1. AC215-2019
  2. Radicación n° 05001-31-03-008-2009-00771-01

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019).


Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por Marta Cecilia Roldán Vélez frente a la sentencia de 20 de septiembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario que adelantó contra EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. y Gustavo Consuegra Restrepo, donde este último llamó en garantía a Liberty Seguros S.A.

  1. ANTECEDENTES


  1. La promotora solicitó declarar solidariamente responsables a los demandados como consecuencia de una indebida prestación de servicios médicos, por lo que debían ser condenadas a indemnizarle los perjuicios estimados a la fecha de presentación del libelo en $3’125.134 por daño emergente, un lucro cesante consolidado de $54’964.690 y futuro de $284’238.634, daños morales estimados en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e igual monto por daños a la vida de relación (fls. 2 al 15 cno. 1).


  1. Los convocados se opusieron y formularon múltiples excepciones (fls. 139 al 135 y 161 al 176 cno. 1).


Por su parte Gustavo Consuegra Restrepo llamó en garantía a Liberty Seguros S.A., entidad que replicó (fls. 56 al 63 cno. 2).


  1. El fallo de primer grado desestimó las pretensiones y condenó en costas a la gestora en favor de los contradictores, así como a cargo de Gustavo Consuegra Restrepo y en beneficio de la aseguradora (fls. 545 y 546 cno. 1).


  1. El superior, al desatar la alzada de  Marta Cecilia Roldán Vélez y Gustavo Consuegra Restrepo, confirmó lo relacionado con el fracaso de las aspiraciones de reparación y revocó la orden al codemandado de cubrir las costas de la tercera interviniente, las que impuso a la vencida en el pleito (fls. 16 y 17 cno 8).


  1. Formuló recuso de casación la accionante, al que se le dio vía porque conforme al cálculo actualizado de la interesada sus pretensiones ascienden a $893’779.615, que rebasan el tope de procedencia establecido en las normas adjetivas (fls. 39 y 40 cno. 8).


  1. CONSIDERACIONES


  1. Las normas procesales consagran varios supuestos a observar al momento de conceder el recurso extraordinario de casación, ya que solo procede contra determinadas sentencias, cuando lo interpone en tiempo un litigante legitimado para hacerlo y, en caso de tratarse de reclamaciones netamente económicas, si la resolución desfavorable al opugnador excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a lo que se suman los ordenamientos consecuenciales a la ejecutabilidad de las mismas, conforme las instrucciones dadas por los artículos 334 y siguientes del Código General del Proceso.


Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y así advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita el retorno de las actuaciones al remitente para su escrutinio en forma.


Así lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se recordó en AC7929-2017 al señalar que


(…) la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).


Ahora bien, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el opugnador asume los efectos adversos de su desidia.

Y aun cuando el inciso final del artículo 342 ejusdem contempla que «la cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», eso no quiere decir que las falencias de quien concede la opugnación queden salvadas puesto que pasarlas por alto sería tanto como permitir que la Corporación ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le están vedados, en desmedro del debido proceso.


En CSJ AC6081-2017 se dijo en relación con el aparte transcrito que


[e]sta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación al interés patrimonial del actor, pues ello llevaría a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación de los principios de legalidad e igualdad.

Añadiendo que


[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.° 2011-00248-01).


A pesar de que en los casos de sentencias total o parcialmente adversas a los accionantes los perjuicios morales, los daños fisiológicos y a la vida de relación, corresponden a partidas que inciden en la fijación del quantum para acoger esta vía extraordinaria, eso no quiere decir que los topes por ellos indicados sean inalterables con ese propósito, ya que desde antaño la Corte ha sido consistente en que su fijación en caso de decisiones condenatorias está asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, para lo cual debe tomar en consideración las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes sobre la materia.

Esa posición se conserva bajo las directrices del Código General del Proceso y así se resaltó en AC1114-2018 donde se llamó la atención a que


[t]ratándose de un fallo absolutorio, total o parcial, el agravio inferido necesariamente debe asociarse con las pretensiones económicas negadas, entendiendo las invocadas en la demanda o en su reforma, por regla de principio, a partir de la mensura efectuada en esos mismos actos procesales por el demandante, incluyendo también los daños inmateriales, pero no en la cuantía reclamada, por cuanto su estimación se encuentra librada al arbitrium iudicis, cual así lo ha sostenido la Corte, inclusive en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero respondiendo a criterios de prudencia, sapiencia, ponderación, rectitud, naturaleza del daño o magnitud de afectaciones síquicas que éste depara; en fin, en cuantías de cuando en cuando actualizadas por la jurisprudencia.


Lo anterior, sin embargo, no significa erradicar el valor de esa clase de pretensiones del quantum para recurrir en casación. Simplemente, en doctrina que en la hora de ahora mantiene vigencia, esta Corporación, en torno al perjuicio moral, ha sostenido que “(…) no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (CSJ. Auto 213 de 7 de octubre de 2004, expediente 00353, reiterado en auto de 11 de diciembre de 2009, expediente 00445). 


En la época del Código del Código de Procedimiento Civil, se aceptaba incluir para el efecto la cuantía que por perjuicios morales era señalada por la propia parte, siempre y cuando, al decir de la Sala, respondiera bien a los “montos fijados en la jurisprudencia”, ya a los “límites legales (artículo 97 del Código Penal)”. (CSJ. Auto de 11 de julio de 2014, expediente 02523).


El primer criterio, en la sistemática del Código General del Proceso, es el actualmente aplicable, no solo porque para efectos de determinar competencia, en la susodicha materia, se autorizó tener en cuenta los “parámetros jurisprudenciales máximos” (artículo 25, ibídem), lo cual a no dudarlo sirve de referente, sino porque el arbitrio judicial aparece reafirmado en el artículo 206, inciso 6º, ejúsdem, a cuyo tenor el “juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales”.


La normatividad vigente, como se observa, repele aceptar pretensiones inmateriales, siguiendo la estimación de la parte, perviviendo, por lo tanto, para fulminar una condena o ponderar la cuantía en casación, el precedente judicial, según el cual el “(…) recto criterio del fallador (…) viene a ser el adecuado para su tasación (…)”, todo, por supuesto, según las circunstancias concretas en causa.


Desde luego, la restricción para que la parte estime el quantum inmaterial (daño moral y/o a la vida de relación), debe entenderse cuando resulta arbitrario o ilimitado, haciendo depender a su antojo la procedencia de los recursos, y no cuando observa las directrices jurisprudenciales, vigentes a la sazón o al momento de emitirse el fallo impugnado causante del perjuicio irrogado.


  1. En esta oportunidad las expectativas de la demandante se fijaron, para la época en que inició el pleito (2 de diciembre de 2009), en $3’125.134 de daño emergente y el lucro cesante lo discriminó en


Lucro cesante consolidado: Que corresponde a la proyección económica de la pérdida de su capacidad laboral, desde la fecha de la cirugía (mayo de 2007) y hasta la fecha de presentación de la demanda (noviembre del 2009). Para calcular este perjuicio tendremos en cuenta el salario que estaba devengando al solicitante al momento de los hechos y que ascendía a la suma de $7’570.122, el cual actualizaremos a la fecha de presentación de la demanda resulta la suma de $8’413.263 sobre el cual calcularemos el 18.30% correspondiente a su pérdida de capacidad aplicando las fórmulas financieras correspondientes.


Lucro cesante consolidado………………………………$  54’964.690


Lucro cesante futuro: Que estará conformado por las sumas de dinero que corresponden a la pérdida de su capacidad laboral por el resto de su vida. Para calcular este perjuicio tendremos en cuenta la pérdida de capacidad sufrida que es del 18.30%, los ingresos a que hubiere tenido derecho $1’579.279 y el tiempo de supervivencia certificado por la Superintendencia bancaria mediante resolución nro. 497 de mayo de 1997, que es para una mujer que contaba con 42 años para fecha del accidente, es de 36.44 años, es decir 437 meses, de los cuales descontamos los 30 meses que ya liquidamos como lucro cesante consolidado y nos quedan por liquidar como lucro cesante futuro, un total de 406 meses para la fecha de presentación de la demanda (se resalta).


Lucro cesante futuro……...…………………………….$  284’238.634


Respecto de los perjuicios extrapatrimoniales pidió 100 salarios mínimos mensuales vigentes, tanto por afectación moral como de daño a la vida de relación, esto es un total de 200 SMMLV por ambos rubros (fls. 8 al 10 cno. 1).


Si bien en esa petición se hizo referencia a «las fórmulas financieras correspondientes» no las reprodujo ni precisó.


Ahora bien, en el trabajo de actualización de dichos montos (fls. 34 al 37 cno. 8), la opugnadora indicó que los daños materiales ascienden a $4’526.063 y las demás partidas las planteó así:


Lucro cesante (consolidado y futuro)


En primer lugar actualizaremos el ingreso promedio mensual que devengaba la Sra. Marta Cecilia Roldán para la fecha de realización de la primera cirugía (mayo de 2007), la cual ascendía a la suma de $7’055.100. Esa suma de dinero actualizada al mes de septiembre del año 2018, según el índice de precios al consumidor corresponde a la suma que se describe a continuación.


VA= VH * índice final (agosto de 2018)     VA = Valor actual

             Índice inicial (mayo de 2007)    VH = Valor Histórico


VA = $7’055.100 *  142.27

         91.76


VA = $7’055.100 * 1,55045772


VA = $10’938.634


Una vez tenemos el ingreso promedio mensual actualizado al mes de septiembre de 2018, que asciende a la suma de $10’938.34, ahora pasaremos a aplicar la pérdida de capacidad sufrida por la demandante, que fue determinada en 18.30%, lo que nos reporta un ingreso correspondiente a la pérdida de capacidad laboral sufrida de $2’001.770.


Teniendo claro el ingreso base de la liquidación ($2’001.770) sobre el cual trabajaremos, procederemos a aplicar las fórmulas financieras utilizadas por la Corte Suprema de Justicia para hacer el respectivo cálculo:


LCC = IBL * (1+i)n - 1        IBL = Ingreso base de liquidación.

i                i  =  Tasa de interés civil correspondiente
        a 0,004867.

n = número de meses desde cirugía
         (mayo/2007) hasta hoy septiembre
        de 2018. Son en total 136 meses.


LCC = $2’001.770 * (1+i0,004867)136 - 1

                               0,004867


LCC = $2’001.770 * 0,935385331790949

                               0,004867


LCC = $2’001.770 * 192,1893017856892


LCC = $384’718.779


En cuanto al lucro cesante futuro procederemos de la siguiente forma:


Ya tenemos el ingreso actualizado a septiembre de 2018 que asciende a la suma de $2’001.770, ahora debemos calcular la supervivencia de la Sra. Marta Cecilia Roldán, quien para el momento de ocurrencia de los hechos contaba con 42 años de edad, es decir que tenía una supervivencia de 43.7 años según la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia financiera de Colombia. Esos 43.7 años de supervivencia, corresponden a 524.4 meses de supervivencia, de los cuales ya se liquidaron 138 como lucro cesante consolidado por lo que liquidaremos como lucro cesante futuro los 386.4 meses restantes (negrita ajena al texto).


LCF = IBL * (1+i)n - 1        IBL = Ingreso base de liquidación.

i (1+i)n        i  =  Tasa de interés civil correspondiente
        a 0,004867.

n = número de meses de sobrevivencia
       por liquidar.


LCF = $2’001.770 *        (1+0,004867)386,4 – 1    .

                          0,004867 (1+0,004867)386,4


LCC = $2’001.770 *     5,527650865208    .

                          0,031770076761322


LCF = $2’001.770 * 173,9892196927379


LCF = $348’286.400


Total por lucro cesante consolidado y futuro $733’005.179


b. Por perjuicios extrapatrimoniales


i. En modalidad de perjuicios morales 100 smlmv     $78’124.200

ii. En modalidad de perjuicio a la vida de relación 100 smlmv
    $78’124.200.


De esta forma se concluye que el valor actual de la resolución desfavorable a la Sra. Marta Cecilia Roldán asciende a la suma de $893’779.615.


Lo anterior significa que la impugnante modificó en su beneficio el marco que en un comienzo dejó sentado en 2009 a efecto de ponderar sus aspiraciones, según el cual su expectativa de vida era de «36.44 años, es decir 437 meses», para incrementarlo en 2018 a «43.7 años de supervivencia, [que] corresponden a 524.4 meses», con base en una Resolución expedida con posterioridad a la fecha en que se instauró la demanda, lo que denota una diferencia sustancial de 87,4 meses de más.


Esa modificación requería de un análisis por parte de la Magistrada Sustanciadora a efectos de establecer su incidencia en la viabilidad del medio de contradicción y si para los fines propuestos era de recibo tener en cuenta un acto administrativo producido mientras el debate estaba en curso.


También era imprescindible pronunciarse sobre la sumatoria que se hizo a los daños patrimoniales del equivalente a los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes solicitados a título de afectación extrapatrimonial, componente que no podía ser tomado de forma automática ya que al estar vinculado al arbitrio judicial era al fallador a quien le competía precisarlo, con base en las circunstancias factuales narradas y las consecuencias de la deficiente atención médica aducida, que se estimaron en una pérdida de capacidad laboral del 18.30%.


Como la funcionaria se limitó a admitir que las pretensiones ascienden a «la suma de $442’163.162, las cuales una vez actualizadas, conforme lo hace la recurrente ascienden a la suma de $893’779.615», sin escudriñar ese total ni hacer ningún juicio crítico sobre las inconsistencias para llegar al mismo y con lo que se inmiscuyó la promotora en una atribución que es propia del encargado de conceder el recurso, se apresuró al darle paso ya que de manera preliminar debió corroborar que el daño emergente y lucro cesante estuvieran acordes con las aspiraciones iniciales, así como estimar los daños morales y a la vida de relación conforme a los precedentes horizontales y verticales sobre temas similares, o dejar sentadas las razones por las cuales acogía sin miramientos el estimado de la inconforme.


  1. Por lo expuesto el ad quem se precipitó al conceder el ataque sin hacer una verificación del componente económico que estaba en juego y que, por ende, permanece incierto.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín al conceder el recurso de casación de la accionante en el proceso ordinario de Marta Cecilia Roldán Vélez contra EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. y Gustavo Consuegra Restrepo, donde este último llamó en garantía a Liberty Seguros S.A.de la referencia.


Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen para que agote la actuación pertinente.


Notifíquese




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado