentro del juicio de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que le inició Rosalba Rincón, radicado No. 2012-00627.


2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis lo siguiente:


       2.1. Que el 14 de enero de 2012 la señora Rosalba Rincón instauró demanda de unión marital de hecho en su contra, asignada por reparto al Juzgado Once de Familia de Bogotá y radicada bajo el número 00627-2012.


2.2. Señaló que el 15 de marzo de 2013, la demandante presentó desistimiento de la demanda por mutuo acuerdo con el demandado, el cual fue aceptado por la aludida autoridad judicial el 12 de abril de 2013.


2.3. Manifestó que el 14 de enero de 2014, la señora Rosalba Rincón presentó una segunda demanda de unión marital de hecho en su contra por los mismos hechos y con las mismas pretensiones, cuyo conocimiento correspondió inicialmente a la Juez Once de Familia, posteriormente a la Juez Novena de Familia y actualmente a la Juez Treinta y Dos de Familia de Bogotá.


2.4. Arguyó que compareció al proceso a través de apoderada judicial formulando incidente de nulidad por indebida notificación, por lo que el 9 de junio de 2017 la Juez accionada, declaró la nulidad de lo actuado y le corrió traslado de la demanda, oportunidad en la que allegó pruebas documentales, solicitó la práctica de testimonios y propuso excepciones previas de «prescripción extintiva de la acción dirigida a la disolución y liquidación de sociedad patrimonial» y de mérito «cosa juzgada, prescripción extintiva de la acción dirigida a la disolución y liquidación de sociedad patrimonial, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación y temeridad y mala fe», en su defensa.


2.5. Puntualizó que el despacho encartado, convocó a las partes a la primera audiencia para el día 26 de octubre de 2017, a la que asistieron junto con sus apoderados judiciales, y que en dicho acto en la oficina secretarial, se inició un debate en que se les preguntó en varias oportunidades si deseaban conciliar, ante lo cual las partes manifestaron que no, sin embargo, luego de la insistencia de la funcionaria judicial, y «ante su actitud coercitiva y arbitraria, entr[ó] en pánico, [se] anguti[ó] mucho al sentir[se] privado del respaldo de [su] apoderada, por lo que accedi[ó] a conciliar en contra de [su] voluntad».


2.6. Agregó que, «finalmente la señora Juez de manera totalmente atípica, contra el ordenamiento jurídico y el debido proceso ordenó a su secretaria digitar el escrito que contenía el viciado acuerdo conciliatorio declarando la existencia de unión marital de hecho y la sociedad patrimonial, como se observa en la providencia del 26 de octubre de 2017», acto en el que no se tuvo en cuenta los «presupuestos que establece el correcto desarrollo del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil».


2.7. Añadió que transcurridos once días solicitó al Juzgado copia del CD de la referida audiencia, más no fue escuchado porque debía elevar su solicitud a través de apoderado, decisión que afecta su derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por lo que su abogada reiteró la petición, la que aún no ha sido resuelta.


3. Pidió, conforme a lo relatado, «declarar la nulidad del acuerdo conciliatorio de la providencia de fecha 26 de octubre de 2017», y «en su lugar, se analicen cada una de las pruebas, excepciones previas y de mérito […] para dar por terminado el asunto de forma definitiva» (fls. 81-103 C. 1).

       

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.


El Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del juicio y manifestó que su proceder su ajusta a derecho por lo que no vulneró derecho fundamental alguno a las partes (fls. 111 y 112 Ibidem).


El despacho Once de Familia convocado, señaló que remitió el expediente el 20 de agosto de 2015 al Juzgado Treinta y Dos de Familia en virtud a las medidas de descongestión (fl. 121 Idem).


La apoderada del señor Ángel Octavio Palacios Sánchez en el proceso de marras, ratificó los hechos narrados por su poderdante en el libelo genitor, arguyó que la Jueza accionada omitió la excepción de cosa juzgada en los términos del articulo 314 del Código General del Proceso, por lo que concilio un asunto que ya se encontraba legalmente concluido, además, que la directora del proceso fue permisiva con el extremo activo al no aplicar el desistimiento tácito cuyo requerimiento previo no atendió y al pasar por alto que conocía la dirección de notificación del demandado por lo que prosperó la nulidad planteada al respecto (fls. 125 y 126 Ib.).


LA SENTENCIA IMPUGNADA


El Tribunal constitucional negó el amparo, al considerar que de «la revisión de la actuación procesal , evidencia que la Juez Treinta y Dos de Familia de Bogotá ha sido respetuosa de la codificación adjetiva y demás garantías constitucionales que deben operar en toda actuación judicial», agregó que «en lo que atañe a la diligencia celebrada el 26 de octubre de 2017, tenemos que se ajusta al artículo 101 del C.P.C. cuyo aparte reza: "cuando se trate de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio"; y al cotejar el texto de la norma con el desarrollo de la audiencia cuestionada no se colige afectación alguna del derecho del accionante como quiera que en ella, conforme al acta se empezó por la etapa que señala como inicial la norma en cita, vale decir la de conciliación; anotando que se instó a las partes para conciliar y que luego de debatir ampliamente lograron acuerdo que, como se aprecia, recayó sobre la totalidad de las pretensiones».


Añadió, que «en el acta no aparece constancia alguna sobre presiones o constreñimiento indebidos, aparece firmada sin ningún reparo ni cuestionamiento, no solo por las partes, sino por sus apoderados. Téngase en cuenta además de la presunción de legalidad que ampara los actos procesales presididos por los jueces, la actuación que aquí se cuestiona no constituye vía de hecho, como quiera que aparece adelantada con estricto apego a la norma procesal que la regula.   De otra parte, resulta inexplicable que el demandado encontrándose acompañado de su apoderada, simplemente no se hubiese negado a suscribir el acta que contenía el acuerdo o hubiese anotado al lado de su firma las irregularidades por las que estaba siendo afectado. De tal manera como no aparece demostrada vía de hecho alguna queda sin viabilidad el amparo pretendido» (fls. 128-131 Id.).


LA IMPUGNACIÓN


La formuló el quejoso, en similares términos al escrito genitor, alegando que dentro del juicio sub examine «se aportó prueba en el contexto de las excepciones previas propuestas en la contestación de la demanda, que llevaban a la conclusión en forma indiscutible que no es procedente que se declare la sociedad patrimonial entre la señora rosalba rincon y el señor ángel octavio palacios, "pues como se encuentra demostrado en el acervo probatorio aportado en esta contestación, para el momento en que la demandante interpuso la presente demanda, habían transcurrido dos años, dos meses y 22 días contados a partir del 31 de Octubre de 2011, hasta la fecha de la presentación de la demanda la cual registra el 22 de Enero de 2014».


Añadió, que en el transcurso de la audiencia del 101 del C. de P. C., «estando frente a la proposición de excepciones previas en la contestación de la demanda (como es el presente caso), se debe actuar por parte del operador judicial teniendo en cuenta la disyuntiva de la necesidad de la práctica probatoria o no. En cualquiera de los casos, debe existir pronunciamiento del Estrado Judicial, mediante Auto que así lo materialice. En todo caso, solamente con posterioridad a dicho pronunciamiento, se celebrará la Audiencia en forma posterior, y con mayor razón cuando se haya vencido el término de la práctica probatoria. En el presente caso se aprecia en forma indiscutible, que no existe pronunciamiento del Juzgado 32 de Familia de Bogotá, D. C, en donde se pronuncie en forma previa a la celebración de la Audiencia, si con las pruebas aportadas se acredita la existencia de la prescripción extintiva de la acción dirigida a la disolución       y       liquidación       de sociedad patrimonial, expuesta en las excepciones previas de la contestación de la demanda, y/o si con las pruebas se acredita en forma suficiente que fue resuelto el mismo proceso civil, entre las mismas partes, con las mismas pretensiones mediante decisión judicial de fondo por parte del Juzgado 11 de Familia de Bogotá, D. C. que hizo tránsito a cosa juzgada, o en su defecto, era conducente la práctica de otras pruebas para entrar a resolver estos temas medulares, sólo antes de la realización de la audiencia» (fls. 172-184 Ibidem).


CONSIDERACIONES.


1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).


El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).


2. En el presente caso, pretende el gestor se deje sin valor y efecto el acuerdo conciliatorio celebrado el 26 de octubre de 2017, dentro de la audiencia llevada a cabo ese día, y en su lugar, se analicen cada una de las pruebas, excepciones previas y de mérito en aras de dar por terminado el asunto de forma definitiva, por considerar que el despacho encartado incurrió en «defecto procedimental, sustantivo» y en «vía de hecho».


3. Del las pruebas allegadas, se observan las siguientes en relación con la solicitud de amparo:


a) Demanda de declaración de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, disolución y liquidación (fls. 1-5 C.1.).


b) Solicitud de desistimiento de demanda radicado el 2 de abril de 2013 por las partes del litigio (fl. 10 Ibidem).


c) Auto de 10 de abril de 2013 que resolvió «aceptar el desistimiento del presente proceso» (fl. 12 Idem).


d) Nueva demanda radicada por la señora Rosalba Rincón contra el aquí gestor, en que pretendió que se declare la existencia de la unión marital de hecho, y la disolución de la sociedad patrimonial (fls. 20-24 Ibid.).


e) Proveído de 14 de febrero de 2014 que decidió admitir la demanda y notificar a las partes (fl. 25 Ib.).


f) Contestación de la demanda, en que propuso la excepción previa de «prescripción extintiva de la acción dirigida a la disolución y liquidación de sociedad patrimonial», y las de mérito denominadas «prescripción extintiva de la acción dirigida a la disolución y liquidación de sociedad patrimonial; cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación; temeridad y mala fe; cosa juzgada» (fls. 50-73 Id.).


g) Acta de la audiencia llevada a cabo el 26 de octubre de 2017, en que se dejó constancia que, durante la etapa de conciliación, «el despacho insta a las partes para que presenten fórmulas de acuerdo sobre sus pretensiones, quienes después de debatir ampliamente logran el siguiente acuerdo: Los señores rosalba roncón y ángel octavio palacios sánchez están de acuerdo en que existió una unión material de hecho entre ellos desde el quince de julio de 1998 hasta el 31 de octubre de 2011 y están de acuerdo en que se declare la existencia de la sociedad patrimonial a partir del día siguiente de la solución de la sociedad conyugal de la señora rosalba rincón con el señor miguel cortés rodríguez, esto es desde el 30 de junio de 2001».


Realizó otras precisiones, y como consecuencia resolvió, entre otras cosas, «primero: declarar la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes de los señores rosalba rincón y ángel octavio palacios, desde el 15 de julio de 1998 hasta el 21 de octubre de 2011. segundo: Declarar la constitución de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes de los señores rosalba rincón y ángel octavio palacios, desde el 30 de junio de 2001 hasta el 31 de octubre de 2011. tercero: Declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial de hecho formada por los señores rosalba rincón y ángel octavio palacios sánchez, cuya existencia aquí se declara […]» (fls. 75-77 Ibidem).


4. Analizado lo anteriormente reseñado, advierte la Sala que en lo que tiene que ver con la pretensión de «declarar la nulidad total del acuerdo conciliatorio de la providencia de fecha 26 de octubre de 2017», el amparo invocado no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el éxito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el convocante no ha hecho uso de las herramientas propias que el ordenamiento jurídico prevé para que sea atendida su petición, toda vez que, de las copias del expediente allegadas a este trámite, se advierte que al interior del aludido asunto no ha elevado pedimento en ese sentido, el cual amerite pronunciamiento por parte de ese juzgador, sumado a que, al efecto de sustraerle la validez a un acto jurídico de dicha naturaleza el ordenamiento legal provee otras sendas, lo cual torna improcedente el amparo deprecado conforme al numeral 1°, del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991.


En efecto, es de ver que para ese preciso fin, es decir, para restarle la eficacia sustancial que de aquella conciliación se deriva, cuenta con las acciones legales ordinarias a que la reclamante, si lo estima del caso, habrá de acudir; por lo tanto, la acción de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las vías naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuestión que cercenaría los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal.


En un asunto de similares aristas, esta Sala manifestó que:


Del análisis reseñado se expresa que dicha formulación no tiene acogida en este excepcional estrado, por cuanto que al efecto de sustraerle la validez a un acto jurídico de dicha naturaleza el ordenamiento legal provee otras sendas, lo cual torna improcedente el amparo deprecado conforme al numeral 1°, del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991.


Por supuesto, según quedó verificado, la petente no impugnó la providencia con que el despacho acusado aprobó la conciliación que se pretende ahora derrumbar, lo cual, per se, hace nugatoria la petición de resguardo.

Asimismo, es de ver que para ese preciso fin, es decir, para restarle la eficacia sustancial que de aquella se deriva -la cual anhela remover a causa de los supuestos constreñimientos y engaños a que fue sometida y que finalmente son señalados como los causantes de que ella no tuviera más remedio que suscribir el acuerdo al que se llegó-, ahí están las acciones legales ordinarias a que la reclamante, si lo estima del caso, habrá de acudir; entonces, mal puede perseguir ello a través de este medio que no es el adecuado dado el carácter residual que alberga. (CSJ STC1866-2014, 19 feb. 2014, rad. 2014- 00002-01).


Así mismo, en otro asunto de similar tesitura, esta Corporación al efecto señaló:


El acto conciliatorio judicial que se busca "anular" por la presente vía genera, en principio, efectos meramente procesales; sin embargo, cuando existe acuerdo, como ocurrió, también dimana secuelas de raigambre sustancial, que se materializan en el negocio jurídico así celebrado. Es por ello que la forma de conjurar las eventuales irregularidades de carácter procesal que de aquél se desprenden, es la interposición de los recursos pertinentes, conforme a las oportunidades que la ley procesal estipula; las de tenor sustancial deben remediarse conforme a los mecanismos judiciales existentes que regulan la existencia, validez y, en general, todo lo concerniente a los negocios jurídicos.


[...] No ha de perderse de vista, de cara a lo anterior, que el extremo accionante, a fin de evitar el cardinal efecto procesal que la conciliación aparejó, como fue la terminación del proceso, no ejercitó los medios impugnativos que tuvo a su alcance, dejando pasar en silencio las oportunidades legales que tuvo, lo que denota incuria en su proceder, misma que no se puede enmendar por medio de ésta acción constitucional


Atinente a los efectos sustanciales generados, que son los que por este medio se quieren derribar, ha de manifestarse que el referido acuerdo conciliatorio constituye un negocio jurídico U], siendo que, como tal, es susceptible de ser demandado -como cualquiera otro de la misma naturaleza- por la vía judicial pertinente, a fin de lograr la invalidación que aquí se pide, sin que pueda decirse que tal medio se presenta como inidoneo o ineficaz, pues el proceso jurídico otorga las garantías suficientes para salvaguardar los derechos de los contratantes involucrados, razón por la cual es igualmente improcedente la presente acción en pro de la anulación de éstos, como quiera que el [querellante] tiene a su alcance acciones que debe ejercitar (CSJ STC, 3 Jun. 2008, Rad. 00013-01).


5. Según lo discurrido, se reafirmará la decisión materia de impugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.


Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


Notifíquese





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO






LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA